Se profundiza la crisis política

Esta semana está marcada por los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Existe la posibilidad de la censura de la ministra de Educación, Marilú Martens, quien no merece continuar al frente de esta cartera, por la última huelga magisterial. Asimismo, hay varios ministros que no dan la talla, empezando por el propio Fernando Zavala.

Pero más allá del Gabinete, el problema de fondo es la estrategia fujimorista que busca desestabilizar al Gobierno y provocar un posible adelanto de elecciones que cubra de impunidad las imputaciones hechas por Odebrecht, en Brasil, de haberle financiado las campañas electorales de 2011 y 2016. Estas pugnas entre un Gobierno débil e incapaz con una mayoría manipuladora en el Congreso, profundizan la crisis política y social del régimen neoliberal.

Asimismo, los proyectos de reconstrucción que permitirán la reactivación de la economía y la recuperación de puestos de empleo se verían seriamente afectados por el clima de inestabilidad política que la mayoría fujimorista en el parlamento y el Gobierno están provocando. Esta situación perjudica directamente a los trabajadores y trabajadoras del país.

Pese a las denuncias, el Gobierno persiste en aplicar modalidades de contratación que en el pasado reciente han generado corrupción, como es la contratación para la ejecución de obras de los grandes proyectos, como “contrato por servicios”, lo que genera el desconocimiento del régimen especial de construcción civil para los obreros que laboran en estas obras, y el incumplimiento del pago de impuestos.

De esta manera se ejecutan obras de construcción como si fueran de servicios, como está sucediendo en las obras de la “reconstrucción con cambios” en el norte del país, donde las obras de descolmatación de los ríos se están realizando bajo esta modalidad de servicios, asimismo en otras obras de carreteras, licitadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (PROVÍAS).

Como lo hemos señalado, en la firma del Convenio Colectivo por Rama entre la FTCCP y la CAPECO, la reactivación económica debe generar empleo con derechos laborales. No se puede promover la desnaturalización de contratos y el imperio de la informalidad laboral.

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