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Una bala en la frente

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Jair Bolsonaro y Donald Trump

Un militar retirado, el general de Brigada de Estados Unidos (r), Anthony J. Tata, afirmó recientemente que el gobierno de los Estados Unidos considera las más diversas formas de acción para acabar con la Venezuela Bolivariana. Una de ella, dijo, es una bala en la frente del presidente Nicolás Maduro Moros.

Es bueno tener presente que los generales norteamericanos de hoy, fueron los vaqueros del oeste en los años pasados, cuando, según la pluma ilustre de Jorge Luis Borges, asomaban las tierras de Nueva Méjico y Arizona como “tierras con un ilustre fundamento de oro y de plata, tierras vertiginosas y áreas, tierras de la meseta monumental y de los delicados colores, tierras con blanco resplandor de esqueleto pelado por los pájaros”.

Eran, esos, los tiempos de Billy The Kid, el antepasado glorioso de John Bolton, quien, como se recuerda, “debió a la justicia de los hombres hasta veintiuna muertes, sin contar mejicanos”.

Habría razones para creerle a este descendiente de aquellos bandoleros del oeste de duros pistoletazos, por cuanto la administración yanqui en nuestro tiempo, está especializada en la materia. Intentó, en efecto, en más de 600 ocasiones acabar con la vida de Fidel Castro, aunque nunca pudo concretar su objetivo. El mandatario cubano resultó invulnerable a todos los ataques y agresiones y -como dicen algunos- solo murió “cuando le dio la gana”.

El asesinato político tiene historia, y numerosos antecedentes. Pero en lo que se refiere a la administración yanqui, funciona con distintos propósitos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Abraham Lincoln, que fuera asesinado en un teatro por John Wilkes Booth, un simpatizante de la causa del sur. Quizá ese fue el inicio, pero nunca el fin en el camino de sangre, digitado en esos predios. Años más tarde, también John Fizgarrald Kennedy, asesinado en Dallas en noviembre de 1963 como resultado de un crimen que aún no se ha esclarecido, y en el que una sola bala tuvo siete destinos diferentes

Pero no en todos los casos, las víctimas fueron mandatarios de los Estados Unidos. El mundo recuerda otros crímenes también abominables que fueron ejecutados por órdenes “superiores” nunca identificadas, a través del FBI o estructuras similares o anteriores, que operaban a la sombra del Mandón de Turno.

En EE.UU. aún se recuerda a Malcolm X, asesinado en febrero de 1965 por su rechazo beligerante al racismo y la discriminación; a Fred Hamptan, uno de los fundadores de las Black Phanter Party, asesinado en Chicago en septiembre de 1969; y, cómo no, al reverendo Martin Luther King, destacadísima figura en la lucha por los derechos civiles y contra la marginación de los negros, victimado el 4 de abril de 1968, en Menphis, estado de Tennesse.

Pero la mano asesina del Imperio llegó también más lejos. Baste recordar las muertes sucesivas, en extraños accidentes aéreos, del entonces presidente ecuatoriano Jaime Roldós; del líder panameño Omar Torrijos, el que arrancara el Canal al dominio norteamericano; y del militar peruano, el general Rafael Hoyos Rubio. Los tres, perecieron entre mayo y junio de 1981 en sorprendentes, y similares accidentes en los que cayera una nave aérea en la que sobrevolaban en viajes de rutina.

A Augusto C. Sandino lo mataron por orden de la embajada yanqui, en febrero de 1934. Jacobo Arbenz se salvó huyendo de Guatemala veinte años después. Salvador Allende murió acribillado defendiendo Palacio de La Moneda durante un ataque artero financiado y dirigido por los Estados Unidos. El general Juan José Torres fue volado en Buenos Aires, a inicio de los años 70, casi de idéntica manera, y ambos casos en Argentina, así como el militar chileno Carlos Prats, considerado adversario de Pinochet.

Pero estamos hablando solo de nuestro continente, sin recordar a Mohamad Mosaddeq, el primer ministro democráticamente electo en Irán, derrocado por nacionalizar el petróleo, y virtualmente muerto en prisión en 1953; a Patrice Lumumba, el héroe africano, liberador del Congo, derribado del poder y asesinado en enero de 1961; a Abb–Al Karim Quasem , el coronel baasista asesinado en febrero de 1963 luego de un cruento golpe de estado consumado contra su régimen en Bagdad; o más recientemente a Sadam Husein, muerto en Irak; o a Muamar Kadafi, el hombre fuerte de Libia, asesinado en el 2011.

Todos estos crímenes, y muchos otros más, bien pueden adjudicarse al gobierno de los Estados Unidos, porque la mano asesina provino de ahí, o fue financiada desde ahí. Y porque las acciones finales fueron operadas por la Agencia Central de Inteligencia –la CIA- como quedó en evidencia algunos años después, cuando se debió proceder a la desclasificación de documentos, de acuerdo a las leyes vigentes en el país de Tomás Jefferson.

Para los autores de estas muertes, un balazo en la frente –de Maduro, o de Ortega, o de Evo. O de cualquiera que osare levantarse, desde las cumbres del poder contra el dominio yanqui- sería visto por la “prensa grande” casi como el disparo accionado por Billy The Kid cuando derribó a Belisario Villagrán, de Chihuahua, es decir, como un “incidente” en el marco de la lucha de hoy “por la restitución de la democracia en el continente”.

La presencia de Bolsonaro en Washington, incluida su visita a la CIA, es un síntoma de que, para el Imperio, la ruta del crimen va en serio. No solo porque el mandatario brasileño está comprometido en el asesinato de una valerosa joven vinculada a la defensa de las poblaciones vulnerables (Marielle Franco), sino porque este lució una figura rastrera ante Donald Trump. “Obediente y sumiso”, dijo la “Prensa Grande”, Lacayuno y servil, más bien, diríamos nosotros. El balazo en la frente, asoma como hoy como su más categórico argumento político.

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Política

Lo dejaron solo

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Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

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Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

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Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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