Salud: urgencia y tratamiento

Salud: urgencia y  tratamiento

Urge que el gobierno defina su política para la mejora de la atención de salud.

La reciente Declaratoria de Emergencia de los servicios de salud de Lima Metropolitana, podrá servir para contener parcialmente algunos de los apremios que vienen enfrentando usuarios y trabajadores impagos, pero es una medida desconectada de una perspectiva que permita sentar bases programáticas y operativas para reformar el sistema de salud, colocando como centro al ciudadano. No implica nuevos recursos al Ministerio de Salud (MINSA), sino el traslado de dinero de unas cuentas a otras.

Asimismo, peca de centralista ya que esta situación se repite en casi todas las regiones sin ninguna garantía de financiamiento para el cumplimiento de las obligaciones mínimas del sistema. El Seguro Integral de Salud (SIS) ha crecido en afiliados estando cerca de los 18 millones y existen más hospitales funcionando, pero eso no ha ido a la par de mayor financiamiento ni de su mejor uso; los cambios legales y operativos implementados en el gobierno de Humala no han logrado modificar las inercias y limitaciones que caracterizan nuestro sistema de salud.

AUTORIDAD EN CUESTIÓN
Nuestra autoridad sanitaria, el MINSA, tiene limitaciones de conducción del sistema a su cargo (para no hablar de EsSalud que funciona en su propia lógica).

A pesar de la voluntad del propio PPK para agilizar los alcances del sistema de salud, una vez más es el Ministerio de Economía (MAF) el que define la política de avance financiero y de responsabilidades del Ministerio de Salud.

Un ejemplo: el SIS ha determinado técnicamente desde su estudio actuarial que para cumplir sus obligaciones requiere al menos 400 soles anuales por afiliado, pero el MEF que exigía ese instrumento técnico, ahora lo desconoce, y ha rebajado para el 2017 de 100 a 90 soles el per cápita de su gasto anual.

Pero el MINSA también presenta limitaciones para ejercer autoridad en los distintos niveles de la gestión y conducción. Debido a un proceso de descentralización extremo en el campo de la salud (en ningún país de Latinoamérica el gobierno central se ha desprendido de tantas competencias), la autoridad del MINSA tiene dificultades para el cumplimiento de las políticas por los Gobiernos Regionales. Por ejemplo, los Directores Regionales de Salud o Gerentes Regionales de Salud (ni siquiera hay uniformidad en los cargos) no responden al Ministro de Salud, sino al Gobernador Regional, lo que dificulta aplicar políticas nacionales o tener grados e coordinación vinculantes. Frente a ello se ha debido crear un espacio de articulación llamado Comisión Intergubernamental de Salud que busca suplir estos vacíos.

Y lo más palpable para el ciudadano, la falta de autoridad y de gestión en los establecimientos de salud. Nuestros hospitales son gestionados con bastante intuición, ya que no hay una política nacional que uniformice la gestión, es decir la manera de desarrollar los procesos y trámites para la atención. Si bien existe normatividad al respecto, lo cierto es que en los hospitales se repite el desorden que afecta al aparato público, prevalecen intereses no ciudadanos y la corrupción. Ya es momento de comenzar a enfocar la serie de intereses cruzados parasitan nuestros escasos recursos en el sistema de salud, así como la corrupción relacionada a ellos.

Si bien existen problemas estructurales que resolver y de los cuales el neoliberalismo es en cierta medida responsable, el trato, el respeto y la dignidad no son dependientes del cambio total. Hay cuestiones que no se deben perder. La deshumanización de la atención es una constante que los usuarios sentimos diariamente, y que puede y debe ser aminorada con el compromiso de los trabajadores de la salud, desde el liderazgo idóneo de los más altos niveles de gestión política y directiva en el sistema, y haciendo que SUSALUD cumpla su labor de protección de derechos en salud.

Detrás de la ventanilla
El sistema peruano de salud presenta dos campos que impiden el acceso universal, igualitario y de calidad a las atenciones y cuidado que la población requiere. El campo de las reformas estructurales pendientes y postergadas relacionadas al modelo, y las reformas relacionadas a la organización, gestión, financiamiento y regulación, cuatro aspectos que permiten englobar los alcances para avanzar en la garantía del derecho a la salud.

Financiamiento Público - Salud 2016

HACIA UN FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE
Una de las reformas estructurales, la financiera, depende de una decisiónpolítica de Estado que avance en sostenibilidad del financiamiento para triplicarlo en una década, lo que es posible si se cumple el compromiso de gobierno de incrementar 0.5% del PBI cada año, es decir unos 3500 millones anuales. Al contar hoy el país con un sistema de financiamiento mixto (contributivo laboral en ESSALUD y de financiamiento público en el SIS), se requiere discutir si los fondos de salud se van a mantener separados, cuál es su grado de complementariedad y cuáles son las nuevas fuentes de su incremento.

El aporte al SIS de afiliados (6 de los 17 millones) que superen un determinado ingreso que sea retenido vía SUNAT, es una opción que podría inyectar más de 2500 millones de soles anuales; mientras que el aporte del Estado a ESSALUD o la recuperación de lo que el Estado le ha sustraído para “aumentar” sueldos a trabajadores públicos, son temas que hay que definir. Solo cumpliendo con pagar el Estado el 9% completo de CAS, médicos y maestros, así como las pensiones de los trabajadores jubilados de ESSALUD, se contaría con al menos 1000 millones de soles anuales más; y si sesincerará el seguro agrario aprovechado hoy indebidamente por la agroindustria que paga 4% y no 9%, contaríamos con unos 200 millones más.

LA CIUDADANÍA YA ESPERÓ MUCHO
Volviendo a la coyuntura. Ya no es momento de enfatizar los problemas heredados. La ciudadanía espera mejoras tangibles en la atención de salud, que pueden derivar del “Compromiso con la Salud de los Peruanos” firmado por PPK el 26 de mayo con las organizaciones sociales aglutinadas en FORIOSALUD, y de su propio plan de gobierno.

La facilitación del acceso no depende solo de reformas estructurales que hay que impulsar en un mediano plazo, depende de voluntad política para enfrentar al MEF y lograr que el gobierno priorice la salud financieramente, y para doblegar intereses que impiden que los servicios de salud sean más fluidos y cumplan mejor sus funciones.

El ciudadano no tiene por qué padecer un sistema de salud enredado, cuya normatividad administrativa genera barreras y hasta cobra vidas; el ciudadano no tiene por qué padecer la negligencia funcional que hace que muchos padres no sepan si están criando hijos propios o si se los han cambiado; el ciudadano no tiene por qué cargar con cientos de papeles para “acreditar” su derecho, ni padecer la falta de interconexión del sistema.

Para poner como eje y fin del sistema de salud a cada uno de los peruanos y peruanas, se requiere establecer una ruta hacia el sistema universal, confrontar intereses privados y corporativos, reconocer a los trabajadores que a pesar de las limitaciones hacen mucho para facilitar las atenciones, sancionar a los que violan derechos, abrir los canales de participación y evaluación a la gente. Y sobre todo, liderar y convocar para lograr una reforma que en veinte años pueda garantizar el cuidado y atención de la salud que todos merecemos.

ALGO MÁS
OCDE y SALUD: Un dato clave ahora que se busca ingresar a la OCDE. Mientras estos países tienen un gasto per cápita público en salud alrededor de 3000 dólares anuales, en el Perú bordea los 250 dólares. Una pizca de realidad.

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