Solo hay 24 fiscales antidrogas

El 18 de enero del año 2001, el Ministerio Público mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 061-2001-MP-FN creó Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas con competencia nacional. En ese entonces, nuestro país producía un aproximado de 40,500 hectáreas de cocaína, muy por debajo de las 160,000 hectáreas de Colombia. La iniciativa del Ministerio Público era por demás aceptable.

Han pasado 14 años de la promulgación de esta norma y como todos sabemos el narcotráfico se empodera cada vez más en nuestro país. La producción de cocaína se ha incrementado considerablemente a 60,400 hectáreas el año 2012, lo que hace que seamos considerados como el primer país productor de cocaína del mundo, el número de delitos por tráfico ilícito de drogas subió a 8,672 el año 2013. Sin embargo, el Ministerio Público no ha incrementado sus recursos para enfrentar este delito, solo cuenta con 24 fiscales antidrogas a nivel nacional en las ciudades de Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho (2), San Francisco, Huancayo, Chanchamayo, Huánuco, Tingo María, Ucayali (2), Callao (2), Lima Norte, Tarapoto, Amazonas, Iquitos, Santa, Trujillo, Piura y Tumbes. Carencia que no solo limita la acción del órgano encargado de proteger a la sociedad de la criminalidad sino que incrementa el riesgo ciudadano.

Un ejemplo latente es lo que viene sucediendo en la Provincia Constitucional del Callao, donde en la actualidad se cuenta con solo 2 fiscales antidrogas, los mismos que tienen a su cargo los casos por tráfico ilícito de drogas que suceden en el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” y en el puerto del Callao, el más grande del país. No olvidemos que es a través de este medio que los narcotraficantes usan la salida marítima para la droga, llegando a embarcar aproximadamente entre 70 a 80 mil toneladas al año. De otro lado, en la provincia de Lima increíblemente no se cuenta con una Fiscalía Antidrogas, trasladándose los casos a la Fiscalía de Crimen Organizado, lo que demora su tratamiento y omite la especialidad.

Si a este panorama le agregamos que la Procuraduría Nacional Antidrogas tampoco tiene el número necesario de abogados para velar por los intereses del Estado, la Unidad de Inteligencia Financiara no tiene la facultad para acceder al secreto bancario, la Fuerza Aérea está impedido de realizar la interdicción de aeronaves sospechosas en el Vraem, la situación es más que preocupante. Esperemos que con la formalización del Dr. Pablo Sánchez Velarde como Fiscal de la Nación, las limitaciones del Ministerio Público se reviertan.