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SPCC una huelga justa que se agudiza

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Pierde el país, la empresa, la región y los trabajadores
Una huelga general indefinida que tiende a agudizarse sacude el sur del país, por la importancia que tiene la cuprífera Southern Perú Copper Corporation (SPCC) en la producción del metal rojo, donde a pesar de haber sido desplazada por Mra. Antamina, y Mra. Cerro Verde, se mantiene entre las principales líderes en cobre, con una producción que promedia las 310 mil toneladas anuales con costos de producción todavía competitivos a nivel internacional, a pesar de la antigüedad de sus operaciones.

La unidad de Toquepala (Tacna) data de la década de los sesenta y Cuajone (Moquegua) de mediados de la década de los setenta del siglo pasado. La fundición de Ilo que fue una unidad de Minero Perú en el modelo estatista de Velasco Alvarado, fue adquirida en la privatización a precio de remate que hizo el fujimorismo.

Además de la producción de cobre SPCC también procesa significativos volúmenes de molibdeno, plata, oro y ácido sulfúrico, los cuales valorizados a precios de mercado, financiarían gran parte de los gastos de personal, que se ubican en promedio sobre los 227 millones de dólares en los últimos cinco años. Por tanto, la rentabilidad por la producción de cobre es elevada.

Debe tenerse presente que en los primeros años de la década del 2000 con precios de US $ 0.70 la libra, las operaciones de SPCC todavía eran rentables para el Grupo México que tiene como mayor accionista a la familia Larrea; grupo que se vio forzado a cerrar la producción de sus unidades en USA y México mismo por los precios deprimidos, lo cual refuerza la rentabilidad de SPCC con precios promedio de US $ 2.69 la libra en lo que va del período enero/setiembre del 2017, tal como se puede observar en el cuadro respectivo.

Si bien los precios no están a la altura de los años de bonanza por encima de los US $ 3.40 la libra, tampoco se puede decir que no se cubren los costos, y están obteniendo pérdidas. Con precios de US $ 2.69 están generando utilidades operativas del orden de US $ 490 millones al tercer trimestre 2017, cuando en todo el año 2016 éstas fueron de US $ 406 millones. Por tanto, si la rentabilidad ha mejorado existirían recursos para resolver los conflictos salvo la terquedad empresarial.

LA INTEGRACIÓN CUPRÍFERA
Esta es una de las ventajas económicas de esta empresa minera, la integración de sus operaciones, a ello debiera agregarse el puerto propio para la exportación, lo cual hace del Grupo México la tercera empresa privada más importante a nivel mundial en lo referente a la producción cuprífera.

En cambio la producción de las otras empresas cupríferas se exporta como concentrado, y el Estado peruano deja de percibir millones de dólares, por los derivados no declarados en plata, cobre más otros metales raros. Esta realidad se agrava con la paralización del complejo minero metalúrgico de La Oroya desde el 2010 a la fecha, con lo cual el Estado peruano ha dejado de percibir millonarios montos.

A diferencia de las demás empresas cupríferas, como Antamina, Cerro Verde, Tintaya/Antapaccay, Chinalco, Constancia, Las Bambas, las operaciones de SPCC tienen un carácter integrado, lo cual le otorga un mayor valor al metal rojo producido, pues el concentrado se transforma internamente en cobre fino, en alambrón y cátodos de cobre con el 99.9 % de pureza, que tienen un mayor valor en el mercado mundial.

En tal sentido, la agudización de la huelga que incorpora a la familia minera en Ilo, Moquegua y Tacna tiene consecuencias que afectan los ingresos por venta de la propia empresa, los ingresos regionales vía canon y regalías mineras, la cadena de pagos de proveedores y a los propios ingresos de los trabajadores (salarios y participación de utilidades) que mayoritariamente se gastan en las regiones donde operan las distintas unidades de SPCC.

TODOS PIERDEN
Siempre he destacado que los mejores índices de desarrollo que tienen los departamentos de Tacna y Moquegua se deben a los gastos salariales en la región tanto por las remuneraciones como por la participación de utilidades que les corresponde a los trabajadores. A ello debiera sumarse los efectos del gasto de los ingresos mineros como el canon y regalías que lamentablemente no se han invertido en obras de impacto regional para solucionar uno de los graves problemas como la dotación de agua limpia y segura.

En tal medida con una medida justa pero extrema como la paralización de labores por más de dos semanas con una creciente cantidad de trabajadores involucrados pierden todos. En primer término, la empresa pues se afecta la producción diaria por más planes de contingencia que tengan, dado que el personal calificado de SPCC es insustituible a nivel de obreros y empleados.

En segundo lugar pierden el gobierno central, y los gobiernos regionales y locales por las menores percepciones por concepto de impuesto a la renta, canon y regalías mineras respectivamente, más el gravamen minero por los días de huelga equivalentes en ingresos y utilidades.

Por último, los trabajadores en su conjunto también pierden por más justa que sea su plataforma. Ir a la huelga indefinida por un adelanto del 30 % de utilidades por el ejercicio 2017, reposición de trabajadores despedidos, mejoramiento de los servicios hospitalarios, y reincorporación de empleados cesados por incapacidad, tenía un carácter negociable.

De tal forma, no tiene sentido que la huelga haya sido declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, amenazando con más despidos, cuando la población trabajadora agudiza su protesta con un efecto multiplicador.

Si todos pierden por qué no se ha dado solución a este conflicto que tendrá efectos colaterales en otras empresas mineras, donde los trabajadores también están disconformes con la forma de liquidación en la participación de las utilidades.

Principales indicadores económicos

UN ESTIMADO
Si al tercer semestre del 2017 la empresa obtuvo ingresos de US $ 1,609 millones de dólares, generando utilidades operativas del orden de US $ 490 millones, lo cual significa que expresados en días calendarios (Enero/Setiembre) la empresa está dejando de percibir un ingreso diario de US $ 5.3 millones de dólares y dejando de ganar como utilidad operativa US $ 1.6 millones.

Resulta evidente por la importancia de las cifras que están en juego que la empresa sí estaría en capacidad de satisfacer el pedido de los trabajadores que no es nada de otro mundo: un adelanto de las utilidades correspondiente al 8 % de la utilidad imponible sujeta a una serie de deducciones y beneficios tributarios. Este es un adelanto a cuenta del dinero que les corresponde a los propios trabajadores que debía ser distribuido en abril o mayo del 2018 era perfectamente atendible con las cifras a la mano, como se expresa en el cuadro “Southern Perú Copper Corporation, Suc. del Perú: Principales Indicadores Económicos”-

Lamentablemente los trabajadores tienen que asumir en última instancia una serie de partidas, beneficios tributarios y gastos deducibles según el marco tributario que minimizan la utilidad imponible y por ende la participación laboral del 8 %. Por tanto, ya no estamos en los años de bonanza cuando un trabajador se podía comprar una camioneta 4X4 y pagarla en efectivo con la participación de utilidades.

Son los trabajadores los que tienen que asumir las inversiones en otras operaciones de la SPCC en el país, y sobre todo las inversiones en el frustrado proyecto de Tía María donde se han adelantado más de US $ 500 millones que tienen en el tiempo un costo financiero. Es más, algo tan ridículo como la donación de 800 mil soles a la presidenta del gobierno regional de Arequipa también tiene el carácter de gasto deducible, por tanto la empresa pagará un menor Impuesto a la Renta.

Ingreso Anual del Presidente del Directorio de la Southern Peru Copper Corporation: Oscar Gonzales

¿CUÁNTO GANA UN CEO?
El promedio de ingreso de un trabajador administrativo, trabajador de planta y de operaciones donde se ubican la mayor cantidad de trabajadores en el 2011 era de US $ 28 mil dólares. Este monto está al margen de las utilidades laborales que le correspondían que por norma se fija en el 8 % de la utilidad imponible. A la fecha si perciben en promedio por año US $ 50 mil es bastante, asumiendo las gratificaciones de julio, diciembre, vacaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS).

Sin embargo, el Presidente del Directorio de la SPCC González Rocha como un trabajador calificado tiene en el 2016 un ingreso anual que supera tranquilamente los US $ 1´649,806 es decir tiene un ingreso del orden de un millón seiscientos cuarenta y nueve mil dólares anuales durante el 2016 por una serie de conceptos, lo cual nos expresa la rentabilidad minera y los ingresos de los más altos funcionarios.

Como bien señala la parte empresarial los ingresos de los trabajadores están atados a los precios del cobre, pero no es el caso para los privilegiados funcionarios. Si el precio se eleva, aumentan los ingresos y viceversa. En el 2011 el Presidente del Directorio de SPCC percibía un ingreso del orden de US $ 1’559 mil dólares (léase un millón quinientos cincuenta y nueve mil dólares), con precios del cobre de US $ 4 dólares la libra.

Sin embargo, en el 2016 el precio de la libra se fijó en US $ 2.20, sin embargo los ingresos del presidente aumentaron a US $ 1´649 mil. Es decir, ¡A menores precios del metal rojo mayores ingresos para el señor Presidente!

El análisis desagregado de las diversas partidas nos demuestra que como trabajador el Presidente del Directorio tiene un salario básico, un bono de incentivos. Es más, percibe democráticamente un ingreso por el día del minero, que se conmemora todos los 5 de diciembre, donde el conjunto de los trabajadores de Ilo, Toquepala y Cuajone han realizado una jornada de lucha.

También percibe asistencia familiar, bonificación por quinquenios, un monto importante por concepto de compensación por pago de impuestos, una compensación por tiempo de servicios y otras compensaciones que incluyen vivienda, educación, vehículo y chofer.

Es verdad, que su participación en las utilidades ha sido menor el 2016 llegando a los US $ 114 mil dólares cuando en el 2011 alcanzaron los US $ 368 mil dólares. Es decir, como trabajador altamente calificado y privilegiado, tiene un ingreso anual que muy pocos tienen en el país, y que solamente la minería paga.

EPÍLOGO
En resumen, la realidad de SPCC y la huelga que se extiende por estricta responsabilidad empresarial en razón de la reconocida tacañería y avaricia de los mexicanos, pues existiendo recursos y rentabilidad el petitorio de los trabajadores era perfectamente atendible, pues la principal demanda laboral consistía en un adelanto de utilidades que les corresponde a los trabajadores por ley. Es más, las utilidades por distribuir tienen carácter deducible como gasto, y por derecho les corresponde a los trabajadores.

Sin embargo, no deja de sorprender la inacción del estado central y regional en este conflicto, en especial del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Energía y Minas, donde reconocidos lobistas empresariales ejercen la más alta función del Estado, pero que son incapaces de enfrentar, administrar y resolver un conflicto social que debió evitarse por el bien del Perú.

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Política

Lo dejaron solo

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Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

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Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

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Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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