Sobre los falsos moralizadores

Catón fue un político y militar romano que, dedicado a fiscalizar la conducta de los aspirantes a honores o cargos públicos y a los jefes militares, se erigió en censor de la moral ajena, pero lo hacía en función de su conveniencia y de sus odios; por lo que desde entonces se denomina catón al censor drástico pero también al que ejerce ese papel con fines que poco o nada tienen que ver con la ética y solo busca destruir a quien consideren una sombra que afecte sus intereses y ambiciones.

Una conducta de ese tipo ha asumido el diario insignia de la gran concentración, de turbulento pasado y presente lleno de interrogantes y lucrativas ramificaciones, pretende erigirse en fiscal, juez y hasta verdugo, denostando a aquellos que no comulgan con su anquilosada visión de la realidad nacional y sus extremistas posiciones en materia económica, o que de una u otra manera tocan intereses contantes y sonantes de alguno de los negocios del pulpo empresarial en el que se ha convertido, de lo que han dado cuenta minuciosa diversos informes periodísticos.

En ese afán, ofende con ataques a quienes son objetos de sus odios o en función de otros objetivos, pisoteando el derecho constitucional de presunción de inocencia que tiene todo ciudadano mientras no se hubiera demostrado lo contrario; y en una especie de ejercicio de profecía auto-cumplida, usa su poder mediático para dudosas investigaciones que amplifican los medios que maneja de manera cuasi monopólica hasta presionar que quienes son acusados sean investigados y hasta juzgados y sentenciados.

De esa manera, con métodos propios de la extorsión, ponen contra la pared a jueces y fiscales que, faltos de entereza o por tener rabo de paja, tiemblan ante la sola posibilidad de un titular en su contra que los califique de “cómplices de la corrupción” o algo por el estilo, si acaso se atrevieran a asumir una conducta moderada o simplemente racional y estrictamente jurídica al tratar casos que son materia de linchamiento mediático que no repara en el daño moral que ocasionan a familias enteras, que no tienen dónde acudir para defenderse.

Cabe preguntarse en ese contexto quién moraliza al supuesto moralizador. Es decir, si la democracia tiene entre sus bases fundamentales el control del ejercicio del poder y la independencia de los poderes públicos, cómo es posible que un factor de poder privado pueda invadir los fueros de la justicia y atropellar los derechos ciudadanos, sin freno alguno, haciendo mal uso de las libertades que las luchas cívicas han conseguido para la construcción de una sociedad de respeto al derecho ajeno y la convivencia civilizada y no para que esas conquistas sean secuestradas por quienes sirven a intereses ajenos a los de la democracia.

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