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Se necesita más plata para la educación

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En el artículo «Educación: el gran reto de las nuevas autoridades», el 18 de septiembre pasado presenté un análisis de la situación económica del sector y los retos de su financiación, tomando como principio el «nivel óptimo» de inversión señalado por Vegas y Coffin (2015) al analizar la correlación entre los resultados PISA 2012 para matemática, y la inversión per cápita en secundaria.

En el artículo se asumió un nivel de inversión similar para toda la Educación Básica Regular (EBR) – primaria y secundaria-. La conclusión es que con los niveles de PBI actual la inversión necesaria es de casi 9%, lo que es inviable con el presupuesto actual. Pero, ¿tenemos alternativas?

Indudablemente, el Estado debe afrontar el reto de aumentar los ingresos tributarios, los mismos que, de acuerdo con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), pasaron del 14.67% del PBI en 2000 a 15.98% en 2015.Resulta interesante observar la tendencia por cuanto para 1990 los ingresos tributarios de Perú, aunque muy bajos en comparación con la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), eran superiores a los de Ecuador y Bolivia, lo que finalmente fue revertido.

Tienen que ver las prioridades de la inversión.

Tienen que ver las prioridades de la inversión.

ALGUNAS MEDIDAS ESPECÍFICAS
Con los bajos niveles de ingresos tributarios es fundamental que el Perú logre ampliar su base tributaria. Una parte importante de la baja presión fiscal se explica por los altos índices de informalidad, que en el Perú alcanza el 72%. Durante el primer año del actual gobierno la tasa de formalidad habría crecido solo un 1.8%, insuficiente si tomamos en cuenta la meta planteada por el propio gobierno (lograr que el 60% de los trabajadores pasen a la formalidad en 2021).

Otras medidas relacionadas con la necesidad de ampliar los ingresos fiscales son:

Combatir la evasión y elusión fiscal. En este sentido, de acuerdo con la SUNAT, la evasión tributaria anual es de aproximadamente S/. 60 mil millones. Estimaciones hechas por OXFAM sugieren que las empresas –básicamente las más grandes por niveles de facturación– eluden anualmente unos USD 104 mil millones. Aunque la elusión no es un delito, medidas antielusivas han sido recomendadas por la OCDE. Esta medida es impulsada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) como una de las soluciones para asegurar el financiamiento a la educación.

Eliminar las exoneraciones tributarias. De acuerdo con Ojo-Público, en la última década el Estado dejó de percibir S/. 93,629 millones.

Acelerar el cobro de las deudas de las grandes empresas. Ojo-Público ha podido también conocer que las corporaciones con mayor poder en el país han judicializado el pago de aproximadamente S/. 20 mil millones.

Podrían también considerarse medidas destinadas a aumentar o crear nuevos impuestos o subir tasas impositivas. En Uruguay, por ejemplo, existe el «Impuesto de Primaria», que grava a los propietarios (además de prominentes compradores, poseedores y usufructuarios) de bienes inmuebles, en cuatro franjas, que van desde el 0.15% al 0.30%, dependiendo del valor catastral del inmueble. Otra medida que puede ser estudiada es la de modificar nuevamente el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el cual fue creado en 2003 dentro de la lucha contra la evasión fiscal. En 2004, cuando la norma entró en vigencia, la tasa impositiva era del 0.10% del valor de la operación. A partir de 2011 la tasa se ubicó en 0.005%. De acuerdo con datos de la SUNAT, la recaudación del ITF en 2016 fue de S/ 168 millones. Un cálculo rápido señalaría que, volviendo a la alícuota inicial, el monto estimado de recaudación ascendería a S/ 3,360 millones (monto bastante realista si observamos que en 2008, la recaudación fue de S/ 1,138 millones).

Se pueden estudiar ejemplos de países de la región que tomaron medidas para aumentar los fondos destinados a los sectores sociales. Así, en Brasil, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación consiguió en 2013 que la presidenta Dilma Rousseff aprobara que el 75% de los royalties por la explotación de los recursos petrolíferos se destinen a la educación (el otro 25% al sector salud). Así también, el 50% de los recursos del Fondo Social de Pré-Sal fueron destinados a este sector. Lamentablemente, en 2016, a través de la PEC 55 / PEC 241, Michel Temer limitó el gasto público por 20 años, incumpliendo los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

Ingresos tributarios

¿Es el financiamiento el único problema a resolver?
Ciertamente que no. El MINEDU en los últimos años ha emprendido la tarea de mejorar la calidad de la educación. Las modificaciones a la Ley de Reforma Magisterial (2017) especifican la evaluación periódica del profesorado, cumpliendo con ello los siguientes dos objetivos: por un lado, favorecer la meritocracia, en la cual los maestros con mayores capacidades (de acuerdo con las variables evaluativas que para ello establezcan los distintos actores) ascienden en la escala magisterial, y por tanto, de nivel remunerativo; por otro lado, conocer las debilidades del profesorado con el fin de fortalecer sus capacidades. En este punto vale hacer una aclaración importante: las capacitaciones deben ser constantes, sin condicionantes, garantizando con ello un aumento de capacidades en los maestros, que finalmente se reflejará en una mejor educación para los estudiantes.

Asimismo, es imperativo atraer a los mejores alumnos de secundaria a la carrera docente. Mayores ingresos es, por supuesto, un estímulo importante. En Ecuador, por ejemplo, se modificó el esquema de ingreso a la universidad, que ya no depende de exámenes por institución universitaria sino de una evaluación nacional. De acuerdo con el puntaje obtenido, se puede optar por alguna de las tres carreras priorizadas por el postulante. El puntaje mínimo para el ingreso a la Universidad Nacional de Educación (creada en 2013) es uno de los más altos. En este sentido, el objetivo del gobierno es atraer a los jóvenes mejor capacitados, brindar una formación de alta exigencia académica, y compensar con un alto nivel remunerativo que se encuentre acorde con el nivel académico y el grado de responsabilidad social.

El aprovechamiento de las tecnologías de la información también debería ser una apuesta del sector. Para ello, no basta únicamente poner a disposición de los alumnos una computadora (como lo plantea el programa One Laptop Per Child) sino que es necesario crear condiciones para que estos equipos puedan ser aprovechados, lo que pasa también por incorporar plataformas de aprendizaje con demostrados impactos.

Aunque las deficiencias estructurales no se solucionarán en el corto plazo, se hace necesario el reclamo del conjunto de la ciudadanía y el compromiso de las fuerzas políticas para priorizar su financiamiento. En este sentido, considero necesario dos acciones concretas: i) generar un debate nacional con las fuerzas políticas y sociales (incluidos sindicatos, alumnado, padres de familia y organizaciones privadas), que permitan llegar a acuerdos de mediano y largo plazo respecto de las necesidades educativas; un ejemplo de ello puede ser la Conferencia Nacional de Educación en Brasil, la cual se desarrolla cada diez años y marca las pautas por ese período; y, ii)establecer medidas constitucionales que permitan asegurar un aumento anual (como porcentaje del PBI) que sea destinado al sector.

La educación pública es un derecho. Es hora de establecer un Proyecto Educativo Nacional (PEN) que vaya más allá de las buenas intenciones, con una amplia participación de actores en los distintos niveles de administración territorial, donde se materialice el camino a recorrer con objetivos claros, y – por supuesto – asegurando los niveles de inversión adecuados.

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Política

Vizcarra exige celeridad para salida de Chávarry

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, solicitó al Legislativo que procese de manera rápida la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, porque esta institución estatal no ha realizado ninguna autocrítica en un momento en que la población ha perdido la confianza en las entidades públicas.

FALTA AUTOCRÍTICA

“¿Y el Ministerio Público? Resulta que cuando todos estamos haciendo nuestro esfuerzo; Poder Ejecutivo, instancias del Poder Judicial, también el Congreso ha hecho lo propio removiendo a todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura ¿Y el Ministerio Público? Bien, gracias. ¿Todo está bien en el Ministerio Público?”, cuestionó el mandatario.

Vizcarra afirmó que debería exigirse una autocrítica al Ministerio Público, dijo que no puede ser que en el momento en que necesitamos recuperar la confianza en nuestras instituciones, esta institución esté de espaldas a la transparencia que pide el pueblo.

“Tenemos una institución del sistema de justicia que no goza de la confianza de la población y ahí también tenemos que hacer cambios. Por eso, de nuevo le pido al Congreso de la República, que a través de la acusación constitucional pueda darle celeridad a este trabajo y pueda hacerlo”, agregó.

Destacó que ha llegado el momento en el que el pueblo ha dicho ya basta, ha llegado el momento en el que las autoridades honestas dicen basta. “Y vamos a trabajar juntos, y vamos a trabajar hasta que logremos el objetivo de cambiar el sistema de administración de justicia, de comenzar el cambio a través de una reforma política”, manifestó.

El presidente Vizcarra comparó la indiferencia del Ministerio Público con la actitud del Poder Judicial, que hizo un autocrítica, “dijeron estamos mal, se declararon en emergencia y renunció su presidente (Duberlí Rodríguez), para dar opción a que se pueda hacer el cambio.

NO VAMOS A RETROCEDER

“Quiero decir a Arequipa y al Perú que no vamos a retroceder, que puede haber muchas voces, que pueden criticar los proyectos, que pueden decir este proyecto lo podría mejorar si es que le hago este cambio ¿Y por qué no lo hiciste antes? El problema no es de ahora, el problema es de hace cinco, diez, quince años, es decir, si sabías como era el proyecto ¿por qué no lo dijiste en su oportunidad? ¿Por qué has dejado pasar tanto tiempo para tratar de buscar la sinrazón?”, aseveró el Jefe del Estado.

En referencia al comportamiento de la bancada keikista, el mandatario señaló que si tienen que hacer algún ajuste, que lo hagan, pero no retrocederá. “Y así como la semana pasada he estado en la selva, en el norte, en el centro hoy (ayer) en Arequipa, en las calles el pueblo de manera voluntaria ha hecho sentir su voz y ha dicho el referéndum sí va. Y es lo que decimos, el referéndum va”.

JUNTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Sin embargo, el Jefe del Estado reconoció que en el tema de administración de justicia ya ha habido cambios, porque el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ya no tienen las autoridades, y todos en el CNM se fueron a su casa. “Y con la potestad que tenemos como Presidente de la República y como Ejecutivo convocamos al Parlamento a un pleno, 112 congresistas votaron a favor de que se vayan todos a sus casas ¿Cuántos en contra? Cero. Y así se demuestra cómo juntos trabajamos contra la corrupción”, resaltó.

DIJO VIZCARRA

Por algo se empieza

El presidente Martín Vizcarra señaló que no se está planteando todo lo que se debe hacer, dijo que hay más cosas que hacer pero por algo se empieza. Y lo que ha planteado es un buen inicio para cambiar, y eso es lo que necesita el país. “Eso es lo que les pido a los poderes del Estado, pero le pido al poder más importante que tenemos en el país, al pueblo, que esté vigilante de lo que estemos haciendo y de que apoye decidida y organizadamente para lograr el objetivo. A la corrupción la podemos combatir, a la corrupción la podemos eliminar, pero el único requisito es que estemos juntos”, afirmó.

UN PACTO

“Y eso es lo que quiero, ese pacto de unión entre el pueblo y las autoridades honestas, que sí existen para combatir la corrupción, y eso, estoy seguro que desde Arequipa, la voz va a llegar a todo el Perú. Porque estamos dispuestos a enfrentar a cualquier enemigo que se agazape detrás de la corrupción”, agregó el presidente Vizcarra.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Hoy deciden suerte de Los Cuellos Blancos del Puerto

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Hoy deciden suerte de Los Cuellos Blancos del Puerto

El Poder Judicial pospuso para hoy la audiencia para resolver el pedido de la fiscalía de 36 meses de prisión preventiva contra el empresario Antonio Camayo y otros doce presuntos integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

La decisión fue adoptada por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La defensa legal de los implicados adujo que la fiscal Rocío Sánchez Saavedra, de la Fiscalía Provincial Corporativa contra el Crimen Organizado del Callao, no notificó los anexos con las pruebas que se describen en el requerimiento con la debida anticipación.

Asimismo, el juez anunció que las audiencias se llevarán a cabo en varias sesiones, que iniciarán hoy a las 4 p.m. y que estas no se extenderán hasta la madrugada.

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Política

Venganza fujiaprista contra fiscal valiente

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José Domingo Pérez Gómez

El exprocurador Ronald Gamarra sostuvo que existe una reacción del aprismo y el fujimorismo, que no quieren que se lleven a cabo las investigaciones por casos de corrupción y esto se materializaría en las denuncias fiscales en contra del fiscal José Domingo Pérez Gómez.

“Lo que vemos con las permanentes denuncias contra el fiscal José Domingo Pérez es una reacción del aprismo y el fujimorismo, quienes se oponen a que se lleven a cabo las investigaciones por casos de corrupción”, advirtió el exprocurador en entrevista al Diario UNO.

A las denuncias contra el fiscal José Pérez por “violación de los principios y deberes de la función fiscal” hechas por un aprista se suma el proceso disciplinario en su contra ordenado por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y un supuesto cobro indebido.

POR OPINAR SOBRE CHÁVARRY

A través de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima dirigida por el fiscal Luis Germaná, el titular del Ministerio Público abrió proceso disciplinario al fiscal Pérez tras declarar en un programa periodístico que Chávarry no era el más idóneo para dirigir el Ministerio Público.

Fuentes de la Fiscalía sostienen que el proceso que se le hará a José Domingo Pérez es de oficio y se sostiene en que el fiscal incurrió en “una infracción administrativa que afectaría gravemente su función como representante del Ministerio Público”.

“Es una investigación que se ha abierto en mi contra, de oficio, por mis declaraciones vertidas (…) No he faltado el respeto porque di mi opinión, haciendo uso de mi derecho constitucional”, dijo el fiscal, quien próximamente presentará sus descargos

Sobre este tema, Ronald Gamarra sostiene que no hay razones para sancionar a José Pérez ya que el funcionario público no pierde su condición de ciudadano ni su derecho a ejercer la libertad de expresión.

“Independientemente de lo que pensemos, José Pérez, como funcionario público, no pierde su condición de ciudadano y puede conservar su derecho a la libertad de expresión; no encuentro razones para sancionarlo”, aseguró.

PRESIÓN APRISTA

Del mismo modo, Martín Morocho Ruiz, de 67 años, natural de Piura y militante del Apra denunció al fiscal Pérez ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima (Odecma) por “violación de los principios y deberes de la función fiscal”. Asimismo, solicita que a Pérez se le realice “urgentemente un examen pericial psiquiátrico a fin de establecer si su estado de salud mental es el apropiado para desempeñar sus funciones”.

“COBRO INDEBIDO”

La Fiscalía Superior de Control Interno del Ministerio Público acogió la denuncia presentada el pasado 31 de julio por Denny Miranda Medina. La denuncia indica que el fiscal tenía derecho al cobro del “bono excepcional anticorrupción” —de 3000 soles — en su calidad de fiscal provincial titular a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Sin embargo, este ocupó ese cargo hasta inicios de setiembre de 2017. “Por tal motivo —señala la denuncia— no le correspondía percibir” el citado bono, pero “abusando de su condición de fiscal provincial continuó cobrándolo, lo que sumaría un total de S/33,000 aproximadamente, indebidamente percibidos causando así perjuicio al Estado”.

MINIMIZANDO EL VALOR DE LAS PRUEBAS

El fiscal José Pérez es responsable de las investigaciones por presunto lavado de activos que involucran en distintos procesos a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como a los expresidentes Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Asimismo, forma parte del equipo especial de la Fiscalía encargado del Caso Lava Jato. Para Ronald Gamarra, existe una nueva etapa en las investigaciones por corrupción y lo que el fujimorismo y aprismo buscan es minimizar el valor de las pruebas que involucran a sus líderes.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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