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Un Estado ciego criminaliza a las mujeres

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Un afiche en el Hospital II de Abancay en Apurímac, perteneciente a EsSalud, ha sacado a la luz una política de directa amenaza y criminalización a las mujeres que presentan cuadros de aborto incompleto. Si hasta ahora el aborto solo es legal en el Perú en casos de aborto terapéutico, ello no debería suponer que no se atienda y se deje morir a las mujeres que llegan a los establecimientos de salud con alguna complicación producto de un aborto que puede ser espontáneo o practicado de manera clandestina.

El afiche indica: “Todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto se ha de comunicar a la policía de turno”. Uno, el mensaje es una amenaza. Al leerlo a ninguna mujer se le ocurriría pisar el hospital porque sabe que será acosada, perseguida, denunciada aun cuando se trate de un aborto espontáneo. A alguien se le ocurrió que para disuadir a las mujeres de abortar tenían que amenazarlas con la no atención (que supone exponerlas a peligro de muerte), y a la cárcel. Algo así como “si se te ocurre entrar aquí te mandamos a la cárcel”.

Abortos

¿Dónde quedó la defensa de la vida de las personas? ¿Dónde quedó el servicio médico y se pasó a acoger el discurso político religioso que estigmatiza el aborto?

Cómo han interpretado las mujeres este cartel. Leamos algunos ejemplos en redes:

“Anoche llego al área de emergencia del EsSalud Abancay y lo primero que me encuentro es este cartel, ¡vaya! Si tienes un aborto provocado o no, estate segura que antes de asegurarse que te encuentres bien, van a llamar a la policía, al fin y al cabo para el Estado eres una delincuente.

Ojalá y llegue el día en que dejen de tratar como delincuentes a las mujeres que abortan, y entiendan que tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas” (T’ika Wayra).

“Este cartel de EsSalud Abancay no está diciendo que le preocupa al Estado que una mujer pueda haber sido sometida a un aborto contra su voluntad o que pueda haber sido objeto de una mala práctica médica, lo que le está diciendo a las mujeres es que ni se les ocurra acercarse al hospital si tienen un aborto incompleto o mal hecho, que mueran en la puerta del hospital, en la clínica clandestina o en sus casas como perros. Lo que está diciendo ese cartel es que las prefiere madres a la fuerza o muertas antes que decisoras de sus cuerpos, sus vidas o su futuro” (Verónica Ferrari).

EsSalud Aborto

LA RESPUESTA DE ESSALUD: PEOR DE LO QUE PARECE
Ante la avalancha de críticas, EsSalud difundió un comunicado en el que decía que defiende la vida, que el cartel no tenía autorización pero que por ley se tiene que avisar a la policía y dio una cifra: 3000 mujeres al mes se acercan al hospital II de Abancay con complicaciones de aborto. Sí, leyó bien, 3000.

Varias deficiencias en el comunicado.

CONSERVADOR: EsSalud habla de “defensa de la vida”, pero no de las mujeres. Habla del “paciente”, pero los hombres no abortan.

SIN CONTROL: Dice que el cartel fue puesto sin autorización. O sea cualquiera puede poner un cartel mañana que diga “maten a las mujeres” y no pasa nada.

¿PROFESIONALES?: El comunicado señala que el personal se alarma por los más de 3000 casos mensuales de pacientes que van por complicaciones en abortos. Cómo un profesional de la salud no va a saber que hay miles de casos de embarazos por violación sexual, otros millones sin información de métodos anticonceptivos, que la educación sexual es deficiente en el país.

El aborto incompleto es una emergencia obstétrica, no constituye delito, y su atención es obligatoria en cualquier servicio de salud público o privado. La Organización Mundial de la Salud señala que se debe asegurar tratamiento de manera urgente y respetuosa, sin comportamientos punitivos, prejuiciosos o tendenciosos.

El aborto es un asunto de salud pública. El rechazo a la palabra aborto viene con la campaña religiosa de tiempos inmemoriales acogida por el Estado. Ningún gobierno se ha enfrentado al conservadurismo instalado en el sector Salud. Se debe hablar seriamente de políticas públicas porque en muchos casos es la única manera de que una mujer pueda continuar su vida. Las mujeres abortan es una realidad, lo han hecho y seguirán haciendo pese a las amenazas legales. ¿Es justo que te obliguen a ser madre cuando fuiste violada por tu hermano, padre, abuelo, primo o un extraño? ¿Es justo que una mujer golpeada por su marido tenga los hijos producto de ser forzada a tener sexo? ¿Es justo que una mujer sea madre porque no tomó la píldora o cuando su pareja la embarazó al quitarse el condón? ¿Por qué una mujer no puede decidir no ser madre? El estigma social y el machismo, además, nos hace creer que las mujeres somos irresponsables, débiles, incapaces de tomar decisiones.

3000 mujeres cada mes acuden al nosocomio en Abancay buscando a un médico profesional que les salve la vida, ante un médico que le practicó un aborto clandestino. El Estado no puede decirle las mujeres ¡muéranse! o ¡váyanse a la cárcel! porque no acatan las ‘leyes divinas’. Repitamos: somos un Estado laico y necesitamos leyes que nos protejan. A ver si el ‘gobierno de lujo’ se quita la sotana y empieza por cambiar el artículo 30 de la Ley General de Salud: “el médico que brinda atención a una persona herida por arma blanca, herida de bala (…) o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó al Perú que elimine medidas punitivas contra las mujeres que abortan y armonice la Ley General de Salud y el Código de Procedimiento Penal con el derecho constitucional a la privacidad.

Seguir vetando el tema del aborto como salud pública es desconocer la realidad del país. Hay mujeres que pueden elegir el método anticonceptivo y otras en lugares alejados del país que ni siquiera han escuchado hablar del condón o de la pastilla del día siguiente. Incluso, me contaba una alumna de un taller de periodismo, de 18 años, que su tutor en el colegio les enseñaba que solo podían salir embarazadas el día 14 de cada mes.

Hay mujeres que pueden abortar en clínicas privadas, otras se morirán en las puertas de un nosocomio como el de Abancay o desangradas tras tirarse por las escaleras o perforarse el útero con palitos de tejer. El aborto legal acompañado de educación sexual integral es urgente.

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Política

Fujimorismo ya gobierna de facto

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

Ante la inminente toma del Tribunal Constitucional (TC) por parte del fujimorismo, y considerando el antecedente de blindajes y boicot a la reforma de justicia, el secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, indicó que el país se encuentra en un golpe de Estado dado por el fujimorismo. “Estamos frente a una suerte de golpe institucional del Congreso frente a otros poderes del Estado, al pretender coparlos y alinearlos a los intereses del fujimorismo. En la práctica es un golpe perpetrado desde el propio Congreso de la República”, afirmó.

“Es claro que la intención de copar los poderes del Estado es para garantizarse impunidad para actos delictivos cometidos por miembros de diferentes fuerzas políticas; está el caso de Alan García con Odebrecht, el financiamiento de Fuerza Popular y las investigaciones a su exsecretario general Joaquín Ramírez. Estamos frente a fuerzas políticas que actúan como bandas criminales”.

BUSCAN UN TC LEAL AL FUJIAPRISMO

Además, cuestionó que sea este Congreso “sin legitimidad y que ha blindado corruptos” el que tenga que nombrar a los miembros del TC para los próximos 7 años. “El TC es fundamental para el sistema de justicia del país, tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, pero pretenden nombrar a un conjunto de miembros que se van a deber más a las lealtades políticas a Fuerza Popular y al Apra antes que a los ciudadanos”, indicó.

Bracamonte calificó de “nueva repartija” el intento del fujimorismo por tomar el TC. “No se puede politizar las instituciones públicas como descaradamente lo hace el fujimorismo y sus aliados. Los ciudadanos tenemos que salir a protestar porque no es posible que el Congreso llegue a tal nivel de cinismo y atente contra una institución que debería estar fuera de toda mancha de estar comprado por los partidos políticos mayoritarios del Congreso”, señaló.

Por otro lado, indicó que “el presidente Martín Vizcarra no puede pretender que el diálogo se abra exclusivamente con el Congreso y su presidente Olaechea”. “Él debe convocar a un diálogo nacional, el país requiere construir consensos para avanzar hacia una transición para fortalecer las instituciones del Estado acechadas por las fuerzas criminales, pero además avanzar en reformas que garanticen bienestar para los ciudadanos”, agregó.

DEFENDER LA DEMOCRACIA

Respecto a las innumerables sugerencias de diversos analistas y actores políticos que piden al Presidente plantear ya la cuestión de confianza, Bracamonte recordó que “desde la Coordinadora Nacional de DDHH hemos dicho que el Presidente debe plantear la cuestión de confianza por la propuesta de adelanto de elecciones, no podemos estar sometidos al chantaje de un Congreso cuya mayoría lo ha conducido al absoluto desprestigio y falta de legitimidad”.

Finalmente, coincidió con el parlamentario Marco Arana respecto a solicitar el pronunciamiento de instancias internacionales. “Será importante contar con las opiniones de la relatoría sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas resoluciones sí tienen carácter vinculante porque son parte de nuestro ordenamiento constitucional, por los tratados suscritos y ratificados por el Perú”, indicó.

VIZCARRA TIENE RESPONSABILIDAD

Por su parte, el exviceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, advirtió que “se ha constituido un poder paralelo por parte del fujimorismo y esto se ha consolidado en gran medida por la vacilación del presidente Vizcarra”. “Toda esta telenovela que se ha hecho alrededor del adelanto de elecciones, desde el comienzo estaba claro que iba a tener la obstrucción de la mayoría fujimorista”, indicó.

Otta consideró que “se han perdido dos meses valiosos, pues con la disolución del Congreso (luego del mensaje presidencial del 28 de julio) ahora ya estaríamos convocando a elecciones”. “Es evidente que la respuesta del fujimorismo ya está definida, van a votar en contra y por eso apuran el cambio del TC”, añadió.

MOVILIZACIÓN ÚNICA SALIDA

“El Presidente confunde sondeos con movilización popular; que haya un 80% de repudio al Congreso no significa que exista un movimiento social combativo y organizado. Lo que le queda a la ciudadanía es salir a las calles, lograr una gran movilización social que obligue a materializar ese pedido de que se vayan todos, el Congreso y el Ejecutivo, que también sirve a transnacionales”, concluyó.

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Política

Frente Amplio pide pronunciamiento de la CIDH y relator de la ONU

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Frente Amplio pide pronunciamiento de la CIDH y relator de la ONU

El Frente Amplio solicitó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que lleva adelante la comisión especial del Congreso designada para tal fin.

El grupo parlamentario remitió oficios a Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a Joel Hernández García, relator par el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para alertar sobre lo que consideran un intento de “cooptación política” de magistrados del TC.

La bancada solicita que se envíe una “carta de denuncia o un llamamiento urgente” frente a los graves hechos que, advierte, estarían poniendo en tela de juicio la transparencia y legitimidad en la futura elección de los magistrados del tribunal constitucional del Perú.

Frente Amplio pide pronunciamiento de la CIDH y relator de la ONU

Refiere que el 13 de setiembre se instaló la Comisión Especial del Congreso de la República, encargada de seleccionar a los postulantes al TC, la cual optó por elegir a los vocales por invitación, una de las modalidades previstas en la ley.

Sin embargo, advierte, que después del acto de instalación transcurrieron tres sesiones (lunes 16, martes, 17 y miércoles 18), siendo en la última donde se seleccionó a 11 postulantes sin especificar bajo qué criterios.

“Agrava las cosas que el mismo miércoles 18 se haya publicado la lista de los seleccionados, anunciándose al día siguiente que el lunes 30 de setiembre serán elegidos por el pleno del Congreso los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional”, señalan los oficios.

El Frente Amplio sostiene que estos hechos afectan a institucionalidad del TC, además de afectar la democracia, porque el mecanismo de selección impide la participación ciudadana, afecta un mínimo del debido proceso parlamentario e impide garantizar criterios mínimos de idoneidad ética y profesional de los postulantes.

Asimismo, la agrupación parlamentaria da cuenta que el proceso de selección de magistrados del TC se da en un contexto de un absoluto descrédito del Congreso peruano y mientra se debate un proyecto de reforma constitucional que adelantaría las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, a abril del próximo año.

ALGO MÁS

Menciona que uno de los principales fundamentos para el anticipo de elecciones “es el comportamiento errático y antidemocrático del Congreso a partir de su actual composición”.

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Política

Acuerdan en mesa de diálogo no recortar terrenos del campus

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Flor Pablo, anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima y las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

La ministra de Educación, Flor Pablo, anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima y las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se comprometieron a no recortar los terrenos del campus para la construcción del cerco perimétrico y el intercambio vial.

“El rector propondrá al Consejo Universitario de la UNMSM la resolución que oficialice la posición de la Universidad en un plazo de 15 días”, detalló la ministra Pablo en conferencia de prensa realizada después de la reunión que duró más de tres horas y que contó con la presencia del alcalde de Lima Metropolitana Jorge Muñoz, el rector de San Marcos, Orestes Cachay, y dirigentes estudiantiles.

Asimismo, se acordó que los involucrados convocarán a un diálogo técnico para elaborar el expediente del proyecto del cerco perimétrico e intercambio vial con la participación de los estudiantes, tanto de los órganos de cogobierno, la FUSM (Federación Universitaria de San Marcos) y los equipos técnicos conformados por profesionales en ingeniería civil y afines que provengan de la UNMSM.

En cuanto a los otros puntos del pliego de reclamos de los estudiantes, que generaron protestas en los últimos días, se indicó que el diálogo continuará a fin de buscar consensos.

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