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Un contexto en que fujimorismo necesita del “terrorismo”

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El diario Perú.21 publicó esta foto. Sacha se reúne con Víctor Quispe Palomino.

Narcoemboscada a policías en Anco, Churcampa, Huancavelica: ¿”Terrorismo express” pro-Fujimorista?

Lo que a simple vista podría haber sido la segunda (la anterior fue en Tucuccasa, el 6 de setiembre de 2017, que dejó tres policías asesinados luego del decomiso de una tonelada de acetona) narcoemboscada de una columna armada del clan Quispe Palomino contra una unidad policial que dejó 4 policías muertos en Anco, Churcampa, Huancavelica, el 7 de junio pasado, tres datos la convierten en una emboscada, por decir lo menos, extraña.

Veamos. Primero, la emboscada consistió exclusivamente en la explosión de una mina cuando la unidad policial pasó por encima de regreso a Anco sin que se haya producido ningún disparo de la columna armada. Este es el primer dato extraño de esta emboscada: normalmente los miembros de la columna rematan a balazos a los policías y disparan contra la unidad policial como ocurrió en Tucuccasa.

Segundo, este es el dato más extraño, los miembros de la columna armada no se llevaron ningún fusil de los policías considerado uno de los objetivos de la acción, aparte del objetivo subyacente: emboscar por los “excesos” o “abuso” de los policías: el cobro de “cupos” a los nachos, o quedarse con la “merca” (droga) o, como en la emboscada en Tucuccasa, el decomiso de una tonelada de acetona para el refinamiento de cocaína.

Tercero, el haber dejado en el lugar de los hechos la batería y los cables eléctricos con el que detonaron la dinamita que destruyó la unidad policial con los cuatro policías que iban dentro de esta. “La batería y los cables nunca se dejan abandonados en el lugar de la emboscada. Se regresa o ‘encaleta’ en el trayecto de regreso a Vizcatán”, señaló una fuente confiable.

Estos tres datos, para quienes conocieron desde dentro el modus operandi y confirmado por todas las narcoemboscadas perpetradas por las columnas del clan Quispe Palomino desde el 5 de diciembre de 2005 hasta el 6 de setiembre de 2017, convierten a esta emboscada en una acción “extraña”. El elemento, según una fuente consultada, “más extraño es no llevarse los fusiles de los policías. Que informe le van a rendir a José”.

A estos datos “extraños” en la emboscada del 7 de junio, habría que agregar dos cosas más. Por un lado, la difusión de un vídeo de una captura de “mochileros” (jóvenes narcotraficantes que transportan la droga por los caminos de herradura) del mes pasado como si hubieran capturado a dos responsables de la emboscada. Pese a que todas las fuentes que fueron consultadas señalaron que no eran miembros de la narco-organización armada del clan Quispe Palomino ese vídeo discurrió por las redes sociales.

De otro lado, lo más destacado por los medios y quienes sostienen que la organización armada del clan Quispe Palomino son “senderistas”, “terroristas” o “narcoterroristas”, en el panfleto escrito con una tinta cada vez más roja que dejaron en el lugar de la emboscada reza: “Viva la Revolución Peruana. Hermanos campesinos, obreros, comerciantes. Esto (sic) es una lucha armada del Partido de la Revolución Peruana…”. No dice, como en todos los vídeos de `José´, el Militarizado Partido Comunista del Perú.

SACHA: EL PLAN DE INTELIGENCIA PARA “CAPTURAR” A “JOSÉ”.

Ahora, cabe la siguiente pregunta: “¿quién ha sacado de Vizcatán los vídeos y fotos de “José” y “Helena” o “Vilma” y a adolescentes posando con fusiles Galil o en la mesa para mostrar que esta organización tiene discurso ideológico y político” difundidos por los diarios más vinculados al fujimorismo? La respuesta es: Sacha, quien preside la Asociación Plurinacional de Reservistas del Tahuantinsuyo (Aspret) y, a través de un comunicado público, ha reconocido tener una “alianza” con “José Quispe Palomino” (sic).

Pese a ello, y que las fotos entre Sacha y “José” fueron mostradas por el congresista fujimorista Octavio Salazar para “demostrar” una “alianza” entre el etnocacerismo de Antauro Humala y el “sendero luminoso” de “José”, que fue condenado por el hermano del expresidente Ollanta Humala, este sigue libre ingresando y saliendo como “Pedro” en su casa de Vizcatán. Y camina libremente por las calles y también sale en vídeos hablando de esa “alianza”.

INTELIGENCIA PARA “CAPTURAR” A HERMANOS QUISPE PALOMINO.

¿Por qué la Dincote no detiene ipso facto a Sacha por colaboración con una organización “terrorista” o, como los llama el discurso oficial, “narcoterrorista” que termina siendo utilizado como sinónimo de Sendero Luminoso? En este caso la respuesta, como se puede ver y escuchar en la entrevista que concedí a ATV, es que Sacha forma parte de un plan de inteligencia para “capturar” a los hermanos Quispe Palomino.

Es un plan de inteligencia no solo de un organismo de inteligencia sino de, por lo menos, tres. Un plan que, por lo visto, ha sido aceptado por “José” para mostrar su análisis internacional, una parafernalia muy “roja”, sacar lustre al “militarizado Partido Comunista” e, incluso, tener una página en Facebook donde muestra fotos de niños y adolescentes portando armamento de guerra (Galil y AKM) y una fraseología revolucionaria que solo existe en su cabeza. (https://www.facebook.com/Militarizado-PCP-Partido-comunist…/?)hc_ref=ARQ99TqYy56zAKAT3DA0l8qjaVIOccXhIpvB7Kf2_v7eLnUPnZ2iZlozWal_GhJZGqw&fref=nf).

Eso no es todo. En la primera reunión con Sacha o camarada “Eloy” y “José Quispe Palomino” (como lo llama Aspret en su comunicado, este le habría -según las fuentes consultadas- pedido 50 hombres no para entrenarlos en Vizcatán, como creyeron los responsables de inteligencia que han facilitado que Sacha y cuatro hombres ingresen sin problemas a esa zona, sino “para que realicen acciones armadas en otras partes del país” como parte del accionar del “Frente Unido Democrático Andino Revolucionario del Perú”.

Más aún: las pretensiones de este “Frente” es que “sea una milicia internacional” (https://fpp.org.pe/sendero-luminoso-en-una-alianza-con-gru…/). Es evidente que Víctor Quispe Palomino no es un tonto y le habría pedido a Sacha y los aparatos de inteligencia involucrados con el plan para capturarlo “demostrar” con acciones armadas la “alianza” sellado con un apretón de manos teniendo como telón de fondo las banderas con la hoz y el martillo y el “Tahuantinsuyo”.

Llegado hasta aquí, cabe preguntarse lo siguiente: ¿será la emboscada a los policías en Anco, Churcampa/Huancavelica, la primera acción del “Frente Unido Democrático Andino Revolucionario del Perú”? ¿Quiénes forman este frente y tienen que realizar acciones “terroristas”, para cumplir con la condición planteada por “José”, fuera del Vraem? Como no podría ser de otra manera, porque el Aspret es, qué duda cabe, un cascarón sin base para realizar una acción armada, es posible que estemos en el estreno de exmilitares y policías de los servicios de inteligencia de la era fujimontesinista.

Eso podría explicar los elementos extraños que ha tenido la emboscada en Anco, Huancavelica. Además, por una razón sumamente importante a saber: la cruel emboscada que dejó 4 policías asesinados, ahora reconocidos oficialmente como una respuesta del narcotráfico “para intimidar a la policía local”, ocurrió -oh, coincidencia- en un contexto que el fujimorismo más necesitaba del “terrorismo”.

Camioneta de la policía quemada

MARCHA

Incendio de una vieja unidad policial

La realización de la segunda marcha por el cierre del Congreso, que -dicho sea de paso-, también habría sido infiltrada por personas para incendiar una vieja unidad policial en el centro de Lima, por el notable incremento de la planilla, la compra de laptops, frigobares y flores sobrevualadas, contrataciones indefinidas a aportantes de Fuerza Popular y el incremento del ISC de combustibles por el gobierno del presidente Martín Vizcarra cuya popularidad había empezado a caer en las encuestas.

¿Quién es el principal beneficiario con la emboscada en Anco, presentado como el “rebrote” del “terrorismo” de Sendero Luminoso sobredimensionado por la prensa fujimorista y sus operadores mediáticos? Obviamente, el fujimorismo. En conclusión, esperemos no estar ante un “terrorismo express” pro-fujimorista.

Ni tampoco ante la funcionalidad del accionar del clan Quispe Palomino que, el lunes 11 de junio, hostigó la base militar de Libertad, en Santo Domingo de Acobamba, perteneciente a la provincia de Huancayo, Junín, dejando seis soldados heridos. Esta base militar ha sido, cuando estaba en Mazángaro, objeto de varios hostigamientos por francotiradores de la narco-organización armada dirigida por “José”.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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