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Un gabinete a la medida de los grandes empresarios

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No han sido los voceros del gobierno, ni de los partidos políticos involucrados, quienes se han pronunciado más decididamente en favor del nuevo gabinete presidido por Mercedes Aráoz. Quienes han estado especialmente activos en los medios tras los cambios han sido los voceros del gran empresariado, destacando el presidente de la CONFIEP, Roque Benavides. Además de saludar el fin del enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, Benavides y otros como el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Luis Marchese, han subrayado el potencial de este nuevo gabinete para promover mayor estabilidad y crecimiento económico en un año que también ha traído inundaciones desastrosas y escándalos de corrupción.

Sin embargo, lo que presenciamos no fue un simple saludo protocolar. En las declaraciones mediáticas antes y después de la juramentación ha habido un claro y público jalón de orejas al gobierno y a los líderes del Congreso. Y aunque no podemos comprobarlo, probablemente esta reprimenda haya tenido un correlato en reuniones a puertas cerradas e intensas conversaciones telefónicas, considerando los patrones históricos del poder político de los grandes grupos económicos. Justo antes de los cambios, Benavides declaró que “lo que estamos viendo es una confrontación entre nuestros políticos, nos corresponde exigirles que se pongan de acuerdo”. La Cámara de Comercio de Lima también había manifestado su “profunda preocupación” por la crisis política, llamando a evitar una inestabilidad que afecta la actividad económica y la inversión privada.

Luego de la juramentación, Marchese mencionó que el enfrentamiento trajo “mucho ruido a los inversionistas y a la población… y Mercedes Aráoz va a trabajar en ese sentido” para superarlo, mientras Benavides visitó varios medios y también afirmó que la confrontación había sido contraproducente y que estaba conforme con el nuevo gabinete porque, entre otras cosas, “Aráoz es bastante más política de lo que podía ser Fernando Zavala”. Las declaraciones de la cabeza de la CCL, Mario Mongilardi, han ido en la misma dirección: la designación de Aráoz fue acertada por ser una persona “con voluntad de diálogo que se requiere en estos momentos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de trabajar de manera coordinada por el país”.

Notablemente, después de la juramentación de un equipo solo parcialmente renovado, las tensiones y abiertas confrontaciones entre el gobierno y el fujimorismo cesaron casi como por arte de magia. De pronto, una segunda censura, el cierre del Congreso y nuevas elecciones ya no son tema de conversación. Los pleitos parecieron trasladarse al interior del fujimorismo, en tanto las únicas voces disonantes acerca de la nueva configuración vienen de unos cuantos periodistas independientes y de actores políticos que no fueron decisivos en la conformación del nuevo gabinete, como la excandidata presidencial de izquierda Verónika Mendoza.

No hay aún evidencia dura al respecto, pero los cambios de comportamiento sugieren que se ha forjado muy rápidamente un nuevo consenso entre actores que estaban enfrentados, y el único sector que parecería tener el interés y la influencia para haberlo facilitado es el gran empresariado.

¿En qué consistiría este aparente nuevo consenso? La conformación del gabinete sugiere que una consigna principal es controlar todos los posibles focos de conflictividad entre el Ejecutivo y la mayoría legislativa, con miras a recuperar una estabilidad que facilite el crecimiento y promueva la inversión.

Lamentablemente, los medios de prevención de conflictos en esta nueva configuración tienen algunos claros bemoles para la democracia y la expansión de derechos. Con los cambios se minimiza el temido “ruido político“ de alto nivel, primero, al abrir el camino para el indulto a Alberto Fujimori, que seguramente resultaría en un fujimorismo menos belicoso y menos dividido, y para lo cual ya se cambió a una ministra de Justicia que estaba explícitamente opuesta. Asimismo, se minimiza el antagonismo a las fuerzas conservadoras que buscan retroceder avances de políticas en los grandes sectores sociales (Vexler en Educación y D’Alessio en Salud). Y finalmente, también se minimizaría la regulación y el antagonismo a la expansión de los intereses privados en esos mismos sectores, recordando la cercanía de Vexler con César Acuña, que tiene peso en la política y como figura empresarial.

“Estabilidad” ha sido la palabra más mentada en las declaraciones recientes, y tiene un fuerte precedente histórico que no debemos olvidar. El gran empresariado no soporta fantasmas de la incertidumbre del pasado, y busca incidir en la política de alto nivel para proteger sus intereses ante una inminente crisis. Como ha explicado el sociólogo Francisco Durand, desde los años noventa los grandes grupos de poder económico han gozado de una notable estabilidad para desarrollar sus actividades y generar riqueza, y de un acceso privilegiado al poder político y toma de decisiones. Muchos recuerdan bien el período traumático iniciado en 1968, cuando el golpe velasquista los excluyó de muchas decisiones sobre el futuro del país, y de las siguientes décadas de crisis y vaivenes hasta la constitución neoliberal de 1993. Desde ahí se consolidó un modelo económico de “capitalismo irrestricto, de baja regulación, y de integración ingenua a la globalización” (Durand, 2017). Y luego, siempre que han surgido amenazas a este orden (sea el surgimiento de candidatos de izquierda, o posibles vacíos de poder como hoy), han intensificado su actividad política.

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Política

Escándalo en la Comisión Especial que elegirá a integrantes de la JNJ

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Pedro Patrón Bedoya

“Desgraciadamente nosotros ya lo habíamos advertido. Dijimos que así como se está llevando el proceso antes de que se hicieran las bases, nosotros como IDL dimos unas recomendaciones a la Comisión Especial, con mucha anticipación, pero no las tomaron en cuenta”, dijo Luis Purizaga, coordinador del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Nos parece terrible que hayan pasado seis meses del proceso y que al final hayan quedado tres postulantes. Eso nos está mostrando una cosa: o que el proceso de selección está mal hecho o que la Comisión Especial no está a la altura del encargo que se les dio”, afirmó.

“Ante esta situación hay que repensar todas las bases del concurso. Por ejemplo, establecer un nuevo criterio de evaluación. Si el problema que estamos viendo ahora es la etapa de evaluación. Además hemos visto que se hacen las mismas preguntas para todos los postulantes. Esto no es correcto”, observó.

HOJAS DE VIDA NO SON ANALIZADAS

“Hay preguntas que son uniformes. Las preguntas deben ser en función a la realidad y a la trayectoria del postulante por separado. Si nosotros uniformizamos las preguntas para todos, sin tener en cuenta la particularidad de cada uno de los postulantes, perderemos el detalle. Esto es lo que ha pasado con el señor Patrón, por ejemplo”, explicó.

“Como no hay un orden se le preguntó al señor Cuba sobre sus otros trabajos, al señor Dumet con respecto a su labor en el Tribunal Constitucional y al señor Patrónno se le preguntó, por ejemplo, en su desempeño como viceministro en el primer gobierno de Alan García y como secretario económico en el Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Alan García”, puntualizó.

“No hay un análisis de la hoja de vida de este señor, que tiene una relación estrecha con el Partido Aprista. Se le hizo una pregunta en ese sentido al señor Patrón, no se le hizo”, enfatizó Purizaga.

SE HA PERDIDO MUCHO TIEMPO

“Eso es lo que nos llama la atención. Esto indica que no se establece con claridad qué es lo que se va a preguntar, además los mismos miembros de la Comisión les pedían que sean puntuales. Mire, a nosotros eso nos preocupa, primero porque se ha perdido tiempo, casi seis meses; no tenemos a ningún miembro de la JNJ elegido”, especificó.

“La Comisión Especial no ha sabido recoger las recomendaciones que le dimos, y no somos la única institución que se las dio; sabemos que Transparencia también le alcanzo recomendaciones”, subrayó.

“Creo que se tiene que revaluar o cambiar la Ley Orgánica y en función de eso hacer un cambio de las bases. Y en el caso del señor Patrón creo que hay un claro conflicto de intereses, esto está clarísimo y no debe juramentar”, aclaró.

ALGO MÁS

Sobre el antecedente del señor Patrón. La Comisión Especial dijo que era un dato nuevo, entonces no se entiende si se trató de una omisión, de pasar una información incompleta y sobre su juicio hay que decir que el proceso sigue. Allí hay una falta muy grave y esto tiene que definirlo la Comisión Especial, porque se les pasó. Si no hubiera sido por las prensa tendríamos al señor Patrón juramentado”, concluyó Purizaga.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Caso se resolverá en el más breve plazo

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Walter Gutiérrez

La Comisión Especial encargada del concurso público para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia resolverá el caso del abogado Pedro Patrón Bedoya en el más breve plazo posible, informó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Según dijo a la prensa en una declaración pública, la comisión recogerá información sobre el proceso penal que Patrón tendría pendiente en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica en agravio del Jurado Naciona de Elecciones.

“Hemos recibido información relevante que necesitamos contrastar, es por eso que nos hemos visto en la obligación de suspender la proclamación de la designación del doctor Pedro Patrón Bedoya”, dijo Gutiérrez.

La información que recojan sobre este tema será trasladada a Patrón Bedoya para que formulé los descargos correspondientes, añadió.“Esta información la tenemos que contrastar y lo haremos en el más breve plazo”, manifestó.

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Política

Dice no cobró doble pensión del Estado

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

“Por supuesto que tengo que seguir”, manifestó Pedro Patrón Bedoya en declaraciones a la prensa brindadas tras suspenderse la ceremonia de juramentación como miembro de la JNJ luego de conocerse que tiene un proceso penal en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica al haber presuntamente cobrado doble pensión del Estado.

Patrón negó haber cobrado doble al Estado y precisó que el año 2007 presentó una declaración jurada informando que no cobraba ninguna pensión a entidades públicas.

Indicó, además, que el proceso penal iniciado en su contra por este tema ya prescribió hace tres años, pero los procuradores del Estado han presentado algunos recursos legales para mantenerlo abierto.

“De cualquier manera veremos que se hagan las comprobaciones correspondientes y estoy absolutamente seguro de que este asunto se va a aclarar”, manifestó.

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