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Tempestad en las alturas

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Odebrecht no es un rayo en cielo sereno. Odebrecht golpea al Perú cuando ya existía la crisis en las alturas. Lo que sí ha hecho Odebrecht es destapar y atizar la crisis a tal nivel que hoy tenemos en prisión a un José Alejandro Graña Miró Quesada, un empresario de las grandes familias limeñas. Pero ¿cómo llegamos aquí?

Si bien es cierto, estos niveles de crisis no serían posibles sin Odebrecht, tampoco serían posibles sin el resultado último de las elecciones del 2016, que arrojaron, entre otras cosas, una repotenciada fuerza fujimorista, y un gobierno muy débil. Sin embargo, detrás de estos procesos esconden otros más profundos.

Pues tanto Odebrecht, como las elecciones del 2016, se inscriben también en una disputa económica de poder. Ahí está el enfrentamiento entre Estados Unidos y Brasil, para el caso Odebrecht; pero ahí también está la disputa en el mismo seno de la burguesía peruana, a propósito de las elecciones del 2016. Tratemos de vincular ambas dimensiones.

UNA RENOVADA CONTRADICCIÓN
El caso Odebrecht llega al Perú cuando la crisis en las alturas ya venía asomando: ahí está Ecoteva, BTR, Narco Indultos, Joaquín Ramírez, Agendas de Nadine, Chincheros, y muchos casos más de corrupción.

Profundicemos, esta crisis se encuentra atravesada -entre otras cosas- por una particular contradicción en el seno de la burguesía nacional. Una burguesía que entró en recomposición luego de la curiosa revolución de Velasco, dejando a dos grandes sectores: emergentes y tradicionales.

Al respecto es muy recomendable leer a Francisco Durand, en especial el libro Los doce apóstoles de la economía peruana, donde nos indica que los famosos 12 apóstoles limeños de los 80s ahora son más bien 6 limeños y 6 provincianos.

O sea, por un lado, tenemos a una burguesía tradicional, blanca, de orígenes oligárquicos, capitalina, pero también, por otro lado, tenemos a una burguesía emergente, indo-mestiza, de orígenes campesinos, provinciana. Pero ¿qué vinculación tiene esto con la política?

Todo esto pesa en política –y en toda la sociedad-, pues mientras unos no poseen mayores vínculos con los sectores populares, otros, tienen vínculos hasta familiares. Por ejemplo, los burgueses emergentes pueden hacer pesar –en elecciones, en conflictos, y más- sus redes populares a lo largo de su extensísima cadena de producción, por decir algo inicial y pendiente de mayor exploración.

Precisamente por ello, podríamos decir, a grandes rasgos, que unos estuvieron detrás del proyecto de Humala, mientras otros lo están –o estuvieron– con PPK, por colocar algunos ejemplos. Eso sí, los emergentes se encontrarían de manera casi hegemónica en los tantos poderes políticos regionales. Un estudio con mayor rigor y seriedad es necesario.

Necesario, porque esta particular disputa en el seno de la burguesía nacional viene moldeando la historia reciente del país. Claro, siempre con una burguesía emergente luchando por acceder más al poder –el central en particular–, pero con una burguesía tradicional siempre dueña del poder central – hegemónico, elitista y con fuertes reminiscencias oligárquicas.

PELEA DE BLANCOS
Entendiéndolo así, en el marco de los casos de corrupción, ahora se podría comprender cómo el poder tradicional hizo rodar algunas cabezas en el coliseo popular: ahí estaban los más de 10 pequeños caciques locales, todos poderes emergentes implicados en corrupción.

Hasta ahí, el poder tradicional avanzaba no solo capeando la crisis, sino también continuando con su plan: recuperar el espacio perdido. Por eso, a la par que rodaban las cabezas emergentes, inclusive la misma cabeza de Toledo, los García y los Fujimori no caían.

Sin embargo, estalló Odebrecht a inicios de año, señalando a García y Fujimori, pero también a Kuczynski. Y comenzó realmente lo que en el pueblo se conoce como una “pelea de blancos”. El poder tradicional tuvo que hacer rodar las cabezas de los Humala – Heredia, controlando la situación, continuando con el plan.

Pero habló Marcelo Odebrecht -y luego Barata-, y la crisis se ha elevado a niveles casi incontrolables. Ahora, el mismo poder tradicional está en cuestión, con Kuczynski implicado, con varios de sus empresarios presos. Con la endeble alianza con el fujimorismo cediendo nuevamente. ¿Acaso el plan entró también en cuestión?

El plan de los poderes tradicionales, clásicamente pertenecientes y/o vinculados a la burguesía tradicional, es lograr recuperar los espacios perdidos durante los últimos años. Sin embargo, no cuentan con sus otrora gamonales para controlar el “interior” del país.

Es más, los poderes locales de antaño han sido reemplazados por los poderes de la burguesía emergente. Y en medio de la casi nula fiscalización y control central del “interior”, cunde el negociado y la corrupción; prima la violenta acumulación de capital, informal e ilegal. Claro, hay matices.

El Perú cambió; Kuczynski, su presidente, su azarosa llegada al poder, representando a los poderes tradicionales del país, y la actual crisis, no evidencia más que la profunda crisis que debe de estar pasando el poder hegemónico en estos momentos.

Tal crisis estaría empujando al mismo fujimorismo –una expresión de los poderes emergentes- a acelerar sus propios planes. Por ello, la tentación del adelanto de elecciones, atizada por el contundente golpe llamado Odebrecht. Adelanto de elecciones que también ronda en otras cabezas. Sí, el plan de los poderosos parece estar en crisis. Continuaremos desarrollando estas ideas en la siguiente columna.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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