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Se necesita más plata para la educación

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En el artículo «Educación: el gran reto de las nuevas autoridades», el 18 de septiembre pasado presenté un análisis de la situación económica del sector y los retos de su financiación, tomando como principio el «nivel óptimo» de inversión señalado por Vegas y Coffin (2015) al analizar la correlación entre los resultados PISA 2012 para matemática, y la inversión per cápita en secundaria.

En el artículo se asumió un nivel de inversión similar para toda la Educación Básica Regular (EBR) – primaria y secundaria-. La conclusión es que con los niveles de PBI actual la inversión necesaria es de casi 9%, lo que es inviable con el presupuesto actual. Pero, ¿tenemos alternativas?

Indudablemente, el Estado debe afrontar el reto de aumentar los ingresos tributarios, los mismos que, de acuerdo con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), pasaron del 14.67% del PBI en 2000 a 15.98% en 2015.Resulta interesante observar la tendencia por cuanto para 1990 los ingresos tributarios de Perú, aunque muy bajos en comparación con la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), eran superiores a los de Ecuador y Bolivia, lo que finalmente fue revertido.

Tienen que ver las prioridades de la inversión.

Tienen que ver las prioridades de la inversión.

ALGUNAS MEDIDAS ESPECÍFICAS
Con los bajos niveles de ingresos tributarios es fundamental que el Perú logre ampliar su base tributaria. Una parte importante de la baja presión fiscal se explica por los altos índices de informalidad, que en el Perú alcanza el 72%. Durante el primer año del actual gobierno la tasa de formalidad habría crecido solo un 1.8%, insuficiente si tomamos en cuenta la meta planteada por el propio gobierno (lograr que el 60% de los trabajadores pasen a la formalidad en 2021).

Otras medidas relacionadas con la necesidad de ampliar los ingresos fiscales son:

Combatir la evasión y elusión fiscal. En este sentido, de acuerdo con la SUNAT, la evasión tributaria anual es de aproximadamente S/. 60 mil millones. Estimaciones hechas por OXFAM sugieren que las empresas –básicamente las más grandes por niveles de facturación– eluden anualmente unos USD 104 mil millones. Aunque la elusión no es un delito, medidas antielusivas han sido recomendadas por la OCDE. Esta medida es impulsada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) como una de las soluciones para asegurar el financiamiento a la educación.

Eliminar las exoneraciones tributarias. De acuerdo con Ojo-Público, en la última década el Estado dejó de percibir S/. 93,629 millones.

Acelerar el cobro de las deudas de las grandes empresas. Ojo-Público ha podido también conocer que las corporaciones con mayor poder en el país han judicializado el pago de aproximadamente S/. 20 mil millones.

Podrían también considerarse medidas destinadas a aumentar o crear nuevos impuestos o subir tasas impositivas. En Uruguay, por ejemplo, existe el «Impuesto de Primaria», que grava a los propietarios (además de prominentes compradores, poseedores y usufructuarios) de bienes inmuebles, en cuatro franjas, que van desde el 0.15% al 0.30%, dependiendo del valor catastral del inmueble. Otra medida que puede ser estudiada es la de modificar nuevamente el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el cual fue creado en 2003 dentro de la lucha contra la evasión fiscal. En 2004, cuando la norma entró en vigencia, la tasa impositiva era del 0.10% del valor de la operación. A partir de 2011 la tasa se ubicó en 0.005%. De acuerdo con datos de la SUNAT, la recaudación del ITF en 2016 fue de S/ 168 millones. Un cálculo rápido señalaría que, volviendo a la alícuota inicial, el monto estimado de recaudación ascendería a S/ 3,360 millones (monto bastante realista si observamos que en 2008, la recaudación fue de S/ 1,138 millones).

Se pueden estudiar ejemplos de países de la región que tomaron medidas para aumentar los fondos destinados a los sectores sociales. Así, en Brasil, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación consiguió en 2013 que la presidenta Dilma Rousseff aprobara que el 75% de los royalties por la explotación de los recursos petrolíferos se destinen a la educación (el otro 25% al sector salud). Así también, el 50% de los recursos del Fondo Social de Pré-Sal fueron destinados a este sector. Lamentablemente, en 2016, a través de la PEC 55 / PEC 241, Michel Temer limitó el gasto público por 20 años, incumpliendo los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

Ingresos tributarios

¿Es el financiamiento el único problema a resolver?
Ciertamente que no. El MINEDU en los últimos años ha emprendido la tarea de mejorar la calidad de la educación. Las modificaciones a la Ley de Reforma Magisterial (2017) especifican la evaluación periódica del profesorado, cumpliendo con ello los siguientes dos objetivos: por un lado, favorecer la meritocracia, en la cual los maestros con mayores capacidades (de acuerdo con las variables evaluativas que para ello establezcan los distintos actores) ascienden en la escala magisterial, y por tanto, de nivel remunerativo; por otro lado, conocer las debilidades del profesorado con el fin de fortalecer sus capacidades. En este punto vale hacer una aclaración importante: las capacitaciones deben ser constantes, sin condicionantes, garantizando con ello un aumento de capacidades en los maestros, que finalmente se reflejará en una mejor educación para los estudiantes.

Asimismo, es imperativo atraer a los mejores alumnos de secundaria a la carrera docente. Mayores ingresos es, por supuesto, un estímulo importante. En Ecuador, por ejemplo, se modificó el esquema de ingreso a la universidad, que ya no depende de exámenes por institución universitaria sino de una evaluación nacional. De acuerdo con el puntaje obtenido, se puede optar por alguna de las tres carreras priorizadas por el postulante. El puntaje mínimo para el ingreso a la Universidad Nacional de Educación (creada en 2013) es uno de los más altos. En este sentido, el objetivo del gobierno es atraer a los jóvenes mejor capacitados, brindar una formación de alta exigencia académica, y compensar con un alto nivel remunerativo que se encuentre acorde con el nivel académico y el grado de responsabilidad social.

El aprovechamiento de las tecnologías de la información también debería ser una apuesta del sector. Para ello, no basta únicamente poner a disposición de los alumnos una computadora (como lo plantea el programa One Laptop Per Child) sino que es necesario crear condiciones para que estos equipos puedan ser aprovechados, lo que pasa también por incorporar plataformas de aprendizaje con demostrados impactos.

Aunque las deficiencias estructurales no se solucionarán en el corto plazo, se hace necesario el reclamo del conjunto de la ciudadanía y el compromiso de las fuerzas políticas para priorizar su financiamiento. En este sentido, considero necesario dos acciones concretas: i) generar un debate nacional con las fuerzas políticas y sociales (incluidos sindicatos, alumnado, padres de familia y organizaciones privadas), que permitan llegar a acuerdos de mediano y largo plazo respecto de las necesidades educativas; un ejemplo de ello puede ser la Conferencia Nacional de Educación en Brasil, la cual se desarrolla cada diez años y marca las pautas por ese período; y, ii)establecer medidas constitucionales que permitan asegurar un aumento anual (como porcentaje del PBI) que sea destinado al sector.

La educación pública es un derecho. Es hora de establecer un Proyecto Educativo Nacional (PEN) que vaya más allá de las buenas intenciones, con una amplia participación de actores en los distintos niveles de administración territorial, donde se materialice el camino a recorrer con objetivos claros, y – por supuesto – asegurando los niveles de inversión adecuados.

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Política

Caradura AG quiere sacar a Vizcarra

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Alan García Pérez

El expremier Cateriano analiza la crisis política del país y el papel que cumplen los seguidores de Keiko Fujimori y Alan García para mantener sus estructuras de poder, que les permitan impunidad.

A pesar del desprestigio de AG y por consecuencia de su partido, así como de la crisis política que afecta a Fuerza Popular, el bastión más fuerte del fujiaprismo lo sigue teniendo en el Parlamento. Al respecto Diario UNO conversó con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros.

—Después de su intento frustrado de asilo en Uruguay, García anda enfurecido y confrontativo y hasta pontifica sobre corrupción, acusa al Presidente de mentir y pide que lo investiguen ¿Tiene credibilidad?

—Creo que las últimas encuestas también prueban que la palabra del expresidente García ha perdido credibilidad. Y precisamente a raíz de su intento de fuga al Uruguay, porque eso es lo que intentó hacer para eludir la acción de la justicia.

Él mismo, horas antes dijo ante todo el país que iba a cumplir con el mandato judicial que le impedía salir, pero no le importó haber declarado eso para después, sin ninguna vergüenza, solicitar el asilo al Uruguay. Ese acto lo terminó de liquidar desde el punto de vista de su credibilidad.

—Hay quienes creen que, con esa actitud y por ser investigado por la justicia, habiendo intentado fugar, García es un caradura…

—Efectivamente, lo es…

Martín Vizcarra Cornejo con la gente en la calle

—A pesar de la crisis por la que pasa el fujiaprismo, su nueva estrategia es investigar al presidente Vizcarra, porque su empresa CYM prestó servicios al consorcio Conirsa. ¿Cuál es su objetivo?

— El objetivo del fujiaprismo es forzar una renuncia del presidente Vizcarra, esa investigación tiene como propósito eso. Pero desde el punto de vista constitucional y político no tiene ningún sustento. Sin embargo, el fujiaprismo seguirá con esta conducta agresiva, porque la desesperación los lleva a ello y han demostrado que sus intereses no son los del país, sino los de Keiko Fujimori y Alan García.

—¿Qué significado tiene para el fujiaprismo el alejamiento de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación?

—Tanto la fuga del ex vocal supremo César Hinostroza como la renuncia a la cual se vio obligado a efectuar Chávarry, probaron que efectivamente estos personajes estaban al servicio de Fuerza Popular y el Apra, de manera específica de Keiko Fujimori y Alan García; razón por la cual estas agrupaciones políticas hicieron todo lo posible en el Legislativo para evitar que ellos dejaran sus cargos.

—Dos años y medio después de asumido en el Congreso de la República por Fuerza Popular, esta mayoría casi absoluta que tenía ha desaparecido ¿Qué opina de esta disminución del poder de esta bancada en el Parlamento?

—El proceso de descomposición de Fuerza Popular va a continuar, pero mientras el presidente del Parlamento Daniel Salaverry, no reorganice las comisiones el fujiaprismo seguirá ejerciendo abusivamente ese poder en el Congreso. Por eso, con la aparición de las nuevas bancadas Liberal y Cambio 21 se debería adecuar las comisiones a esta nueva conformación del Legislativo.

—¿Qué opina de la separación del juez Carhuancho del proceso a Keiko Fujimori y Fuerza Popular?

—Es una decisión del Poder Judicial absolutamente desafortunada, pero que además muestra la incongruencia de la propia sala, porque no puede sostener que Carhuancho fue parcializado en el caso de Keiko Fujimori y no lo fue en el caso de los Humala.

La sala no ha aplicado los mismos criterios en ambos casos, y de otro lado la propia sala incurre en ir contra lo que ellos predican porque acusan de declarar al juez Carhuancho, cuando él pidió el correspondiente permiso. Sin embargo, ellos han convocado una conferencia de prensa para hacer una defensa no jurídica sino política de su actuación.

Por eso, esto es preocupante. En todo caso, acá lo que queda a la ciudadanía es continuar con las protestas, porque precisamente a través de las movilizaciones a nivel nacional se ha conseguido por ejemplo, el respaldo y la restitución en sus cargos de los fiscales Vela y Pérez.

Uno puede tener discrepancias con el juez Carhuancho, incluso he sostenido que no estoy de acuerdo con los plazos que establece para las detenciones preliminares, hasta en el caso de Keiko Fujimori 36 meses me parece un plazo excesivo. Pero de ahí a sostener que es un juez que actúa de manera parcializada, creo que no es verdad.

—A usted le han iniciado una acusación constitucional en el caso conocido como Luz Verde, aunque esto ya se había archivado en la Fiscalía ¿Quiénes y por qué reabren este tema?

—No tengo pruebas pero sospecho que es consecuencia de la irritación del señor Alan García por mi viaje al Uruguay. No tengo otra explicación porque este tema ha sido investigado dos veces en la Fiscalía.

La Comisión de Fiscalización del Parlamento, cuando la presidía Héctor Becerril y la integraba Mauricio Mulder, enviaron un informe, obviamente me hicieron una especie de juicio sumario, sobre el mismo caso al Ministerio Público. Y actualmente hay una investigación, es decir hay una tercera investigación en la Fiscalía como consecuencia del informe que remitió el Congreso.

No obstante, el Parlamento pretende acusarme constitucionalmente, y por lo tanto iniciar una cuarta investigación, lo cual ya me parece no solo la vulneración de los derechos constitucionales, sino la distorsión completa del proceso de acusación constitucional y de las investigaciones parlamentarias. Es evidente que lo que hay ahora es un hostigamiento parlamentario, no hay otra respuesta a esta actitud del fujiaprismo.

—Pero ya se había aclarado…

—En este tema la Policía Nacional ha determinado que el audio estaba adulterado burdamente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que no participó en ninguna venta de armas, que se trataba de un proceso para suministrar el material no bélico al Hospital de Pichari.

Adicionalmente hay un decreto de urgencia que autorizó esa compra, está el contrato del PNUD, el señor Mulder sostenía que había dialogado con Óscar López Meneses para adquirir armas. Cuando ellos mismos (Mulder y Becerril) citaron a López Meneses, él claramente dijo que no me conocía.

Me han levantado el secreto a todas mis comunicaciones, correos electrónicos, mensajes, teléfonos, y no han encontrado ninguna prueba que acredite que yo mantenía una comunicación permanente con la, en ese entonces, primera dama Nadine Heredia. Por ese motivo, no dieron a conocer los resultados de esa indagación.

Y adicionalmente las Fuerzas Armadas han respondido, en la tercera investigación que se está realizando, que no ha participado en ningún proceso la ex primera dama.

DOBLE RASERO

—La bancada fujiaprista impulsa la investigación al Jefe de Estado. Y en el año 2008 congresistas como Keiko Fujimori, Lourdes Alcorta, Luis Galarreta, Cecilia Chacón, Luciana León y Elías Rodríguez respaldaron el informe final sobre IIRSA Sur certificando a Odebrecht como intachable…

—Es un hecho objetivo y además de carácter público que actuaron de esa manera, entonces querer desconocer ahora la forma en que actuaron, es simplemente por interese políticos subalternos. Tienen un doble rasero.

CORRUPCIÓN COMPROBADA

—AG aprovechó la tragedia del aniego en San Juan de Lurigancho, para culpar tanto al exmandatario Ollanta Humala como al presidente Vizcarra. Sin embargo, como usted lo menciona en su cuenta de Twitter, en los dos periodos presidenciales de García se han dado coimas y actos de corrupción…

—Así es. Y por vez primera se ha divulgado el informe que realizó el exvocal de la Corte Suprema Hugo Sivina, es algo que estuvo oculto durante décadas en el país. Si revisamos y leemos detenidamente ese informe del juez Sivina, ahí él acreditó de manera fehaciente que Alan García recibió el soborno de Sergio Siragusa y además cómo se produjeron los depósitos en el Barclays Bank del Gran Caimán.

Y cómo ese dinero regresó al Perú para realizar otras operaciones que también tuvo García. AG quería prueba e IDL-Reporteros, de manera clara y contundente, ha mostrado este informe.

De otro lado, también ha publicado la resolución de la Corte Suprema que acogió el pedido de prescripción de Alan García, con lo cual se prueba también que el expresidente aprista nunca fue absuelto. Entonces, todo lo que ha estado diciendo estos últimos meses simplemente son palabras frente a hechos objetivos.

KEIKO LA TIENE COMPLICADA

—En febrero próximo se realizarán los postergados testimonios de los exfuncionarios de Odebrecht en Brasil por fiscales peruanos ¿Cuán decisivas serán estas para los principales políticos involucrados?

—En el caso de Alan García con lo que ya se ha investigado ya hay elementos suficientes para que se le aplique la ley. La situación procesal de Alejandro Toledo es sumamente complicada, el lavado de activos está absolutamente probado, en lo de García hay que esperar las declaraciones de los exejecutivos de Odebrecht y las pruebas que van a entregar como correos electrónicos, transferencias bancarias.

Y finalmente en los casos de Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Keiko Fujimori, la gran discusión al final será si es que los aportes ilegales a las campañas electorales constituyen lavado de activos.

En el caso de Keiko Fujimori su situación procesal se ha complicado fundamentalmente por las acciones de obstrucción contra los testigos y desaparición de documentos, eso no se ha dado ni con Kuczynski ni con Humala. Por esa razón la detención preventiva de Keiko está plenamente justificada aunque el plazo dispuesto me parece excesivo.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori vuelve a prisión

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Alberto Fujimori

“Junta Médica emite informe y determina que condenado Fujimori podría recibir tratamiento en forma ambulatoria. Sala Penal dispone que el Inpe determine en que debe ser internado garantizando continuidad de tratamiento”, afirmó Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos.

Indicó que se ha resuelto la interrogante que la Sala tenía respecto a cuál era el estado de salud de Alberto Fujimori, el informe médico remitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, dice que tiene problemas de salud pero está estable.

“El informe médico lo que responde es que podría recibir el mismo tratamiento médico en forma ambulatoria, es decir responde la pregunta de que Fujimori podría ser trasladado a un centro penitenciario”, destacó Rivera.

Dijo que es ahí que la Sala tome una decisión y dispone que el Instituto Nacional Penitenciario determine que establecimiento penitenciario puede garantizar la continuidad del tratamiento.

“La alternativa más probable es que retorne a la Diroes, porque las condiciones de tratamiento y en términos de espacio físico que tenía Alberto Fujimori eran las óptimas y seguro el Inpe lo confirmará porque es casi obvio”, aseguró.

Señaló que el próximo lunes el Inpe debe estar emitiendo este informe y haciendo de conocimiento de la sala, y lo único que se esperaría es el alta médica otorgada por el médico tratante de la clínica Centenario.

LO AYUDARON

Según Rivera este nosocomio ha estado ayudando al señor Fujimori, por el hecho de postergar de manera indefinida el cumplimiento efectivo de una resolución judicial.

“Esta connotación que hace la Junta Médica, confirma este comportamiento tan ambiguo y encubridor porque después de cien días la clínica Centenario nunca ha hecho público un diagnóstico sobre el estado de salud. Tampoco cumplió el requerimiento judicial de los últimos días”, añadió el jurista.

LO ESPERABA

César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori, dijo que el resultado presentado por la junta médica “era más o menos lo que se esperaba.

“No (es un revés) porque quien decidirá la libertad es la sala”, destacó.

Asimismo, afirmó que es necesario leer adecuadamente la respuesta de la junta médica sobre si puede ingresar “de manera inmediata” a un penal a Fujimori. Además, señaló que primero debía recibirse el alta médica de parte del médico tratante del expresidente.

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Política

A la Primera Sala de Apelaciones

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Marcha protestas en apoyo a Carhuancho

La Segunda Sala Penal de Apelaciones, derivó a la Primera Sala Penal de Apelaciones el recurso de nulidad absoluta que interpuso la Fiscalía para anular la separación del juez Richard Concepción Carhuancho del caso Keiko Fujimori.

El juez Octavio César Sahuanay, preside la Segunda Sala y está integrada por los magistrados Jésica León e Iván Quispe: hicieron el cambio debido a que no pueden pronunciarse sobre la nulidad porque también fueron recusados por el fiscal superior Rafael Vela.

La Primera Sala Penal de Apelaciones está presidida por el juez Rómulo Carcáusto y conformada por los jueces Edita Condori, Sonia Torre: es la que deberá resolver la recusación y determinar si la aceptan o no. Si lo hacen, también tendrán que resolver el recurso de nulidad para que el juez Concepción Carhuancho retome el caso Fujimori. De lo contrario, será el tribunal de Sahuanay (Segunda Sala) quien decida este tema.

PIDEN INHIBICIÓN DE JUEZA ARIAS

La abogada de Keiko Fujimori solicitó que la jueza Elizabeth Arias Quispe se inhiba de ver la investigación a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), en el marco del caso Odebrecht.

Mediante un documento enviado al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Loza explicó que esta decisión se debe a que su estudio de abogados defendió a la magistrada en un caso ajeno que mantuvo en reserva.

“Hoy he informado a Keiko Fujimori que su proceso judicial ha sido derivado a la magistrada Elizabeth Arias. Conozco su solvencia moral y profesional sin embargo, mi defendida y yo hemos decidido solicitar inmediatamente su inhibición de este caso”, manifestó Loza en su cuenta en Twitter.

Loza refirió que hace algunos años su estudio de abogados “tuvo el honor de patrocinarla en un proceso que ya ha concluido”.

Indicó que el objetivo de ese recurso es evitar cualquier tipo de cuestionamiento a la mencionada magistrada.

MARCHA DE APOYO A CARHUANCHO

Diversas organizaciones y colectivos ciudadanos agrupados en la Asamblea Ciudadana han convocado a una Jornada Cívico Nacional para este miércoles 23 a favor de la reposición del juez Richard Concepción Carhuancho, quien fue recientemente separado del caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y a la cúpula de Fuerza Popular.

La movilización tiene el propósito de impedir que el caso Cócteles se quiebre y se produzca un grave retroceso en la lucha contra la corrupción, informaron los organizadores.

La Jornada Cívico Nacional denominada #CarhuanchoReposición se efectuará en todo el país, y tendrá como lugares de concentración las plazas principales y/o el frontis del Poder Judicial de cada ciudad.

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