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Un nuevo exceso

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Acabamos de ver con estupefacción como persiste el ensañamiento y hasta el abuso contra la joven hija de una acaudalada empresaria que fuera asesinada en su casa, al haber pedido contra ella la Fiscalía nuevamente 35 años de cárcel, pese a que no parecen existir elementos sólidos y convincentes de que contrató a un sicario para que arrebate la vida a la madre.

La pena había sido objeto de obvias dudas que evidentemente fueron tomadas en cuenta por la instancia superior, que ordenó por ello volver a juzgar a la joven, lo que obviamente significaba reevaluar el caso, analizar evidencias y abrir nuevos caminos al esclarecimiento, lo cual evidentemente no se ha hecho, más allá de cambiar el delito imputado, de parricidio, planteado en el primer juicio, por el de instigación al homicidio por lucro.

Tal cargo parte del supuesto de que la joven acusada le pagó al sicario colombiano autor confeso del crimen para que mate a su madre con el fin de acceder al legado que le había dejado su abuelo y que ella voluntariamente había cedido en administración a su madre; todo esto pese a que el sicario en su testimonio ha dicho que nadie le pagó y a que la joven recibiría la herencia de cualquier manera, pues era la única heredera.

Las premisas ratificadas constituían el principal factor de las dudas generadas por la primera sentencia. Mantenerlas y cambiar solo el delito imputado sin modificar la condena pedida equivale, según un abogado penalista amigo, a cambiarle a un ejecutado la horca por la guillotina, y refleja rigidez y vocación draconiana para imponer una versión construida en gran medida por cierta prensa a cuyos prejuicios, obsesiones e intereses suelen someterse algunos magistrados, dejando de lado la ecuanimidad y la independencia que requiere la elevada misión de impartir justicia.

Han sido por esos mismos factores que en el inicio de este segundo proceso se hubiera rechazado el pedido de la apertura de los correos electrónicos del hermano de la acusada y un allegado a él, que podrían dar nuevas luces y abrir nuevas posibilidades para llegar a la verdad y verificar o descartar elementos de juicio en el complejo caso.

Bajo esa presión se dan en diversos terrenos abusos y excesos judiciales, que llegan al extremo de imponer medidas desproporcionadas, con frecuencia antes de siquiera haber investigado a quienes muchas veces no pasan de ser altamente sospechosos, pero tienen el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Es de esperar que los jueces actúen, en el caso que motiva este comentario, con cordura y sin la inusitada virulencia y la pasión puestas en la acusación, sin ceder a factores ajenos a la ley y la justicia. ◘

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Política

Del Castillo habría obstruido a la justicia

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Jorge del Castillo

El sitio web de IDL-Reporteros difundió ayer un informe sobre una serie de audios que podrían comprometer al excongresista Jorge Del Castillo en el caso Narcoindultos, recordado por haber liberado a más de 3207 condenados por narcotráfico en el segundo gobierno de Alan García.

Según la publicación, Del Castillo se refiere al exnarcotraficante Carlos Butrón Dos Santos, alias “Brasil”, quien se encontraba prófugo de la justicia. En el diálogo sostenido con presuntos militantes apristas no identificados, Del Castillo menciona un “apoyo legal” solicitado presuntamente por el exnarcotraficante.

En abril de 2013, Butrón se comunicó con el entonces presidente de la Megacomisión, el exparlamentario Sergio Tejada, a fin de revelar información vinculada al caso Narcoindultos. Específicamente, le confesó haber participado “en una serie de actos ilegales junto a Facundo Chinguel” cuando este era presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Días más tarde, cuando finalmente lo visitó en el Congreso, relató a Tejada cómo intercedió con “un colombiano” para sobornar a Facundo Chinguel, quien habría mencionado al entonces presidente Alan García en las conversaciones sostenidas.

Además, Butrón señaló a altos mandos políticos del gobierno aprista; entre ellos, Jorge del Castillo, César Candela Jara y Luis Nava Guibert, este último exsecretario presidencial de Alan García y considerado como “clave” por Dos Santos. Todo esto fue grabado por el propio Sergio Tejada, quien sugirió a Dos Santos ponerse en contacto con la Fiscalía.

CAMBIO DE VERSIÓN

Tras semanas de comunicaciones con el fiscal Walther Delgado y ante la demora en la firma de un acuerdo de colaboración eficaz, Butrón decidió revelar su testimonio en el programa televisivo “La Hora N”. Sin embargo, días después viajó a Brasil, perdió contacto con la Fiscalía y el Ministerio Público solicitó su captura y prisión preventiva.

Asustado por las amenazas que recibía, Butrón se comunicó nuevamente con el fiscal Delgado, quien le sugirió entregarse y firmar el acuerdo de colaboración eficaz para que pueda recuperar su libertad. En julio de 2013, Butrón debía entregarse en la localidad fronteriza de Iñapari, adonde había viajado un equipo de fiscales. Pero nunca apareció.

En octubre de ese año, una nueva aparición en medios televisivos mostró a Butrón contradiciendo su primera versión, y acusando al exparlamentario Tejada y al fiscal Delgado de haberlo presionado. Además, lamentó la prisión preventiva de Facundo Chinguel y juró que esa declaración, la cual leía ante cámaras, era la verdadera.

Al nuevo testimonio de Butrón, difundido en Panorama, le siguió una campaña mediática complementaria que incluyó entrevistas al expresidente Alan García y al exparlamentarioJorge Del Castillo, desacreditando las investigaciones de la Megacomisión y el trabajo de la Fiscalía, además de arremeter contra el gobierno de Ollanta Humala. Al respecto, IDL-Reporteros también difundió las directivas impartidas por García a través de correos electrónicos, y donde se sugería hasta el modo de referirse a este diario.

La consecuencia del nuevo testimonio de Butrón fueron nefastas para la Fiscalía. “Fue una investigación titánica porque tuvimos que confrontar las contradicciones de un testigo clave”, indicó Delgado a IDL-Reporteros. “Seguramente con un acuerdo de colaboración entre ‘Brasil’ y la Fiscalía los delitos de asociación ilícita no hubieran sido desestimados” dijo.

LAS AMENAZAS DE RODRIGO FRANCO

La explicación para el cambio de versión de Butrón se encontraría en los audios difundidos por IDL-Reporteros. Ahí, Del Castillo sostiene una conversación con presuntos militantes apristas quienes entre risas se burlan del temor de Butrón por las amenazas recibidas por presuntos integrantes del Comando Rodrigo Franco, el grupo paramilitar acusado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales durante el primer gobierno de Alan García.

Ante ello, Del Castillo ensayó una explicación en caso surgieran futuros cuestionamientos: “Son amigos colaboradores de su abogado que han ido a grabar, no han ido a matar a nadie”, indica a sus interlocutores.

En los audios difundidos también se identifica que el excongresista lee el testimonio de Marco Antonio Gálvez Tello, uno de los colaboradores eficaces del caso Narcoindultos, y luego se refiere a Butrón indicando que “ha pedido un apoyo legal” y que necesita liberarse de la orden de captura. “Vamos a intentarlo”, dice.

Tras las revelaciones que implicarían a Jorge Del Castillo en un caso de obstrucción a la justicia, el exparlamentario Sergio Tejada sostuvo que siempre sospechó del líder aprista, debido a que, tras la difusión del testimonio modificado de Butrón en Panorama, Del Castillo y Omar Quesada lo denunciaron penalmente por presuntamente intentar perjudicar al expresidente Alan García.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Detienen a cuatro generales por estar involucrados en robo de combustible

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Comando de Educación y Doctrina del Ejército - Patrullero de la policía

No ha pasado mucho tiempo desde la detención del general Edwin Donayre, para que el Ejército del Perú se vea envuelto nuevamente en un caso de corrupción.La diligencia se ejecutó en las ciudades de Tarapoto, Cajamarca, Cusco, Arequipa y Huancavelica, implicó además de las detenciones, el allanamiento de diversos inmuebles.

Luego que el jefe de la Tercera División de dicha institución, el General Carlos Martín MaycaVasquez y el jefe de Batallón de Intendencia de la Tercera División del Ejército, Coronel Cristian Freddy Borja Portugal, fueran involucrados en robo de combustible, paralelamente se hicieron las otras intervenciones.

Los dos altos mandos militares fueron detenidos por la Policía, como parte de un megaoperativo nacional. De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, el general y el coronel integrarían la presunta organización criminal “Los capos del diésel”, que se dedicaría al robo de combustible del Ejército peruano.

MEGAOPERATIVO

En el marco del megaoperativo, la Policía intervino las dos viviendas de los detenidos situadas en la cuarta cuadra de la avenida Cayma en el distrito del mismo nombre y en el Cercado de la ciudad de Arequipa. También arribaron hasta el cuartel de la Comandancia General de la Tercera División de Ejército, en Zamacola.

Mayca Vásquez y Borja Portugal fueron llevados a la sede de la Dirección Anticorrupción en Arequipa, donde proseguirán las diligencias pertinentes. Ambos serán investigados por el presunto delito de Peculado.

La intervención de la Fiscalía y de la Policía se realiza principalmente en la sede del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejercito (Coede) en el distrito de Chorrillos.

LA TESISFISCAL

Según la tesis fiscal, “Los capos del diésel” habrían robado de forma sistemática el combustible del Ejército del Perú entre el 2013 y 2018. El perjuicio en contra del Estado estaría valorizado en S/ 3 millones y medio de soles.

Un total de 27 integrantes de la institución a nivel nacional estarían implicados en este caso.El fiscal Omar Tello, a cargo de la diligencia, afirmó que entre los delitos que se le imputan a los investigados por el robo de diésel se encuentran peculado, cohecho, encubrimiento real, entre otros.

La autoridad confirmó que en este operativo fueron detenidos los generales Augusto Javier Villarroel Rossi y Carlos Martín Mayca Vásquez. Ellos y el resto de intervenidos permanecerán detenidos preliminarmente por diez días para las investigaciones por el robo de combustible entre 2013 y 2018.

ALGO MÁS

El representante del Ministerio Público detalló que estas detenciones se suman a las realizadas en abril del año pasado y en mayo de este año, en el caso denominado “Los capos del diesel”.

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Política

Comando del Ejército se pronuncia sobre detención

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Operativo de la policía investiga crimen

El Comando del Ejército informó que aproximadamente a las 05.45 horas, la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, realizó diligencias para detener de forma preliminar por 10 días a miembros del Ejército en relación a una investigación sobre sustracción de combustibles ocurrida entre el 2013 y 2018.

De acuerdo con un comunicado oficial, las detenciones se realizaron en diversas instalaciones militares en Lima y provincias. El Comando del Ejército indicó que ha dispuesto que se brinden todas las facilidades necesarias a fin de que la Fiscalía adopte las diligencias de acuerdo a la ley.

Asimismo, informó que ha dispuesto que la Inspectoría General del Ejército inmediatamente tome las acciones correspondientes de acuerdo a sus funciones y atribuciones.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

“El Ejercito del Perú reafirma su firme compromiso de lucha contra la corrupción de acuerdo con la política del Gobierno y en el marco del Plan de Integridad y lucha contra la corrupción en el sector Defensa”, precisa el comunicado.

La orden de detención preliminar por 10 días, allanamiento con descerraje de domicilios y otros, registros e incautación por seis horas, fue solicitada, entre otros, para los Generales de Divisiónes ® Augusto Javier Villarroel Rossi y Carlos Martín Mayca Vásquez; al General de Brígada Moisés Wilfredo Chávez Farfán, además de otros tenientes coroneles.

Es decir se trata de 27 personas, entre hombres y mujeres, que serán severamente investigados por la sustracción de combustible, como si el mal ejemplo del general Edwin Donayre no les haya servido de escarmiento.

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