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Un kilo de papas por una caja de fósforos

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Dos campesinos muertos por las balas de la policía en el último paro agrario de la zona central del país, despiertan un viejo recuerdo, dormido pero no convertido en olvido. Los productores de papas reclaman más y mejores precios. Los policías responden con lo que saben hacer muy bien: reprimir y matar impunemente.

Por su parte, los terroristas de Estado, incluido el presidente de la República, esos de los que nunca se habla, sacan de su pozo de argumentos un viejo trapo incoloro pero duro y resistente: la extrema izquierda es responsable del paro agrario, y de la inestabilidad política que “sufre el país”.

En ausencia de senderistas y emeretistas parecía que el casillero “extremistas” estaba vacío. Con su maravillosa imaginación, la derecha bruta y achorada, llama extremistas ahora a los dos grupos de parlamentarios que se reclaman de izquierda y tiene terror de lo que produciría una aparentemente “temible” alianza de Verónika con Santos.

No parece que en sus muchos quehaceres electorales tengan ella y él el tiempo suficiente para ocuparse de lo que pasa fuera del Congreso y, menos, para tratar de entender por qué en Perú un kilo de papas y una caja de fósforos cuestan igual. En su orfandad intelectual, política y ética, al presidente PPK no le queda otra que salir de su lenguaje tecnocrático, propio de sus “funcionarios de lujo”, y volver a las ideas de los terroristas Montesinos y Fujimori.

Uno. 25 o 30 años atrás, escribí en mi columna del diario La República un texto con el mismo título que el de ahora. Los años pasan, los grandes problemas de fondo del país quedan, se transforman, se agravan, se suavizan. Uno de ellos es la producción agraria. Con las tomas de tierras, la primera reforma agraria de la Federación Campesina del Cusco en 1962, las de 1963,1964, y la última del velasquismo en 1969, cambiaron sustancialmente las relaciones de propiedad, pero no las relaciones sociales de producción. Cerca de 11 millones de hectáreas pasaron a manos de Cooperativas, SAIS, y Comunidades campesinas, principalmente. Los generales y coroneles autodefinidos como revolucionarios siguieron a pie juntillas los versos de los dirigentes del Partido Comunista y del partido Socialista para quienes habría bastado entonces cambiar las relaciones de propiedad para hacer una revolución. Con el mismo argumento, el sociólogo aprista Carlos Delgado, principal responsable de SINAMOS y estrella del régimen, llegó a sostener que con la participación de los industriales y obreros en la proporción de 50% cada uno en la llamada “Comunidad industrial”, Velasco había logrado la hazaña de hacer “desparecer” a las clases y a la lucha de clases.

Huelga paro agrario papa tubérculo obstaculizando carretera central

Dos. Ocurre que en el abc del marxismo serio las relaciones de propiedad no se confunden con las relaciones sociales de producción. En las primeras, aparecen los grandes, medianos y pequeños propietarios, los “dueños del Perú”, los ricos y los pobres. En las segundas se trata del mercado, de los precios, del crédito, del poder, de la división internacional: producción y exportación de materias primas como el caso peruano desde tiempos del algodón y la caña de azúcar, casi dos siglos atrás; e industrialización como base de la acumulación capitalista en Inglaterra, luego Estados Unidos, Japón y, ahora, China. Sobre ese rumbo, se instalan las nuevas revoluciones tecnológicas. Este fue el argumento teórico irrebatible para no llamar revolución socialista a lo que fue solo un cambio casi generalizado de propiedad. El segundo, fue muy sencillo: el pueblo, no tuvo nada que ver con la dirección de ese proceso aunque la propiedad de los periódicos expropiados y formalmente entregada a campesinos, obreros y etc, parecía un excelente señuelo para ganar la adhesión de los incautos y de quienes siendo arribistas de muchos colores se llenaban la boca llamándose revolucionarios.

Tres. Terminada la veleidad del cambio de propiedad, fracasadas las cooperativas y SAIS que los obreros agrícolas o campesinos, comuneros nunca pidieron, con el neolatifundismo de regreso, el viejo orden volvió a instalarse. Los campesinos siguen siendo compradores caros y vendedores baratos. Ellos no fijan precio alguno, solo les queda aceptar lo que se les impone, si tienen que producir café, espárragos, alcachofas paltas o mangos, tienen que hacerlo.

Cuatro. La derecha bruta y achorada se mueve bajo una bandera universal: salvo la exportación el resto es ilusión. Perú es ahora el primero o segundo exportador mundial de espárragos. El consumo interno de este producto no aparece en el 99 % de las mesas de peruanos y peruanas. ¿A quiénes interesa lo que el pueblo come o encuentra en los mercados?, ¿Conocen ustedes, lectoras o lectores, a burgueses agrarios, congresistas y presidentes de la república preocupados por lo que el pueblo come o debiera comer? Todos los gobiernos y ministros de agricultura se limitan a reproducir las viejas reglas del orden capitalista. ¿Innovación? Ninguna. Los elementos claves de la economía andina: papas, maíz, alpacas, llamas, vicuñas languidecen. Los norteamericanos ya son exportadores de lo que llaman “quinoa”, pronto harán lo mismo con alpacas y llamas. La lana de vicuña es un monopolio de italianos y británicos. No hay nada que se parezca a una propuesta peruana para la agricultura y la ganadería.

Cinco. Ya está en el escenario la crisis y posible refinanciación o desaparición del Agrobanco por los problemas endémicos ya conocidos: deudores morosos que no pagan, voluntad política cero de los gobiernos para tomar al toro por los cuernos y, también, la corrupción tan nuestra, tan vieja y tan conocida. Desde tiempos velasquistas, con el cuento de “desarrollar” la agricultura y la ganadería en la sierra con fondos prestados del Banco agrario, los beneficiaros de préstamos en provincias andinas compraron tierras en los valles de Lima y la costa e instalaron muy buenos negocios, en Huachipa, por ejemplo. La historia no tiene cuando acabar.

Seis. ¿Qué hacer? Felizmente, los funcionarios del gobierno aceptan que el problema de los agricultores no se resuelve comprándoles sus excedentes de papas. Ese es un simple analgésico. ¿Tienen alguna solución? No. ¿Qué luces nos dan los congresistas de izquierda? El espacio acaba y quedan pendientes una o más columnas sobre el tema.

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Política

Ministro pide investigar a García y cobrarle 1,500 millones a Odebrecht

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, pidió ayer a la Fiscalía que investigue al expresidente Alan García Pérez, por interferir contra la justica con sus espías dentro del equipo Lava Jato y manifestó su respaldo al acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht.

Sobre la confesa intromisión de García Pérez en la Fiscalía que lo investiga, Zeballos dijo: “Ha sido reiterativo en esta apreciación (…) no ha sido una ni dos, sino tres veces que ha manifestado lo mismo (..). Lo que menos puede hacer el Ministerio Público es abrir una investigación y, si encuentra responsabilidad, que se deslinde”.

El ministro Zeballos resaltó que al acuerdo Ministerio Público – Odebrecht contribuyó decisivamente el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, funcionario que pertenece al Sector Justicia dentro de la Oficina de Defensa Legal del Estado, aportando la solución del punto de la reparación civil.

“Somos respetuosos de la autonomía con que han venido actuando los encargados. Sin embargo, hay que ser bastante cautos en revisar las circunstancias. No olvidemos que estamos hablando de cuatro proyectos de inversión. Además, no están consideradas las empresas consorciadas. Hay muchos aspectos que no han sido considerados, pero en el curso de la investigación van a ampliar la reparación civil”, mencionó el ministro.

ACUERDO EQUILIBRADO

El procurador Ramírez, a su vez, siguiendo la campaña de defensa del acuerdo iniciada por el jefe del equipo Lava Jato Rafael Vela Barba, explicó que el punto central es que la indemnización se calculó, respecto a las cuatro obras en las que Odebrecht confesó sobornos.

El procurador dijo que por esas obras Odebrecht reconoció que pagó US$ 32 millones, lo cual es inexacto, pues una simple suma de las coimas conocidas: US$ 20 millones por la Transoceánica Sur, US$ 24.4 millones por el Tren Eléctrico, US$ 4 millones por la Costa Verde Callao y US$ 3 millones por la Vía de Evitamiento del Cusco, arrojan la cifra de US$ 51.4 millones.

En consecuencia, tampoco es cierto que esta suma se pone en relación a los S/ 610 millones, el monto de la multa sería más de cinco veces el soborno reconocido.

No obstante, Ramírez es del criterio de que el acuerdo es “equilibrado”, que puede ser reajustado en el tiempo, pues si se descubriese que también sobornaron en otros proyectos, se cobrará como corresponde la reparación civil.

El procurador dijo también que los 610 millones de soles de reparación civil, es cerca de la mitad del monto del daño al Estado calculado por la Contraloría, ascendente S/ 1.500 millones. La Procuraduría planea cobrar el resto a las empresas naturales y jurídicas que resulten cómplices de la constructora brasileña.

LOS QUE APOYAN

El ex procurador anticorrupción, Iván Meini, respaldó al convenio porque dará acceso a la información que permitirá que las investigaciones sigan y lleguen a buen puerto y que se descubran otros hechos delictivos.

Dijo que esto es importante porque quienes están investigados son personas de poder político y económico que se opondrán con muchos recursos a que se sepa la verdad. No obstante, criticó el monto reducido de la reparación civil

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio dijo que el acuerdo es una solución pragmática en la que también se ha visto la reparación civil que deberá pagar Odebrecht y la autorización para que esta siga operando y pueda disponer de sus activos. “Hay un aumento significativo del aspecto resarcitorio de Odebrecht”, expresó.

RECHAZO

En contra del acuerdo se pronunció ayer el congresista no agrupado Roberto Vieira, quien dijo que con sus sobornos Odebrecht ganó mucho dinero que salió del bolsillo de todos los peruanos, por lo que no solo perjudicó al Estado, sino a los contribuyentes. Por eso criticó que se le haya aprobado solo 610 millones de soles y que, además, se le permita seguir contratando obras con el Estado.

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Política

Premier contra cambio de fiscales Lava Jato

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César Villanueva

“Espero que no se produzcan esos cambios porque cada cambio te frena o te hace retroceder en estos procesos que más bien tienen que ser la prioridad”, declaró ayer el primer ministro, César Villanueva, al manifestar que no debe haber cambios en el equipo de fiscales a cargo del caso Lava Jato.

Se pronunció por la permanencia del coordinador del equipo, Rafael Vela, y el eficiente fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Fuerza Popular y demás involucrados en la presunta recepción de fondos de Odebrecht.

Para Villanueva, “Si ya tienen un equipo en marcha, lo ideal es que continúe”, y hay que tener en cuenta que hay un ambiente de sensibilidad por la percepción de que se persigue a los fiscales del equipo Lava Jato.

“Hay que tranquilizar la situación, tenemos que continuar y reforzar las instituciones”, añadió.

El procurador para el caso, Jorge Ramírez, también planteó la necesidad de que el equipo Lava Jato se mantenga y señaló que la Fiscalía y la Procuraduría trabajan en conjunto.

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Política

Congreso verá hasta enero creación de Junta Nacional de Justicia y otros temas

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Daniel Enrique Salaverry Villa

El Congreso seguirá trabajando en el primer mes de verano del 2019 para ejecutar la primera reforma de la Constitución aprobada en el reciente referéndum, mediante la cual se creará la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esa nueva instancia reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, con facultades para nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del sistema judicial nacional.

Por lo menos esa es la pretensión primordial del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al haber emitido ayer el Decreto de Presidencia Nº 001-2018-2019 – P/CR que amplía hasta el 30 de enero próximo la legislatura ordinaria en curso.

CONVOCATORIA GENÉRICA

El texto de la disposición no dice expresamente que se tratará la primera reforma dispuesta por la ciudadanía en el referéndum, ya que incluye una fórmula bastante genérica:

“Para tratar los siguientes puntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legisltiva, informes y otras disposiciones que se encuentren en la agenda del pleno del Congreso al 15 de diciembre de 2018, y las proposiciones y mociones que se incluyan en la agenda, por acuerdo de la Junta de Portavoces.

2. Los proyectos de ley y de resoluciones legislativas del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.

3. Cualquier otro asunto”.

No obstante, a través de Twitter, Salaverry escribió: “La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe iniciar sus funciones lo más pronto posible. Se ha ampliado la legislatura para que se puedan presentar los proyectos de Ley Orgánica para ser debatidos y aprobados en comisiones y el pleno. La JNJ es fundamental para la administración de justicia”.

TORRES EN OTRA COSA

Este doble lenguaje deductivo de Salaverry llevó a su colega de bancada, el congresista Miguel Torres, a declarar a la prensa en tono de mofa que en la ampliación de la legislatura se verán asuntos pendientes como las reformas de educación, laboral, ambiental y todos los temas que están pendientes en el Congreso.

Omitió mencionar siquiera la ley de creación de la JNJ, aunque no quedó claro si lo hizo por golpear a Salaverry o porque su bancada se resiste a allanarse al mandato del referendo del domingo, cuya trascendencia los fujimoristas intentan cuestionar.

Es de anotar que el 18 de setiembre, el Congreso aprobó una autógrafa de ley que crea la Junta Nacional de Justicia, tal como hizo con las otras tres reformas planteadas por el Ejecutivo.

Todas esas autógrafas fueron acogidas por el Gobierno, mediante el Decreto Supremo Nº 101-2018-PCM (publicado el 10 de octubre de 2018) y sirvieron de base para la elaboración de los textos que fueron votados en el referéndum del 9 de diciembre.

MÁS PROYECTOS

Sin embargo, el premier César Villanueva dijo que tiene listo un proyecto propio sobre la Junta Nacional de Justicia que remitirá al Congreso en breve.

Trascendió que el Ejecutivo tiene además un proyecto alternativo a la ley sobre el tema del financiamiento de partidos políticos, aprobado a marcha forzada por fujimoristas y apristas y cuestionado por el presidente Vizcarra, quien ha adelantado que observará la cuestionada norma que podría favorecer a investigados como los jefes de FP, Keiko Fujimori, y el Apra, Alan García, indagados por lavado de activos.

ALTERNATIVAS

Dadas así las cosas, todos los organismos con capacidad de iniciativa legislativa, principalmente en el Poder Judicial, cada una de las bancadas y cada uno de los legisladores, estarán en posición de presentar proyectos de ley al respecto.

El Congreso podría insistir en su autógrafa o compatibilizarla con la que envíe el Gobierno.

Debido a que la prolongación de la legislatura admitirá todos los temas posibles, podría derivar en el tratamiento de una diversidd de materias, lo cual conspiraría contra la premura que requiere poner en vigencia la primera reforma constitucional planteada.

INTERPELACIÓN PENDIENTE

Uno de esos puntos urticantes es la moción de las bancadas del Apra y Fuerza Popular para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por las denuncias de supuesta interceptación telefónica al expresidente Alan García.

Aunque los promotores no han dicho que pretenden censurar a Morán y hasta el aprista Elías Rodríguez dijo ayer que “Aquí no estamos hablando de censura, sino de un ánimo de discutir este tema en el Pleno”, nada debe descartarse.

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