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Un pacto social por la educación

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A mediados del 2006 se produjo la movilización social más grande conocida hasta entonces, desde finales de la dictadura de Pinochet, en Chile. La “revolución de los pingüinos”, como se les denominó a los estudiantes de secundaria, se declararon en huelga. Ocuparon el 80% de los colegios, marcharon por las calles cuestionando el modelo educativo neoliberal: una educación de mercado, desigual, lucrativa y mediocre.

En el 2011, el Gobierno de Sebastián Piñera mantenía la desigualdad del sistema educativo chileno y el endeudamiento de las familias, lo cual engendró una nueva explosión social. Estudiantes de las principales universidades estatales pasaron a encabezar uno de los movimientos estudiantiles más potentes de América Latina. La “revolución de los pingüinos” vio continuada su lucha. Diversos sectores de la sociedad se sumaron a los universitarios: profesores, padres de familia, escolares, artistas, trabajadores, sindicatos, estudiantes de las universidades particulares, institutos y más.

Todos ellos conformaron el “movimiento por la educación”, pactando socialmente una plataforma de lucha conjunta que iba desde la gratuidad de su educación, hasta las mejoras remunerativas a los trabajadores. Los estudiantes entendieron que su problema venía del modelo heredado desde la dictadura de Pinochet, siendo el corazón del problema el modelo económico que defendía su gobierno.

Se lograron cambios importantes y se logró repolitizar a una sociedad adormecida durante años. Nadie estuvo ausente de una lucha que comprendía y necesitaba de todo su tejido social. Sabían que del Gobierno no vendrían las mejoras por sí solas, sin que ellos tomaran la iniciativa de exigirlas.

Una situación similar vivimos en nuestro país. Heredamos una Constitución que protege el lucro de las universidades particulares y la privatización de la educación, mas no defiende a la educación como un derecho social. Consecutivos gobiernos neoliberales no han realizado ningún cambio sustantivo en esta materia y mucho menos lo harán, por los múltiples intereses que los atan. Con el exministro Saavedra se quiso poner mano dura a la mafia, pero terminó siendo censurado ante la mirada complaciente del propioPPK.

Ante ello, es la misma ciudadanía la que deberá tomar el toro por las astas y demandar cambios estructurales en todo nuestro sistema educativo. Necesitamos un pacto social, para lograr los cambios y para poner en evidencia el gran problema de fondo. No se trata de “corregir” algunos aspectos, se trata de cambiarlos, sustituirlo por una educación gratuita y de calidad.

La solución no dependerá solo de los estudiantes. Necesitaremos a toda la sociedad, a los trabajadores organizados, para que los esfuerzos no puedan ser revertidos por las y los defensores del statu quo.

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Política

César Lévano presente

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César Lévano La Rosa

Hoy es la despedida del maestro César Lévano.

Primero lo van a despedir en el Colegio de Periodista de la Casona de San Marcos a la 1 y el entierro será en el Presbítero Maestro a las 5 pm.

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Política

Vizcarra debe hacer respetar reformas judiciales aprobadas en referéndum

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Referéndum Nacional 2018

La decisión del presidente Vizcarra de buscar mecanismos constitucionales para que la población “no sea burlada”, ante la demora del Congreso para aprobar las seis reformas judiciales pendientes, ha generado que los consultados por Diario UNO encuentren responsables tanto al fujimorismo como al oficialismo.

ENTRAMPAMIENTO

El congresista de Nuevo Perú Horacio Zeballos, reconoció la demora del Congreso en aprobar las reformas judiciales y dijo que el presidente Vizcarra estaría ejerciendo su derecho si busca una salida constitucional para romper el entrampamiento.

“Si Vizcarra busca salidas constitucionales para romper el entrampamiento va a ejercer su derecho ya que el Congreso está demorando”, señaló al Diario UNO.

Tras asegurar que Fuerza Popular es la que entrampa las propuestas judicial y política, recordó que una propuesta trabajada durante un año fue encarpetada.

“Había una propuesta política presentada por los congresistas Patricia Donayre, Yonhy Lescano y Raymundo Lapa, para avanzar en el tema pero fue encarpetada por el fujimorismo; esa fue la única propuesta que se trabajó durante un año pero el fujimorismo la encarpetó”, afirmó.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Sobre el mismo tema, su colega de bancada, Alberto Quintanilla, responsabilizó al partido Peruanos por el Kambio y a Fuerza Popular por el entrampamiento en la aprobación de las reformas judiciales consultadas por la población en el referéndum.

“La responsabilidad política del entrampamiento es compartida entre Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular. Ellos han tenido la oportunidad de tomar más iniciativas desde el Ejecutivo y no han tomado las iniciativas desde el Congreso. Por eso es que no se ha avanzado”, sostuvo el congresista al Diario UNO.

MECANISMOS CONSTITUCIONALES

En entrevista a un medio de circulación nacional, el presidente Martín Vizcarra, tras calificar de lamentable que seis proyectos de ley de la reforma de justicia continúen encarpetados en el Congreso, anunció que usará mecanismos constitucionales si el debate de estos no avanza.

HABLARÁ CON SALAVERRY

El presidente Vizcarra dijo que seguirá el camino formal al conversar con el titular del Congreso, Daniel Salaverry, para preguntarle si hay voluntad o no de aprobar las reformas.

“Primero se va a intentar el camino formal. Vamos a conversar con el presidente del Congreso y decirle: “bueno, ¿hay voluntad o no hay voluntad? ¿Ha sido falta de tiempo o de ganas? Si es que se justifica la falta de tiempo y se corrige eso, obviamente estaremos vigilantes para que así sea”, sostuvo el mandatario.

Al respecto, Alberto Quintanilla sostiene que el oficialismo y el fujimorismo “han buscado posiciones de emplazamiento y lo que tiene que hacer es buscar el diálogo para que se viabilicen las reformas”

Su colega Zeballos señala: “Debería conversar con Salaverry porque por un lado Vizcarra dice que quiere hacer la reforma judicial y Salaverry también. En el Congreso están gestándose varias iniciativas en referencia a agilizar la aprobación de las reformas; el Ejecutivo también tiene su propuesta; hay varias iniciativas que habría que hacerlas comulgar todas”.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Ante una posible “falta de voluntad” para trabajar rápidamente las seis reformas, el mandatario no descartó aplicar una cuestión de confianza para “que la población no sea burlada”.

“Si en caso no hay voluntad, hay que buscar los mecanismos constitucionales que permitan no ser burlados, que la población no sea burlada”, sostiene.

Sobre esto, Vizcarra consideró que la cuestión de confianza deberá ser analizada en su momento. “(La cuestión de confianza) es parte de ello, pero hay que analizarla en su momento”, agregó.

REFORMAS JUDICIALES

Los seis dictámenes pendientes de aprobación abarcan normas que fomentan el acceso a la información y hoja de vida de jueces y fiscales, garantizan la probidad de los abogados, la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción y el Consejo de Reforma de Justicia, así como la instalación de la Autoridad de Integridad y Control del Ministerio Público y Poder Judicial.

A finales de febrero el Congreso aprobó dos de las siete propuestas: la ley que elimina la participación del Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativos, promulgada el 14 de febrero, y la ley que garantiza la probidad de los abogados. Sin embargo, esta última fue observada por el Gobierno una semana después y devuelta al Congreso debido a que la propuesta del Ejecutivo era solo para velar por la ética de los abogados, pero el Legislativo incluyó a todas las profesiones que laboran en el sistema judicial.

REFORMAS POLÍTICAS

En el mismo sentido, Quintanilla enfatizó en la reforma política que también está pendiente y es de su competencia.

“Así como Vizcarra pide que se aceleren las reformas judiciales pendientes a partir del referéndum, también tiene que remitir los proyectos de ley que harán viables las reformas políticas electorales que también le competen”.

Finalmente, acotó que el origen del entrampamiento está en el diseño constitucional que hay desde 1993.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Poder Judicial debe ser transparente en caso Odebrecht

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María de los Ángeles Álvarez

La jueza sin miedo, María de los Ángeles Álvarez, titular del Primer Juzgado Nacional del Sistema Nacional Especializado en Delitos de corrupción de Funcionarios, será la que revisará el acuerdo, importante prueba del proceso de megacorrupción que ha salpicado a personalidades e instituciones.

El Dr. Amoretti cree que pese a las presiones existentes se llegará a conocer toda la verdad. Lo mismo piensa el congresista Richard Arce. Sin embargo, no se puede negar que hay fuertes presiones que deberá enfrentar José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, para defender su fuero.

Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, dijo respecto al acuerdo: “Se ha concluido con el proceso de compaginación y foliado, que ha sido un trabajo bastante minucioso”. El 15 de febrero se firmó el acuerdo de colaboración eficaz, que sigue siendo objeto de intentos de boicot.

ESTO NO ES DE AHORA

“El juez preside una audiencia con la finalidad de escuchar tanto a los fiscales como al procurador para ver si aprueba o no el acuerdo. Cada uno va a exponer su punto de vista, por un lado los fiscales, por otro el procurador y el representante de Odebrecht”, dijo el Dr. Amoretti.

“En base a ello, la jueza da a conocer su determinación, si aprueba o desaprueba algunos de los puntos o en su totalidad. Desgraciadamente, para mí, esas presiones son de algunos políticos que no quieren que se conozca el nombre de los corruptos”, dijo de manera tajante.

“Esto no es de ahora. Recordemos lo que pasó en la época de Toledo, cuando en el Congreso pidieron los audios donde estaban comprometidos funcionarios, empresarios y políticos sobre todo, es decir congresistas que estaban comprometidos en la corrupción, y no pasó nada”, recordó.

QUE NO SE REPITA LA HISTORIA

“La realidad y lo concreto es que hay muchos intereses políticos para que no se conozca la verdad de los corruptos en el país. El monto de la reparación civil es muy poco. Pero si conseguimos que cien o doscientos involucrados y pedimos cinco millones a cada uno, se recupera el monto”, explicó el Dr. Amoretti.

“No creo que venga por el lado del presidente del Poder Judicial, Lecaros. La verdad, para mí, va a depender de la exposición de los fiscales y el Procurador para los efectos de combatir la corrupción”, concluyó el Dr. Amoretti.

QUE SE SEPA LA VERDAD

“Eso es muy importante para que de una vez se sepa la verdad. Espero que se pueda iniciar el acuerdo en sí, que se someta toda la información y saludamos que se apruebe”, dijo el congresista Richard Arce.

“Esperemos que no haya una traba ad portas de la declaración de Jorge Barata, que ayudaría bastante con el marco legal establecido para que pueda hacer sus declaraciones”, señaló.

“Hay mucho en juego, muchos intereses de grupos que quieren bloquear el proceso. Hay que estar al tanto, eso es lo más importante”, sentenció el parlamentario.

ALGO MÁS

“Esperemos que se pueda tener más información para que el proceso pueda caminar y que llegue a la Fiscalía la situación de los expresidentes y candidatos, la gente de peso y poder vinculados a estos casos de corrupción”, concluyó Arce.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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