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Un crimen de lesa humanidad que el fujimorismo quiere convertir en mito

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No es la primera vez ni seguro la última que el fujimorismo valiéndose de aliados sean economistas, abogados, periodistas o fanáticos quiera ‘limpiar’ a su líder preso en la Diroes de la responsabilidad política de las esterilizaciones forzadas que ellos llaman planificación familiar.

Unen esfuerzos para convertirla en un “mito”, “novela”, “error”. Esta vez es en un libro, de María Cecilia Villegas, abogada que ahora se rodea de una élite de economistas, que se niega, en la misma línea del discurso naranja, esa nefasta política. Pero, ¿qué se esconde detrás de este libro?

La autora que ha titulado su libro La verdad de una mentira señala que no hubo 300 mil esterilizaciones forzadas y que no fue política de Estado. Empieza mal al no considerar que según información del Ministerio de Salud, recogida por la Defensoría del Pueblo, en el Perú se dio una política pública que impuso el control de la natalidad de manera autoritaria, con énfasis en esterilizaciones de hombres y especialmente mujeres (320 mil mujeres y 22 mil hombres), que exigía “metas” mensuales e incentivos a médicos y enfermeras por ligaduras de trompas y vasectomías. Solo entre 1996 y 1997, en un solo año, se esterilizaron a 200 mil mujeres y hay 18 víctimas mortales.

Otro dato que la desmiente es que la primera investigación fiscal que empezó hace 14 años registró 2074 denuncias y se amplió a 2116, pero además hay una nueva que alcanza las 1600, según han informado medios de prensa.

PERSISTE EN LA MEDIOCRIDAD
En reciente entrevista la abogada es consultada sobre las 3761 personas inscritas en el Registro Nacional de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), creado por el gobierno el año pasado, y que sigue abierto porque en 20 años se ha querido obstaculizar e impedir que muchas víctimas denuncien y recién muchas de pueblos lejanos lo pueden hacer.

Bueno, Villegas dice: “A ver, lo que pasa es que mi investigación lo que hace es un análisis de la política pública. Yo no he entrado a analizar cada uno de los casos”. Entonces, con esta respuesta que denota falta de seriedad y parcialidad, vale preguntarse ¿de qué investigación estamos hablando?

Para hacer frente a la avalancha de críticas que ha recibido, Villegas responde: “no soy fujimorista”. Basta leer sus antiguas columnas en un diario nacional en las que, por ejemplo, dejó ver su tristeza por la derrota de Keiko Fujimori y la complacencia con lo que fue el gobierno del padre: “Una derecha madura y organizada hubiese hecho suyos los logros económicos del gobierno de Fujimori. Lamentablemente, la derecha peruana es débil, pusilánime, carece de hidalguía y valor. Esa derecha debió apoyar a Keiko y defender sus ideales liberales. Tristemente, cuando PPK y Castañeda lo hicieron, fue a medias y tarde. Toda esa tibieza de aquellos que debieron comprometerse y no lo hicieron. Demasiado limpios, demasiado puros. Esos tibios que prefieren no ensuciarse ni hacerse responsables, a ellos Dante Alighieri les tiene reservado un lugar especial: ni el Cielo ni el Infierno; el Perú de Ollanta”.

Como dice el dicho, escribe como fujimorista, habla como fujimorista, explica como fujimorista ¿no es fujimorista?

EL INDULTO Y EL JUEGO ECONÓMICO
Decíamos que el fujimorismo tiene que valerse de aliados para destruir el caso de esterilizaciones forzadas. Alejandro Aguinaga, exministro de Salud fujimorista, investigado por este caso, ha dejado de ser un vocero efectivo. Su evidente molestia en el tema le hace ser grotesco y ofensivo. Hace poco en el talk show con tufillo naranja de Nicolás Lúcar, Aguinaga se enfrentó a Victoria Vigo, una de las víctimas que ha ganado juicio ante el Poder Judicial. Él trató de dejarla como una mentirosa, ella no solo argumentó sino que le recordó su pasado fujimontesinista. Aguinaga, de paso, no ha explicado sus 12 visitas el año pasado al despacho del fiscal de la Nación, pese a ser un investigado.

Entonces, ahora como antaño, se pretendería maquillar la verdad usando a otros profesionales. El economista Richard Webb sorprendió hace algunas semanas con la columna “Malthus de cabeza” en la que sostiene que las esterilizaciones forzadas fueron “muy acotadas”, que se creó un “mito”, y que este “mito perjudica políticas públicas de control de natalidad”. Ojo con eso último. Su columna recibió una contundente respuesta del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF), exigiéndole aclaración y desmintiéndolo. Webb, coincidentemente, escribe el prólogo del libro de Villegas.

¿Por qué hoy a 20 años de ocurridas las esterilizaciones forzadas que aún esperan justicia, economistas y ciertos profesionales salen a preocuparse del caso? Ensayo respuestas: Uno, las esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad por las que Alberto Fujimori aún no ha respondido ante la justicia, ni sus exministros, ni muchos operadores de salud. Existe necesidad de ‘voltear la página’ en este caso para evitar otra condena y más aún en una coyuntura donde el indulto mantiene a todos en vilo. Segundo, este caso le hizo perder muchos votos a Keiko (sino hasta perder las elecciones), porque la enfrenta con el grueso de sus votantes, mujeres en situación de pobreza. El fujimorismo no ha de querer arriesgarse nuevamente de cara al 2021. Tercero, otra estrategia es decir que la política económica de Fujimori fue exitosa y que ello se logró también por el control de natalidad. Solo en una visión simplista, discriminatoria y perversa, la pobreza se elimina, eliminando a los pobres.

ESTE PUNTO ES CLAVE
En el plan de gobierno que presentó Fuerza Popular en la última campaña electoral se describió una sospechosa iniciativa: “En materia de igualdad de género (…) sobre la base de un consenso nacional aprobaremos una política orientada a garantizar el derecho de la mujer a la definición de la oportunidad y el tamaño de su familia”.

No es un secreto que Fuerza Popular es un partido de derecha conservador que se enfrenta a los derechos de las mujeres. ¿Por qué siempre quieren controlar el cuerpo y la decisión de las mujeres? Por qué no información y educación sexual para que cada quien elija.

Con un gobierno arrinconado por el fujimorismo, aunque aliado también en muchos temas, no sería descabellado pensar que ahora intentan retornar con políticas de control y planificación familiar nuevamente dirigidas a los más pobres. Acabar con los pobres será acaso, eliminar a quienes hoy consideran ‘enemigos’ de la economía. Mucho cuidado con las intenciones que se mueven detrás de cifras y discursos económicos. La verdad es una sola. Por eso, no hay que voltear la página. Así no.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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