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¡Soberanía, sostenibilidad ambiental, gasoducto sur y petroquímica, ahora!

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Refinería de petróleo

Trampas en recorte de gasoducto en Camisea hasta Anta, para favorecer subsidio quemando gas de Camisea en nodo energético, a favor de mineras del sur y también regalar el gas para monopolio de planta de fertilizantes de empresa chilena.

En mi calidad de congresista, e integrante del patriótico Foro Soberanía Energética, he propuesto, a debate público, las bases del Proyecto de Ley N.º 3856 presentado el 30 enero del 2019. Elaborado con especialistas, en forma participativa ciudadana, y con las propuestas de los Gobiernos Regionales del sur peruano y los pueblos amazónicos.

Se ratifica las denuncias contra la pretensión del neoliberalismo de mantener la actual exportación del gas y destinar lo que queda para quemarlo como fuente de energía para la actividad minera, casi anulando su destino al uso ciudadano.

Asumimos el lema patriótico proclamado desde la provincia de La Convención, la Amazonia y el sur peruano, que resuena como eco en toda la patria: ¡Soberanía energética, sostenibilidad ambiental, gasoducto y petroquímica, ahora! ¡Petroquímica y gasoducto sur, ahora o nunca!

En eventos del Foro Soberanía Energética, con especialistas y movimientos sociales logramos formular una propuesta patriótica alternativa sobre los usos soberanos del petróleo y el gas, considerando que el Perú debe recuperar la titularidad nacional de propiedad sobre los hidrocarburos.

Tras una difícil y compleja lucha contra el poderoso lobby petrolero y MEM-Minem, respaldado por un sector del Congreso de la República, la movilización nacional consiguió que dicho antinacional proyecto de ley lobista retorne a la comisión del Congreso para su reestudio, lo que está en trámite final. Pero insisten en imponer una política antinacional, aumentado el entreguismo destructivo de sus políticas que entregan la soberanía energética a empresas extranjeras y afectando los requerimientos básicos de nuestro desarrollo nacional.

La propuesta que he presentado, declara de necesidad pública y preferente interés nacional la construcción y puesta en operación el sistema de transporte de hidrocarburos del gasoducto sur peruano, con derivados del gas natural, desde los yacimientos ubicados en el sur del Perú.

Se afirma su proyección con un adecuado complejo industrial petroquímico, a cargo y promovido por el Estado, desde la empresa pública Petroperú, con la participación del Colegio de Ingenieros del Perú, para convocar a socios empresariales, públicos y privados, nacionales e internacionales, afín de avanzar los estudios de base indispensables, y diseñar el proyecto petroquímico que promueva las producciones de base energética y valor agregado industrial en la nación, con proyección a la integración y acceso a los mercados nacional, continentales y mundiales.

Hay que derrotar la propuesta de llevar por barco para quemar el gas en el nodo energético costero para abastecer de energía eléctrica a las mineras en el sur, y al mismo tiempo reducir el gasoducto hasta Anta con el oculto afán de regalar el gas a la planta de Cachimayo (empresa que ya es propiedad de capital chileno), para ampliar las ganancias de su negocio privado de fertilizantes. De esta forma lobista se bloquea la petroquímica en Ilo y se bloquea que se proyecte una planta nacional de fertilizantes en Anta para todo el sur peruano.

Se debe declarar de necesidad pública y preferente interés nacional, para el abastecimiento ciudadano y productivo, la construcción de los ramales del gasoducto sur peruano, en rutas que unan las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Madre de Dios, Arequipa, Moquegua, Tacna e Ica, para la puesta en operación, el transporte y distribución del gas natural para el acceso y aprovechamiento de los pobladores de dichas regiones y el impulso a sus actividades productivas.

Declarar de necesidad pública y preferente interés nacional, la construcción de las plantas de fraccionamiento en Kepashiato en La Convención, y el City Gate en Anta para fertilizantes.

Se plantean los siguientes objetivos fundamentales: el acceso masivo y adecuado de la población al GN y sus derivados, a través de las respectivas redes de abastecimiento; el impulso de un adecuado desarrollo industrial petroquímico, en diversas industrias y servicios, en las zonas a su alcance.

Establecer el uso adecuado del etano, componente clave del gas, el que se declara bien público estratégico nacional, cuya titularidad corresponde al Perú y es base para las medidas respectivas de su uso.

Desde el impulso de Petroperú y los Gobiernos Regionales, incluyendo acuerdos con el sector privado, es necesario priorizar el impulso a la agricultura nacional con la construcción de la planta petroquímica de urea y fertilizantes nitrogenados.

Establecer convenios binacionales para impulsar el desarrollo integral de la agricultura usando productos derivados del gas, priorizando la asistencia del Estado a la agricultura comunal, familiar y de pequeños y medianos productores.

Instalación de tubería soleoducto gas licuado de petróleo

Se declara que corresponde al Estado la propiedad sobre la molécula del gas. Los contratos deben adecuarse a contratos de servicios, no considerándoseles contratos de licencia como si el bien fuese de propiedad del contratista y no del país.

Adoptar una política de seguridad energética, mediante el resguardo de las reservas y sus niveles estratégicos, propugnando la masificación del gas, la adecuada gestión de sus reservas y su impulso industrial, lo que permitirá al Estado mantener, impulsar y articular las diversas regiones del sur peruano con la dinámica del conjunto del país.

Esta perspectiva se refuerza en el acuerdo de proyección con Bolivia y en la participación como eje integrado a la ruta mundial en construcción, que une América Latina desde Perú y Bolivia, con Asia y el mundo, con Ilo como puerto estratégico de conexión con América Latina.

Declara de necesidad pública y preferente interés nacional la inmediata conformación de una Comisión Nacional de Renegociación del Contrato de Exportación del Gas del Perú a México y también sus acuerdos vinculados, ante los graves problemas e irregularidades en la suscripción y desarrollos de dicho contrato, y el incumplimiento del mandato del Laudo del CIADI a favor del Perú respecto al pago de las regalías por exportación.

Establece la propuesta de un convenio para la exportación de gas del Estado Plurinacional de Bolivia para el sur peruano, para la masificación domiciliaria, la que debe contemplar tarifas justas y mecanismos de promoción para las conexiones domiciliarias y para la micro y pequeña empresa.

Declara de necesidad pública e interés nacional el proyecto de servicios públicos de telecomunicaciones del sur del Perú que se desarrolla con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Bolivia con red de fibra óptica, en el marco de la Declaración Conjunta del IV Gabinete Binacional Perú – Bolivia y la legislación peruana. Esta red de fibra óptica es decisiva para la masificación del gas natural.

Plantea declarar de necesidad pública e interés nacional, el proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI), promotor del desarrollo económico de la región latinoamericana y del fortalecimiento de la logística del comercio exterior. Este proyecto Interoceánico incluye unir, con ferrocarril, los territorios del estado de Bolivia y con los del Perú, desde Ilo en la costa del Pacífico, pasando por los andes peruanos y su meseta altiplánica, hasta Bolivia.

Declarar de necesidad pública e interés nacional, la proyección del desarrollo del puerto público de Ilo a cargo de Enapu, como nodo de conexión naviera-ferroviaria continental en la denominada nueva Ruta de la Seda.

El puerto público de Ilo debe proyectarse como centro localizado y promotor en el área del Macrosur en las actividades pesqueras, agropecuarias y de la industria petroquímica, potenciando el gas de Camisea, asociado a los centros industriales, de valor agregado de la industria minera metalúrgica, y promotor de las actividades agropecuarias y de valor agregado del sur peruano, articulando el sistema portuario macrorregional con otros puertos del sur peruano.

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Política

Quieren desaparecer al Equipo Especial Lava Jato

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

El exfiscal Avelino Guillén lanzó la advertencia: “La mayoría de la Junta de Fiscales Supremos tendría el objetivo de retirar a corto plazo a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez”.

Subrayó que “la sanción contra Pérez y los procedimientos disciplinarios seguidos contra Vela, están entre de las funciones de la junta para ver dichos temas, por lo que corresponde estar alertas”.

Vela dijo, en la víspera, que en la junta ya se ha solicitado su salida y existe un voto contrario hacia él por parte de tres de sus cinco integrantes: Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.

Para Guillén la multa impuesta contra Pérez constituye una medida abusiva y arbitraria que no tiene sustento con lo señalado en la Ley de Carrera Fiscal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Se le sanciona por declarar en una entrevista que si perdemos los juicios frente a la gran corrupción los perjudicados seremos los ciudadanos, y que si se afecta lo avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta, ¿pero qué contenido político hay ahí? Ninguno”, objetó Guillén.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Luis Purizaga, abogado de IDL-Justicia Viva, afirmó que los jueces supremos Pedro Chávarry, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza han cambiado de estrategia. “Se han dado cuenta que un mecanismo efectivo sería el proceso sancionador”, precisó.

“Dentro de este componente la última instancia sería la Junta de Fiscales Supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez. Después de la multa impuesta al fiscal Pérez, Vela ha revelado que tiene cinco procesos sancionadores y si apela el caso pasa a manos de los fiscales supremos mencionados”, resaltó.

“La Fiscal de la Nación -agregó- tiene competencias muy claras, que es formar o destituirde un equipo especial de investigación a fiscales. Por ello la estrategia de los fiscales supremos es no ir por ese lado, sino ir por el factor de las sanciones, donde la última palabra la tienen los fiscales supremos. Eso es legal, solo que se está utilizando para movimientos turbios”.

FALTA LA JNJ

“Desgraciadamente esto sucede por la inexistencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que podría juzgar y sancionar a estos fiscales. Porque hay informes de las fiscales del Callao, de que Chávarry, Gálvez y Rodríguez serían parte de los ‘Cuellos Blancos’. Sin embargo pasa el tiempo y estos señores siguen desempeñándose como fiscales supremos. Pasa el tiempo y se siguen quedando en sus cargos y mejorando sus estrategias para poder fortalecerse”, explicóPurizaga.

Finalmente, señaló que en la Comisión Especial que elige a los miembros de la JNJ, sigue Lecaros, presidente del Poder Judicial, que fue denunciado por un colaborador eficaz de formar parte del engranaje de los “Cuellos Blancos”, de una red de tráfico de favores, que coordinó con Walter Ríos el beneficio al narcotraficante Boris Foguel.

“Hubo un proceso para elegir a la JNJ que fue turbio. Ahora pasaría lo mismo debido a la presencia de Lecaros quien dijo que no se va a retirar pese a la grave denuncia en su contra”, señaló.

“Esto es peligroso porque no puede haber independencia de criterios y pueden ser elegidos personajes controvertidos. La pregunta es ¿cómo el señor Lecaros va a poder elegir a los miembros de la JNJ? Hay un conflicto de intereses gravísimo. Por ello el presidente Gutiérrez, el Defensor del Pueblo tienen que pronunciarse ya”, concluyó el abogado Luis Purizaga.

LA CORRUPCIÓN SE FORTALECE

Miguel Jugo, analista político, señaló su preocupación porque “en el Ministerio Público hay un conjunto de fiscales ligados a la corrupción y obviamente la presencia de los fiscales supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez hacen ver de que son personas que continúan con poder”, opinó.

“La opinión pública debe estar alerta y debe apoyar firmemente la lucha que se está librando contra la corrupción, que parece fortalecerse. Lamentablemente creo que la corrupción es endémica, sistemática y permanente. Y eso se ve en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la misma Policía Nacional, por las noticias que nos llegan”, comentó.

Planteó que la solución venga desde arriba, “porque los peruanos y peruanas no podemos dormirnos en nuestros laureles, porque la corrupción campea y el enemigo es muy grande y poderoso”.

ALGO MÁS

“Cuando se forme la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debe de hacer algo al respecto. En los postulantes hay personajes cuestionados y eso fue lo que motivó el fracaso de la primera elección. Ojalá que las actuales personas que postulan sean las mejores, pero hay que estar alertas porque la corrupción no duerme”, concluyó Jugo

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Ejecutivo apoya a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, sostuvo que el Gobierno apoya el trabajo de fiscales y jueces comprometidos en luchar contra la corrupción.

“Ratificamos nuestro apoyo al trabajo prolijo, comprometido, responsable de fiscales y de jueces quienes valientemente han enfatizado una labor de fiscalización, de auditar a quienes tenían una grave contradicción en un hecho de corrupción; como Gobierno tenemos que apoyar”, adujo.

De igual forma, señaló que espera que dichos magistrados tengan apoyo institucional porque no pueden caminar solos en la delicada y compleja labor que llevan a cabo.

En la víspera, el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, advirtió que existiría la intención de cesarlo a él y al fiscal José Domingo Pérez, a fin de que no continúen con la investigación sobre los sobornos de Odebrecht.

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Política

Evo Morales acepta asilo político en México

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Evo Morales Ayma

Evo Morales aceptó el asilo político ofrecido por México, tras el golpe de Estado en su país este domingo, afirmó hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país”, detalló el canciller mexicano.

Señaló que, en términos de la legislación vigente, “la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político a Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo”.

Explicó que en este sentido procede a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión.

“Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional, proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad’, puntualizó.

Recordó que el primer ordenamiento en materia de asilo data de 1853, cuando México y Colombia suscribieron un tratado de no extradición por delitos políticos.

“Nuestra tradición ha sido siempre por la protección de los perseguidos políticos”, enfatizó.

La tradición a la que se refiere, también tiene como base el artículo 15 de la Constitución y puntualizó que México ha sido tierra de asilo a personajes como Giuseppe Garibaldi, José Martí, Luis Buñuel, León Felipe, Rigoberta Menchú y Víctor Raúl Haya de la Torre.

‘El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior para proteger los derechos humanos y respetar la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención’, expresó.

Indicó que esa decisión ya es del conocimiento de la Organización de Estados Americanos, y la hará saber a la Organización de las Naciones Unidas invocando, de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales, la protección internacional a la vida, la libertad y la integridad de Evo Morales.

“Latinoamérica ha sido testigo en su historia de lamentables y violentos acontecimientos en los que el orden constitucional se rompe y autoridades democráticamente electas se ven obligadas a abandonar todo para proteger su vida”, comentó.

El jefe de la diplomacia mexicana detalló que el Derecho Internacional reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado, del que no es nacional, como consecuencia de situaciones que surjan en aquel Estado de su nacionalidad, el reconocimiento como asilado.

‘México se ha caracterizado en su tradición en materia de protección en asilados a lo largo de su historia, se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países por persecución política y otras causas’, resaltó.

ALGO MÁS

Dos ordenamientos en el marco jurídico internacional sustentan el otorgamiento de asilo: La Convención sobre asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre asilo diplomático, firmada en Caracas en 1954, puntualizó.

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