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“Sin inversión minera no hay crecimiento económico”

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El Defensor del Pueblo generó polémica en el reciente Perumin con una exposición donde trataba de establecer un vínculo entre la inversión minera y los derechos humanos. “Sin inversión minera no hay crecimiento económico. Sin crecimiento económico los derechos humanos no serán iguales para todos”, señalaba la diapositiva que se hizo viral.

Además de que deberíamos partir del principio de que los derechos humanos no son negociables, sorprende lo desactualizado que resulta este enfoque. Si bien el razonamiento puede parecer plausible (para brindar servicios, el Estado necesita recursos económicos), la economía del desarrollo ha demostrado ya la débil relación existente entre los dos términos utilizados por el Defensor, “crecimiento económico” y “derechos”.

Este hecho es reconocido, por ejemplo, en “Desarrollo y Libertad” del Nobel Amartya Sen, texto fundante del enfoque de Desarrollo Humano. En esta obra pionera, Sen mostró cómo algunos países tenían alto crecimiento económico –vinculado, además, a la exportación de materias primas, por ejemplo el petróleo– pero no cumplían con garantizar derechos elementales como educación y salud. Al mismo tiempo, mostró cómo otros países con muy bajo crecimiento económico tenían notables niveles de educación y salud. Según explica Sen, el crecimiento del PBI es un medio que puede permitir garantizar estos derechos elementales, pero ello depende mucho más de que las prioridades políticas pongan por delante a la gente, lo que puede hacerse incluso con un crecimiento modesto.

Así pues, resulta insuficiente estimular el crecimiento del PBI mediante grandes inversiones, y resulta engañoso asociar el PBI per cápita con desarrollo o con cumplimiento de derechos elementales. A partir de esta crítica, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo adoptó hace casi tres décadas un enfoque más complejo, el Enfoque de Desarrollo Humano, que trata de moderar el peso del PBI incluyendo indicadores de salud y educación para conocer el real avance de los países hacia el cumplimiento de los derechos.

Más aún: hace casi 10 años el propio PNUD reconoció que incluso el Índice de Desarrollo Humano (IDH) puede resultar engañoso debido al peso del crecimiento económico que distorsiona una lectura enfocada en el cumplimiento de derechos. La mayoría de países que han tenido avances en su IDH lo han hecho arrastrados por el peso estadístico del PBI, mientras que sus condiciones reales en educación y salud han variado muy poco.

Hace unos años, un simple ejercicio comparativo me permitió comprobar esto para efecto de las inversiones mineras en el Perú. Para la región Cajamarca, así como para tres de las principales provincias mineras del país (Huari, Espinar y Angaraes), el nivel de desarrollo humano se había mantenido prácticamente estático en 15 años pese a los grandes montos de inversión. En índices como desnutrición infantil o escolaridad, los índices de zonas mineras eran mucho peores que los promedios nacionales e incluso peores que los de otras zonas rurales no mineras de características similares. Esto muestra que la inversión minera –en sí misma- tiene escaso o nulo impacto en el cumplimiento de los derechos sociales básicos a nivel local.

Pero a esto hay que agregar un elemento clave: determinado tipo de inversión puede generar inclusive un impacto negativo en el ambiente, lo que también impacta en los derechos de las personas así como en el propio presupuesto del Estado. Por ejemplo, en el caso de Espinarmás de 30 años de minería están asociados a contaminación del agua por metales pesados, lo que ha afectado la salud de la población. Hoy, el Estado se encuentra obligado a implementar una inversión especial para garantizar la salud de quienes se encuentran perjudicados por esta delicada situación, inversión considerable que no hubiera sido necesaria de no producirse los impactos ambientales. Lo mismo ocurre en lugares donde la inversión minera está asociada a desaparición de cursos de agua, canales o aguas subterráneas, lagunas, entre otros: el “crecimiento económico” minero puede causar “externalidades” que afectan la economía agrícola local, y por lo tanto los derechos de la población.

Frente a ello, se habla hace varios años del “PBI verde”, un nuevo tipo de contabilidad que deberá permitir descontar de las cuentas nacionales el impacto económico de las pérdidas ambientales generadas por las actividades productivas.

Así pues, llama la atención que la persona que es responsable de defender los derechos humanos de la población, utilice argumentos como este, desactualizados y anacrónicos desde el punto de vista económico. Al hacerlo, termina resultando funcional a un discurso empresarial que busca siempre más facilidades para las inversiones y menos controles y regulaciones bajo la excusa de la “tramitología”. Todo ello, con impactos negativos precisamente en los derechos de la ciudadanía.

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Política

Un desesperado García ataca al presidente Vizcarra

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Alan García Pérez

Una vez más AG acusó al Gobierno de estar asociado a las empresas vinculadas al “Club de la Construcción”. Su reacción fue después que la Fiscalía de la Nación pidiera al Congreso de la República copias certificadas del informe en minoría desarrollado por el parlamentario del Frente Amplio, Humberto Morales que lo involucra.

Tuit de Alan García Pérez

Tuit de Alan García Pérez

GOBIERNO ESTÁ EMBARRADO

“Los enemigos seguirán frustrados. A dos años de investigaciones, delaciones, cuentas y colaboradores eficaces, nada me vincula con coimas y depósitos, pero el Gobierno sí está embarrado con el ‘Club de la Construcción’”, escribió García en su cuenta de Twitter.

Tras insistir que “no se vendió”, García insistió: “A los especuladores y enemigos: si no me vendí por millones como los otros, ¿por qué me vendería por 70 mil dólares de una conferencia real y pública y un año después de mi gobierno? La historia aprista y el orgullo no tienen precio”, aclaró.

METIENDO A VIZCARRA

Según indicó un aspirante a colaborador eficaz, la empresa Construcción y Administración S.A. (CASA), parte del denominado “Club de la Construcción” aportó con 100 mil dólares a la campaña electoral del partido Peruanos por el Kambio (PpK) en el 2016; posteriormente, CASA obtuvo cuatro proyectos, en la gestión de Martín Vizcarra, cuando era titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

No obstante, el Presidente negó haber tenido una relación con el “Club” y calificó como “patrañas” las denuncias que tratan de vincularlo y asegura que fue él quien combatió a ese grupo de empresas.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Ataques seguidos

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Martín Vizcarra Cornejo

Los ataques de García al presidente Vizcarra se remontan a inicios de año. El 2 de enero y tras el reciente planteamiento del Ejecutivo para aprobar un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público, García escribió en su Twitter: “Menos alharaca y más respeto por las instituciones. Señor, comience a gobernar, no hay obras y la anemia se mantiene. Por lo menos haga un hospital, porque el circo pasará y no habrá empleo ni pan”, escribió García en su red social.

A mediados de ese mes, García dijo que el Presidente “ha mentido al país” debido a que su empresa, C y M Vizcarra alquiló maquinarias para la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que estaba bajo la responsabilidad de Conirsa que entonces agrupaba a las empresas Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.

“El circo se terminó, el referéndum pasó y ya botaron a Chávarry. Se está volviendo a la realidad y la realidad con la falta de empleo y obras, pero desde ayer con la evidencia que el presidente Vizcarra ha mentido al país porque en efecto él trabajó en la construcción de la Interoceánica y no vale decir que no sabía quién construyó la Interoceánica”, indicó García.

“Creo que falta investigar profundamente el caso Chinchero y en tercer lugar que se sepa qué hay en las fiscalías sobre el ‘Club de los Constructores’ que involucra a varios del Gobierno”, agregó. Según AG, investigado por el caso Lava Jato, desde el Gobierno se ha “levantado una supuesta bandera de la corrupción”.

“(Martín Vizcarra) Cree que somos ingenuos y que nos tomamos los circos que monta. Ha sido socio de Conirsa y Conirsa es socio de Odebrecht. Él tiene allí, y lo ha mostrado una periodista, un papel en el cual es apoderado de la empresa Graña”, señaló el exmandatario quien saludó la decisión del Congreso de investigar al Presidente.

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Política

Villanueva defiende a Vizcarra

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que las críticas contra Martín Vizcarra buscan empañar la gestión del Ejecutivo.

“(Martín Vizcarra) no tiene en absoluto nada que ver. Él, personalmente, ha mostrado una total apertura a la investigación, una colaboración total para lo que se haga. Además, ha señalado que los órganos pertinentes hagan la investigación a todos los partidos políticos por igual”, señaló en declaraciones a una radioemisora.

Asimismo, reiteró su confianza en la transparencia del Jefe de Estado.

“Todos los caminos [de quienes critican] apuntan a que el presidente Vizcarra tropiece y caiga. Eso es clarísimo. Golpes vamos a tener, pero la limpieza que tiene el Presidente la avalé, la avalo y la avalaré. Lo conozco desde hace mucho tiempo y conozco su transparencia. Por eso lo acompaño hasta el momento que él diga”, aseguró.

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