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Todas las leyes que infringió García al liberar a narcos

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Hay varias normas que han sido violadas por el expresidente Alan García al conmutar penas a miles de narcos, aunque no haya cobrado un solo dólar.

Para soltar a traficantes de drogas, de cualquier cuantía o monto, condenados por los jueces, en un proceso penal costoso y dilatado, hasta en tres instancias, no es menester ninguna política penitenciaria genuina o disfrazada, ningún trabajo de filigrana.

Solo basta un narco promotor, militante aprista mejor, previamente excarcelado, asesorando a la Comisión de Gracias Presidenciales, con su Chinguel al frente, ministros de Justicia a la mano torva y un Alan García que firme y selle la Resolución Suprema que los libera, pese a que existen leyes que lo prohíben. Para este delito de encubrimiento personal agravado (Art. 404, Código Penal) no es necesario el cobro de coima alguna.

García se llevó de encuentro a Manuel A. Odría, a Juan Velasco Alvarado, a Francisco Morales Bermúdez, a Fernando Belaunde Terry, a don Alberto Fujimori mismo, a su antecesor Alejandro Toledo y al actual presidente Humala. Los conmutados, contra la ley, por estos presidentes son infinitamente pocos que los que han recibido el beneplácito siniestro de Alan, ¿por qué será?

Con el afán de reprimir el narcotráfico las penas siempre han sido severísimas; incluso beneficios procesales y penitenciarios fueron prohibidos. Desde el lejano, 28-03-1949, que el dictador Odría expidió el Decreto Ley N° 1105, que reprimía esta peligrosa actividad delictuosa, en su Artículo 6°, estaba negada toda conmutación, indulto, amnistía, condena condicional, liberación condicional, suspensión condicional de la pena de prisión y hasta la libertad provisional. Así decía la severidad de esta norma.

Más adelante, el 02-03-1978, el Artículo 64° del Decreto Ley N° 22095, que firma Morales Bermúdez, mantenía esta política legislativa prohibitiva de beneficios a los narcos. “No se concederá libertad provisional –señalaba este decreto–, condena condicional, sustitución de pena, libertad condicional, remisión de la pena o indulto por delito de tráfico ilícito de drogas”.

La Constitución de 1979, promulgada el 12-07-1979, trajo una atribución presidencial novedosa respecto de conmutaciones, que no tenía la de 1933 y ninguna otra desde el lejano 1823. Escuetamente decía su Artículo 211, inciso 23, que es atribución del presidente que no estén prohibidos por la ley. Para delimitar esta facultad se expidió el 12-06-1981 el Decreto Legislativo N° 122, bajo la presidencia y firma de Fernando Belaunde, que mantiene en esencia estas prohibiciones. Reza el numeral 64° modificado: “no se concederá libertad provisional, condena condicional, conmutación o indulto a los procesados o sentenciados, según el caso, por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas”.

Apenas llegado al poder García, en 1985, se dio la Ley N° 24388, de 05-12-1985, que sigue el curso sustantivo de estas prohibiciones y que él promulgó. Modifica así el citado artículo 64° con este texto: “No se concederá la libertad provisional, condena condicional, sustitución de pena, libertad condicional, remisión de la pena o indulto, a los procesados o sentenciados, según el caso, por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas.”

Se exceptúa de esta prohibición los casos previstos en los incisos 1) y 3) del Artículo 55°-B del Decreto Legislativo N° 122, así como el inciso 2) del mismo artículo, en la parte que se refiere a la posesión de escasa cantidad. Dicha excepción procede siempre que el agente delito no sea reincidente, habitual o hubiere vendido o distribuido drogas a menores de edad”.

El 08-04-1991, se promulga por Alberto Fujimori un nuevo Código Penal, por Decreto Legislativo N° 635, pues había regido hasta la fecha el Código Penal de 1924. Respecto de las prohibiciones en trato las mantiene inalterables, tampoco el nuevo cuerpo normativo traía otras en narcotráfico que se opusieran a las existentes, ni las había modificado. Dice la Segunda Disposición Final y Transitoria del nuevo Código: “Continúan vigentes las disposiciones legales que restringen los beneficios procesales y de ejecución penal, respecto de los agentes de delitos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo, en cuando no se opongan a este código”.

Luego del golpe de Estado del 05-04-1992, Fujimori mantuvo la misma severidad penal respecto del narcotráfico. Expidió el Decreto Ley N° 25916, el 28-11-1992, cuyo Artículo 1° establecía: “Manténgase en vigencia las prohibiciones de beneficios penitenciarios y procesales, incluido el establecido en el Artículo 137 del Código Procesal Penal, para los agentes de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, de Terrorismo y de Traición a la Patria, señaladas en las respectivas leyes de la materia”.

El 07-09-1993, se publica en El Peruano la Constitución de 1993 que nos rige y se ratifica por referéndum en octubre del mismo año. Tal como la de 1979 contiene una escueta fórmula terminológica y conceptual, su Artículo 118°, inciso 21, sobre lo que corresponde decidir al presidente en la materia que tratamos: “Conceder indultos y conmutar penas”, cuyo otorgamiento no esté reñido con el derecho objetivo, es decir, con las leyes en vigor, tales como las que prohíben conceder conmutaciones, ya que el presidente no es un ser arbitrario, monárquico, cuyas facultades constitucionales las debe concretar violando lo normado y establecido.

¡Todo acto presidencial debe ser lícito y ejemplar! ¡Una atribución, facultad o competencia constitucional no la ejercita el presidente violando leyes vigentes, dadas precisamente para que las cumpla y promulgadas por él mismo!

Los términos que usa son idénticos a la de 1979, por lo que la interpretación y aplicación que se ha venido dando a estos institutos tienen que ser las mismas. Nada ha cambiado de ambos conceptos. Ergo, donde se lee “conceder indultos” y “conmutar penas” hay que leerlos en concordancia con el resto del articulado de la propia Constitución, que manda al presidente (Art. 118, inciso 1) “cumplir la Constitución”, “cumplir las leyes” (por ejemplo, reitero, las que niegan el indulto y conmutaciones), “cumplir los tratados” (aquellos que obligan al Perú a reprimir el narcotráfico sin beneficios penitenciarios incondicionales), “cumplir las demás disposiciones” (como las que ordenan no dar trámite a indultos y conmutaciones que estén prohibidos por ley) y “cumplir los fallos judiciales”, tanto los de sede interna como los de fuero internacional (los que sancionan por crímenes de lesa humanidad sin posibilidad de amnistía, indulto o conmutación de pena).

Las normas legales posteriores sobre tráfico ilícito de drogas ya no tratan el cuestionado beneficio de las conmutaciones de penas infligidas por los jueces, como rebaja o disminución del monto de pena que pueda hacer el presidente del país.

La Ley 26320, de 02-06-1994; el Decreto Legislativo N° 824, de 24-04-1996; la Ley 27378, de 21-12-2000; y la Ley N° 27765 de 27-06-2002 y su modificatoria Ley N° 28355 de 4-10-2004, en verdad, se ocupan de temas diferentes , como beneficios penitenciarios por colaboración eficaz (Derecho Penal Premial), o simplemente de la redención de penas por trabajo o educación efectivos, semilibertad y liberación condicional, que son harto distantes de la concesión de conmutación de penas o de indulto como atribución presidencial.

La glosa de las normas jurídicas que anteceden, demuestra que Alan García montó en palacio una fábrica suya, un garito, donde se conmutaban las penas impuestas a los traficantes de drogas por los jueces, contra la literalidad de la norma constitucional y su sentido, violando leyes especiales (una que él mismo promulgó) e infringiendo convenios internacionales que obligan a Perú, a reprimir severamente el narcotráfico, en forma exactamente contraria a lo que hizo.

Cuando el Congreso, concluido el antejuicio de rigor, además de inhabilitarlo para la función pública hasta por 10 años, declare ha lugar la formación de causa penal, es decir, expida una resolución acusatoria de contenido penal (Artículo 100°, Constitución Política), el Fiscal de la Nación está constreñido a formalizar la denuncia penal (pese a su doblez) y el vocal supremo instructor a abrir el respectivo proceso penal contra Alan García Pérez, lo cual debe hacerse con el correlativo.

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García se llevó de encuentro a Manuel A. Odría, a Juan Velasco Alvarado, a Francisco Morales Bermúdez, a Fernando Belaunde Terry, a don Alberto Fujimori mismo, a su antecesor Alejandro Toledo y al actual presidente Humala. Los conmutados, contra la ley, por estos presidentes son infinitamente pocos que los que han recibido el beneplácito siniestro de Alan, ¿por qué será?

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Política

Vender la patria, la consigna del fujiaprismo

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

Tras el proceso de higiene política vivido por el país la semana pasada, el analista Carlos Monge dio una mirada al accionar del disuelto Congreso de la República y concluyó que el fujimorismo y el Apra representan la suma de “un montón de intereses específicos”. Consideró que algunos de esos intereses provienen de las economías ilegales, y estarían representados en ex congresistas vinculados a las cooperativas del Vraem – para muchos, lavanderías del narcotráfico – o en representantes de universidades “bambas”.

“Pero también hay personajes como Pedro Olaechea, que no representa a economías ilegales pero sí es representante directo de grandes grupos empresariales que tienen en la Confiep su aparato de representación gremial. Y en el ejercicio político, estos ex congresistas se han dedicado a defender puntualmente sus intereses”, afirmó.

Monge consignó como ejemplo el hecho de que varios de los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) hayan tenido vínculos con estudios de abogados que a su vez representan a empresas con litigios pendientes de resolver en el TC.

“Entonces, esas candidaturas no eran gratis, sino que se debían a intereses empresariales que querían tener presencia directa en el TC. Es importante entender el comportamiento de estas organizaciones políticas, pues los individuos que postulan a cargos importantes en el Estado no son accidentales, sino que van por intereses específicos”, indicó.

JUNTOS Y REVUELTOS

Respecto al presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, Monge advirtió que es un personaje que resume bien las cosas: “él es un empresario importante que representa parte de la economía formal, viene de una familia tradicional de Lima, tiene vínculos con estudios de abogados representantes de grupos empresariales y, para colocar a su primo hermano a defender esos intereses empresariales en el TC, no tiene reparo en juntarse con el sector del fujimorismo que proviene de la economía ilegal. Ahí se juntan y se apoyan mutuamente en esa defensa de intereses”.

Además, señaló que esa alianza entre empresarios formales y sectores mafiosos era muy claramente perceptible en la dirección de Fuerza Popular, que por un lado tenía como secretario general a José Chlimper, empresario agroexportador, dirigente de la Confiep y ahora miembro del Banco Central de Reserva (BCR); y por el otro como co secretario general a Joaquín Ramírez, vinculado a las universidades “bambas” e investigado por narcotráfico y lavado de activos. “Entonces ahí vemos cómo estos sectores formales y parte de la élite tradicional no les hace ningún asco a asociarse a estos sectores mafiosos para beneficiarse y defenderse mutuamente de los reclamos de la población y de la lucha contra la corrupción”, apuntó.

Keiko Fujimori - José Chlimper

EMPRESARIOS QUE VIVEN DEL ESTADO

Por otro lado, Monge advirtió que existe un doble discurso desde los sectores neoliberales: mientras acusan a la izquierda de ser estatista, olvidan que defienden a empresarios rentistas que basan su competitividad en prebendas que obtienen del Estado. “En algunos casos son exoneraciones tributarias, en otros devoluciones de impuestos, y en otros casos como el sector agroexportador, donde están Olaechea y Chlimper, con legislación que recorta derechos laborales a la mitad. Esa es otra forma de subsidiar al sector empresarial, legalizando la sobre explotación de la mano de obra”, aclaró.

En cuanto a los pronunciamientos de la Confiep favorables al fujimorismo, el analista político recordó que la presidenta de dicha entidad, María Isabel León, “era parte del cogollo de Keiko Fujimori, y por tanto no es una representación técnica, sino una representación gremial con claro contenido político”. “Por eso no sorprende que se hayan juntado con la cúpula fujimorista sin el menor pudor”, añadió.

También consideró que, si se hiciese una encuesta seria al interior de la Confiep, se vería un apoyo mayoritario a la disolución del Congreso. “Porque es lo mismo que el país, que en su inmensa mayoría apoya al presidente Vizcarra. No creo que el pronunciamiento de la cúpula de la Confiep aliada al fujimorismo represente realmente lo que piensa la mayoría del empresariado”, manifestó.

TAREA PENDIENTE

Finalmente, Monge recordó que el presidente Martín Vizcarra tiene ahora la facultad de gobernar mediante decretos de urgencia, y que “hay una gran oportunidad para seguir adelante con reformas que tengan que ver con la lucha contra la corrupción”. “Hasta ahora se ha avanzado con reformas judicial y política, algunas de ellas inconclusas o deformadas. Pero falta un paquete de reformas para impedir el funcionamiento de las puertas giratorias y para impedir la corrupción en las renegociaciones de los contratos de las concesiones dadas por el Estado”, señaló.

También sugirió que parte de la agenda tiene que incluir la revisión de la forma cómo funciona Proinversión, y que se debe evaluar la manera en que los ministerios revisan los contratos de obras públicas, además de revisarse el mecanismo de las “puertas giratorias”, mediante el cual los intereses privados logran capturar el Estado al colocar como funcionarios públicos a personal vinculado a intereses empresariales.

“Hay que empujar al presidente Vizcarra a que trabaje esta agenda mediante decretos, y estos temas deben ser parte de la campaña electoral para las próximas elecciones de enero, además de ser parte central de la agenda del nuevo Congreso. Recordemos que ya no existe la obstrucción de la alianza fujiaprista en el Parlamento, hay una cancha más libre y esta debe ser la tarea para llegar al 2021 con un país mucho mejor”, concluyó.

Uvas agricultura

NUNCA PENSARON EN EL PAÍS

Para el economista Javier Mujica, personajes como Pedro Olaechea o Mercedes Araoz pretendían quedarse eternamente en el Congreso solo para defender sus intereses económicos y empresariales. En ese sentido, exhortó al presidente Martín Vizcarra a no promulgar la ley que prolonga por diez años más, hasta el 2031, el denominado Régimen de Promoción de la Agroindustria.

“Este Régimen de Promoción Agraria consiste en que pagan menos impuestos que el resto, y contribuyen menos a la seguridad social en salud; en este aspecto, hay que señalar que antes aportaban el 4% y ahora será el 6%, mientras el resto de los mortales paga 9%”, señaló.

Además, indicó que “pagan solo el 15% de los impuestos, cuando el resto de las empresas pagan 29,5%; todo esto va sus bolsillos, es un subsidio del Estado, del Estado que está regalando esa plata, Por ello es importante decirle al presidente Vizcarra que no promulgue la ley”.

GRANDES GANANCIAS

Mujica destacó que no es casual que Pedro Olaechea haya puesto a debate en el Pleno del Congreso la aprobación de una ley que lo beneficia, pues su familia produce vinos y piscos en el sur del país. En cuanto a José Chlimper, recordó que él fue quien planteó originalmente la ley, cuando era ministro de Agricultura en el 2000, en pleno régimen del presidente Alberto Fujimori.

Acerca de Mercedes Aráoz, recordó que fue una férrea opositora a las leyes antielusión, además buscar favorecer con reducciones y exoneraciones tributarias a empresas mineras, petroleras e incluso a la banca.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Disolver el plan de gobierno de la CONFIEP

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Protestas marchas

La crisis política generada por la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo es una crisis entre fuerzas de la derecha, defensoras del régimen neoliberal intensificadoa sangre y fuego desde los años 90 en el Perú y que se centra en la profundización de la política económica neoliberal, la reforma laboral antisindical, el modelo extractivista que depreda el medio ambiente y el discurso religioso conservador que predica el odio.

Disuelto el Congreso y convocadas las nuevas elecciones parlamentarias, debemos decir que todos los corruptos no se han ido.Algunos continúan aferrados a su inmunidad parlamentaria y otros a la protección de otros poderes del Estado.En ese sentido nos mantenemos en la consigna “Que se vayan todos, los corruptos y explotadores”.

No olvidemos que el actual gobierno tiene una escopeta de dos cañones: en sus discursos se enfrenta a la mafia fujimorista pero en sus acciones detiene y encarcela a dirigentes sindicales, siguiendo el plan de gobierno de la CONFIEP.

La luz verde al proyecto minero Tía María, de la SouthernCopperCorporation, es parte del afianzamiento del modelo extractivista que promueven las grandes corporaciones extranjeras. Afortunadamente, la lucha organizada del pueblo ha logrado que el gobierno retroceda en este tema, no obstante, queda pendiente la cancelación definitiva a dicho proyecto y otros.

Ahora que se sabe que el Congreso disuelto no envió la autógrafa de ley de la ampliación de la Ley de Promoción Agraria, que afectaría a los trabajadores del campo y favorecería a las agroexportadoras que llevan casi 20 años enriqueciéndose con sus “beneficios”, es la oportunidad del Gobierno de abstenerse de promulgarla y dar señales de un verdadero punto de quiebre.

Nuestra lucha, sin embargo, continúa. Por ello, tras la disolución del Congreso, el siguiente paso es la derogatoria del D.S. 345-2018 y el D.S. 237-2019 referidos a la política de competitividad y productividad. De igual manera, debe procederse a dejar sin efecto el D.S. 214 que pretende privatizar Sedapal y las empresas públicas, afectando a millones de peruanos.Disolvamos las leyes de la CONFIEP, que tanto daño hace al país.

Y, por último, para acabar definitivamente con las nefastas consecuencias de este modelo, sobre los trabajadores y sus familias, debemos avanzar en la construcción de una alternativa social, sostenible y democrática, del pueblo y para el pueblo, que permita devolver a la clase trabajadora sus derechos eliminados por los corruptos y explotadores.

 

GERÓNIMO LÓPEZ

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Política

Señor Presidente: los conflictos no esperan

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Señor Presidente: los conflictos no esperan

Qué duda cabe, que después de este telúrico momento político, el escenario va quedando cada vez más claro, Vizcarra se consolida legítimamente como Presidente Constitucional del Perú tras una disolución del Congreso, que todo indica, no tiene marcha atrás.

La comunidad internacional no ha cuestionado la trascendental decisión del Presidente, las fuerzas armadas y policiales lo respaldan, los gobiernos regionales y provinciales han hecho lo propio, y las movilizaciones populares dan cuenta de que tiene el apoyo de la ciudadanía.

Hoy nombró al nuevo gabinete ministerial y parece que la maquinaria empieza nuevamente a andar pese a una renuente Comisión Permanente que seguramente aún intentará “manotazos de ahogado” antes de resignarse a cumplir con su labor.

Esta crisis parece relajarse, y más allá de la adrenalina experimentada, necesitamos volver a los reales problemas que el Perú confronta desde hace mucho tiempo, sobre todo aquellos que se ubican al interior del país y están relacionados a complicados conflictos cuya solución ha quedado en stand by mientras ocurría la crisis con el parlamento. El tema es que estos conflictos no solo subsisten sino que se profundizan cada día que no reciben atención o respuesta.

Veamos, el Valle del Tambo ya lleva casi 80 días ininterrumpidos en pie de lucha contra el proyecto Tía María, sin ninguna respuesta clara del gobierno que por el contrario, se ha manifestado oscilante y ambiguo frente a esta disputa entre minera y población.

Las Bambas, es otro de los conflictos emblemáticos, aún pendientes de solución; si bien a inicios de este año con el Premier Del Solar se comenzó una etapa de diálogo, la misma parece haberse quedado trunca, varias de las sub mesas no han llegado a acuerdos concretos y la población durante estos días ha vuelto a tomar las carreteras como medida de protesta y desesperación ante el desinterés del gobierno y la empresa por solucionar las demandas.

Desde el pasado 7 de setiembre varios pobladores del distrito de Mara, provincia de Cotabambas, bloquearon el Corredor Minero del Sur, y pese a que el personal policial intervino para despejar la zona, ocurriendo varios enfrentamientos que han dejado incluso heridos, aún estas medidas de fuerza se mantienen hasta en tres puntos de dicho corredor.

La inestabilidad política impacta en estos procesos, la Ministra Paola Bustamante, quien hasta el momento lideraba el diálogo en este tema, ha cesado en sus funciones durante la crisis, quedando en la incertidumbre el desarrollo y avance de estas negociaciones. Por otro lado, la ratificación del Ministro Carlos Moran en la cartera del Interior, alguien que siempre ha apostado por la política de “mano dura” y represión en los conflictos, parece ser un síntoma de cómo se tiende a procesar estos asuntos en el periodo que inician.

El nuevo premier Vicente Zevallos, como un mensaje de tranquilidad no a la población, sino a la clase empresarial, ha reafirmado que la política económica “se mantendrá”, con lo cual queda claro que la promoción de la inversión privada va a seguir siendo la prioridad de este gobierno.

Sin embargo no extraña esta postura si tomamos en cuenta que desde hace varios meses se observa una fuerte tendencia a seguir favoreciendo los intereses empresariales; recordemos que en julio de este año, de manera intempestiva se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que no es sino la receta de la CONFIEP para promover inversiones, y que implica fuertes medidas contra los derechos laborales y la apertura a mayores privatizaciones.

En fin Señor Presidente, Ud. efectivamente tiene ganada la batalla política del momento, pero ahora le toca confrontar otra batalla, esta vez con la propia población, ésta que le ha dado su respaldo para afianzarse legítimamente en el poder, pero que no está dispuesta a ceder en sus derechos frente a los intereses de la clase empresarial que también intenta tomar por asalto este país.

 

MIRTHA VASQUEZ
Abogada de Aprodeh y Grufides | NOTICIAS SER

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