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Tempestad en las alturas

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Odebrecht no es un rayo en cielo sereno. Odebrecht golpea al Perú cuando ya existía la crisis en las alturas. Lo que sí ha hecho Odebrecht es destapar y atizar la crisis a tal nivel que hoy tenemos en prisión a un José Alejandro Graña Miró Quesada, un empresario de las grandes familias limeñas. Pero ¿cómo llegamos aquí?

Si bien es cierto, estos niveles de crisis no serían posibles sin Odebrecht, tampoco serían posibles sin el resultado último de las elecciones del 2016, que arrojaron, entre otras cosas, una repotenciada fuerza fujimorista, y un gobierno muy débil. Sin embargo, detrás de estos procesos esconden otros más profundos.

Pues tanto Odebrecht, como las elecciones del 2016, se inscriben también en una disputa económica de poder. Ahí está el enfrentamiento entre Estados Unidos y Brasil, para el caso Odebrecht; pero ahí también está la disputa en el mismo seno de la burguesía peruana, a propósito de las elecciones del 2016. Tratemos de vincular ambas dimensiones.

UNA RENOVADA CONTRADICCIÓN
El caso Odebrecht llega al Perú cuando la crisis en las alturas ya venía asomando: ahí está Ecoteva, BTR, Narco Indultos, Joaquín Ramírez, Agendas de Nadine, Chincheros, y muchos casos más de corrupción.

Profundicemos, esta crisis se encuentra atravesada -entre otras cosas- por una particular contradicción en el seno de la burguesía nacional. Una burguesía que entró en recomposición luego de la curiosa revolución de Velasco, dejando a dos grandes sectores: emergentes y tradicionales.

Al respecto es muy recomendable leer a Francisco Durand, en especial el libro Los doce apóstoles de la economía peruana, donde nos indica que los famosos 12 apóstoles limeños de los 80s ahora son más bien 6 limeños y 6 provincianos.

O sea, por un lado, tenemos a una burguesía tradicional, blanca, de orígenes oligárquicos, capitalina, pero también, por otro lado, tenemos a una burguesía emergente, indo-mestiza, de orígenes campesinos, provinciana. Pero ¿qué vinculación tiene esto con la política?

Todo esto pesa en política –y en toda la sociedad-, pues mientras unos no poseen mayores vínculos con los sectores populares, otros, tienen vínculos hasta familiares. Por ejemplo, los burgueses emergentes pueden hacer pesar –en elecciones, en conflictos, y más- sus redes populares a lo largo de su extensísima cadena de producción, por decir algo inicial y pendiente de mayor exploración.

Precisamente por ello, podríamos decir, a grandes rasgos, que unos estuvieron detrás del proyecto de Humala, mientras otros lo están –o estuvieron– con PPK, por colocar algunos ejemplos. Eso sí, los emergentes se encontrarían de manera casi hegemónica en los tantos poderes políticos regionales. Un estudio con mayor rigor y seriedad es necesario.

Necesario, porque esta particular disputa en el seno de la burguesía nacional viene moldeando la historia reciente del país. Claro, siempre con una burguesía emergente luchando por acceder más al poder –el central en particular–, pero con una burguesía tradicional siempre dueña del poder central – hegemónico, elitista y con fuertes reminiscencias oligárquicas.

PELEA DE BLANCOS
Entendiéndolo así, en el marco de los casos de corrupción, ahora se podría comprender cómo el poder tradicional hizo rodar algunas cabezas en el coliseo popular: ahí estaban los más de 10 pequeños caciques locales, todos poderes emergentes implicados en corrupción.

Hasta ahí, el poder tradicional avanzaba no solo capeando la crisis, sino también continuando con su plan: recuperar el espacio perdido. Por eso, a la par que rodaban las cabezas emergentes, inclusive la misma cabeza de Toledo, los García y los Fujimori no caían.

Sin embargo, estalló Odebrecht a inicios de año, señalando a García y Fujimori, pero también a Kuczynski. Y comenzó realmente lo que en el pueblo se conoce como una “pelea de blancos”. El poder tradicional tuvo que hacer rodar las cabezas de los Humala – Heredia, controlando la situación, continuando con el plan.

Pero habló Marcelo Odebrecht -y luego Barata-, y la crisis se ha elevado a niveles casi incontrolables. Ahora, el mismo poder tradicional está en cuestión, con Kuczynski implicado, con varios de sus empresarios presos. Con la endeble alianza con el fujimorismo cediendo nuevamente. ¿Acaso el plan entró también en cuestión?

El plan de los poderes tradicionales, clásicamente pertenecientes y/o vinculados a la burguesía tradicional, es lograr recuperar los espacios perdidos durante los últimos años. Sin embargo, no cuentan con sus otrora gamonales para controlar el “interior” del país.

Es más, los poderes locales de antaño han sido reemplazados por los poderes de la burguesía emergente. Y en medio de la casi nula fiscalización y control central del “interior”, cunde el negociado y la corrupción; prima la violenta acumulación de capital, informal e ilegal. Claro, hay matices.

El Perú cambió; Kuczynski, su presidente, su azarosa llegada al poder, representando a los poderes tradicionales del país, y la actual crisis, no evidencia más que la profunda crisis que debe de estar pasando el poder hegemónico en estos momentos.

Tal crisis estaría empujando al mismo fujimorismo –una expresión de los poderes emergentes- a acelerar sus propios planes. Por ello, la tentación del adelanto de elecciones, atizada por el contundente golpe llamado Odebrecht. Adelanto de elecciones que también ronda en otras cabezas. Sí, el plan de los poderosos parece estar en crisis. Continuaremos desarrollando estas ideas en la siguiente columna.

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Mundo

Iván Duque o Gustavo Petro: Colombia define hoy a su nuevo presidente

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Elecciones en Colombia 2018

Más 37 millones de colombianos acudirán hoy a las urnas para elegir en segunda vuelta a su próximo presidente entre Iván Duque, de la derechista Centro Democrático, y Gustavo Petro, de Colombia Humana y representante de la izquierda. (más…)

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Política

Fujimori debe volver a la Diroes

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

En entrevista con el Diario UNO, el jurista Carlos Rivera, quien es abogado de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, señaló que esperaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), anule el indulto al dictador Alberto Fujimori. Pero, al reenviar el caso a la justicia nacional, ellos continuarán su lucha hasta encontrar justicia y reparación.

“Sí, en realidad el conjunto de acciones que hemos venido realizando y la esperanza que teníamos en la sentencia de la Corte IDH era eso. De que declare nulo el indulto y que Fujimori cumpla la condena que le corresponde (en la Diroes)”, manifestó Rivera. “Sin embargo, la decisión de la Corte IDH indica que la justicia peruana declare la nulidad del indulto”, agregó.

El jurista refirió que ahora tienen que enfrentar una acción en el sistema judicial penal con todos los problemas que el Poder Judicial tiene en este momento. Dijo que los familiares seguirán en busca de justicia como lo hacen desde 1991.

RESOLUCIÓN CONTRADICTORIA

Precisó que les ha sorprendido la resolución porque es un tanto contradictoria, parece escrita sobre una línea argumentativa de fundamentos que van desarrollando de manera impecable, en cuanto a contradecir y cuestionar el otorgamiento de indulto para casos de violación de derechos humanos. “Pero por otro lado, toman la decisión de reenviar el caso al fuero interno, eso nos ha sorprendido. No era la resolución que esperábamos porque habíamos logrado exponer los argumentos políticos, jurídicos, jurisprudenciales y los doctrinarios del derecho internacional”, añadió.

FUERO INTERNO

Ante esto, el jurista indicó que mediante la resolución de la Corte IDH, no es posible conocer por qué no declaró inválido el indulto. “Lo único que uno puede observar es que la Corte IDH señaló que había antecedentes en los casos Jaililie y Crousillat, para el fuero interno, el constitucional, que evaluará la legalidad del indulto. Y la resolución emitida por la Sala Penal Nacional en el caso Pativilca, por la cual se decidió inaplicar el derecho de gracia que fue concedido en la misma fecha que el indulto”, destacó.

Familiares de víctimas de matanza en gobierno de Alberto Fujimori

Mañana tomarán la decisión legal después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

SÍ CUESTIONA EL INDULTO

Rivera afirmó que “justamente el hecho de que en la resolución la Corte IDH asumió nuestros argumentos, es decir, han asumido una línea no solo de cuestionamiento sino casi de repudio al indulto como medida posible de otorgar a quienes están condenados por graves violaciones de los derechos humanos”.

Comentó que solo le faltó a la decisión, concluir que el indulto era una opción inaplicable y por lo tanto el Estado peruano debería anular. Aunque esta resolución no está convalidando el indulto, más bien lo cuestiona y repudia porque esta instancia supranacional no encuentra ningún argumento para sostenerlo como medida factible de imponer a un condenado por delitos de lesa humanidad.

CAMINOS A SEGUIR

El camino que la Corte IDH plantea es que debe haber un control jurisdiccional, eso significa que la defensa de los familiares de las víctimas puede optar por una vía constitucional a través de la presentación de una acción de amparo o una vía penal mediante un pedido de control de convencionalidad, que lo tendrían que hacer en el propio vocal supremo de instrucción que está a cargo del caso Fujimori.

“Una acción de amparo se presenta al Poder Judicial, si es que se pierde en 1ra y en 2da instancia, recién se va al Tribunal Constitucional. Un amparo en el Perú dura mucho tiempo, por lo menos un año. Lo de la Sala Penal probablemente dure menos tiempo. Esa decisión la vamos a tomar el día lunes”, señaló Rivera.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

ONPE bajo la lupa de la Fiscalía

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Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

El presunto favoritismo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la inscripción del partido Podemos Perú, del cuestionado José Luna,  viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Las indagaciones las estaría haciendo fiscal Carlos Nivin, quien abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de patrocinio ilegal, decisión que tomó después de las denuncias periodísticas.

El titular del 1° despacho de la Segunda Fiscalía de Corrupción de Funcionarios dispuso la apertura de la investigación el pasado 1 de junio.

La exasesora legal de la ONPE, Susana Guerrero, denunció un presunto trato preferente para el partido político del excongresista José Luna durante el proceso de inscripción. Tras realizar la denuncia, la ONPE decidió cesar a la funcionaria.

En tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, quien declaró que no teme a las investigaciones y que va a colaborar.

Para el consejero Iván Noguera, la investigación podría ser más rápida y expeditiva de lo que hasta hoy ha sido.

El presidente del CNM, Orlando Velásquez, explicó que la investigación preliminar está en manos de la Comisión de Procesos Disciplinarios y que se emitiría un informe en 15 días, a favor de iniciar el proceso disciplinario o archivar el caso.

ALGO MÁS

El Consejo Nacional de la Magistratura recién se estaría pronunciando en julio sobre el sonado caso de ONPE. Castillo permanecería en el cargo hasta después de las elecciones regionales y municipales.

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