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Un Estado ciego criminaliza a las mujeres

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Un afiche en el Hospital II de Abancay en Apurímac, perteneciente a EsSalud, ha sacado a la luz una política de directa amenaza y criminalización a las mujeres que presentan cuadros de aborto incompleto. Si hasta ahora el aborto solo es legal en el Perú en casos de aborto terapéutico, ello no debería suponer que no se atienda y se deje morir a las mujeres que llegan a los establecimientos de salud con alguna complicación producto de un aborto que puede ser espontáneo o practicado de manera clandestina.

El afiche indica: “Todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto se ha de comunicar a la policía de turno”. Uno, el mensaje es una amenaza. Al leerlo a ninguna mujer se le ocurriría pisar el hospital porque sabe que será acosada, perseguida, denunciada aun cuando se trate de un aborto espontáneo. A alguien se le ocurrió que para disuadir a las mujeres de abortar tenían que amenazarlas con la no atención (que supone exponerlas a peligro de muerte), y a la cárcel. Algo así como “si se te ocurre entrar aquí te mandamos a la cárcel”.

Abortos

¿Dónde quedó la defensa de la vida de las personas? ¿Dónde quedó el servicio médico y se pasó a acoger el discurso político religioso que estigmatiza el aborto?

Cómo han interpretado las mujeres este cartel. Leamos algunos ejemplos en redes:

“Anoche llego al área de emergencia del EsSalud Abancay y lo primero que me encuentro es este cartel, ¡vaya! Si tienes un aborto provocado o no, estate segura que antes de asegurarse que te encuentres bien, van a llamar a la policía, al fin y al cabo para el Estado eres una delincuente.

Ojalá y llegue el día en que dejen de tratar como delincuentes a las mujeres que abortan, y entiendan que tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas” (T’ika Wayra).

“Este cartel de EsSalud Abancay no está diciendo que le preocupa al Estado que una mujer pueda haber sido sometida a un aborto contra su voluntad o que pueda haber sido objeto de una mala práctica médica, lo que le está diciendo a las mujeres es que ni se les ocurra acercarse al hospital si tienen un aborto incompleto o mal hecho, que mueran en la puerta del hospital, en la clínica clandestina o en sus casas como perros. Lo que está diciendo ese cartel es que las prefiere madres a la fuerza o muertas antes que decisoras de sus cuerpos, sus vidas o su futuro” (Verónica Ferrari).

EsSalud Aborto

LA RESPUESTA DE ESSALUD: PEOR DE LO QUE PARECE
Ante la avalancha de críticas, EsSalud difundió un comunicado en el que decía que defiende la vida, que el cartel no tenía autorización pero que por ley se tiene que avisar a la policía y dio una cifra: 3000 mujeres al mes se acercan al hospital II de Abancay con complicaciones de aborto. Sí, leyó bien, 3000.

Varias deficiencias en el comunicado.

CONSERVADOR: EsSalud habla de “defensa de la vida”, pero no de las mujeres. Habla del “paciente”, pero los hombres no abortan.

SIN CONTROL: Dice que el cartel fue puesto sin autorización. O sea cualquiera puede poner un cartel mañana que diga “maten a las mujeres” y no pasa nada.

¿PROFESIONALES?: El comunicado señala que el personal se alarma por los más de 3000 casos mensuales de pacientes que van por complicaciones en abortos. Cómo un profesional de la salud no va a saber que hay miles de casos de embarazos por violación sexual, otros millones sin información de métodos anticonceptivos, que la educación sexual es deficiente en el país.

El aborto incompleto es una emergencia obstétrica, no constituye delito, y su atención es obligatoria en cualquier servicio de salud público o privado. La Organización Mundial de la Salud señala que se debe asegurar tratamiento de manera urgente y respetuosa, sin comportamientos punitivos, prejuiciosos o tendenciosos.

El aborto es un asunto de salud pública. El rechazo a la palabra aborto viene con la campaña religiosa de tiempos inmemoriales acogida por el Estado. Ningún gobierno se ha enfrentado al conservadurismo instalado en el sector Salud. Se debe hablar seriamente de políticas públicas porque en muchos casos es la única manera de que una mujer pueda continuar su vida. Las mujeres abortan es una realidad, lo han hecho y seguirán haciendo pese a las amenazas legales. ¿Es justo que te obliguen a ser madre cuando fuiste violada por tu hermano, padre, abuelo, primo o un extraño? ¿Es justo que una mujer golpeada por su marido tenga los hijos producto de ser forzada a tener sexo? ¿Es justo que una mujer sea madre porque no tomó la píldora o cuando su pareja la embarazó al quitarse el condón? ¿Por qué una mujer no puede decidir no ser madre? El estigma social y el machismo, además, nos hace creer que las mujeres somos irresponsables, débiles, incapaces de tomar decisiones.

3000 mujeres cada mes acuden al nosocomio en Abancay buscando a un médico profesional que les salve la vida, ante un médico que le practicó un aborto clandestino. El Estado no puede decirle las mujeres ¡muéranse! o ¡váyanse a la cárcel! porque no acatan las ‘leyes divinas’. Repitamos: somos un Estado laico y necesitamos leyes que nos protejan. A ver si el ‘gobierno de lujo’ se quita la sotana y empieza por cambiar el artículo 30 de la Ley General de Salud: “el médico que brinda atención a una persona herida por arma blanca, herida de bala (…) o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó al Perú que elimine medidas punitivas contra las mujeres que abortan y armonice la Ley General de Salud y el Código de Procedimiento Penal con el derecho constitucional a la privacidad.

Seguir vetando el tema del aborto como salud pública es desconocer la realidad del país. Hay mujeres que pueden elegir el método anticonceptivo y otras en lugares alejados del país que ni siquiera han escuchado hablar del condón o de la pastilla del día siguiente. Incluso, me contaba una alumna de un taller de periodismo, de 18 años, que su tutor en el colegio les enseñaba que solo podían salir embarazadas el día 14 de cada mes.

Hay mujeres que pueden abortar en clínicas privadas, otras se morirán en las puertas de un nosocomio como el de Abancay o desangradas tras tirarse por las escaleras o perforarse el útero con palitos de tejer. El aborto legal acompañado de educación sexual integral es urgente.

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Política

En el Parlamento hay exceso de trabajadores

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Daniel Enrique Salaverry Villa

Daniel Salaverry lo explica con números: “En el 2001 teníamos 1,600 trabajadores. Hoy, en el 2019, son 3.300 en el servicio parlamentario, que sumados a los integrantes de la organización parlamentaria, se superan los 4.000”.

Es decir, cada representante tiene 30 empleados. El Parlamento es el termómetro de las instituciones, dice un informe de Caretas. Sin embargo, la calidad del Congreso está en cuestionamiento.

Salaverry destaca: “Es hora de sincerar y profesionalizar la planilla. Que deje de ser una agencia de empleos de los partidos de turno. Solo el 27% de los trabajadores contratados son profesionales”.

“La edad promedio es de 58 años. La gran mayoría de los que pasan de tener Contrato Administrativo de Servicio (CAS) a ser nombrados, se relajan y no cumplen con sus labores como deberían. Esperan quedarse de por vida”, agrega.

NO MÁS NOMBRAMIENTOS

“Por acuerdo de mesa directiva se prohíben nuevos nombramientos de trabajadores que pasen de CAS y Ley 728: cualquier trabajador que ingrese como estable a la planilla del Congreso va a tener que ser a través del concurso público y no organizado por el Congreso”, dijo el presidente del Legislativo.

Para lo anterior se implementará un concurso público a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que elaborará los perfiles con una universidad privada.

Se espera que el concurso con 207 plazas se realice la primera semana de abril. Trascendió que el centro de estudios sería la Universidad de San Marcos. Pero esto no se queda aquí, hay una salida.

Porque la gestión de Salaverry tiene “un plan de incentivos de jubilación anticipada, con una contraprestación que les permita irse tranquilos y dejar esa plaza para un joven profesional”.

Salaverry propuso, además, eliminar la semana de representación. Alrededor de este tema se armó un escándalo que develó una serie de acciones tras bambalinas que se remonta hasta la gestión César Zumaeta, en el segundo gobierno de AG.

ALGO MÁS

Recientemente se abrieron investigaciones por el incremento de los viáticos an cuando los congresistas se encontraban fuera del país. Esto armó un revuelo en el que ahora Daniel Salaverry es investigado por obra y gracia de Karina Beteta, que dijo que la maltrató e insultó.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Falleció Gonzalo Portocarrero

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Gonzalo Portocarrero

El sociólogo y catedrático de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), Gonzalo Portocarrero, falleció ayer víctima de una penosa enfermedad, informaron medios de prensa.

Portocarrero, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), es autor de libros como Profetas del Odio: raíces culturales y liderazgo de Sendero Luminoso, y Razones de sangre: aproximaciones a la violencia política.

También escribió Imaginando al Perú. Búsquedas desde lo andino en arte y literatura, y Oído en el silencio. Ensayos de crítica cultural, entre otros. En 2016, Portocarrero hizo pública su lucha contra un cáncer de pulmón a través de una columna publicada en el diario El Comercio.

Nelson Manrique, profesor y amigo de Portocarrero; y el congresista Alberto de Belaunde, entre otras personalidades de la academia y la política, lamentaron la triste noticia.

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Política

Otro traspié de Vilcatoma

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Yeni Vilcatoma

El acuerdo con Odebrecht sigue en pie, pese a los coletazos desesperados del fujiaprismo. Ni las denuncias de Yeni Vilcatoma, ni los despropósitos de Rosa Bartra, el rostro de inocentón de Jorge del Castillo y la interpelación a Vicente Zeballos, ministro de Justicia, logrará tumbarse el acuerdo con Odebrecht.

“Acabamos de interponer una denuncia penal contra Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Raymundo Trindade Serra, Renato Ribeiro Bortoleti y otras 31 personas más en relación a los actos de corrupción que habrían tenido lugar en el proyecto del gasoducto”, declaró Vilcatoma, quien también dijo que había vacancia presidencial.

ES UN DISPARATE LO DE VILCATOMA

“Considero que es un disparate lo que hace la señora Vilcatoma, que está acostumbrada a denunciar sin elementos de prueba. Todos sabemos que la señora está bajo la manga del fujimorismo, además es la tercera vicepresidenta del Congreso; ha regresado a pesar que la botaron de Fuerza Popular (FP)”, dijo el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“Seguramente le han ordenado que presente todas las denuncias que pueda, porque está denunciando a todos. Pero lo que a mí me sorprende es que no denuncie a César Segura, como el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que está cometiendo abiertamente el delito de encubrimiento personal y real, con respecto a Donayre, Becerril y Chávarry”, precisó.

LA GATILLERA

“La único que quiere Vilcatoma es llamar la atención, al poner una denuncia sin mayor fundamento contra Odebrecht, Barata y otros 30 exmiembros del directorio de la constructora brasileña”, remarcó.

Este -consideró el jurista- es un tema cerrado. El acuerdo de colaboración está por ser convalidado por el Poder Judicial y ya la Fiscalía ha hecho todas las investigaciones posibles.

“Lo que quiere la señora Vilcatoma, la ‘gatillera’, la que aprieta el gatillo para poner su denuncia, es amedrentar a los colaboradores del acuerdo al que han llegado los fiscales y el procurador; lo que está haciendo es llamar la atención a los empresarios de Odebrecht y OAS, para que digan que no tienen las garantías necesarias y se echen para atrás”, explicó el jurista.

“La denuncia de la señora Vilcatoma no tiene el mayor sustento. Igual, la señora Bartra no tiene la talla como abogada ni como congresista. La señora Vilcatoma quiere llamar la atención, obedeciendo a la señora Keiko Fujimori. Lo que han querido los fujimoristas es hacer un circo”, destacó.

“A pesar de todo, el acuerdo con Odebrecht sigue en pie. A pesar de todo se ajusta a derecho, falta que el Poder Judicial lo convalide y sigan temblando personas como Alan García, Humala, Villarán”, concluyó Quispe.

SOLO BUSCA ARMAR ALBOROTO

Por su parte, el congresista Alberto Quintanilla dijo que “la denuncia de la señora Vilcatoma es para crear más alboroto y tensión política para que no se actúen las pruebas que incriminan a los dirigentes de Fuerza Popular y el Apra”.

“En realidad temen que se corrobore lo que todos sospechamos. Creo que el acuerdo con Odebrecht sigue en pie, han dicho que no van a censurar al ministro, pero van a hacer alboroto”, concluyó el congresista Alberto Quintanilla refiriéndose a las bancadas fujiapristas.

ALGO MÁS

El Dr. Amoretti dijo que Yeni Vilcatoma está disparando al aire y que al tratar de evitar que se conozca el nombre de todos los corruptos está encubriendo y obstruyendo a la justicia, por lo cual podría ser denunciada.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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