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SPCC una huelga justa que se agudiza

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Pierde el país, la empresa, la región y los trabajadores
Una huelga general indefinida que tiende a agudizarse sacude el sur del país, por la importancia que tiene la cuprífera Southern Perú Copper Corporation (SPCC) en la producción del metal rojo, donde a pesar de haber sido desplazada por Mra. Antamina, y Mra. Cerro Verde, se mantiene entre las principales líderes en cobre, con una producción que promedia las 310 mil toneladas anuales con costos de producción todavía competitivos a nivel internacional, a pesar de la antigüedad de sus operaciones.

La unidad de Toquepala (Tacna) data de la década de los sesenta y Cuajone (Moquegua) de mediados de la década de los setenta del siglo pasado. La fundición de Ilo que fue una unidad de Minero Perú en el modelo estatista de Velasco Alvarado, fue adquirida en la privatización a precio de remate que hizo el fujimorismo.

Además de la producción de cobre SPCC también procesa significativos volúmenes de molibdeno, plata, oro y ácido sulfúrico, los cuales valorizados a precios de mercado, financiarían gran parte de los gastos de personal, que se ubican en promedio sobre los 227 millones de dólares en los últimos cinco años. Por tanto, la rentabilidad por la producción de cobre es elevada.

Debe tenerse presente que en los primeros años de la década del 2000 con precios de US $ 0.70 la libra, las operaciones de SPCC todavía eran rentables para el Grupo México que tiene como mayor accionista a la familia Larrea; grupo que se vio forzado a cerrar la producción de sus unidades en USA y México mismo por los precios deprimidos, lo cual refuerza la rentabilidad de SPCC con precios promedio de US $ 2.69 la libra en lo que va del período enero/setiembre del 2017, tal como se puede observar en el cuadro respectivo.

Si bien los precios no están a la altura de los años de bonanza por encima de los US $ 3.40 la libra, tampoco se puede decir que no se cubren los costos, y están obteniendo pérdidas. Con precios de US $ 2.69 están generando utilidades operativas del orden de US $ 490 millones al tercer trimestre 2017, cuando en todo el año 2016 éstas fueron de US $ 406 millones. Por tanto, si la rentabilidad ha mejorado existirían recursos para resolver los conflictos salvo la terquedad empresarial.

LA INTEGRACIÓN CUPRÍFERA
Esta es una de las ventajas económicas de esta empresa minera, la integración de sus operaciones, a ello debiera agregarse el puerto propio para la exportación, lo cual hace del Grupo México la tercera empresa privada más importante a nivel mundial en lo referente a la producción cuprífera.

En cambio la producción de las otras empresas cupríferas se exporta como concentrado, y el Estado peruano deja de percibir millones de dólares, por los derivados no declarados en plata, cobre más otros metales raros. Esta realidad se agrava con la paralización del complejo minero metalúrgico de La Oroya desde el 2010 a la fecha, con lo cual el Estado peruano ha dejado de percibir millonarios montos.

A diferencia de las demás empresas cupríferas, como Antamina, Cerro Verde, Tintaya/Antapaccay, Chinalco, Constancia, Las Bambas, las operaciones de SPCC tienen un carácter integrado, lo cual le otorga un mayor valor al metal rojo producido, pues el concentrado se transforma internamente en cobre fino, en alambrón y cátodos de cobre con el 99.9 % de pureza, que tienen un mayor valor en el mercado mundial.

En tal sentido, la agudización de la huelga que incorpora a la familia minera en Ilo, Moquegua y Tacna tiene consecuencias que afectan los ingresos por venta de la propia empresa, los ingresos regionales vía canon y regalías mineras, la cadena de pagos de proveedores y a los propios ingresos de los trabajadores (salarios y participación de utilidades) que mayoritariamente se gastan en las regiones donde operan las distintas unidades de SPCC.

TODOS PIERDEN
Siempre he destacado que los mejores índices de desarrollo que tienen los departamentos de Tacna y Moquegua se deben a los gastos salariales en la región tanto por las remuneraciones como por la participación de utilidades que les corresponde a los trabajadores. A ello debiera sumarse los efectos del gasto de los ingresos mineros como el canon y regalías que lamentablemente no se han invertido en obras de impacto regional para solucionar uno de los graves problemas como la dotación de agua limpia y segura.

En tal medida con una medida justa pero extrema como la paralización de labores por más de dos semanas con una creciente cantidad de trabajadores involucrados pierden todos. En primer término, la empresa pues se afecta la producción diaria por más planes de contingencia que tengan, dado que el personal calificado de SPCC es insustituible a nivel de obreros y empleados.

En segundo lugar pierden el gobierno central, y los gobiernos regionales y locales por las menores percepciones por concepto de impuesto a la renta, canon y regalías mineras respectivamente, más el gravamen minero por los días de huelga equivalentes en ingresos y utilidades.

Por último, los trabajadores en su conjunto también pierden por más justa que sea su plataforma. Ir a la huelga indefinida por un adelanto del 30 % de utilidades por el ejercicio 2017, reposición de trabajadores despedidos, mejoramiento de los servicios hospitalarios, y reincorporación de empleados cesados por incapacidad, tenía un carácter negociable.

De tal forma, no tiene sentido que la huelga haya sido declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, amenazando con más despidos, cuando la población trabajadora agudiza su protesta con un efecto multiplicador.

Si todos pierden por qué no se ha dado solución a este conflicto que tendrá efectos colaterales en otras empresas mineras, donde los trabajadores también están disconformes con la forma de liquidación en la participación de las utilidades.

Principales indicadores económicos

UN ESTIMADO
Si al tercer semestre del 2017 la empresa obtuvo ingresos de US $ 1,609 millones de dólares, generando utilidades operativas del orden de US $ 490 millones, lo cual significa que expresados en días calendarios (Enero/Setiembre) la empresa está dejando de percibir un ingreso diario de US $ 5.3 millones de dólares y dejando de ganar como utilidad operativa US $ 1.6 millones.

Resulta evidente por la importancia de las cifras que están en juego que la empresa sí estaría en capacidad de satisfacer el pedido de los trabajadores que no es nada de otro mundo: un adelanto de las utilidades correspondiente al 8 % de la utilidad imponible sujeta a una serie de deducciones y beneficios tributarios. Este es un adelanto a cuenta del dinero que les corresponde a los propios trabajadores que debía ser distribuido en abril o mayo del 2018 era perfectamente atendible con las cifras a la mano, como se expresa en el cuadro “Southern Perú Copper Corporation, Suc. del Perú: Principales Indicadores Económicos”-

Lamentablemente los trabajadores tienen que asumir en última instancia una serie de partidas, beneficios tributarios y gastos deducibles según el marco tributario que minimizan la utilidad imponible y por ende la participación laboral del 8 %. Por tanto, ya no estamos en los años de bonanza cuando un trabajador se podía comprar una camioneta 4X4 y pagarla en efectivo con la participación de utilidades.

Son los trabajadores los que tienen que asumir las inversiones en otras operaciones de la SPCC en el país, y sobre todo las inversiones en el frustrado proyecto de Tía María donde se han adelantado más de US $ 500 millones que tienen en el tiempo un costo financiero. Es más, algo tan ridículo como la donación de 800 mil soles a la presidenta del gobierno regional de Arequipa también tiene el carácter de gasto deducible, por tanto la empresa pagará un menor Impuesto a la Renta.

Ingreso Anual del Presidente del Directorio de la Southern Peru Copper Corporation: Oscar Gonzales

¿CUÁNTO GANA UN CEO?
El promedio de ingreso de un trabajador administrativo, trabajador de planta y de operaciones donde se ubican la mayor cantidad de trabajadores en el 2011 era de US $ 28 mil dólares. Este monto está al margen de las utilidades laborales que le correspondían que por norma se fija en el 8 % de la utilidad imponible. A la fecha si perciben en promedio por año US $ 50 mil es bastante, asumiendo las gratificaciones de julio, diciembre, vacaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS).

Sin embargo, el Presidente del Directorio de la SPCC González Rocha como un trabajador calificado tiene en el 2016 un ingreso anual que supera tranquilamente los US $ 1´649,806 es decir tiene un ingreso del orden de un millón seiscientos cuarenta y nueve mil dólares anuales durante el 2016 por una serie de conceptos, lo cual nos expresa la rentabilidad minera y los ingresos de los más altos funcionarios.

Como bien señala la parte empresarial los ingresos de los trabajadores están atados a los precios del cobre, pero no es el caso para los privilegiados funcionarios. Si el precio se eleva, aumentan los ingresos y viceversa. En el 2011 el Presidente del Directorio de SPCC percibía un ingreso del orden de US $ 1’559 mil dólares (léase un millón quinientos cincuenta y nueve mil dólares), con precios del cobre de US $ 4 dólares la libra.

Sin embargo, en el 2016 el precio de la libra se fijó en US $ 2.20, sin embargo los ingresos del presidente aumentaron a US $ 1´649 mil. Es decir, ¡A menores precios del metal rojo mayores ingresos para el señor Presidente!

El análisis desagregado de las diversas partidas nos demuestra que como trabajador el Presidente del Directorio tiene un salario básico, un bono de incentivos. Es más, percibe democráticamente un ingreso por el día del minero, que se conmemora todos los 5 de diciembre, donde el conjunto de los trabajadores de Ilo, Toquepala y Cuajone han realizado una jornada de lucha.

También percibe asistencia familiar, bonificación por quinquenios, un monto importante por concepto de compensación por pago de impuestos, una compensación por tiempo de servicios y otras compensaciones que incluyen vivienda, educación, vehículo y chofer.

Es verdad, que su participación en las utilidades ha sido menor el 2016 llegando a los US $ 114 mil dólares cuando en el 2011 alcanzaron los US $ 368 mil dólares. Es decir, como trabajador altamente calificado y privilegiado, tiene un ingreso anual que muy pocos tienen en el país, y que solamente la minería paga.

EPÍLOGO
En resumen, la realidad de SPCC y la huelga que se extiende por estricta responsabilidad empresarial en razón de la reconocida tacañería y avaricia de los mexicanos, pues existiendo recursos y rentabilidad el petitorio de los trabajadores era perfectamente atendible, pues la principal demanda laboral consistía en un adelanto de utilidades que les corresponde a los trabajadores por ley. Es más, las utilidades por distribuir tienen carácter deducible como gasto, y por derecho les corresponde a los trabajadores.

Sin embargo, no deja de sorprender la inacción del estado central y regional en este conflicto, en especial del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Energía y Minas, donde reconocidos lobistas empresariales ejercen la más alta función del Estado, pero que son incapaces de enfrentar, administrar y resolver un conflicto social que debió evitarse por el bien del Perú.

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Política

Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

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Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

La Comisión de Constitución aprobó el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República, al establecer que estará integrado por dos cámaras: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De los 17 congresistas que participaron de la sesión, 13 votaron a favor y 4 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), saludó el avance en el predictamen de la bicameralidad en la Comisión de Constitución, pero cuestionó la escopeta de dos cañones de Fuerza Popular porque,para ella, es una bancada que no piensa en los intereses del país sino en los partidarios.

“Los veo con ánimos de confrontar, si bien se avanzó con lo de la bicameralidad y parte del tema de los aportes a las campañas, tenemos que lograr el mayor consenso posible, porque estos son temas que tenemos que votarlos a conciencia porque le va a hacer bien al país y no de manera partidaria”, afirmó

GENERAN DUDAS

Indicó que tiene muchas dudas sobre el comportamiento de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos siguen con la actitud de insultar al presidente Vizcarra, incluso refirió que ayer uno de sus congresistas lo tildó de ignorante, y su bancada tuvo que protestar para que retire la frase.

“Ellos están viendo qué les conviene o qué no les conviene y no están pensando en que es lo mejor para el país, piensan en sus propios intereses, en dónde o cómo se ubican pero no están viendo qué le conviene al pueblo”, destacó.

La legisladora aseguró que el fujimorismo se ha repartido roles, uno para apurar la propuesta de reformas, otros para criticarlo.

“Como ejemplo están sus votos en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron votos divididos. Están jugando, dividen el voto de tal manera que tengan respuestas a favor y en contra”, aseveró.

EN NÚMEROS

Se pronunciaron a favor del restablecimiento del Senado los parlamentarios: Miguel Castro, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Úrsula Letona y Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, Gilbert Violeta y Patricia Donayre de Peruanos por el Kambio y Javier Velásquez del Apra.

Asimismo, Marisa Glave de Nuevo Perú, Yonhy Lescano de Acción Popular, Gino Costa de No Agrupados y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso. Y se abstuvieron: Lourdes Alcorta, Nelly Cuadros y Luz Salgado de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio.

ALGO MÁS

La decisión modifica el Artículo 90° de la Constitución Política del Perú y señala que “El Poder Legislativo reside en el Parlamento Nacional, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Informe plantea destituir al fiscal naranja

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Informe plantea destituir al fiscal naranja

Casi tres meses después que se revelaron los ‘CNM audios’ mediante IDL-Reporteros, recién parece abrirse paso la justicia. El informe acusatorio del parlamentario Juan Sheput, presentado ayer, propone que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debe aprobar pronto este informe y elevarlo a la Comisión Permanente.

El documento emitido por el legislador Sheput, dice como conclusión “que el fiscala Pedro Gonzalo Chávarry es autor de graves infracciones a los artículos 3º, 39º, 44º y 158º de la Constitución Política del Perú; así como el artículo 45º de la misma norma suprema”.

Asimismo, propone “que se le imponga la sanción de destitución del cargo de Fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

“Una vez que sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitiéndose el presente informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal d.6 del artículo 89º del Reglamento del Congreso”, finaliza.

Pedro Chávarry es para muchos el candado que tiene Fuerza Popular para mantener la impunidad de su bancada, de la ‘Señora K’, de AG, y la herramienta para intentar doblegar al Ejecutivo. Por eso, lo más probable es que este sea el inicio de otro escenario de conflicto entre el Gobierno y el fujimorismo.

CHÁVARRY, BECERRIL Y RODRÍGUEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió además los informes finales sobre los casos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular.

El grupo parlamentario convocará el lunes la sesión para la evaluación de los informes y el debate se realizaría entre el martes y el miércoles, previa coordinación con la Mesa Directiva.

César Vásquez, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien trabajó el informe sobre Becerril, investigado por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2017, aseguró que en su investigación se han recogido los testimonios y pruebas suficientes para llegar a una conclusión objetiva.

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Política

Salaverry, Chihuán y el “cambiazo” sobre acuerdo de confianza dado al Gobierno

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Leyla Chihuán

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunicaron ayer al presidente Martín Vizcarra que “el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto, al mencionar el oficio 257, vincula legal y políticamente la cuestión de confianza a la aprobación de las cuatro reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, aunque sin fecha límite y sin mención del proyectado referéndum del próximo 9 de diciembre.

PLAZO Y REFERÉNDUM

Esta rectificación del Congreso reduce entonces la controversia Ejecutivo–Legislativo a los temas del plazo de aprobación de las tres reformas pendientes (bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos políticos) y a la realización del referéndum del 9 de diciembre, para ponerlas en vigencia sin esperar su aprobación en una segunda legislatura.

En tal confrontación vigente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva ha explicado que el Ejecutivo no incluyó en ningún documento oficial en plazo de aprobación de las reformas para evitar que ciertos congresistas lo tomaran como una imposición y porque ellos mismos se fijaron el 4 de octubre como límite. Villanueva reiteró que si todo va bien, el Gobierno no tiene en la cabeza cerrar el Congreso en son de golpe de Estado.

Esos dos puntos, no son poca cosa, en el contexto de versiones periodísticas respecto a que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ordenado dos operaciones encubiertas: la primera para sabotear la aprobación de las reformas y, sobre todo, el referéndum; y la segunda, para perjudicar al presidente Vizcarra haciéndole blanco de acusaciones de presuntos ilícitos.

LA ESTRATEGIA ‘K’

El sabotaje a las reformas y el referéndum habría sido encargado por Fujimori Higuchi al equipo formado por: Luis Galarreta, Héctor Becerril, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra y Luz Salgado, todos coordinados electrónicamente (Marchand, Eloy, semanario H13. 2018).

Ellos se encargarán de desacreditar a Vizcarra acusándolo de golpista. Asimismo, buscarán posponer al máximo la aprobación de las reformas y de corromper el referéndum planteando que se pregunte temas que provocarían respuestas negativas de los electores.

Otro equipo de Fuerza Popular está acopiando información sobre todo tipo de gestión de Vizcarra, tanto privada y como en la gobernación de Moquegua.

La Comisión de Fiscalización citará al Presidente a declarar sobre el caso Chinchero para tratar de involucrarlo a partir de declaraciones del excontralor Edgar Alarcón, quien ya ha declarado ante un fiscal supremo, que siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra lo visitó varias veces para presionarlo a fin de que emitiese una auditoría favorable al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

La historia del “cambiazo”

En su parte medular el oficio Nº 257- 2018-PR, enviado el lunes 17 al presidente del Congreso, Daniel Salaverry por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifiesta:

“Referencia: convocatoria a legislatura extraordinaria. (…) En relación a los ejes 1 y 2 de la Política Genera de gobierno, aprobada por el Decreto Supremo Nº 056- 2018- PCM sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentadas en los 4 proyectos de ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República a fin de que se debatan y aprueben, con carácter de URGENTE.

En ese contexto, estando a la facultad conferida por el inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, convoco al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 19 de setiembre a las 8:00 horas, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la Política General del Gobierno, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 133 de la Carta Magna”.

César Villanueva en el Congreso

Nuevo texto oficio Nº 070

El oficio Nº 070- 2018- 2019, con el nuevo texto rectificado fue recibido por la mesa de partes de Palacio de Gobierno a las 9:14 a.m. de ayer y en lo sustancial dice:

“Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto corresponde al acuerdo previo que tomó la junta de portavoces de someter al pleno como moción única, el contenido del pedido de confianza del Gobierno contenido en su oficio Nº 270 firmado por el presidente Martín Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros.

César Villanueva.

PRIMERA VERSIÓN ‘TRUCHA’

Obsérvese que la primera versión del mismo oficio, enviada al Gobierno por Salaverry y Chihuán tan pronto el Congreso acordó conceder la confianza, es distinta, pues no contiene ninguna referencia al oficio Nº 257:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de Gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

‘CAMBIAZO’ SALAVERRY – CHIHUÁN

Esto demuestra que la dupla Salaverry – Chihuán realizó un burdo “cambiazo” del acuerdo de portavoces para tratar de desvincular la confianza otorgada de la aprobación de las cuatro reformas políticas.

Sin embargo, tuvieron que recular sin realizar mayor comentario, ante la protesta de la bancada de Nuevo Perú por el escamoteo a lo acordado por los portavoces, y a causa de las críticas de distintos medios de prensa que ayer menudearon contra la conducta de Fuerza Popular y la directiva del Congreso.

A pesar del develamiento de la fallida jugarreta de Salaverry – Chihuán, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, continuó insistiendo ayer en que la aprobación de la confianza al Ejecutivo no está sujeta a la aprobación de las reformas.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, le respondió que la aprobación de las reformas pendientes sí está vinculada directamente con la cuestión de confianza, según los documentos oficiales.

ALGO MÁS

Glave añadió: “Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo es que su conducta muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, por lo que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”.

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