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Trump en guerra contra indígenas de EEUU

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Como en los tiempos del falso héROE coronel Custer, hace casi siglo y medio, la prepotencia y el abuso de Trump está provocando una nueva rebelión indígena.

La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para poner en marcha la construcción de los oleoductos de Dakota Acces y Keystone XL, paralizados por el expresidente Obama, es una declaratoria de guerra para todos los pueblos indígenas de Estados Unidos que, pasando de las palabras a los hechos, se preparan y se organizan para una resistencia que tiene el carácter de una rebelión global.

La última rebelión indígena en Estados Unidos ocurrió en 1876, cuando el campamento indio de Little Big Horn en Montana fue atacado por las tropas del coronel George Armstrong Custer.

Pero dos mil guerreros Sioux, Cheyenne y Arapaho encabezados por Crazy Horse y Sitting Bull, los legendarios “Caballo Loco” y “Toro Sentado”, prácticamente aniquilaron a las fuerzas de Custer.

GESTA ÉPICA
El triunfo de Little Big Horn tuvo un carácter simbólico y figura en la memoria histórica india como una gesta épica. Pero con Little Big Horn también culmina un largo período histórico que empieza en 1783 cuando EE.UU. se independiza del dominio colonial británico e inicia su proceso de expansión territorial a costa, mayormente, del despojo de las tierras y territorios habitados por 4 millones de indígenas a lo largo de 10 mil años.

En 1803, EE.UU compró Luisiana a Francia; en 1819, la Florida a España y entre 1845 y 1848, México fue despojado de casi la mitad de su territorio que pasó a ser estadounidense. En todos los casos, la “fiebre del oro” y el tendido de ferrocarril transcontinental (1863-1869), los perdedores de sus tierras y otros bienes fueron los pueblos indígenas

En 1871, en las praderas del Oeste fueron abatidos 4 millones de bisontes. De una población que a mediados del siglo XIX se contaba en 60 millones, a fines de 1873 solo quedaban menos de un millar. Para los colonizadores, el bisonte representaba la cultura india y, por lo tanto, había que eliminarlo.

LA RAZÓN Y LA FUERZA
El 20 de setiembre del 2016, el presidente de la reservación Sioux de Standing Rock, Dave Archaubolt II, denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra que los indios que se oponen a la construcción del oleoducto Dakota Acces tienen de su parte la razón y las leyes.

Tanto el tratado Traverse firmado en 1851 y el de Fort Laramie, suscrito en 1868, ambos ratificados por el Congreso estadounidense, reconocen la soberanía nacional del pueblo Sioux al interior de Estados Unidos.

Pero para los intereses de las multinacionales petroleras, que Donald Trump defiende a capa y espada, estos tratados son letra muerta. Tal como ocurre en todo el mundo, en América Latina y en particular en el Perú donde los gobiernos han sido y son dóciles y eficientes operadores de los poderes fácticos.

LA RESISTENCIA HA EMPEZADO
Todo el mundo está seguro que Donald Trump no dará marcha atrás en su decisión de que los oleoductos de Dakota Acces y Keystone XL sean construidos. Durante su campaña y ahora en el gobierno ha reafirmado su negacionismo sobre el cambio climático, ha ratificado su adicción al combustible fósil y para que nadie dude de sus intenciones ha nombrado como director de la Agencia para la Protección Ambiental a Scott Pruitt, un negacionista del cambio climático, y como el jefe de la diplomacia estadounidense a Rex Tillerson, el líder y jefe máximo de la mayor empresa petrolera privada del mundo, la Exxon Mobil, que ha escondido información sobre el cambio climático desde hace un cuarto de siglo. La Exxon se prepara a firmar contratos con Rusia para explotar petróleo en el Ártico.

Pero así como Donald Trump será inflexible en su apoyo a la construcción de los dos oleoductos, los pueblos indígenas de Estados Unidos, los ambientalistas estadounidenses y del mundo, líderes indígenas de América Latina, se aprestan a la resistencia. Porque consideran que ambas obras son una amenaza para sus vidas, para la Madre Naturaleza y el planeta Tierra.

El oleoducto Keystone XL tiene una longitud de 1,879 kilómetros, de los cuales 1,400 están en territorio de EE.UU. Su costo está estimado en 53 mil millones de dólares y su capacidad está calculada para transportar diariamente 661,000 barriles de petróleo de las arenas bituminosas, desde Alberta en Canadá hasta Nebraska en territorio estadounidense. La oposición señala que la extracción petrolera de arenas bituminosas implica enormes riesgos de contaminación y que, además, el oleoducto cruzará varios Estados y puede afectar fuentes de agua.

RESISTENCIA GLOBAL
El oleoducto Dakota Acces, cuyo costo se estima en 3,800 millones de dólares, tiene una longitud de 1900 kilómetros. Para los Sioux de Standing Rock, el oleoducto no solo borrará acuerdos entre el Estado norteamericano y los Sioux, sino también se profanarán sus territorios sagrados donde están enterrados sus muertos, su memoria histórica, las víctimas de la feroz guerra de conquista y de exterminio y porque contaminará los ríos Connonball y Misouri, afectando a los indígenas y a otros 17 millones de estadounidenses.

Para Stefano Varese, uno de los padres de la antropología amazónica y profesor del Departamento de Estudios Nativos Americanos de la Universidad de California, Davis, el movimiento indígena de Standing Rock es innovador porque posee una perspectiva ambientalista global y su radicalismo legal desnuda no solo la hipocresía de los gobiernos y sus políticas, sino también pone en cuestión la visión racionalista y antropocéntrica Occidental.

ADEMÁS
Así como el extractivismo neoliberal es global en su modelo y sistema de agotamiento, erosión y destrucción de los bosques, mares y ríos y todo el mundo biofísico, la resistencia de la Madre Naturaleza empieza a ser también global para los pueblos indígenas.

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Mundo

Iván Duque o Gustavo Petro: Colombia define hoy a su nuevo presidente

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Elecciones en Colombia 2018

Más 37 millones de colombianos acudirán hoy a las urnas para elegir en segunda vuelta a su próximo presidente entre Iván Duque, de la derechista Centro Democrático, y Gustavo Petro, de Colombia Humana y representante de la izquierda. (más…)

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Política

Fujimori debe volver a la Diroes

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

En entrevista con el Diario UNO, el jurista Carlos Rivera, quien es abogado de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, señaló que esperaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), anule el indulto al dictador Alberto Fujimori. Pero, al reenviar el caso a la justicia nacional, ellos continuarán su lucha hasta encontrar justicia y reparación.

“Sí, en realidad el conjunto de acciones que hemos venido realizando y la esperanza que teníamos en la sentencia de la Corte IDH era eso. De que declare nulo el indulto y que Fujimori cumpla la condena que le corresponde (en la Diroes)”, manifestó Rivera. “Sin embargo, la decisión de la Corte IDH indica que la justicia peruana declare la nulidad del indulto”, agregó.

El jurista refirió que ahora tienen que enfrentar una acción en el sistema judicial penal con todos los problemas que el Poder Judicial tiene en este momento. Dijo que los familiares seguirán en busca de justicia como lo hacen desde 1991.

RESOLUCIÓN CONTRADICTORIA

Precisó que les ha sorprendido la resolución porque es un tanto contradictoria, parece escrita sobre una línea argumentativa de fundamentos que van desarrollando de manera impecable, en cuanto a contradecir y cuestionar el otorgamiento de indulto para casos de violación de derechos humanos. “Pero por otro lado, toman la decisión de reenviar el caso al fuero interno, eso nos ha sorprendido. No era la resolución que esperábamos porque habíamos logrado exponer los argumentos políticos, jurídicos, jurisprudenciales y los doctrinarios del derecho internacional”, añadió.

FUERO INTERNO

Ante esto, el jurista indicó que mediante la resolución de la Corte IDH, no es posible conocer por qué no declaró inválido el indulto. “Lo único que uno puede observar es que la Corte IDH señaló que había antecedentes en los casos Jaililie y Crousillat, para el fuero interno, el constitucional, que evaluará la legalidad del indulto. Y la resolución emitida por la Sala Penal Nacional en el caso Pativilca, por la cual se decidió inaplicar el derecho de gracia que fue concedido en la misma fecha que el indulto”, destacó.

Familiares de víctimas de matanza en gobierno de Alberto Fujimori

Mañana tomarán la decisión legal después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

SÍ CUESTIONA EL INDULTO

Rivera afirmó que “justamente el hecho de que en la resolución la Corte IDH asumió nuestros argumentos, es decir, han asumido una línea no solo de cuestionamiento sino casi de repudio al indulto como medida posible de otorgar a quienes están condenados por graves violaciones de los derechos humanos”.

Comentó que solo le faltó a la decisión, concluir que el indulto era una opción inaplicable y por lo tanto el Estado peruano debería anular. Aunque esta resolución no está convalidando el indulto, más bien lo cuestiona y repudia porque esta instancia supranacional no encuentra ningún argumento para sostenerlo como medida factible de imponer a un condenado por delitos de lesa humanidad.

CAMINOS A SEGUIR

El camino que la Corte IDH plantea es que debe haber un control jurisdiccional, eso significa que la defensa de los familiares de las víctimas puede optar por una vía constitucional a través de la presentación de una acción de amparo o una vía penal mediante un pedido de control de convencionalidad, que lo tendrían que hacer en el propio vocal supremo de instrucción que está a cargo del caso Fujimori.

“Una acción de amparo se presenta al Poder Judicial, si es que se pierde en 1ra y en 2da instancia, recién se va al Tribunal Constitucional. Un amparo en el Perú dura mucho tiempo, por lo menos un año. Lo de la Sala Penal probablemente dure menos tiempo. Esa decisión la vamos a tomar el día lunes”, señaló Rivera.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

ONPE bajo la lupa de la Fiscalía

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Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

El presunto favoritismo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la inscripción del partido Podemos Perú, del cuestionado José Luna,  viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Las indagaciones las estaría haciendo fiscal Carlos Nivin, quien abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de patrocinio ilegal, decisión que tomó después de las denuncias periodísticas.

El titular del 1° despacho de la Segunda Fiscalía de Corrupción de Funcionarios dispuso la apertura de la investigación el pasado 1 de junio.

La exasesora legal de la ONPE, Susana Guerrero, denunció un presunto trato preferente para el partido político del excongresista José Luna durante el proceso de inscripción. Tras realizar la denuncia, la ONPE decidió cesar a la funcionaria.

En tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, quien declaró que no teme a las investigaciones y que va a colaborar.

Para el consejero Iván Noguera, la investigación podría ser más rápida y expeditiva de lo que hasta hoy ha sido.

El presidente del CNM, Orlando Velásquez, explicó que la investigación preliminar está en manos de la Comisión de Procesos Disciplinarios y que se emitiría un informe en 15 días, a favor de iniciar el proceso disciplinario o archivar el caso.

ALGO MÁS

El Consejo Nacional de la Magistratura recién se estaría pronunciando en julio sobre el sonado caso de ONPE. Castillo permanecería en el cargo hasta después de las elecciones regionales y municipales.

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