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Trabajo decente en el Perú: ¿Cómo nos fue el 2016?

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Ayer se celebró la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD). Cada año, desde hace una década, millones de personas se movilizan reclamando a sus Estados políticas laborales que garanticen el acceso a empleos decentes, con derechos y protección social, donde se puedan ejercer las libertades sindicales sin discriminaciones de ningún tipo. En el Perú las centrales y organizaciones sindicales aprovechan la conmemoración para exigirle al Gobierno y al Congreso, cumplan con sus compromisos laborales.

Con motivo de la fecha, el Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) publicó una nueva edición del Informe sobre la situación del Trabajo Decente en el Perú (2016) , actualizando el balance sobre la evolución de diversos indicadores laborales y de empleo en el último año. Entre sus principales conclusiones tenemos:

•La informalidad y el subempleo siguen siendo el principal problema laboral en el país. A pesar de las mejoras en las tasas de empleo y ocupación alcanzadas durante el periodo de crecimiento económico (2004–2012), el empleo generado (incluso el formal) fue precario e inestable. Como ejemplo, el 75% de los empleos privados formales que se crearon fueron a plazo fijo, es decir, inestables. Una porción importante bajo regímenes laborales “especiales”.

•La desigualdad económica sigue siendo un rasgo estructural de nuestro mercado laboral. Con el decrecimiento de los últimos años, el coeficiente de Gini se mantuvo estanco en 0.44 en los últimos cuatro años. Esto es, no disminuyó.

•Durante el 2016 la Población Económicamente Activa (PEA) –que asciende a 16´903,700 personas– aumentó en 405,600; un crecimiento de 2.45% respecto del año anterior. Se registró un mayor avance en el empleo femenino que el masculino.

•Asimismo, la tasa de actividad creció en 0.6% durante el 2016; pero vista en perspectiva, presenta una tendencia a la baja a lo largo de la década. Lo mismo sucede con la tasa de empleo, que sigue una evolución decreciente desde el 2010; y también con la tasa de desempleo, que aumentó en 0.7% respecto del año anterior, ubicándose en 4.2%. En el caso de los jóvenes entre 15 y 24 años, el desempleo llega a 10.8%.

•En términos globales, durante el 2016 la estructura ocupacional mantuvo la tendencia registrada años (sino décadas) atrás. En términos absolutos, predominan los asalariados privados, los independientes (hombres) y del trabajo familiar no remunerado (mujeres). Asimismo, en términos de PEA ocupada, lideran los sectores Servicios No Personales (28.2%); Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura (25%), Comercio (18%) e Industria de consumo (7.5%).

•Los avances en términos de formalidad laboral son bastantes modestos. Si bien la Tasa de Empleo Informal disminuyó en –1.2% el 2016, todavía 11´661,912 personas laboran en la informalidad: el 72% de la PEA Ocupada. Esta situación afecta más a las mujeres (75.1%) que a los hombres (69.5%). La informalidad en los jóvenes (de 14 a 24 años) llega a 87.1%. El empleo informal se concentra en el trabajo asalariado e independiente.

•Con relación al nivel de ingresos, se registró un incremento en el porcentaje de trabajadores que reciben menos de 1 RMV (al pasar de 45.7% a 49.4%), pero se registró también retrocesos de –1 % y –2.8% en la población que recibe entre 1 y 2 RMV y más de 2 RMV, respectivamente.

•Durante el 2016 se registró un promedio anual de 375,669 trabajadores sindicalizados; 19,234 menos que el 2015. Se mantiene así la tendencia decreciente de la tasa de afiliación (cae de 5.3% el 2014, a 5% el 2016), sobre todo en el sector privado. En la administración pública, por el contrario, aumentó de 14.3% a 14.5% en el mismo lapso.

•En lo que respecta a la negociación colectiva, el 2016 se presentaron 548 pliegos (110 menos que en 2015), mientras que el total de convenios registrados fue 352 (20 adicionales a los contabilizados el año anterior). Apenas el 2.6% de la PEA asalariada privada (166,747 trabajadores) está cubierta por un convenio colectivo.

¡Atención con las facultades legislativas laborales!

Asistimos estos días a posibles decisiones políticas controversiales, que serían contrabandeadas al calor de las eliminatorias mundialistas. El indulto a Fujimori suena fuerte, sobre todo tras una eventual clasificación de la selección peruana. Otro trascendido es la decisión del Gobierno de aprobar una reforma laboral “pro–empleo”, como la denominan algunos voceros empresariales. Esta se daría a través de facultades legislativas otorgadas por el Congreso. Tal habría sido uno de los “consensos” entre la Premier Mercedes Araoz y las bancadas fujimorista y aprista, en la línea del “acuerdo político” que reclama hace semanas la derecha económica.

Este pacto (bajo la mesa) se da en la misma semana en que PPK recibe a la Coordinadora de Centrales Sindicales, donde un pedido expreso de los trabajadores fue que toda iniciativa normativa se discutiera en el Consejo Nacional del Trabajo. A la luz de la experiencia, ¿es viable una reforma laboral sin diálogo y participación de los sindicatos? (TrabajoDigno.pe).

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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