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Se confirma pacto Gobierno y CONFIEP para reducir derechos laborales

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Confecciones textiles

La presidenta de la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), María Isabel León, ha presentado al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) sus propuestas sobre el Plan Nacional de Competitividad y Productividad “consensuada con todos los gremios empresariales”. Refiere que se proponen “las medidas que deberían tomarse para dinamizar el mercado laboral y lograr que más personas tengan empleos formales”.

En la misma línea del OP N° 5 de la Política de Competitividad y Productividad aprobada mediante DS N° 345-2018-EF y pactada entre el Gobierno y la CONFIEP al margen del diálogo social, las medidas propuestas no hacen sino confirmar que lo que pretende el empresariado a partir de un diagnóstico errado del mercado de trabajo es mantener la política laboral y de empleo que no ha hecho sino alimentar un mercado laboral ni dinámico ni competitivo y que solo ha generado empleo precario.

Como era de esperar, y pese a declarar que “no estamos teniendo éxito” en generar un mercado laboral dinámico y en la generación de empleo digno, el empresariado insiste en mantener y profundizar la política laboral culpando como siempre a los derechos laborales de la “rigidez” del mercado laboral.

Señala la CONFIEP que “cuanto mayor sea la protección del contrato, menor flexibilidad habrá en el mercado de trabajo”, es decir, ya de manera abierta reconocen que su propósito es acabar con la protección del contrato de trabajo y eliminar la reposición; también sostienen que “los contratos a plazo fijo son el resultado de los fallos del Tribunal Constitucional”, lo que demuestra que no tienen ningún reparo en faltar a la verdad pues como es de conocimiento público desde los inicios de los años 90 hasta la fecha en que se expide las Sentencia del Tribunal Constitucional ya los contratos a plazo fijo se habían convertido en la regla y aún después de la Sentencia del TC el contrato a plazo fijo sigue siendo la modalidad principal de contratación.

Para impulsar la formalización y productividad de las micro y pequeña empresa (MYPE) además de proponer de manera general enfocarse en las compras públicas, tributación, entre otros, señala que debe hacerse “sin quitarles importancia a los temas laborales”, es decir, mantener el mismo régimen laboral que no ha servido para promover la formalización laboral y la productividad en este sector.

Asimismo, proponen mantener y extender los regímenes laborales agrario, y de Exportación No Tradicional lo que significa persistir y extender regímenes laborales claramente discriminatorios con menores derechos y que solo ha generado grandes ganancias a las empresas comprendidas.

Pero también quieren que “el trabajador despedido de manera injusta o arbitraria debe ser resarcido con la indemnización “, en buena cuenta eliminar la reposición.

Envasado de uvas

Proponen también “evaluar el costo de la contratación laboral de nuevos trabajadores” y un “marco regulatorio que brinden reglas claras, transparentes y flexibles para el empleador” lo que en realidad significa que los trabajadores sin derecho a reposición (como quiere la CONFIEP) que sean despedidos deberían ser sustituidos por trabajadores nuevos pero con menos costos (léase menos derechos laborales).

Tienen la misma postura respecto a la negociación colectiva, el arbitraje potestativo y la huelga al pretender que ha sido “desfigurada por sucesivas interpretaciones o su aplicación equivocada” y, en consecuencia, se debe “eliminar el arbitraje potestativo”.

Demandan también “precisar las causales de falta grave laboral y los medios probatorios “(¡?) lo que significa flexibilizar las causales de falta grave laboral para facilitar el despido y no indemnizar.

Finalmente, proponen “repensar las normas de ceses colectivas” pues “debe existir la posibilidad de echar pie atrás sin tener que perderlo todo”, es decir, ceses colectivos libre y sin limitación alguna.

No hay duda que el empresariado pretende que en el Perú los derechos laborales se constituyan en una suerte de declaración programática de los intereses empresariales e imponer y profundizar un modelo económico y un régimen laboral que se ha mostrado incapaz de promover la competitividad y la productividad con trabajo digno.

Los trabajadores no estamos dispuestos a permitir la imposición, por parte del Gobierno y los empleadores, de las políticas definidas en el OP 5 de la Política de Competitividad y Productividad y las propuestas del empresariado. Los trabajadores apostamos por una política de competitividad y productividad que ponga al trabajo en el centro de la sociedad y la economía y que regule el mercado para garantizar los derechos de los trabajadores.

Por estos motivos la CGTP hace un llamando a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones políticas de Izquierda progresistas, organizaciones sociales de todo el país, a participar del Paro Nacional este 20 de junio en rechazo tanto a políticas Neoliberales del actual Gobierno que restringen nuestros derechos y afectan seriamente nuestras condiciones de vida, así como a la corrupcion y la impunidad que han causado grave daños al país. Por Cierre del Congreso y nueva Constitución con nuevas elecciones generales.

*Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú(CGTP).

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Política

Insisten en traer abajo el acuerdo con Odebrecht

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Amado Enco

Según el exDefensor del Pueblo, Walter Albán, la denuncia del procurador Amado Enco tiene como objetivo boicotear el acuerdo de colaboración eficaz y evitar que se revelen todos los codinomes. Además, en el TC se cocinaría el camino a la vacancia presidencial.

El ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, calificó como “totalmente abusiva y sin ningún sentido” la denuncia presentada en agosto por el procurador anticorrupción, Amado Enco, contra el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

Albán, quien ha asumido la defensa legal de Ramírez, advirtió que lo que en realidad busca la acusación es generar obstáculos y amedrentar a los fiscales que intervienen en el caso Lava Jato. Además, indicó que con esta acción el procurador Amado Enco buscaría quebrar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Afirmó que dicho acuerdo de colaboración no se va a considerar cumplido por las autoridades brasileñas ni por la empresa en tanto no se tenga la disposición de los S/ 524 millones que se debía reintegrar a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. “Ese dinero no es para que Odebrecht se lo reparta entre los accionistas, sino para que cumplan con sus obligaciones inmediatas como pagar a la empresa que hace el trabajo para desencriptar la información con los codinomes, o al abogado de Barata, que alega que no cobra desde enero de este año y por eso Barata en la oportunidad anterior dijo que no iba a cumplir con dar información hasta que no se cumpla el acuerdo”, explicó.

El jurista cuestionó que el procurador Enco priorice el seguimiento de esta denuncia con especial interés. “En lugar de preocuparse por los miles de casos de corrupción y cobrar más de S/ 1500 millones en reparación civil, lo que hace es enviar mensajes insistentes para que quienes deben dar trámite a la devolución del dinero se empiecen a preocupar por posibles complicaciones penales”, denunció.

Walter Albán

PRESUNTO OPERADOR DE LA CORRUPCIÓN

En ese sentido, indicó que el procurador Amado Enco habría asistido al despacho de la fiscal a cargo para intentar que se abra una etapa formal de investigación preliminar. “Ha estado invirtiendo tiempo y por tanto recursos del Estado para que su proceso camine. También ha ido al Ministerio de Economía a consultar si el dinero a devolver a Odebrecht forma parte de los recursos públicos. Y parece que la respuesta no le quedó clara porque luego ha intentado amedrentar a la funcionaria que debe autorizar estos recursos, indicando que son recursos públicos”, señaló.

Por ello, consideró que el procurador Enco estaría persiguiendo el objetivo de traer abajo el acuerdo de colaboración. “No solo quienes están involucrados en estos procesos, sino quienes todavía no han sido expuestos sobre sus vínculos con Odebrecht son los interesados en que el acuerdo no continúe, y en esa perspectiva el operador más importante con el que pueden contar ahora es el procurador anticorrupción”, apuntó.

Por otro lado, respecto a las afirmaciones del fiscal Tomás Gálvez, quien manifestó que los fiscales Vela y Pérez “no deben estar un minuto más en sus cargos”, manifestó que los fiscales acusados de ser parte de la red de los Cuellos Blancos “se están jugando la vida”. “Cuando el fiscal Pérez ya tenía que viajar a Curitiba le abren una investigación absurda con un hecho de hace más de diez años y con una diligencia donde él actuó correctamente. No hay que ser ingenuos, estas acciones no son aisladas, todo tiene que ver con un entramado que se mueve para impedir que avancen las investigaciones”, comentó.

AGENDA POLÍTICA EN EL TC

Acerca de la denuncia en el Tribunal Constitucional contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, Albán recordó que desde hace varios años se quieren “deshacer” del magistrado por ser “una piedra en el zapato” para el sector de Ernesto Blume, Sardón y Ferrero. “Ahora le han creado esta denuncia que en realidad es un montaje con malos guionistas y malos protagonistas, y que está destinado a desactivarse pronto porque no hay nada de lo que le puedan acusar, porque se valen de un presunto maltrato a una mujer cuando lo que en realidad ha existido es una crítica y no un insulto. Y si un magistrado no puede criticar a una funcionaria de tanta importancia en el TC, entonces de qué igualdad de género estamos hablando”, cuestionó.

Además, mencionó como algo “curioso” que el periodista Ricardo Uceda haya llamado al magistrado Espinosa-Saldaña el día lunes para consultarle por sus descargos, cuando este ni siquiera había sido notificado y no estaba al tanto de la denuncia. “Este es un caso con intereses políticos, porque no me queda la menor duda de que buscan hacerlo a un lado para declarar fundada la demanda competencial, y con eso generar una herramienta que permita al próximo Congreso buscar la vacancia del presidente Vizcarra”, apuntó.

ELECCIÓN DE JNJ DEBE POSTERGARSE

Finalmente, respecto al proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Albán destacó la importancia de la vigilancia ciudadana para que el proceso se realice en un marco de transparencia. En ese sentido, reiteró el pedido de que la comisión especial reprograme el calendario establecido para la elección de los integrantes de la JNJ. “No se justifica que se tenga que correr en estas fechas de fiestas, porque la ciudadanía y los medios deben hacer un adecuado seguimiento. Lo correcto sería que se corra para la primera semana de enero, cumpliendo los plazos, pero sin esta suerte de falta de transparencia al hacer todo en fechas festivas, que como sabemos no son las más idóneas para llevar adelante estos procesos”, indicó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Belaunde Lossio

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Martín Belaunde Lossio

El Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martín Belaunde Lossio por vencimiento del plazo de la medida de prisión preventiva en su contra por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y simple, cohecho pasivo propio y otros.

Belaunde Lossio cumplía prisión preventiva desde el 11 de diciembre del 2017 por el caso Antalsis. Sin embargo, ya se encontraba recluido desde antes por el caso La Centralita.

La Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, rechazó por mayoría la apelación que el Ministerio Público presentó para ampliar por 12 meses la medida contra el procesado.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que Belaunde Lossio deberá cumplir las siguientes restricciones:

No ausentarse de la localidad que reside dentro del territorio nacional, sin previa autorización expresa y antelada del órgano jurisdiccional, la prohibición de viajar al extranjero por el plazo de 36 meses.

Asimismo, el imputado deberá informar la dirección exacta de su residencia en el plazo de 24 horas egresado del establecimiento penitenciario.

Belaunde Lossio está prohibido de comunicar, a través de cualquier medio (redes sociales, por escrito, radio, televisión, teléfono o personalmente) lo relacionado a la presente investigación. De igual forma, está prohibido de comunicarse, directa o indirectamente, con sus coimputados, testigos, peritos.

ALGO MÁS

La resolución de excarcelación ordena también que el procesado debe abonar una caución económica de S/ 50,000.00.

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Política

26 de diciembre evaluará prisión preventiva contra Keiko Fujimori

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Keiko Fujimori

El Poder Judicial dispuso que el 26 de diciembre se realice la audiencia de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. La cita tiene carácter de inaplazable y estará a cargo del juez Víctor Zúñiga.

Esta disposición se anunció luego de que se amplíe la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular. Fujimori Higuchi será procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, lavado de activos y organización criminal.

Keikosalió en libertad tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. El Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus a su favor, el cual anuló su encarcelamiento.

El Ministerio Público pidió en octubre del 2018 esta medida por el caso Cócteles, investigación sobre el supuesto método en que se dio una aparente legalidad a los aportes que habría recibido para su campaña presidencial.

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