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Tía María no va más

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En abril del 2011 el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) del Gobierno de Alan García rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Minero Tía María presentado por la empresa minera Southern después que la UNOPS de Naciones Unidas le hiciese cientos del observaciones y que el Gobierno Regional de Arequipa pidiese que no se siga impulsando un proyecto que carecía de licencia social, todo en medio de masivas protestas locales.

El año pasado la Southern logró la aprobación de un nuevo EIA que no levanta las observaciones al que fuese rechazado el 2011, y anuncio hace poco tiempo que ya tenía las autorizaciones para arrancar las obras. La población y las autoridades locales convocaron a una huelga general para la semana pasada, mientras que el gobierno combinó una muy fuerte represión con el llamado a instalar una Mesa de Desarrollo sin participación de la Southern.

Es en plena huelga, que un vocero de la Southern anuncia que se retiran por la oposición de los terroristas y violentistas anti mineros y por la falta de apoyo del gobierno central. Inmediatamente la Ministra de Energía y Minas llama a Estados Unidos al Presidente de la Southern y logra que este declare y envíe una carta desautorizando a su vocero local y diciendo que siguen haciendo esfuerzos para sacar el proyecto adelante.

No queda claro qué es lo que pasó en Southern. Voces cercanas a la empresa dicen que se trató de un anuncio autentico pero que -ante el ruego de la Ministra- la empresa accedió a decir que seguirá tratando, aunque en verdad ya dan el proyecto por muerto.

Lo que más llama la atención el rol de la Ministra de Energía y Minas: una empresa extranjera llama terroristas y violentistas a un alcalde provincial, tres alcaldes distritales y los líderes de organizaciones legítimas como las Juntas de Usuarios y del Frente de Defensa, y la Ministra corre a rogarle al dueño de la empresa no para que retire los insultos a autoridades electas y líderes legítimos, sino para que por favor no se vaya.

En todo caso, después de una represión injustificada que ha dejado alrededor de una veintena de heridos y de la campaña de insultos desde la empresa, el gobierno central y los medios masivos de comunicación contra las organizaciones sociales y las autoridades municipales distritales y provinciales de Islay y de, la verdad es que el proyecto minero Tía María está más muerto que nunca y que la Mesa de Desarrollo no tiene ahora ningún sentido.

El único camino para iniciar a restañar las heridas es que Southern desista y devuelva a concesión. Y de ahí, que el pueblo de Islay, los gobiernos locales y el regional dialoguen y concerten sobre sus propias opciones de vida.

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Política

Fujiaprismo protege a Chávarry y cuellos blancos

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Pedro Gonzalo Chávarry

Aunque es un avance la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de proceder con investigar cuatro de las seis acusaciones presentadas contra Pedro Chávarry extitular del Ministerio Público, Gino Costa, legislador de la bancada Liberal, cuestionó que se omita investigar a los exintegrantes del CNM y a fiscales supremos que pertenecerían a la organización criminal Los cuellos blancos del puerto.

Gino Costa dijo que saluda que se haya decidido investigar a Chávarry por pertenecer a una organización criminal, por obstrucción a la justicia, “eso está muy bien y es un avance pero no se le va a poder investigar por el plagio de su tesis de maestría, tampoco por la ratificación irregular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en julio del 2018, semanas antes de ser elegido Fiscal de la Nación”.

Señaló que tampoco serán investigados junto con él, como lo había solicitado el procurador anticorrupción, los exmiembros del CNM y los fiscales y jueces supremos que serían parte de Los cuellos blancos.

“El procurador anticorrupción ha hecho dos denuncias, colocando a Chávarry en las dos pero también agregando a los otros miembros de Los cuellos blancos”, destacó.

NO TIENE SENTIDO

Asimismo, resaltó que “la investigación contra Chávarry por pertenecer a una organización criminal tienen sentido cuando se investiga a otros miembros del grupo delictivo, pero no cuando al único otro al que se le puede investigar, César Hinostroza, fugó a España”.

Afirmó que esto limita la investigación porque él (Chávarry) es parte de una organización criminal que la integran los exmiembros del CNM que no pueden ser investigados,

Aseguró que lo mismo ocurre con los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez; y a los magistrados supremos que son sospechosos de ser parte de Los cuellos blancos, tampoco se les investigará.

“Por eso Fuerza Popular y el Apra siguen blindando a los hermanitos y a Los cuellos blancos.Espero que en los próximos días la Comisión Permanente corrija estas decisiones equivocadas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, agregó.

CUATRO DENUNCIAS APROBADAS

Dicha disposición fue acordada por unanimidad luego de concluir el debate de las seis denuncias presentadas a la fecha contra Chávarry, de las cuales cuatro fueron declaradas procedentes.

La subcomisión sugirió el archivo de la denuncia constitucional N° 239 presentada en agosto de 2018 por el congresista Gino Costa por el presunto plagio de la tesis de la maestría de Chávarry e irregularidades en su ratificación como fiscal supremo.

Asimismo, declaró procedente la denuncia N° 248 interpuesta por la legisladora Gloria Montenegro por la vinculación del extitular del Ministerio Público con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.

Igualmente, la N° 270 que presentó el procurador anticorrupción, Amado Enco, excluyendo no obstante a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La denuncia N° 262, también presentada por Enco, quedó irresuelta debido a que hubo más abstenciones que votos a favor (cinco frente a cuatro). Esta será sometida a otra votación en una nueva sesión de la subcomisión.

También tuvo el visto bueno de la subcomisión la denuncia N°285 de la congresista Marisa Glave por el procedimiento de separación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

Además, se aprobó la denuncia N° 288, de Gino Costa, presentada por los presuntos delitos de encubrimiento personal y real.

NIEGA BLINDAJE

César Segura, congresista de Fuerza Popular y presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, negó que haya “blindaje” a favor de Pedro Chávarry, luego de que dicho grupo de trabajo admitiera cuatro de las seis denuncias contra el exfiscal de la Nación.

“Entendamos que no puede haber blindaje si se está investigando y hay que respetar las votaciones, nos guste o no son las que se han dado”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Según dijo, el concepto de “blindaje” “está mal dado” y no se puede hablar de ello hasta por una votación.

“Blindaje es no investigar, pero la subcomisión está investigando”, destacó el parlamentario.

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Política

No ha salido del país

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Migraciones

Según informó la Superintendencia Nacional de Migraciones, Pedro Chávarry, fiscal supremo y exfiscal de la Nación, no ha abandonado el país. Al menos no oficialmente. El informe indica que la última vez que dejó el territorio nacional fue el 9 de diciembre de 2018 con dirección a Colombia y volvió el 11 del mismo mes.

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Política

Solicita reorganizar comisiones en el Congreso

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Maritza García

La bancada de Cambio 21 remitió un oficio al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para solicitarle la “urgente reestructuración” de las comisiones al interior del Parlamento, luego de que este autorizara la inscripción de nuevas bancadas.

En el documento, suscrito por el vocero del grupo parlamentario, Lucio Ávila, se señala que es urgente la reestructuración de la composición del Consejo Directivo, Comisión Permanente, Comisiones Ordinarias, Comisiones Investigadoras y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de garantizar el pleno ejercicio funcional y representativo de las nuevas bancadas.

Al respecto, la legisladora Maritza García (Cambio 21) expresó su confianza en que la reestructuración se concrete este mes para retomar la legislatura en marzo con una nueva composición de fuerzas en el Parlamento.

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