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Sin un partido real, acosado por Lava Jato y débil ante fujimorismo

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Hacer política era una cuestión prioritaria, vital, pero no se hizo nada.

Es un principio básico de la economía política reconocer la profunda diferencia entre administrar y gestionar una empresa como presidente de un directorio que dirigir y liderar un país.

Como presidente de un país se tiene que reconocer las diferencias, fortalezas, debilidades, las pasiones de las partes involucradas como los partidos políticos, grupos de presión, los intereses regionales, es decir, las contradicciones sociales de los diversos protagonistas que tienen intereses que difícilmente coinciden, a pesar que todos los políticos de las izquierdas, derechas y centro, se identifican formalmente en la defensa del interés público.

Transcurrido un año en el poder, el gobierno de PPK hace evidente una falta de brújula a pesar de la experiencia que como técnico político ha tenido en el país. Como viejo lobista en el mundo de las finanzas, ha sido ministro de Energía y Minas en el segundo gobierno del arquitecto Belaunde Terry, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas en el gobierno del presidente Alejandro Toledo. En tal sentido, se esperaba más del actual presidente, a pesar de las evidentes debilidades institucionales del grupo político con el cual fue ungido Presidente de la República.

Sin un partido político real, con una mínima representación parlamentaria, acosado por las denuncias de corrupción como el caso de “Lava Jato” que desde el 2014 marca el devenir político en nuestro país. Más la cerrada oposición de la mayoría fujimorista en el Congreso de la República, debía ser evidente que “hacer política” era una cuestión prioritaria, vital. La pretensión tecnocrática de un buen gobierno está destinada al fracaso, y a este paso difícilmente PPK terminará su mandato, por una evidente incapacidad.

Sin los beneficios de un ciclo expansivo de la economía mundial y altos precios de las materias primas que explican en gran parte el manejo en piloto automático de la economía del país entre el 2004 y 2014, con las consecuencias del desastre natural-social del cambio climático en el verano pasado que será una constante en los próximos años, ¿qué se pudo hacer en el sector de energía y minas, el más importante de la economía peruana?

Transcurrido un año en el poder el gobierno de PPK hace evidente una falta de brújula a pesar de la experiencia que como técnico político ha tenido en el país

Transcurrido un año en el poder el gobierno de PPK hace evidente una falta de brújula a pesar de la experiencia que como técnico político ha tenido en el país

HIDROCARBUROS
En el subsector de hidrocarburos se debe saludar la sabia decisión de continuar con la mega inversión en la modernización de la refinería de Talara, pues hubiese sido insensata la opción de retirarse del proyecto por las penalidades y la imagen del país.

Como decisión política se debe reconocer al margen del “equipo de lujo” en el Ministerio de Economía y Finanzas (Thorne/Zavala) que nos ha llevado sin querer queriendo, como diría el chavo, a una recesión económica que demanda a gritos una mayor inversión pública. Por ello, la continuidad en la construcción de una nueva refinería en Talara, que será cuando esté terminada una de las ocho a nivel mundial más compleja y más completa, marca la pauta de la inversión pública que asegura una rentabilidad razonable que capitaliza el país.

Si se tiene presente que la inversión comprometida será superior a los 5,400 millones de dólares parte de los cuales (US $ 2,000) serán pagados en los próximos 15 y 30 años, con los propios derivados que la nueva refinería procese a partir del 2021. Es decir, las inversiones se pagan gracias al poder del mercado que tiene Petroperú, pues controla el 56 por ciento del mercado de combustibles.

La consultora Arthur D. Litlle, que no puede ser acusada de estatista o socialista, reconoce la rentabilidad económica de la refinería modernizada que contará con 16 unidades técnicas nuevas adicionales a las existentes, que le permitirán refinar combustibles sin azufre salvaguardando la salud pública, procesar petróleo pesado cuyas mayores reservas yacen en la selva norte, como también reprocesar los petróleos industriales para obtener combustibles con mejores precios.

Sin embargo, los nuevos responsables de la dirección de Petroperú, exgerentes de Backus al igual que Zavala, deberán explicar al país las razones por las cuales se incrementó los montos de inversión de 3,750 millones de dólares a más de 5,400 millones de manera simple y transparente. Como deberán justificar las razones por las cuales se sustituyó al estructurador financiero Societé Générale de Francia que ganó la licitación para levantar los capitales de inversión para ser remplazado por los bancos de inversiones JP Morgan y Merrill Lynch.

De otro lado, debiera preocupar las pretensiones del titular del sector de Energía y Minas Gonzalo Tamayo que dejaría la cartera presentando lo que sería un proyecto de la nueva ley de hidrocarburos, acogiendo las pretensiones de las empresas de hidrocarburos, representadas tanto en la Sociedad Nacional de Hidrocarburos como en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¡Se debe reconocer que en las empresas privadas también existen conflictos de intereses!

¿Qué pretenden las empresas privadas con los ministros lobistas? Con la gran excusa de los bajos precios del petróleo internacional con niveles por debajo de los US$ 50 dólares el barril pretenden una sería de granjerías que no resisten el menor análisis económico. En primer lugar, demandan una rebaja sustancial de regalías tanto en los lotes con contratos de petróleo y gas incluso como el de Camisea lotes 88 y 56, donde dicho sea de paso los responsables de las operaciones malbaratean el costo de la mano obra con salarios franciscanos y participación de utilidades diminutas para sus trabajadores.

En promedio, en nuestro país la tasa de regalías fluctúa entre niveles de 25 a 28 por ciento, y las empresas argumentan que tales tasas afectan la competitividad e impiden las inversiones en el sector. Por tanto, demandan una tasa de 5 por ciento para los primeros tres años, para nivelarse en 15 por ciento si mejoran los precios del crudo, sin mayores compromisos de inversión.

Estando muchos contratos próximos a su vencimiento las representaciones empresariales pretenden la prórroga automática de los contratos de hidrocarburos y para hacer ello posible han cambiado al responsable de PeruPetro, por un presidente del directorio más amigable, que resuelva positivamente sus intereses.

Extensión indefinida de los contratos hasta el límite económico de las reservas, disminución de las tasas de regalías, menores impuestos, sin mayores compromisos de inversión son las pretensiones de las empresas con la gran excusa de los bajos precios.

El problema es que cuando los niveles de precios del crudo bordeaban los 100 dólares el barril, tampoco hacían inversiones significativas, ni mucho menos efectuaban la perforación exploratoria de riesgo para aumentar las reservas probadas de hidrocarburos como se hace en Colombia, donde el liderazgo en materia de hidrocarburos recae en la petrolera estatal, Ecopetrol.

Por tanto, lo capitalista y moderno desde el punto de vista del interés público es la devolución de los lotes de hidrocarburos al Estado si no pueden levantar la producción de crudo que desde 1995 tiene una tendencia decreciente. Es más, en los primeros años del siglo XXI, los precios eran menores a los US $ 30 dólares el barril y casi todas las empresas obtenían importantes excedentes económicos y utilidades. Por tanto, debiera convocarse a licitaciones públicas y transparentes para que sea el mercado el que determine la tasa de regalías.

Por último, la promesa de PPK de renegociar el lesivo contrato de exportación de gas licuefectado del Lote 56 hacia México quedó en promesa, pues públicamente no se reconoce avance alguno, a pesar de la evidente afectación de los ingresos fiscales.

Así, en el 2011 se exportaron más de 8.9 millones de metros cúbicos de gas provenientes del Lote 56 con ingresos de 1,284 millones de dólares para el Consorcio Perú LNG que delegó en Repsol la responsabilidad de exportación. En el 2016 se exportaron 9.6 millones de metros cúbicos de gas con ingresos de 523 millones de dólares. Este derrumbe en los ingresos de exportación se explica por la caída del marcador del precio en el gas natural Henri Hub y afecta el pago de regalías para el fisco.

Si bien ahora el consorcio Perú LNG delega la exportación del gas proveniente del Lote 56 en la transnacional anglo/holandesa Shell, el gobierno de PPK se comprometió a resolver este conflicto en los primeros meses de su mandato, pues resulta paradójico que los precios del gas natural en el mercado interno y la tasa de regalías en el Perú sean mayores respecto al gas de exportación, con lo cual se afecta el interés público y regionales por las menores transferencias del canon gasífero para el Cusco y el FOCAM para los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Región Lima y Ucayali.

Los primeros doce meses de gobierno en materia de hidrocarburos marcan una tendencia que profundizará la crisis del sector si no se adoptan medidas radicales fomentando la inversión pública y privada, fortaleciendo la integración vertical de Petroperu para balancear el enorme poder económico y político que tienen las transnacionales que se expresan a través de sus voceros en los distintos grupos parlamentarios del Congreso de la República y evidentemente en Palacio, salvo mejor parecer.

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Política

Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

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Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

La Comisión de Constitución aprobó el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República, al establecer que estará integrado por dos cámaras: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De los 17 congresistas que participaron de la sesión, 13 votaron a favor y 4 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), saludó el avance en el predictamen de la bicameralidad en la Comisión de Constitución, pero cuestionó la escopeta de dos cañones de Fuerza Popular porque,para ella, es una bancada que no piensa en los intereses del país sino en los partidarios.

“Los veo con ánimos de confrontar, si bien se avanzó con lo de la bicameralidad y parte del tema de los aportes a las campañas, tenemos que lograr el mayor consenso posible, porque estos son temas que tenemos que votarlos a conciencia porque le va a hacer bien al país y no de manera partidaria”, afirmó

GENERAN DUDAS

Indicó que tiene muchas dudas sobre el comportamiento de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos siguen con la actitud de insultar al presidente Vizcarra, incluso refirió que ayer uno de sus congresistas lo tildó de ignorante, y su bancada tuvo que protestar para que retire la frase.

“Ellos están viendo qué les conviene o qué no les conviene y no están pensando en que es lo mejor para el país, piensan en sus propios intereses, en dónde o cómo se ubican pero no están viendo qué le conviene al pueblo”, destacó.

La legisladora aseguró que el fujimorismo se ha repartido roles, uno para apurar la propuesta de reformas, otros para criticarlo.

“Como ejemplo están sus votos en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron votos divididos. Están jugando, dividen el voto de tal manera que tengan respuestas a favor y en contra”, aseveró.

EN NÚMEROS

Se pronunciaron a favor del restablecimiento del Senado los parlamentarios: Miguel Castro, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Úrsula Letona y Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, Gilbert Violeta y Patricia Donayre de Peruanos por el Kambio y Javier Velásquez del Apra.

Asimismo, Marisa Glave de Nuevo Perú, Yonhy Lescano de Acción Popular, Gino Costa de No Agrupados y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso. Y se abstuvieron: Lourdes Alcorta, Nelly Cuadros y Luz Salgado de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio.

ALGO MÁS

La decisión modifica el Artículo 90° de la Constitución Política del Perú y señala que “El Poder Legislativo reside en el Parlamento Nacional, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Informe plantea destituir al fiscal naranja

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Informe plantea destituir al fiscal naranja

Casi tres meses después que se revelaron los ‘CNM audios’ mediante IDL-Reporteros, recién parece abrirse paso la justicia. El informe acusatorio del parlamentario Juan Sheput, presentado ayer, propone que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debe aprobar pronto este informe y elevarlo a la Comisión Permanente.

El documento emitido por el legislador Sheput, dice como conclusión “que el fiscala Pedro Gonzalo Chávarry es autor de graves infracciones a los artículos 3º, 39º, 44º y 158º de la Constitución Política del Perú; así como el artículo 45º de la misma norma suprema”.

Asimismo, propone “que se le imponga la sanción de destitución del cargo de Fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

“Una vez que sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitiéndose el presente informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal d.6 del artículo 89º del Reglamento del Congreso”, finaliza.

Pedro Chávarry es para muchos el candado que tiene Fuerza Popular para mantener la impunidad de su bancada, de la ‘Señora K’, de AG, y la herramienta para intentar doblegar al Ejecutivo. Por eso, lo más probable es que este sea el inicio de otro escenario de conflicto entre el Gobierno y el fujimorismo.

CHÁVARRY, BECERRIL Y RODRÍGUEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió además los informes finales sobre los casos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular.

El grupo parlamentario convocará el lunes la sesión para la evaluación de los informes y el debate se realizaría entre el martes y el miércoles, previa coordinación con la Mesa Directiva.

César Vásquez, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien trabajó el informe sobre Becerril, investigado por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2017, aseguró que en su investigación se han recogido los testimonios y pruebas suficientes para llegar a una conclusión objetiva.

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Política

Salaverry, Chihuán y el “cambiazo” sobre acuerdo de confianza dado al Gobierno

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Leyla Chihuán

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunicaron ayer al presidente Martín Vizcarra que “el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto, al mencionar el oficio 257, vincula legal y políticamente la cuestión de confianza a la aprobación de las cuatro reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, aunque sin fecha límite y sin mención del proyectado referéndum del próximo 9 de diciembre.

PLAZO Y REFERÉNDUM

Esta rectificación del Congreso reduce entonces la controversia Ejecutivo–Legislativo a los temas del plazo de aprobación de las tres reformas pendientes (bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos políticos) y a la realización del referéndum del 9 de diciembre, para ponerlas en vigencia sin esperar su aprobación en una segunda legislatura.

En tal confrontación vigente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva ha explicado que el Ejecutivo no incluyó en ningún documento oficial en plazo de aprobación de las reformas para evitar que ciertos congresistas lo tomaran como una imposición y porque ellos mismos se fijaron el 4 de octubre como límite. Villanueva reiteró que si todo va bien, el Gobierno no tiene en la cabeza cerrar el Congreso en son de golpe de Estado.

Esos dos puntos, no son poca cosa, en el contexto de versiones periodísticas respecto a que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ordenado dos operaciones encubiertas: la primera para sabotear la aprobación de las reformas y, sobre todo, el referéndum; y la segunda, para perjudicar al presidente Vizcarra haciéndole blanco de acusaciones de presuntos ilícitos.

LA ESTRATEGIA ‘K’

El sabotaje a las reformas y el referéndum habría sido encargado por Fujimori Higuchi al equipo formado por: Luis Galarreta, Héctor Becerril, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra y Luz Salgado, todos coordinados electrónicamente (Marchand, Eloy, semanario H13. 2018).

Ellos se encargarán de desacreditar a Vizcarra acusándolo de golpista. Asimismo, buscarán posponer al máximo la aprobación de las reformas y de corromper el referéndum planteando que se pregunte temas que provocarían respuestas negativas de los electores.

Otro equipo de Fuerza Popular está acopiando información sobre todo tipo de gestión de Vizcarra, tanto privada y como en la gobernación de Moquegua.

La Comisión de Fiscalización citará al Presidente a declarar sobre el caso Chinchero para tratar de involucrarlo a partir de declaraciones del excontralor Edgar Alarcón, quien ya ha declarado ante un fiscal supremo, que siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra lo visitó varias veces para presionarlo a fin de que emitiese una auditoría favorable al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

La historia del “cambiazo”

En su parte medular el oficio Nº 257- 2018-PR, enviado el lunes 17 al presidente del Congreso, Daniel Salaverry por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifiesta:

“Referencia: convocatoria a legislatura extraordinaria. (…) En relación a los ejes 1 y 2 de la Política Genera de gobierno, aprobada por el Decreto Supremo Nº 056- 2018- PCM sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentadas en los 4 proyectos de ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República a fin de que se debatan y aprueben, con carácter de URGENTE.

En ese contexto, estando a la facultad conferida por el inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, convoco al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 19 de setiembre a las 8:00 horas, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la Política General del Gobierno, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 133 de la Carta Magna”.

César Villanueva en el Congreso

Nuevo texto oficio Nº 070

El oficio Nº 070- 2018- 2019, con el nuevo texto rectificado fue recibido por la mesa de partes de Palacio de Gobierno a las 9:14 a.m. de ayer y en lo sustancial dice:

“Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto corresponde al acuerdo previo que tomó la junta de portavoces de someter al pleno como moción única, el contenido del pedido de confianza del Gobierno contenido en su oficio Nº 270 firmado por el presidente Martín Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros.

César Villanueva.

PRIMERA VERSIÓN ‘TRUCHA’

Obsérvese que la primera versión del mismo oficio, enviada al Gobierno por Salaverry y Chihuán tan pronto el Congreso acordó conceder la confianza, es distinta, pues no contiene ninguna referencia al oficio Nº 257:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de Gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

‘CAMBIAZO’ SALAVERRY – CHIHUÁN

Esto demuestra que la dupla Salaverry – Chihuán realizó un burdo “cambiazo” del acuerdo de portavoces para tratar de desvincular la confianza otorgada de la aprobación de las cuatro reformas políticas.

Sin embargo, tuvieron que recular sin realizar mayor comentario, ante la protesta de la bancada de Nuevo Perú por el escamoteo a lo acordado por los portavoces, y a causa de las críticas de distintos medios de prensa que ayer menudearon contra la conducta de Fuerza Popular y la directiva del Congreso.

A pesar del develamiento de la fallida jugarreta de Salaverry – Chihuán, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, continuó insistiendo ayer en que la aprobación de la confianza al Ejecutivo no está sujeta a la aprobación de las reformas.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, le respondió que la aprobación de las reformas pendientes sí está vinculada directamente con la cuestión de confianza, según los documentos oficiales.

ALGO MÁS

Glave añadió: “Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo es que su conducta muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, por lo que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”.

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