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Un kilo de papas por una caja de fósforos

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Dos campesinos muertos por las balas de la policía en el último paro agrario de la zona central del país, despiertan un viejo recuerdo, dormido pero no convertido en olvido. Los productores de papas reclaman más y mejores precios. Los policías responden con lo que saben hacer muy bien: reprimir y matar impunemente.

Por su parte, los terroristas de Estado, incluido el presidente de la República, esos de los que nunca se habla, sacan de su pozo de argumentos un viejo trapo incoloro pero duro y resistente: la extrema izquierda es responsable del paro agrario, y de la inestabilidad política que “sufre el país”.

En ausencia de senderistas y emeretistas parecía que el casillero “extremistas” estaba vacío. Con su maravillosa imaginación, la derecha bruta y achorada, llama extremistas ahora a los dos grupos de parlamentarios que se reclaman de izquierda y tiene terror de lo que produciría una aparentemente “temible” alianza de Verónika con Santos.

No parece que en sus muchos quehaceres electorales tengan ella y él el tiempo suficiente para ocuparse de lo que pasa fuera del Congreso y, menos, para tratar de entender por qué en Perú un kilo de papas y una caja de fósforos cuestan igual. En su orfandad intelectual, política y ética, al presidente PPK no le queda otra que salir de su lenguaje tecnocrático, propio de sus “funcionarios de lujo”, y volver a las ideas de los terroristas Montesinos y Fujimori.

Uno. 25 o 30 años atrás, escribí en mi columna del diario La República un texto con el mismo título que el de ahora. Los años pasan, los grandes problemas de fondo del país quedan, se transforman, se agravan, se suavizan. Uno de ellos es la producción agraria. Con las tomas de tierras, la primera reforma agraria de la Federación Campesina del Cusco en 1962, las de 1963,1964, y la última del velasquismo en 1969, cambiaron sustancialmente las relaciones de propiedad, pero no las relaciones sociales de producción. Cerca de 11 millones de hectáreas pasaron a manos de Cooperativas, SAIS, y Comunidades campesinas, principalmente. Los generales y coroneles autodefinidos como revolucionarios siguieron a pie juntillas los versos de los dirigentes del Partido Comunista y del partido Socialista para quienes habría bastado entonces cambiar las relaciones de propiedad para hacer una revolución. Con el mismo argumento, el sociólogo aprista Carlos Delgado, principal responsable de SINAMOS y estrella del régimen, llegó a sostener que con la participación de los industriales y obreros en la proporción de 50% cada uno en la llamada “Comunidad industrial”, Velasco había logrado la hazaña de hacer “desparecer” a las clases y a la lucha de clases.

Huelga paro agrario papa tubérculo obstaculizando carretera central

Dos. Ocurre que en el abc del marxismo serio las relaciones de propiedad no se confunden con las relaciones sociales de producción. En las primeras, aparecen los grandes, medianos y pequeños propietarios, los “dueños del Perú”, los ricos y los pobres. En las segundas se trata del mercado, de los precios, del crédito, del poder, de la división internacional: producción y exportación de materias primas como el caso peruano desde tiempos del algodón y la caña de azúcar, casi dos siglos atrás; e industrialización como base de la acumulación capitalista en Inglaterra, luego Estados Unidos, Japón y, ahora, China. Sobre ese rumbo, se instalan las nuevas revoluciones tecnológicas. Este fue el argumento teórico irrebatible para no llamar revolución socialista a lo que fue solo un cambio casi generalizado de propiedad. El segundo, fue muy sencillo: el pueblo, no tuvo nada que ver con la dirección de ese proceso aunque la propiedad de los periódicos expropiados y formalmente entregada a campesinos, obreros y etc, parecía un excelente señuelo para ganar la adhesión de los incautos y de quienes siendo arribistas de muchos colores se llenaban la boca llamándose revolucionarios.

Tres. Terminada la veleidad del cambio de propiedad, fracasadas las cooperativas y SAIS que los obreros agrícolas o campesinos, comuneros nunca pidieron, con el neolatifundismo de regreso, el viejo orden volvió a instalarse. Los campesinos siguen siendo compradores caros y vendedores baratos. Ellos no fijan precio alguno, solo les queda aceptar lo que se les impone, si tienen que producir café, espárragos, alcachofas paltas o mangos, tienen que hacerlo.

Cuatro. La derecha bruta y achorada se mueve bajo una bandera universal: salvo la exportación el resto es ilusión. Perú es ahora el primero o segundo exportador mundial de espárragos. El consumo interno de este producto no aparece en el 99 % de las mesas de peruanos y peruanas. ¿A quiénes interesa lo que el pueblo come o encuentra en los mercados?, ¿Conocen ustedes, lectoras o lectores, a burgueses agrarios, congresistas y presidentes de la república preocupados por lo que el pueblo come o debiera comer? Todos los gobiernos y ministros de agricultura se limitan a reproducir las viejas reglas del orden capitalista. ¿Innovación? Ninguna. Los elementos claves de la economía andina: papas, maíz, alpacas, llamas, vicuñas languidecen. Los norteamericanos ya son exportadores de lo que llaman “quinoa”, pronto harán lo mismo con alpacas y llamas. La lana de vicuña es un monopolio de italianos y británicos. No hay nada que se parezca a una propuesta peruana para la agricultura y la ganadería.

Cinco. Ya está en el escenario la crisis y posible refinanciación o desaparición del Agrobanco por los problemas endémicos ya conocidos: deudores morosos que no pagan, voluntad política cero de los gobiernos para tomar al toro por los cuernos y, también, la corrupción tan nuestra, tan vieja y tan conocida. Desde tiempos velasquistas, con el cuento de “desarrollar” la agricultura y la ganadería en la sierra con fondos prestados del Banco agrario, los beneficiaros de préstamos en provincias andinas compraron tierras en los valles de Lima y la costa e instalaron muy buenos negocios, en Huachipa, por ejemplo. La historia no tiene cuando acabar.

Seis. ¿Qué hacer? Felizmente, los funcionarios del gobierno aceptan que el problema de los agricultores no se resuelve comprándoles sus excedentes de papas. Ese es un simple analgésico. ¿Tienen alguna solución? No. ¿Qué luces nos dan los congresistas de izquierda? El espacio acaba y quedan pendientes una o más columnas sobre el tema.

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Política

Cuellos blancos quieren sacar a juez Carhuancho

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Víctor Raúl Rodríguez Monteza

A pedido del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash, abrió una investigación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanho.

El proceso que se le abrió es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en su intervención en el caso “La Centralita” contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, actualmente bajo prisión por el caso Odebrecht.

Analistas consultados por Diario UNO manifestaron que Carhuancho es un juez incómodo en la lucha contra la corrupción, por ello es que cierto sector influido por mafiosos trata de obstruir el accionar de jueces y fiscales, probos y valientes.

BUSCAN TRABAR A LA JUSTICIA

“Hay una trayectoria de reconocimiento a su actuación firme, clara, rotunda del juez Carhuancho. Incluso acaba de ser desestimada el día de hoy (ayer) una pretensión de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia de querer sacarlo del control de constitucionalidad de la denuncia contra ellos”, opinó Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Es un juez que indudablemente por sus características es incómodo para los procesados que son denunciados ante el Poder Judicial y esperamos que no prospere ese tipo de acciones que buscan trabar la acción de la justicia”, concluyó Soberón.

HAY QUE ESTAR MUY ALERTAS

“Es terrible eso porque es evidente que hay allí una estrategia, incluso de intimidación, de pretender acallar a jueces probos y honestos, como Carhuancho, que está luchando contra la corrupción, no solo en este momento sino desde hace tiempo atrás”, dijo Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Eso me parece grave y sobre esto creo que la ciudadanía debiera tener una actitud de alerta y de solidaridad con los jueces y fiscales que vienen siendo asediados por los propios mecanismos que vienen implementándose en el propio sistema de justicia”, exhortó.

ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN

“Es evidente que hay -reitero- una estrategia de intimidación y de acoso sobre los jueces y fiscales que están llevando adelante en este momento los casos que comprometen a los altos dignatarios que se han visto involucrados en las redes de corrupción de Odebrecht”, precisó.

“Eso llama a una profunda preocupación. Hay que estar alertas a esta actitud obsecuente y cómplice como lo ha manifestado de manera reiterada el Congreso de la República con su mayoría, expresada por Fuerza Popular y el Apra”, subrayó.

“De alguna manera este Congreso blinda a los operadores de la corrupción dentro del sistema. Esto ya lo hicieron el exfiscal Supremo César Hinostroza y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación. Tenemos que mirar esto con cuidado y alertar a la opinión pública”, concluyó Bracamonte.

FAVORECE A LOS MAFIOSOS

“Es una situación contrasentido que se investigue a un juez que está enfrentando a los corruptos; es un contrasentido y eso no tiene nombre, cuando las instancias superiores del Poder Judicial deberían apoyar”, expresó el legislador Yonhy Lescano de Acción Popular (AP).

“En lugar de apoyar a los jueces y fiscales valientes, están apoyando a las mafias. Además, investigarlo por abuso de autoridad deja mucho que desear, por eso la población está mayoritariamente en contra del Poder Judicial”, remarcó.

“Eso despierta suspicacias, que se mande a investigar a un juez que está luchando contra los corruptos puede dar que pensar que este señor (Rodríguez Monteza) quiere favorecer a los mafiosos; es incalificable lo que está sucediendo”, puntualizó.

ALGO MÁS

“El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debe intervenir y decir qué está pasando acá porque, quiérase o no, esto debilita a la lucha contra la corrupción”, concluyó Lescano.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

PJ rechaza recusación de juez Carhuancho

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

La Primera Sala Penal Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la recusación contra juez Richard Concepción Carhuancho planteada por el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, en el proceso seguido en su contra por el caso Odebrecht.

El fragmento del documento publicado en la cuenta del Poder Judicial, se indica que en la recusación planteada por los esposo Humala Heredia no se encuentran elementos de prueba para inferir un motivo fundado que permitan poner en duda la imparcialidad del juez.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos, por los aportes que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, según informó el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche el 7 de mayo.

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Política

Mientras no se aclare la última duda no se iniciará proyecto

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se iniciará la construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern, mientras no se aclaren todas la dudas de la población y autoridades de la provincia de Islay y la región Arequipa.

“Mientras que no aclare la última duda no se va a iniciar ningún proyecto”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Subrayó que su gobierno resolverá las demandas de la ciudadanía como siempre lo ha hecho con un diálogo, transparente, directo y franco.

“Problemas siempre hay, cómo se resuelven, enfrentándolos directamente con el diálogo y transparencia, y hablando siempre con la verdad sobre la mesa”, señaló.

En tal sentido, Vizcarra le pidió a la población y agricultores de la provincia de Islay que estén tranquilos porque no se iniciará ninguna operación o construcción sin que previamente no se sienten a conversar la empresa y los actores involucrados en la ejecución del proyecto minero.

Refirió que el Gobierno no tiene una posición contraria o discordante con la expresada por los pobladores, alcaldes de Islay o el gobernador regional de Arequipa, pues siempre ha habido coincidencia en que no se puede ejecutar una obra sin que se aclaren todas las dudas al respecto.

No obstante, Vizcarra enfatizó también que no se puede hablar en función de ultimátum sino en función al diálogo.

“No se puede hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación a la que estamos absolutamente dispuestos”, indicó.

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