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Si la economía crece ¿por qué la pobreza aumenta?

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En los últimos días hemos recibido una noticia que nos ha preocupado a todos. Después de varios años de caídas consecutivas, en el año 2017, la pobreza aumentó. Y aumentó en un contexto, además, en el que el crecimiento del Perú fue positivo. La economía creció 2.5% y la pobreza aumentó en 1%.

La pobreza es medida de varias formas, pero la más convencional es la pobreza monetaria, es decir, definir cuántos son pobres o no, dependiendo de cuánto gasta al mes para subsistir. La línea de la pobreza está definida en 380 soles, actualmente. En el 2016, el porcentaje de pobres alcanzó el 20.7%; en el 2017, esa cifra subió a 21.7%. Ese 1% representa a 375 mil personas y eso debería de preocuparnos.

Lo que pocos peruanos sabemos es como está conformada la productividad y la generación de ingresos de nuestro mercado nacional. Siendo un país mayoritariamente primario exportador, el grueso de nuestros ingresos depende de factores externos (alza y/o baja del precio de los metales, alza y/o baja del precio del petróleo, etc.) La parte minoritaria de lo que produce nuestro mercado, y que puede ser controlado, está basado en el sector construcción, las industrias y los servicios.

En la última década, nuestro país gozó de un alza en nuestra economía, gracias al apogeo del precio de los metales en el mercado mundial. Sin embargo, el efecto en el mercado interno y en el bolsillo de la gente, fue casi nulo.

Los sectores que son intensivos en la creación de puestos de trabajo (construcción, las industrias y los servicios) son los que más han sufrido. Cuando uno revisa los indicadores del 2017, de todos los sectores, el que más ha sufrido ha sido el sector industrial nacional, el cual ha caído 1% y se han perdido miles de empleos formales y no formales.

Este sector de desempleado, no ha dejado de trabajar y justamente han migrado a los otros sectores donde les pagan menos. Por lo tanto, su poder adquisitivo disminuye. ¿Qué o quiénes son los responsables de ello?

Los responsables son las autoridades que no distinguen entre sociedades de mercado y sociedades con mercado. El mercado existe, negarlo es infantil, pero en sociedades de mercado como la nuestra, el Estado traslada su responsabilidad de legislar y le faculta concesiones en diversas materias de la sociedad. En cambio, en sociedades con mercado, es el Estado quien regula que las reglas de juego sean justas, con equidad y con las mismas prerrogativas para el sector privado y público y no en desmedro de lo público.

Hoy en día hay muchos problemas económicos en el país, pero uno de los principales es el referido a las grandes obras de infraestructura y el problema no es el dinero para ejecutarlas, sino la toma de decisiones acertadas en el corto plazo.

Obras como el Gasoducto Sur Andino, La Refinería de Talara, Michiquillay, las Líneas 3 y 4 del Metro, entre otras, son algunas de las obras que se provén adjudicar este año. Lamentablemente, casos como el Aeropuerto de Chincheros, empañado por la corrupción, también juega un factor en contra de quienes tienen en sus manos las grandes decisiones políticas.

El esquema de Reconstrucción planteado por PPK, fue un esquema que sirvió de base para el beneficio de sus socios privados y que en el corto plazo dio nulos resultados a la ciudadanía. Estableció una lógica de pupitre que desconocía las dinámicas locales y regionales de nuestro país. Como, por ejemplo, el de no concebir como eje prioritario del Estado, el ayudar a los miles de medianos y pequeños agricultores afectados por el Fenómeno del Niño. Una de las entidades clave que provee de préstamos accesibles a estos agricultores nacionales, es Agrobanco, la misma que está a punto de quebrar por haber destinado recursos a grandes empresas, las mismas que hoy en día mantienen millonarias deudas al no devolver los préstamos solicitados. El Estado debería de reconocer que habiendo un espacio en el cual puede intervenir y promover la mejora de los miles de medianos y pequeños agricultores, simplemente no lo hizo ni lo hace.Los programas sociales, si bien es cierto, no son la mejor fórmula para resolver problemas estructurales, muchos de estos sí permiten generar canales de escape de la pobreza, fortaleciendo las capacidades de la ciudadanía. En los últimos dos años, lamentablemente, no ha habido un fortalecimiento de éstos programas, sino un desmantelamiento o un mal diseño que responde al desconocimiento de lo que se quiere hacer con ellos en el corto y largo plazo.

Los países a los que conocemos como “desarrollados” son países en los cuales su economía depende de lo que ellos produzcan. Son economías con mercado, donde tienen instituciones fuertes y consolidadas, clases medias consolidadas y sobretodo apuestan por la diversificación productiva o economías diversificadas.

Ahí tenemos ejemplos concretos como lo conseguido por Bolivia en tan solo 10 años: lograron gradualmente consolidar la base económica para la adecuada redistribución de las riquezas; recuperación de la soberanía en las políticas macroeconómicas, y crecimiento económico en función al aprovechamiento de los recursos naturales con la nacionalización de los sectores estratégicos, como producción e industrialización. ¿Cómo se logró el repunte de los indicadores sociales? Mediante la priorización de la inversión social y la inversión pública.El Perú lo puede lograr también, ¿se imaginan la cantidad de puestos de trabajos e industrias con tan solo uno de nuestros recursos energéticos y la apuesta por la Petroquímica? Se los dejo como tarea.

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Política

Tribunal Constitucional y Corte Suprema petardean la lucha contra la corrupción

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Juan José Quispe

El jurista Juan José Quispe, del Instituto de Defensa (IDL), remarcó que existe toda una campaña de demolición de diferentes sectores políticos, que pasa por el presidente del Tribunal Constitucional y luego por el Defensor del Pueblo, y otros altos funcionarios como ministros, congresistas, que se quieren traer abajo el proceso anticorrupción.

“Los fiscales tienen las pruebas judiciales respecto de los casos que están en su poder. Ahora le han tirado la pelota al Congreso para que modifique la ley del Código Procesal Penal referida al Artículo 278 que habla sobre las prisiones preventivas, el arresto domiciliario y demás figuras que tienen que ver con los casos de la corrupción de funcionarios”, precisó.

HAY 30,200 CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA

“Yo alerto a la ciudadanía, alerto al Perú, que prontamente van a ver cambios, no solamente en el ámbito del Congreso modificando normas, y que ya hay primeros indicativos la Corte Suprema de Justicia de la ejecutoria de casación (la 1445/2018) dada el 11 de abril emitida por la Sala Penal Permanente presidida por San Martín sobre el peligro de fuga”, explicó.

“Ahora, el presidente del Tribunal Constitucional que está opinando como si fuera un ciudadano de a pie a pesar de que su posición luego va a ser contrastada con alguna resolución que llegue a su despacho vía hábeas corpus de acción de amparo, como el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia”, remarcó.

“Todos están contra la prisión preventiva porque teóricamente es la última ratio, pero que solamente se está persiguiendo a diez casos de personas. Pero nosotros nos ponemos a señalar que el universo de casos con prisión preventiva, de presos sin sentencia, son 30,200 y nadie se ha preocupado por ellos”, declaró.

ENTROMETIENDO EN LA FISCALÍA

“Lo que quieren es que la prisión preventiva, que analizan teóricamente y no la práctica, sea una suerte de última ratio, cuando ni siquiera han leído el expediente judicial, y vean los casos de Keiko Fujimori, PPK, Alan García que ya está muerto, Ollanta Humala, del señor Nava, de Cornejo, de la señora Susana Villarán, verán que son casos muy excepcionales y donde aparece ya no solamente la Fiscalía sino el Poder Judicial, han encontrado elementos razonables de graves inculpados que los vincula con los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios”, subrayó.

“Pero sobre todo han encontrado -agregó- que esas personas tienen esa condición de poder fugarse del país o de perturbar las investigaciones. Todos dicen ‘pobrecito el señor PPK’, una persona de 81 años, a quien debe dársele arresto domiciliario, porque la norma así lo establece y su abogado así lo dice”.

“Yo le digo que la norma establece el arresto domiciliario en el Código Procesal Penal, establece que cuando a una persona se le debe imponer la prisión preventiva, pero que podría imponérsele el arresto domiciliario, le puede imponer siempre y cuando cumpla cuatro requisitos, uno detrás de otro: que tenga más de 65 años, el segundo es que tenga una enfermedad terminal, el tercero que tenga una incapacidad física y el cuarto que sea una persona embarazada”, declaró.

EL CASO DE PPK

“PPK encaja en el primer supuesto, pero la norma dice ‘siempre que’, un requisito sine qua non, un requisito que nunca falta que es que no perturbe las investigaciones. El juez no fue Carchuancho, a quien le decían el juez carcelero, fue otro juez. Pero la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional están petardeando al sistema anticorrupción”, señaló.

“Todos los investigados van a gozar de libertad, pero no se dan cuenta de algo: El arresto domiciliario es un saludo a la bandera, porque los juzgados irán a sus juicios orales, pero a la hora de la sentencia desaparecerán o fugarán del país”, sentenció.

“A mí me causa gracia cuando PPK dice: ‘Yo no tengo plata, me han congelado mis cuentas, no tengo cómo pagar a mis abogados’, debemos creer que el señor Nakazaki no le cobra un solo centavo por defender a PPK, hay que ser ilusos para creer eso. Los corruptos guardan su dinero a cuenta de otros”, agregó.

ALGO MÁS

“Además, no sería raro que esta semana se presente la casación a favor de Keiko Fujimori y que la próxima semana salga libre, gracias a la norma de la Corte Suprema”, concluyó el jurista Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Junta Nacional de Justicia debe continuar lucha contra la corrupción

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Junta Nacional de Justicia

La aprobación de las bases para la elección de los próximos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha generado expectativa entre la opinión pública y los consultados por Diario UNO, quienes esperan que la nueva institución contribuya a la lucha contra la corrupción que actualmente se viene librando.

ROMPER CON LA CORRUPCIÓN

El congresista de Nuevo Perú Alberto Quintanilla dijo estar a la expectativa de que la JNJ rompa con la corrupción que se estuvo dando en el CNM.

“Como todos los peruanos, estamos a la expectativade que la Junta Nacional de Justicia respete los principios liberales, tenga legitimidad y rompa con la corrupción que se estuvo dando al interior del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura”, dijo al Diario UNO.

Asimismo, pidió a la nueva institución que guarde autonomía y no concentrar poder como lo hizo el CNM.

“La nueva junta debe tener autonomía si va a ser quien fiscalice a los otro poderes del Estado. Además, no debe cometer el mismo error de concentrar poder como lo hizo el desaparecido consejo”, advirtió.

COLMAR EXPECTATIVAS

El abogado penalista Luis Tudela Varela pidió no antelar juicio antes de conocer el accionar de los integrantes de la junta pero espera que la nueva institución cumpla su cometido y colme las expectativas populares.

“Siempre las innovaciones nos causan expectativas; no podemos antelar juicio mientras no veamos el actuar de la personas. Deseamos que los miembros de la Junta Nacional de Justicia realmente cumplan su cometido y sobre todo colmen las expectativas populares”, dijo a Diario UNO.

SIN VERICUETOS

Por su parte, el exprocurador Pedro Gamarra dijo esperar que la nueva institución luche contra la corrupción frontalmente y sin vericuetos que hagan volver a lo que se daba con el CNM.

“Espero que la Junta Nacional de Justicia pueda coadyuvar con la lucha contra la corrupción. Todos esperamos que la lucha se dé frontalmente y sin ningún vericueto que nos haga volver a lo mismo que se daba en el Consejo Nacional de la Magistratura”, afirmó a Diario UNO.

BASES PARA CONCURSO

La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia aprobó ayer las bases para la elección de los próximos integrantes de la JNJ, organismo que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

PLAZOS

Las bases fueron publicadas hoy en el diario oficial El Peruano y a partir de mañana miércoles se podrán realizar las postulaciones. La tabla de resultados de los siete titulares de la JNJ, así como los suplentes aparecerá el 18 de julio y juramentación de los integrantes se efectuará el 19 de julio.

CUATRO PRUEBAS

Los candidatos para integrar la JNJ deberán pasar cuatro pruebas:

Evaluación patrimonial: Se revisará la declaración jurada de bienes y renta del postulante, para conocer la existencia o no de un desbalance patrimonial.

Prueba socioeconómica: Será en base a la evaluación de conflictos de interés, para conocer si existe esta situación en los postulantes.

Evaluación psicológica: Se conocerá si el postulante es apto para desempeñar el cargo, considerando el estrés y responsabilidad que implica ser miembro de la JNJ.

Prueba psicométrica: Se evaluará los niveles mínimos de razonamiento verbal y lógico necesarios para el desempeño de los procesos de selección y ratificación.

Las tres primeras evaluaciones estarán a cargo de la Contraloría de la República y la cuarta bajo la secretaría técnica, a cargo de la Defensoría del Pueblo. Para la fase de entrevistas, los miembros de la Comisión Especial tendrán cuatro informes de cada postulante a la Junta Nacional de Justicia.

CLAMOR POPULAR

El referéndum del pasado 9 de diciembre arrojó que casi el 80% de votantes estuvo de acuerdo con la nueva conformación de la JNJ, sintiendo la necesidad de cambiar la imagen que dejó el desactivado CNM, a fin de tener un organismo que haga más eficiente un sistema de administración de justicia que entró en crisis tras la actuación del desaparecido CNM, que designó a magistrados no idóneos y la falta de sanción para quienes no tenían una actuación adecuada, a pesar de las recomendaciones de los organismos de control del Poder Judicial y el Ministerio Público.

IMPUNIDAD EN EL CNM

La impunidad se hacía notoria cuando solo el 50.1% de las proposiciones de sanción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) fueron admitidas por el CNM. Las razones por las que no se destituyó a los magistrados implicados en los audios ventilados por IDL- Reporteros solo son de conocimiento de los exconsejeros.

Sobre esto, Tudela Varela señaló: “Todo el mundo sabía que dentro de la administración de justicia había personas que lamentablemente estaban en el lugar equivocado; para muchos su lugar era la cárcel, para otros era la destitución y para otros era no pisar más el Poder Judicial”

SOLO ABOGADOS

Uno de los cambios en la JNJ respecto al CNM es que todos sus integrantes serán abogados y este organismo tendrá la facultad de imponer sanciones menores a los magistrados.

Al respeto, Tudela Varela sostiene: “Me parece excelente; lamentablemente hay mucha discrepancia con la actuación de los abogados pero quien mejor que ellos para responsabilizarse de la justicia”

Por su parte, Pedro Gamarra reconoció que se priorice a los abogados pero que ello no garantiza un buen desempeño en l administración de justicia ya que la mayoría de los magistrados involucrados en actos de corrupción ejercen la Abogacía.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Se suspendió interrogatorio a expresidente de OAS

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Rafael Vela Barca y José Domingo Pérez Gómez

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, confirmó que el interrogatorio a Leo Pinheiro, expresidente de la empresa OAS, se suspendió por la inasistencia de su abogado peruano Fernando Silva, quien tuvo un retraso en su vuelo.

“Ha habido un contratiempo con la defensa de la persona que hemos venido a interrogar. La defensa ha tenido un retraso en su vuelo y por esa razón se ha determinado por parte de la justicia brasilera que la diligencia se lleve a cabo mañana”, señaló

La sesión se realizará este martes 23 en simultáneo con el interrogatorio a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien le consultará sobre los aportes de campaña al Partido Aprista y el caso del Tren Eléctrico.

El fiscal Vela señaló que el retraso de la diligencia que se debió realizar esta mañana no afectará las labores de la Fiscalía.

“Está planificado que las diligencias se puedan llevar a cabo porque, además, nosotros somos un equipo de fiscales y en esa medida hay fiscales que asistirán”, precisó al ser consultado sobre las diligencias que se realizarán en los próximos días en la ciudad Curitiba, Brasil.

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