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Un crimen de lesa humanidad que el fujimorismo quiere convertir en mito

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No es la primera vez ni seguro la última que el fujimorismo valiéndose de aliados sean economistas, abogados, periodistas o fanáticos quiera ‘limpiar’ a su líder preso en la Diroes de la responsabilidad política de las esterilizaciones forzadas que ellos llaman planificación familiar.

Unen esfuerzos para convertirla en un “mito”, “novela”, “error”. Esta vez es en un libro, de María Cecilia Villegas, abogada que ahora se rodea de una élite de economistas, que se niega, en la misma línea del discurso naranja, esa nefasta política. Pero, ¿qué se esconde detrás de este libro?

La autora que ha titulado su libro La verdad de una mentira señala que no hubo 300 mil esterilizaciones forzadas y que no fue política de Estado. Empieza mal al no considerar que según información del Ministerio de Salud, recogida por la Defensoría del Pueblo, en el Perú se dio una política pública que impuso el control de la natalidad de manera autoritaria, con énfasis en esterilizaciones de hombres y especialmente mujeres (320 mil mujeres y 22 mil hombres), que exigía “metas” mensuales e incentivos a médicos y enfermeras por ligaduras de trompas y vasectomías. Solo entre 1996 y 1997, en un solo año, se esterilizaron a 200 mil mujeres y hay 18 víctimas mortales.

Otro dato que la desmiente es que la primera investigación fiscal que empezó hace 14 años registró 2074 denuncias y se amplió a 2116, pero además hay una nueva que alcanza las 1600, según han informado medios de prensa.

PERSISTE EN LA MEDIOCRIDAD
En reciente entrevista la abogada es consultada sobre las 3761 personas inscritas en el Registro Nacional de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), creado por el gobierno el año pasado, y que sigue abierto porque en 20 años se ha querido obstaculizar e impedir que muchas víctimas denuncien y recién muchas de pueblos lejanos lo pueden hacer.

Bueno, Villegas dice: “A ver, lo que pasa es que mi investigación lo que hace es un análisis de la política pública. Yo no he entrado a analizar cada uno de los casos”. Entonces, con esta respuesta que denota falta de seriedad y parcialidad, vale preguntarse ¿de qué investigación estamos hablando?

Para hacer frente a la avalancha de críticas que ha recibido, Villegas responde: “no soy fujimorista”. Basta leer sus antiguas columnas en un diario nacional en las que, por ejemplo, dejó ver su tristeza por la derrota de Keiko Fujimori y la complacencia con lo que fue el gobierno del padre: “Una derecha madura y organizada hubiese hecho suyos los logros económicos del gobierno de Fujimori. Lamentablemente, la derecha peruana es débil, pusilánime, carece de hidalguía y valor. Esa derecha debió apoyar a Keiko y defender sus ideales liberales. Tristemente, cuando PPK y Castañeda lo hicieron, fue a medias y tarde. Toda esa tibieza de aquellos que debieron comprometerse y no lo hicieron. Demasiado limpios, demasiado puros. Esos tibios que prefieren no ensuciarse ni hacerse responsables, a ellos Dante Alighieri les tiene reservado un lugar especial: ni el Cielo ni el Infierno; el Perú de Ollanta”.

Como dice el dicho, escribe como fujimorista, habla como fujimorista, explica como fujimorista ¿no es fujimorista?

EL INDULTO Y EL JUEGO ECONÓMICO
Decíamos que el fujimorismo tiene que valerse de aliados para destruir el caso de esterilizaciones forzadas. Alejandro Aguinaga, exministro de Salud fujimorista, investigado por este caso, ha dejado de ser un vocero efectivo. Su evidente molestia en el tema le hace ser grotesco y ofensivo. Hace poco en el talk show con tufillo naranja de Nicolás Lúcar, Aguinaga se enfrentó a Victoria Vigo, una de las víctimas que ha ganado juicio ante el Poder Judicial. Él trató de dejarla como una mentirosa, ella no solo argumentó sino que le recordó su pasado fujimontesinista. Aguinaga, de paso, no ha explicado sus 12 visitas el año pasado al despacho del fiscal de la Nación, pese a ser un investigado.

Entonces, ahora como antaño, se pretendería maquillar la verdad usando a otros profesionales. El economista Richard Webb sorprendió hace algunas semanas con la columna “Malthus de cabeza” en la que sostiene que las esterilizaciones forzadas fueron “muy acotadas”, que se creó un “mito”, y que este “mito perjudica políticas públicas de control de natalidad”. Ojo con eso último. Su columna recibió una contundente respuesta del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF), exigiéndole aclaración y desmintiéndolo. Webb, coincidentemente, escribe el prólogo del libro de Villegas.

¿Por qué hoy a 20 años de ocurridas las esterilizaciones forzadas que aún esperan justicia, economistas y ciertos profesionales salen a preocuparse del caso? Ensayo respuestas: Uno, las esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad por las que Alberto Fujimori aún no ha respondido ante la justicia, ni sus exministros, ni muchos operadores de salud. Existe necesidad de ‘voltear la página’ en este caso para evitar otra condena y más aún en una coyuntura donde el indulto mantiene a todos en vilo. Segundo, este caso le hizo perder muchos votos a Keiko (sino hasta perder las elecciones), porque la enfrenta con el grueso de sus votantes, mujeres en situación de pobreza. El fujimorismo no ha de querer arriesgarse nuevamente de cara al 2021. Tercero, otra estrategia es decir que la política económica de Fujimori fue exitosa y que ello se logró también por el control de natalidad. Solo en una visión simplista, discriminatoria y perversa, la pobreza se elimina, eliminando a los pobres.

ESTE PUNTO ES CLAVE
En el plan de gobierno que presentó Fuerza Popular en la última campaña electoral se describió una sospechosa iniciativa: “En materia de igualdad de género (…) sobre la base de un consenso nacional aprobaremos una política orientada a garantizar el derecho de la mujer a la definición de la oportunidad y el tamaño de su familia”.

No es un secreto que Fuerza Popular es un partido de derecha conservador que se enfrenta a los derechos de las mujeres. ¿Por qué siempre quieren controlar el cuerpo y la decisión de las mujeres? Por qué no información y educación sexual para que cada quien elija.

Con un gobierno arrinconado por el fujimorismo, aunque aliado también en muchos temas, no sería descabellado pensar que ahora intentan retornar con políticas de control y planificación familiar nuevamente dirigidas a los más pobres. Acabar con los pobres será acaso, eliminar a quienes hoy consideran ‘enemigos’ de la economía. Mucho cuidado con las intenciones que se mueven detrás de cifras y discursos económicos. La verdad es una sola. Por eso, no hay que voltear la página. Así no.

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Política

La Sra. K. debe seguir presa

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Keiko Fujimori detenida esposada

Rafael Vela, fiscal coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, afirmó que la resolución de prisión preventiva por 36 meses contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori se encuentra bien fundamentada y corresponde que sea ratificada.

“Está correctamente motivada y cumple con todos los estándares de constitucionalidad correspondientes”, señaló durante la audiencia de apelación de la prisión preventiva.

RUTA DEL DINERO

El fiscal indicó que Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011 se contactó con el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para solicitar dinero para la campaña electoral. Refirió que Yoshiyama es una persona de “íntima vinculación y confianza” de Keiko Fujimori, y señaló que ella tiene que haber estado al tanto del tema.

Vela destacó que “la ruta del dinero” entregado por Odebrecht es uno de los elementos de convicción para sustentar que Fujimori sabía de los aportes.

Asimismo, el coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jatoadvirtió que el chat La Botica, en el que participaban Keiko Fujimori y congresistas de Fuerza Popular, coordina medidas de obstrucción a la justicia utilizando el poder político que le da al fujimorismo el control del Congreso, ya que se hablaba de afectar la imagen del fiscal José Pérez.

“NO HAY PRUEBAS”

Por su parte, Keiko Fujimori aseguró que no hay pruebas que demuestren que ha cometido un delito y solicitó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial afrontar su proceso en libertad; aunque en esta etapa del proceso no cuentan las pruebas, sino los indicios.

Solicitó se le respete el debido proceso, la presunción de inocencia y afrontar su juicio en libertad.

Fujimori reiteró que nunca se reunió con los exdirectivos de la constructora Odebrecht y, en general, repitió como una letanía el alegato usado en la audiencia de prisión preventiva.

“La Fiscalía no ha mostrado una sola prueba de que yo he cometido un delito”, insistió, obviando los indicios de lavado de activos que, entre otros fundamentos, motivaron la prisión preventiva.

INDIRECTAS A TOLEDO Y AG

La excandidata presidencial, participó de la audiencia mediante una videoconferencia, en la que señaló que seguirá en el Perú para enfrentar todos los cargos en su contra.

“No me he fugado del país. Tampoco he buscado asilo pese a que muchos me lo sugirieron”, aseguró desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, por teleconferencia, y pareció aludir a los expresidentes Toledo y García.

Según Keiko Fujimori, la medida de prisión preventiva de 36 meses es injusta, ilegal y arbitraria, teniendo en cuenta que en su caso, según ella, no hay peligro de obstaculización de la justicia ni peligro de fuga.

“He enfrentado todo y lo seguiré haciendo hasta las últimas consecuencias porque prefiero que mis hijas sepan que su madre está injustamente presa, a que algún día alguien les diga que su madre no tuvo la valentía de defenderse”, enfatizó.

DECISIÓN IMPARCIAL

Giulliana Loza, abogada de Keiko manifestó que espera una “decisión imparcial” de la Sala Penal de Apelaciones que evalúa la apelación a la prisión preventiva que cumple la lideresa de Fuerza Popular por el caso cocteles.

Al finalizar la audiencia, Loza afirmó que la mantienen presa por especulación.

“Cuando le preguntaron a la Fiscalía cuál es el elemento de convicción que vincula a Keiko Fujimori con un acto de lavado de activos, no han sabido responder, con inferencias y especulaciones pretenden mantener presa a Keiko, es inconstitucional, no podrían”, añadió, siendo desmentida por Vela.

La Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial informó que resolverá en un plazo razonable la apelación presentada por Keiko Fujimori para revocar la prisión preventiva que pesa en su contra.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que la decisión puede ser anunciada la próxima semana.

ALGO MÁS

En el inicio de la audiencia, la abogada Loza alcanzó a la corte dos “amicuscurae” favorables a su cliente y dos pronunciamientos en similar sentido de un grupo de congresistas y exparlamentarios y del Parlamento Andino, pero el presidente César Sahuanay no los tomó en cuenta porque no estaban dirigidos al tribunal.

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Política

Presionados por investigar a Keiko Fujimori

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Rafael Vela

El fiscal Rafael Vela denunció que su grupo de fiscales viene siendo “permanente hostilizado” debido a la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

“Hemos sido permanentemente hostilizados. Al fiscal (José) Pérez se le ha iniciado una serie de investigaciones de manera interna en la institución; todas ellas relacionadas con circunstancias o incidencias que tienen vinculación con este caso”, indicó durante la audiencia en la que se debatió la apelación de Keiko.

Vela cuestionó, en ese sentido, el comunicado del Ministerio Público Federal – Procuraduría General de Brasil, donde indica que el respaldo al Equipo Especial del Caso Odebrecht, de parte de la Fuerza de Tarea Lava Jato de aquel país, no refleja la “posición institucional” de esa entidad.

“Eso tiene que ver con actos de hostilización por los que venimos transitando. Para nuestra sorpresa, el Ministerio Público, nuestra propia casa, saca un comunicado [de la Fiscalía de Brasil] desmintiendo, el detalle es que es a pedido de la Fiscalía de la Nación”, precisó.

Para Rafael Vela, este acto refleja obstrucción del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, “porque conspira contra las relaciones que tenemos”.

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Política

Acusado de corrupción sería favorito de Chávarry para reemplazar a fiscal Pérez

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Alan García Pérez

Las versiones que sostienen que el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry está decidido a separar al fiscal José Pérez de las investigaciones del caso Lava Jato, que incluyen a Keiko Fujimori y Alan García, persisten, mientras el supuesto aspirante a reemplazarlo se hunde por acusaciones de corrupción.

En una visita a Arequipa, el exprocurador y uno de los impugnadores de Chávarry, citó el rumor de que el elegido para reemplazar a Pérez, aprovechando la distensión de las fiestas de fin de año, sería Abel Concha.

Pero Concha se sumó a las afinidades cuestionables de Chávarry en los últimos días en Chiclayo, donde el fiscal Juan Carrasco Millones, lo señaló como vinculado a la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.

SOBORNO DE 80 MIL

En concreto, Carrasco, considerado el José Pérez de Chiclayo, informó que el suspendido alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, pagó 80 mil soles al fiscal superior de Lima, Abel Concha Calla, para que archive la denuncia de corrupción por el caso de la banda corrupta chiclayana.

Según Carrasco, el contacto con el fiscal Concha fue el alcalde electo de Olmos, Willy Serrato Puse, sometido a prisión preventiva como presunto integrante de la organización criminal.

“A través del señor Willy Serrato Puse llegan a contactar al alcalde de Chiclayo, con la finalidad de que a cambio de 80 mil soles, el fiscal Juan Carrasco, pueda archivar el caso y dejar sin efecto el caso que era materia de investigación”, señaló durante la audiencia realizada el viernes último en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

La sindicación es producto de la declaración de un colaborador eficaz, quien agregó que el mismo Concha coordinó una reunión que se realizó en la ciudad de Chiclayo, en la tercera semana de octubre.

“CHAPULÍN COLORADO”

“Yo soy tu chapulín colorado y no te va a pasar absolutamente nada”, le dijo –a decir del colaborador eficaz- Concha a Cornejo en el breve encuentro.

Fuentes judiciales de Chiclayo aseguraron que el fiscal Concha habría viajado a Chiclayo también con la intención de ayudar al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a salir bien librado de una audiencia del caso de “Los Wachiturros”, que investiga también Carrasco

Pero, además, Cornejo Chinguel escribió una carta a Chávarry en la que confirma la decisión de colaborar con la Fiscalía y señala que el fiscal Abel Concha y Serrato le ofrecieron protegerlo de la investigación en marcha, a cambio de 80,000 soles.

QUE SE VAYA

De otro lado, el congresista Alberto de Belaúnde dijo que una de las tareas urgentes que tendrá la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) será revisar el irregular proceso de ratificación de Chávarry como fiscal supremo –sin la cual no podría haber postulado a Fiscal de la Nación-, por el cuestionado y fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), así como revisar los nombramientos hechos por el CNM, en general.

La JNJ “determinará qué pasará con el Fiscal de la Nación, por lo irregular del proceso de su ratificación”, dijo.

ALGO MÁS

De Belaúnde reiteró que “me parece inaceptable que el Fiscal de la Nación siga en el puesto, y lo que demuestra es una gran indignidad que ni Blanca Nélida Colán tuvo, porque ella en un momento renunció”, dijo.

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