Se necesita más plata para la educación

La educación es clave para salir adelante.

En el artículo «Educación: el gran reto de las nuevas autoridades», el 18 de septiembre pasado presenté un análisis de la situación económica del sector y los retos de su financiación, tomando como principio el «nivel óptimo» de inversión señalado por Vegas y Coffin (2015) al analizar la correlación entre los resultados PISA 2012 para matemática, y la inversión per cápita en secundaria.

En el artículo se asumió un nivel de inversión similar para toda la Educación Básica Regular (EBR) – primaria y secundaria-. La conclusión es que con los niveles de PBI actual la inversión necesaria es de casi 9%, lo que es inviable con el presupuesto actual. Pero, ¿tenemos alternativas?

Indudablemente, el Estado debe afrontar el reto de aumentar los ingresos tributarios, los mismos que, de acuerdo con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), pasaron del 14.67% del PBI en 2000 a 15.98% en 2015.Resulta interesante observar la tendencia por cuanto para 1990 los ingresos tributarios de Perú, aunque muy bajos en comparación con la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), eran superiores a los de Ecuador y Bolivia, lo que finalmente fue revertido.

Tienen que ver las prioridades de la inversión.

Tienen que ver las prioridades de la inversión.

ALGUNAS MEDIDAS ESPECÍFICAS
Con los bajos niveles de ingresos tributarios es fundamental que el Perú logre ampliar su base tributaria. Una parte importante de la baja presión fiscal se explica por los altos índices de informalidad, que en el Perú alcanza el 72%. Durante el primer año del actual gobierno la tasa de formalidad habría crecido solo un 1.8%, insuficiente si tomamos en cuenta la meta planteada por el propio gobierno (lograr que el 60% de los trabajadores pasen a la formalidad en 2021).

Otras medidas relacionadas con la necesidad de ampliar los ingresos fiscales son:

Combatir la evasión y elusión fiscal. En este sentido, de acuerdo con la SUNAT, la evasión tributaria anual es de aproximadamente S/. 60 mil millones. Estimaciones hechas por OXFAM sugieren que las empresas –básicamente las más grandes por niveles de facturación– eluden anualmente unos USD 104 mil millones. Aunque la elusión no es un delito, medidas antielusivas han sido recomendadas por la OCDE. Esta medida es impulsada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) como una de las soluciones para asegurar el financiamiento a la educación.

Eliminar las exoneraciones tributarias. De acuerdo con Ojo-Público, en la última década el Estado dejó de percibir S/. 93,629 millones.

Acelerar el cobro de las deudas de las grandes empresas. Ojo-Público ha podido también conocer que las corporaciones con mayor poder en el país han judicializado el pago de aproximadamente S/. 20 mil millones.

Podrían también considerarse medidas destinadas a aumentar o crear nuevos impuestos o subir tasas impositivas. En Uruguay, por ejemplo, existe el «Impuesto de Primaria», que grava a los propietarios (además de prominentes compradores, poseedores y usufructuarios) de bienes inmuebles, en cuatro franjas, que van desde el 0.15% al 0.30%, dependiendo del valor catastral del inmueble. Otra medida que puede ser estudiada es la de modificar nuevamente el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el cual fue creado en 2003 dentro de la lucha contra la evasión fiscal. En 2004, cuando la norma entró en vigencia, la tasa impositiva era del 0.10% del valor de la operación. A partir de 2011 la tasa se ubicó en 0.005%. De acuerdo con datos de la SUNAT, la recaudación del ITF en 2016 fue de S/ 168 millones. Un cálculo rápido señalaría que, volviendo a la alícuota inicial, el monto estimado de recaudación ascendería a S/ 3,360 millones (monto bastante realista si observamos que en 2008, la recaudación fue de S/ 1,138 millones).

Se pueden estudiar ejemplos de países de la región que tomaron medidas para aumentar los fondos destinados a los sectores sociales. Así, en Brasil, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación consiguió en 2013 que la presidenta Dilma Rousseff aprobara que el 75% de los royalties por la explotación de los recursos petrolíferos se destinen a la educación (el otro 25% al sector salud). Así también, el 50% de los recursos del Fondo Social de Pré-Sal fueron destinados a este sector. Lamentablemente, en 2016, a través de la PEC 55 / PEC 241, Michel Temer limitó el gasto público por 20 años, incumpliendo los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

Ingresos tributarios

¿Es el financiamiento el único problema a resolver?
Ciertamente que no. El MINEDU en los últimos años ha emprendido la tarea de mejorar la calidad de la educación. Las modificaciones a la Ley de Reforma Magisterial (2017) especifican la evaluación periódica del profesorado, cumpliendo con ello los siguientes dos objetivos: por un lado, favorecer la meritocracia, en la cual los maestros con mayores capacidades (de acuerdo con las variables evaluativas que para ello establezcan los distintos actores) ascienden en la escala magisterial, y por tanto, de nivel remunerativo; por otro lado, conocer las debilidades del profesorado con el fin de fortalecer sus capacidades. En este punto vale hacer una aclaración importante: las capacitaciones deben ser constantes, sin condicionantes, garantizando con ello un aumento de capacidades en los maestros, que finalmente se reflejará en una mejor educación para los estudiantes.

Asimismo, es imperativo atraer a los mejores alumnos de secundaria a la carrera docente. Mayores ingresos es, por supuesto, un estímulo importante. En Ecuador, por ejemplo, se modificó el esquema de ingreso a la universidad, que ya no depende de exámenes por institución universitaria sino de una evaluación nacional. De acuerdo con el puntaje obtenido, se puede optar por alguna de las tres carreras priorizadas por el postulante. El puntaje mínimo para el ingreso a la Universidad Nacional de Educación (creada en 2013) es uno de los más altos. En este sentido, el objetivo del gobierno es atraer a los jóvenes mejor capacitados, brindar una formación de alta exigencia académica, y compensar con un alto nivel remunerativo que se encuentre acorde con el nivel académico y el grado de responsabilidad social.

El aprovechamiento de las tecnologías de la información también debería ser una apuesta del sector. Para ello, no basta únicamente poner a disposición de los alumnos una computadora (como lo plantea el programa One Laptop Per Child) sino que es necesario crear condiciones para que estos equipos puedan ser aprovechados, lo que pasa también por incorporar plataformas de aprendizaje con demostrados impactos.

Aunque las deficiencias estructurales no se solucionarán en el corto plazo, se hace necesario el reclamo del conjunto de la ciudadanía y el compromiso de las fuerzas políticas para priorizar su financiamiento. En este sentido, considero necesario dos acciones concretas: i) generar un debate nacional con las fuerzas políticas y sociales (incluidos sindicatos, alumnado, padres de familia y organizaciones privadas), que permitan llegar a acuerdos de mediano y largo plazo respecto de las necesidades educativas; un ejemplo de ello puede ser la Conferencia Nacional de Educación en Brasil, la cual se desarrolla cada diez años y marca las pautas por ese período; y, ii)establecer medidas constitucionales que permitan asegurar un aumento anual (como porcentaje del PBI) que sea destinado al sector.

La educación pública es un derecho. Es hora de establecer un Proyecto Educativo Nacional (PEN) que vaya más allá de las buenas intenciones, con una amplia participación de actores en los distintos niveles de administración territorial, donde se materialice el camino a recorrer con objetivos claros, y – por supuesto – asegurando los niveles de inversión adecuados.

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