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Un fórum a la altura de los nuevos vientos

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El sábado 29 de agosto, en el Club Departamental Huancavelica, se realizó el Fórum Gestión Gobierno Regional Huancavelica Primer Semestre Lima 2015, teniendo en cuenta que la Primera Audiencia Pública del año se llevó a cabo en la ciudad de Huancavelica, tal como lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en la que se diera cuenta de los avances y logros alcanzados por la gestión durante este periodo.

Existe opinión algo desfavorable sobre la gestión de las regiones, algunas veces con argumentos válidos, otras no, como en el caso de la Región Huancavelica, que se ha sacudido, definitivamente, del peyorativo de ser uno de los departamentos más pobres del Perú.

Actitud positiva, gracias a la clara exposición del gobernador Clodoaldo Álvarez Oré, asesorado de su equipo de gestión, quien expuso su trabajo en estos primeros seis meses del año 2015, sobre las ejecución de obras realizadas, conforme a lo programado en el Presupuesto Inicial de Apertura.

Al respecto, por ejemplo, la Región Huancavelica está en el privilegiado séptimo lugar en el Ranking Nacional de Ejecución del Gasto, al primero de setiembre de este año.

Mencionemos algunos avances: mejoramiento de los servicios del Centro de Salud del distrito de Santa Ana de la provincia de Huancavelica, que beneficia a 21,079 habitantes, con una inversión total de 9.8 millones de soles; y elaboración de estudios de factibilidad del expediente técnico de los hospitales estratégicos y Hospital Central en las especialidades de Medicina General, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Teleconsulta y Pediatría, que abarcan a todo el departamento.

De igual manera, referente a la inversión en Educación, de los 60 millones programados, se han ejecutado obras por un costo de 28 millones, en un avance del 46%, contando en este momento con obras en ejecución con riguroso cumplimiento señalado.

Siguiendo la cronología de los trabajos, encontramos obras culminadas, como la Institución Educativa Técnico Agropecuaria “José Antonio Encinas” de Chacarilla, IE Inicial San Marcos de Rocchac (Tayacaja), Ocopa, Acoria, Colcabamba y otras en la misma ciudad de Huancavelica.

Hemos ofrecido una pequeña síntesis del trabajo de todo un equipo de profesionales, apoyados por la sensibilidad de la población huancavelicana, que guarda en su memoria, un largo tiempo de olvido y que hoy día se ha echado a andar construyendo su verdadero destino y con las palabras de nuestro gran poeta César Vallejo, repite y se ofrece…”Hay, hermanos, muchísimo que hacer”.

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Política

Corte Suprema declara ilegal decreto supremo del MINEM

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Campesinos agricultores

La Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en última instancia, ha resuelto declarar fundada la demanda de acción popular contra el Decreto Supremo 001-2015-EM por violar el derecho constitucional de las comunidades campesinas de disponer de su territorio comunal, y por violar su derecho a la consulta previa.

La acción popular se presentó en el 2015 por representantes de las organizaciones indígenas: Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) con el acompañamiento legal de la institución FEDEPAZ y el grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de DDHH, del cual forma parte Red Muqui.

Recordemos que en el 2015 durante el periodo de delegación de facultades que el Ejecutivo solicitó al Congreso durante el gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Energía y Minas emitió una serie de normas bajo el argumento de “promover la inversión privada”.

Una de estas normas fue el Decreto Supremo 001-2015-EM que desarrolla los requisitos para la concesión de beneficio en un terreno superficial que pertenezca a una comunidad: en su artículo 3.1.1.c.iii establece como uno de los requisitos para este procedimiento la “copia legalizada del acta de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina que otorga la autorización de uso del terreno superficial a favor del solicitante”.

Esta norma busca simplificar los procedimientos por los cuales los titulares de concesiones mineras acceden al territorio comunal violando los derechos constitucionales de comunidades campesinas y nativas cuya autonomía es reconocida por el artículo 89° de la Constitución Política; y como lo señala el artículo 7° de la Ley N° 24656 –Ley General de Comunidades Campesinas-, las tierras de las comunidades campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables; solo por excepción pueden ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad, lo que es refrendado por la Ley N° 26505, la denominada “Ley de tierras”, en su artículo 11°.

SIMPLIFICACIÓN ES INCONSTITUCIONAL

La defensa del Ministerio de Energía y Minas argumentó que el artículo 3.1.1.c.iii c, supuestamente no vulnera los derechos de las comunidades campesinas, ya que lo señalado en el artículo 7° de la Ley de Comunidades Campesinas haría referencia a la expropiación o venta del territorio comunal; lo que implica la pérdida de los derechos de propiedad y no a la concesión de beneficios mineros.

Por otro lado, la Sala Superior (segunda instancia) había señalado en su argumentación que de la “interpretación sistémica” de la norma impugnada no se desprendía que la exigencia del requisito de copia certificada de la Junta Directiva afectara la autonomía de la comunidades, puesto que una norma reglamentaria no se puede oponer a una norma constitucional; y se sobreentendía que el requisito de los dos tercios de comuneros calificados se tenía que aplicar.

Por esta razón declaró infundada la demanda; sin embargo la Sala de la Corte Suprema en apelación y última instancia concluyó que la norma impugnada no respeta la Constitución y el artículo 7° de la Ley de Comunidades Campesinas, señalando lo siguiente: “… el artículo 3° del Decreto Supremo 001-2015-EM tiene como objetivo la simplificación en el trámite para el procedimiento de concesión de beneficio minero -véase el encabezado de la norma- y, por consiguiente propugna evitar un procedimiento complejo y lato.

En esa línea, con el fin de alcanzar la referida simplificación administrativa, la norma hace expresa alusión al órgano comunitario que considera es el que puede autorizar directamente el mencionado derecho del solicitante -Junta Directiva- sin que guarde sentido con esta finalidad de la norma que exija como requisito un acta a un órgano comunitario que no contase con la potestad de otorgar la autorización del uso del terreno superficial comunitario”.

Como lo señala David Velazco, abogado de FEDEPAZ: “El artículo 3 del Decreto Supremo 0001-2015-EM, es una norma aparentemente legal, pero la Constitución exige mayoría calificada en una asamblea para poder disponer del territorio comunal y no un acta de junta directiva de la asamblea. Lo que ha hecho la Corte Suprema es expulsar esta norma inconstitucional del sistema jurídico, por lo cual el Ministerio de Energía y Minas no podrá aplicarla en sus procedimientos.”

POLÍTICAS DE DESPOJO DE TERRITORIOS COMUNALES

Como lo venimos señalando desde la Red Muqui, el Estado peruano durante los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, por presión de las empresas mineras y otros intereses, viene aplicando políticas de despojo de territorios a través de simplificaciones administrativas. Lo que hace el Ejecutivo es solicitar delegación de facultades legislativas al Congreso para emitir normas administrativas que violan derechos constitucionales de comunidades campesinas, por lo que se actúa bajo un supuesto manto de legalidad.

Otras normas que siguen vigentes y vulneran derechos de comunidades campesinas son la Ley 30230 -“Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización para inversión del país”-, sobre la cual se ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad aún pendiente de fallo.

Desde la Red Muqui venimos realizando análisis e informando sobre la ilegalidad de estas normas desde nuestras publicaciones: “Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú” y “Normas y políticas públicas que afectan derechos fundamentales, colectivos y ambientales 2016-2018”.

 

RED MUQUI

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Entrevista

Hay una reconcentración de la tierra

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JORGE PRADO

Jorge Prado, representante de la Confederación Campesina del Perú, denuncia el abandono sistemático del agro por parte del Estado. Porque los agroexportadores reciben beneficios mientras que la gran mayoría de agricultores permanece en el olvido, condenados a abandonar sus tierras por la falta de apoyo estatal. Es decir, una reforma agraria neoliberal.

─¿Cuál es el estado del diálogo o negociaciones luego del paro del lunes 13?

─Estamos en compás de espera de la instalación de la mesa de diálogo. Se necesita la emisión de un decreto o medida específica por parte del gobierno, que tendría que darse lo más pronto posible. Hay canales de comunicación intentando coordinar esta formalización de la mesa de trabajo para encarar los problemas de manera efectiva.

─La agenda de reclamos es bastante amplia, o integral, ¿podría destacar los puntos más importantes?

─De manera general, pedimos que haya una política pública específica orientada al desarrollo de la pequeña agricultura o agricultura familiar, la que se desarrolla en las comunidades campesinas y nativas. Esta política general tendría que tomar en cuenta la seguridad jurídica de tierra y territorio, con la debida titulación y reconocimiento del status jurídico de nuestros pueblos.

Esto tiene que ver con el respeto a las costumbres y usos de recursos como el agua, que es un aspecto importante y el Estado no siempre lo respeta. En función de esto también está la necesidad de limpieza que exige el agua frente al extractivismo que ha generado graves problemas de contaminación con metales pesados.

─Y esto plantea un conflicto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues si la política nacional principal es extractivista afecta al tema agrario…

─Definitivamente las exigencias que formulamos no dependen solo del Ministerio de Agricultura. Dependen de varios otros ministerios y todo el aparato público en su conjunto. Las normas que exigimos requieren una revisión y una solución de carácter multisectorial.

Campesinos cosechando papas en chacra agricultores

─El presidente Vizcarra declaró que, en efecto, el agro está olvidado. ¿Cómo toman estas declaraciones?

─Todos los voceros de las organizaciones reconocemos esta disposición del Presidente en reconocer el olvido en que está el agro. Un abandono que es dramático y que otros presidentes no han reconocido. El abandono de nuestras actividades económicas genera empobrecimiento y desnutrición creciente en nuestra población.

Este reconocimiento puede servir como punto de partida para encarar los graves problemas que existen; sin embargo, sabemos que el Estado está sometido a quienes detentan el poder real en materia económica en el país.

─¿Cuánto del problema agrario se puede atribuir a la corrupción? ¿Cuánto hay de olvido y cuánto de negación dolosa?

─El olvido del Estado es real, porque tenemos un Estado capturado por el poder económico, y ese es el modelo que hemos tenido durante toda la historia de la República. Sin embargo, este olvido a lo largo del tiempo se repite sistemáticamente a pesar de que en diferentes momentos hacemos presente que cada vez es más insoportable.

El Estado sí tiene políticas públicas para el bienestar de los agroexportadores. Nosotros no estamos en contra de ese apoyo, pero sí pedimos que también existan políticas públicas favorables al 80 por ciento de agricultores, como sucede en otros países. Incluso en países desarrollados la agricultura cuenta con estímulo por parte del Estado.

─¿Que plantean respecto a los TLC que permiten el ingreso de productos subsidiados?

─En la negociación de los TLC las autoridades han tomado decisiones de manera irresponsable sin tomar en cuenta las graves repercusiones sociales y económicas que estas medidas iban a generar.

No se puede mantener la actitud de abandono y desprecio hacia nuestro sector sabiendo que los países con los que se ha firmado los TLC cuentan con medidas de apoyo a su agricultura y su ganadería porque los consideran sectores estratégicos para no depender del mercado externo.

Acá han ido retirando los aranceles que de uno u otro modo permitían defender nuestras producciones de arroz, leche o maíz, ahora ingresan productos subsidiados en sus países de origen y representan una competencia desleal y desigual para nosotros.

─¿Qué opinión tiene de los subsidios de países capitalistas a su producción? ¿El Estado subsidia algo en el Perú?

─El Estado acá solo tiene subsidios para la agroexportación. Y son miles de millones de dólares que van a subsidiar este sector de la agricultura. Nos parece muy bien, pero esto también debe tomarse en cuenta para el 80 por ciento de agricultores, que son la población de nuestros pueblos originarios.

─Y los dueños de empresas agroexportadoras no son necesariamente agricultores por herencia cultural…

─Eso nos indica que tenemos un Estado que de manera unilateral apoya a personas que no teniendo como antecedentes las prácticas de la agricultura, sí incursionan en el sector y reciben este apoyo porque es un Estado hecho a su medida.

Arándanos

─Ustedes solicitaron se apruebe la ley sobre la soberanía alimentaria. ¿Podría ampliar este concepto?

─El concepto de la soberanía alimentaria es la necesidad de que la demanda de alimentos sea atendida a partir de nuestra propia experiencia agroalimentaria, que a través de milenios ha permitido el bienestar de nuestro pueblo, y que es valorado en el mundo porque se expresa en la gastronomía y en nuestra cultura alimentaria distintiva.

Esta soberanía alimentaria bien manejada permitiría mejorar el bienestar de nuestros pueblos. Una característica de nuestra agricultura es la diversidad, contraria a la del agroexportador, que busca el monocultivo, y el monocultivo es dañino para la tierra y para la salud de las personas.

─También se ha denunciado que el olvido del tema agrario genera la migración de los campesinos. ¿Cree que esto terminará con las comunidades rematando sus tierras a los empresarios en el futuro?

─Lo que se está generando es la reconcentración de la tierra en pocas manos, reconcentración que había sido resuelta de manera drástica con la reforma agraria. Las políticas de abandono tienen por objeto quitarle a esta actividad la rentabilidad y generar así un creciente proceso de migración del campo a la ciudad, porque el campo ya no es fuente de bienestar para las familias.

Entonces se están abandonando las tierras no porque no sean fértiles sino porque el Estado no presta ningún apoyo para nosotros. Esta política de abandono es fríamente aplicada, y en una etapa reciente desde el Estado se han impulsado políticas de discriminación mediante las cuales nos consideran pueblos de segunda categoría, buscando generar la reconcentración de tierras y el empobrecimiento de nuestros pueblos.

─Un dirigente agrario dijo que si no se produce en el campo, nadie come. ¿Comparte lo dicho respecto a radicalizar la protesta?

─En nuestros pueblos existe cada vez mayor consciencia de que esta situación es insostenible. Desde muchas regiones, como San Martín, llega la exigencia de entrar en un paro indefinido como estrategia para viabilizar la atención a nuestras demandas. Hay una sensación general de hartazgo debido al abandono y definitivamente esto debe cambiar. No hay espacio para más espera.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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