Un gabinete a la medida de los grandes empresarios

Gabinete Mercedes Aráoz

No han sido los voceros del gobierno, ni de los partidos políticos involucrados, quienes se han pronunciado más decididamente en favor del nuevo gabinete presidido por Mercedes Aráoz. Quienes han estado especialmente activos en los medios tras los cambios han sido los voceros del gran empresariado, destacando el presidente de la CONFIEP, Roque Benavides. Además de saludar el fin del enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, Benavides y otros como el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Luis Marchese, han subrayado el potencial de este nuevo gabinete para promover mayor estabilidad y crecimiento económico en un año que también ha traído inundaciones desastrosas y escándalos de corrupción.

Sin embargo, lo que presenciamos no fue un simple saludo protocolar. En las declaraciones mediáticas antes y después de la juramentación ha habido un claro y público jalón de orejas al gobierno y a los líderes del Congreso. Y aunque no podemos comprobarlo, probablemente esta reprimenda haya tenido un correlato en reuniones a puertas cerradas e intensas conversaciones telefónicas, considerando los patrones históricos del poder político de los grandes grupos económicos. Justo antes de los cambios, Benavides declaró que “lo que estamos viendo es una confrontación entre nuestros políticos, nos corresponde exigirles que se pongan de acuerdo”. La Cámara de Comercio de Lima también había manifestado su “profunda preocupación” por la crisis política, llamando a evitar una inestabilidad que afecta la actividad económica y la inversión privada.

Luego de la juramentación, Marchese mencionó que el enfrentamiento trajo “mucho ruido a los inversionistas y a la población… y Mercedes Aráoz va a trabajar en ese sentido” para superarlo, mientras Benavides visitó varios medios y también afirmó que la confrontación había sido contraproducente y que estaba conforme con el nuevo gabinete porque, entre otras cosas, “Aráoz es bastante más política de lo que podía ser Fernando Zavala”. Las declaraciones de la cabeza de la CCL, Mario Mongilardi, han ido en la misma dirección: la designación de Aráoz fue acertada por ser una persona “con voluntad de diálogo que se requiere en estos momentos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de trabajar de manera coordinada por el país”.

Notablemente, después de la juramentación de un equipo solo parcialmente renovado, las tensiones y abiertas confrontaciones entre el gobierno y el fujimorismo cesaron casi como por arte de magia. De pronto, una segunda censura, el cierre del Congreso y nuevas elecciones ya no son tema de conversación. Los pleitos parecieron trasladarse al interior del fujimorismo, en tanto las únicas voces disonantes acerca de la nueva configuración vienen de unos cuantos periodistas independientes y de actores políticos que no fueron decisivos en la conformación del nuevo gabinete, como la excandidata presidencial de izquierda Verónika Mendoza.

No hay aún evidencia dura al respecto, pero los cambios de comportamiento sugieren que se ha forjado muy rápidamente un nuevo consenso entre actores que estaban enfrentados, y el único sector que parecería tener el interés y la influencia para haberlo facilitado es el gran empresariado.

¿En qué consistiría este aparente nuevo consenso? La conformación del gabinete sugiere que una consigna principal es controlar todos los posibles focos de conflictividad entre el Ejecutivo y la mayoría legislativa, con miras a recuperar una estabilidad que facilite el crecimiento y promueva la inversión.

Lamentablemente, los medios de prevención de conflictos en esta nueva configuración tienen algunos claros bemoles para la democracia y la expansión de derechos. Con los cambios se minimiza el temido “ruido político“ de alto nivel, primero, al abrir el camino para el indulto a Alberto Fujimori, que seguramente resultaría en un fujimorismo menos belicoso y menos dividido, y para lo cual ya se cambió a una ministra de Justicia que estaba explícitamente opuesta. Asimismo, se minimiza el antagonismo a las fuerzas conservadoras que buscan retroceder avances de políticas en los grandes sectores sociales (Vexler en Educación y D’Alessio en Salud). Y finalmente, también se minimizaría la regulación y el antagonismo a la expansión de los intereses privados en esos mismos sectores, recordando la cercanía de Vexler con César Acuña, que tiene peso en la política y como figura empresarial.

“Estabilidad” ha sido la palabra más mentada en las declaraciones recientes, y tiene un fuerte precedente histórico que no debemos olvidar. El gran empresariado no soporta fantasmas de la incertidumbre del pasado, y busca incidir en la política de alto nivel para proteger sus intereses ante una inminente crisis. Como ha explicado el sociólogo Francisco Durand, desde los años noventa los grandes grupos de poder económico han gozado de una notable estabilidad para desarrollar sus actividades y generar riqueza, y de un acceso privilegiado al poder político y toma de decisiones. Muchos recuerdan bien el período traumático iniciado en 1968, cuando el golpe velasquista los excluyó de muchas decisiones sobre el futuro del país, y de las siguientes décadas de crisis y vaivenes hasta la constitución neoliberal de 1993. Desde ahí se consolidó un modelo económico de “capitalismo irrestricto, de baja regulación, y de integración ingenua a la globalización” (Durand, 2017). Y luego, siempre que han surgido amenazas a este orden (sea el surgimiento de candidatos de izquierda, o posibles vacíos de poder como hoy), han intensificado su actividad política.