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Róbame y mátame de nuevo

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“Cada intento de liberar a Fujimori no solo expresa un afán de impunidad, sino, que al fujimorismo el sistema democrático le importa poco”.

Estaba dándole de comer a mi hijo de tres años cuando el flash irrumpió en la cena, Fujimori dejaba el poder y adelantaba las elecciones. Eran las nueve de la noche del sábado 16 de septiembre del 2000. No lo podía creer, el otrora todopoderoso emperador de la plutocracia asesina más nefasta que tuvo el Perú, contra todo pronóstico, se iba. Reconocía su derrota frente al pueblo peruano movilizado, y sin perder esa media sonrisita cachacienta, nos dijo que él no participaría en las nuevas elecciones.

LIBRÁNDONOS DE LA INFECCIÓN
Para ese entonces, yo vivía en el Cusco y recuerdo que abracé a mi hijo y lloré. Recordé a tanta gente que se movilizó desde el autogolpe de 1992 y que nadie les hacía caso, recordé los fujishocks que nos dejaron cada vez más pobres a muchos, muchísimos, mientras se blindaba a las grandes empresas. Recordé a los jóvenes y estudiantes de mi generación que habían postergado sus vidas y proyectos personales para luchar por la democracia y me vi en -ya no sé cuántas- movilizaciones gritando y aguantando gases lacrimógenos y palazos; recordé a mi madre asustada porque me pasara algo, recordé a mi universidad, San Marcos, que fue estigmatizada como “terruca” y soportó años de ocupación militar cuando los terrucos de verdad ya se habían ido y no gracias a la intervención fujimorista. Recordé a tantas familias mutiladas que perdieron a sus parientes por crímenes de lesa humanidad cometidos por la “pacificación” (palabra macabra que nada tiene que ver con la paz). Tanto dolor causó el fujimorismo al Perú que esa “renuncia” al poder la sentimos como si un torturador abriera la puerta y le dijera a su víctima “márchate”.

Salimos espontáneamente a celebrar miles a las calles, a las plazas. La gente se abrazaba, miles de banderas, letreros con mensajes: “Sí se pudo”, “el pueblo ganó”, “juicio al Chino ladrón”. Muchos aún no podíamos creerlo, quizás era otra treta más de Fujimori. Luego vino el montaje de la falsa búsqueda de Montesinos para distraernos mientras el asesor fugaba con nuestro dinero dejando una estela asquerosa de impunidad. Poco tiempo después, fugaría al Japón el propio Fujimori y poco a poco lo hicieron los miembros de esa mafia, exministros, ex funcionarios de alto nivel y altos mandos militares. El Perú logró sacudirse una mata de parásitos que lo habían infectado por casi una década. Pero aún no éramos conscientes de la magnitud del daño que nos había causado.

La prensa desenterró una serie de crímenes y delitos que involucraban a todo el sistema político, empresarial y social. Fujimori se fue, pero la economía, el Estado y la sociedad peruana se habían fujimorizado. Se supo que casi la mayoría de periodistas de los grandes medios trabajaban para el SIN de Montesinos, muchos se fueron, otros se reciclaron. Lo mismo con los grandes empresarios que desembolsaron grandes sumas de dinero para que sus “vladivídeos” no se hicieran públicos. Y hoy sabemos -gracias a su apoyo electoral- que el fujimorismo (como cultura vil y envilecedora) también había prendido en los sectores populares, solo que en esos años se contuvieron de defender a su líder gracias a la magnitud del escándalo.

Vladimiro Montesinos en la salida del SIN comprando jefes militares

EL REBROTE FUJIMORISTA
Para Fujimori ir a Chile fue el peor de sus errores, todos sus cálculos fallaron. Lo capturaron y eso obligó a la justicia peruana a un proceso de extradición y posterior juicio, porque así lo mandan los tratados y leyes internacionales, pero muchos estaban nerviosos con la presencia de Fujimori en el Perú. Demasiados “rabos de paja” pueden generar un incendio y el caso Fujimori era un fósforo encendido. Finalmente, se le juzgó por los delitos más importantes y se dejaron muchos sin encausar.

En ese contexto es que Alberto Fujimori ordena que se haga una estrategia para su liberación por cualquier vía posible. Y la candidatura de su hija Keiko, así como la entrada en política de Kenji, obedecen a ese objetivo: liberar al jefe, al patriarca. Y así, hemos tenido a lo largo de estos años a Fujimori encerrado en una prisión dorada, a una bancada naranja cuyo objetivo era exigir altisonantemente su liberación, a sus abogados haciendo malabares leguleyos para que se vaya a su casa, a sus hijos llorando porque el papá se estaba muriendo (lleva años moribundo), a sus médicos pintando de naranja la medicina y un sequito de periodistas atentos para amplificar los pedidos de libertad del reo Fujimori.

Todo esto es expresión del rebrote fujimorista. Atrás quedaron los años de vergüenza y “sincero arrepentimiento”. Ya poco les importa el 5 de abril, La Cantuta, Barrios Altos, el Grupo Colina, los tíos prófugos de Keiko y lo que revelaron los “vladivídeos”. Hoy los medios vuelven a ser caja de resonancia del fujimorismo, hoy vuelven a copar el Congreso para utilizarlo como les dé la gana, incluso librar a Kenji de la Comisión de Ética por los vínculos de su empresa con el narcotráfico. Hoy salen sus nuevos voceros envalentonados a insultar, amenazar y mostrar los dientes. Incluso muchos periodistas, analistas, empresarios y políticos antifujimoristas hoy se han vuelto fujimoristas. ¿Qué raro? ¿no? Dados los antecedentes montesinistas de captación deberíamos pensar mal.

Regresan a exigir la libertad de su jefe, ahora son más fuertes porque las fuerzas democráticas no supieron pararlos, porque algunos analistas pecando de “ingenuos” les lavaron la cara considerándolos una “fuerza política” y no una mafia. Y esta vez usan a un congresista “independiente” para no levantar sospechas y presentan un proyecto de ley que puede soltar a Fujimori, pero también a Montesinos y algunos generales de su organización mafiosa.

Cuánta razón tenía Walter Benjamin: “…encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo le es dado al …convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer”. Dejar que Fujimori no cumpla su condena es volver a matar a los muertos y condenar a sus familiares al dolor perpetuo, es volver a saquear al Perú, es darle un pésimo mensaje de impunidad a las generaciones venideras. Es como si la víctima tuviera que regresar de nuevo al oscuro cuarto de su torturador.

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Política

Fiscal Pérez está bajo amenaza de Chávarry y de Fuerza Popular

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José Domingo Pérez Gómez

Según fuentes del equipo especial Lava Jato, lo sustancial de la demanda del IDL ante la CIDH, de protección al fiscal José Pérez, es la injerencia interna, desde el propio Ministerio Público con grado de obstaculización del trabajo jurisdiccional, mediante “investigaciones disciplinarias, penales, sin fundamentación real”, así como contra de su libertad de expresión.

Como consecuencia de sus investigaciones, en particular por el “Caso Keiko Fujimori”, Pérez está siendo sometido a los siguientes procesos disciplinarios y administrativos dentro de su institución:

Por opinar que Pedro Chávarry Vallejos no es la persona más idónea para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación, a los pocos días de que Chávarry fue elegido con su propio voto, tras un empate de dos contra dos en la Junta de Fiscales Supremos.

Por criterios académicos que expresó en un seminario sobre corrupción, realizado en Chihuaha, México, acerca de que los militantes de Sendero Luminoso hicieron “guerrilla” en el país durante el conflicto armado internos 1980- 2000.

Por la supuesta filtración a la prensa de preguntas y respuestas del interrogatorio al que sometió al mismísimo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre su relación con las bancada congresales de Fuerza Popular, del Apra, con Keiko Fujimori Higushi y con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, cuyo cabecilla era nada menos que su amigo el exvocal supremo César Hinostroza, hoy preso en una cárcel de Madrid, mientras se tramita su extradición.

INJERENCIA EXTERNA

La injerencia procede del Congreso. La Comisión de Defensa lo citó a interrogatorio sobre su criterio de los senderistas guerrilleros y no terroristas, pero no asistió debido a que se hallaba inmerso en la maratónica sustentación ante un juez de garantía, de su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices.

Asimismo, las presiones provienen también de integrantes del partido Fuerza Popular, quienes junto a asesores de su lideresa planearon obstaculizar su labor.

RELACIÓN CHÁVARRY-FUJIMORISMO

El fiscal Pérez halló en la investigación del caso indicios de que la “persecución interna” estaría vinculada a la relación entre Fuerza Popular y el fiscal Chávarry, sobre la base de la protección que este grupo político y su aliado el Apra brindan a Chávarry ante cuatro graves denuncias constitucionales en su contra.

Esa relación, que en gran parte es pública, llevó al fiscal Pérez a interrogar judicialmente al propio Chávarry, sacando en claro que el vínculo entre él y Fuerza Popular es el funcionario coordinador entre la Fiscalía de la Nación y el Congreso.

Sobre la situación de Pérez, su jefe Vela Barba dijo antenoche: “No es el mejor clima para enfrentar una investigación de esta envergadura. El fiscal Domingo Pérez tiene que eventualmente responder a la amenaza de cualquier sanción por inconducta funcional que no está justificada”,

FISCAL VELA

Las presiones internas contra el fiscal supervisor del megacaso Lava Jato, Rafael Vela Barba, son de reciente data, desde la audiencia de prisión preventiva del “Caso Keiko Fujimori” y coincidentemente con el enfoque del equipo Lava Jato en el “Caso Alan García”.

Fue entonces que el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y Extradición, inició una reyerta epistolar interna contra Vela Barba, acusándolo de filtrar a la prensa información reservada de los casos en investigación.

La réplica de Vela Barba responsabilizó a Peña Cabrera de difundir información llegada de Brasil y de entorpecer los pedidos de interrogatorios de testigos y colaboradores brasileros, para favorecer a determinados políticos investigados.

De eso, y considerando que Peña Cabrera es brazo derecho de Chávarry, varios medios de investigación periodística, entre ellos Diario UNO, dedujeron que la estabilidad del equipo Lava Jato peligraba y que el Fiscal de la Nación podría reemplazarlo en cualquier momento.

LAS FISCALES CHALACAS

Sandra Castro Castillo, fiscal provincial contra el crimen organizado del Callao, y Rocío Sánchez Saavedra, fiscal contra delitos de corrupción de funcionarios, tienen a su cargo la investigación de los casos acumulados “CNM audios – Cuellos blancos del puerto”.

En ese camino, participaron en el procesamiento de cientos de grabaciones que revelaron el segundo caso de gran corrupción de lo que va del siglo en el sistema judicial (CNM, Poder Judicial y Ministerio Público con vinculaciones con la ONPE y la Federación Peruana de Fútbol).

Ellas dirigieron la razia que llevó a la cárcel al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y a otros 21 involucrados y presentaron ante el entonces fiscal Supremo, Pablo Sánchez, la lista de 13 magistrados de alto rango y con derecho a antejuicio, a fin de que sean investigados y denunciados constitucionalmente como miembros de la banda “Los cuellos blancos del puerto”.

Y no vacilaron en incluir en esa lista al mismo Fiscal de la Nación, y a los dos fiscales supremos que lo sostienen en el cargo.

Desde entonces, la administración del Ministerio Público no las apoya, el propio Chávarry les da encargos adicionales que les impiden dedicarse a su caso principal y, como ocurre con Pérez Gómez, pende sobre sus cabezas la posibilidad de que, con motivo de un nuevo ejercicio judicial, sean cambiadas, lo que obstruiría el proceso.

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Política

Sala resolverá en dos días la apelación de Keiko y keikistas

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Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

Mañana viernes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por el vocal superior César Sahuanay, escuchará a las partes en la audiencia de apelación contra la orden de prisión preventiva durante 36 meses impuesta a los keikistas Vicente Silva Checa, Alberto Mejía Leca y Giancarlo Bertini de Vivanco.

El primero, Vicente Silva, es imputado como presunto miembro del núcleo duro de la presunta organización criminal que habría realizado lavado de activos con fondos ilícitos en la campaña presidencial del año 2011.

El segundo, Alberto Mejía, expersonero legal de Fuerza Popular, ayudó a evitar que los falsos aportantes de dinero a Fuerza Popular dijeran la verdad a la justicia.

Giancarlo Bertini, ayudo a Jorge Yoshiyama a “pitufear” medio millón de dólares, dinero proveniente de Jaime Yoshiyama. Nunca dio la cara a la Fiscalía y poco antes de que ordenaran su carcelería, fugó a Bolivia.

Al día siguiente, el sábado 15, la Sala Sahuanay verá los casos de prisión preventiva de Keiko Fujimori y el también prófugo JaimeYoshiyama

El mismo día a las 2 p.m. verá los casos de los asesores de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

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Política

Piden a CIDH que impida cambio de fiscales Lava Jato y “cuellos blancos”

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Rocío Sánchez Saavedra - José Domingo Pérez Gómez - Rafael Vela Barba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está procesando una solicitud de medida cautelar protectora presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) a favor del equipo especial Lava Jato y de las fiscales del caso “Los cuellos blancos del puerto”, contra interferencias externas e internas que afectan sus investigaciones.

Según el IDL, la demanda fue presentada el 16 de octubre por iniciativa propia y sin previo aviso, inicialmente a favor del fiscal José Domingo Pérez, a raíz del acoso al que lo han sometido el fiscal de la Nación Pedro Chávarry y sus subalternos.

El 10 de diciembre, el IDL envió a la CIDH información adicional y solicitó la ampliación de la medida cautelar a favor del fiscal superior, supervisor del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, estas dos últimas encargadas del caso “CNM audios – Los cuellos blancos del puerto”.

La medida cautelar tiene las siguientes finalidades:

Que cese la interferencia, sea interna o externa, en el desempeño de la labor de los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo,

Evitar la remoción de los fiscales mencionados respecto a las investigaciones que tienen a su cargo.

Resguardar la integridad de los fiscales y de sus familias.

El IDL precisó en un comunicado que la medida cautelar de protección de los magistrados se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 25 del reglamento de la Comisión IDH, dado que los fiscales estaban siendo violentados en el ejercicio libre e independiente de su labor fiscal.

Así mismo, señala: “La urgencia de proteger a los fiscales que investigan los casos Lava Jato y CNM Audios ya había sido expuesta a los miembros de la Comisión Interamericana el 1 de octubre, en el 169 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, llevado a cabo en Boulder, Colorado, Estados Unidos”.

CONTRA CHÁVARRY Y CONGRESO

Aunque los blancos del pedido son el fiscal Chávarry y el Congreso, la demanda fue interpuesta contra el Estado Peruano, el que, a través del Ministerio de Justicia, ya ha recibido el expediente, para que lo conteste ante la Comisión IDH.

Luego de eso, el organismo interamericano podría emitir su decisión en cortísimo tiempo en condición de recomendación al Estado Peruano.

En caso de no atención, la Comisión llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podría dictar las mismas medidas con carácter de obligatorio cumplimiento.

EL ESTADO PREPARA RESPUESTA

Por eso, el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichich Loli, ha solicitado urgentemente la información pertinente al Ministerio Público respecto a las medidas de protección que se le han otorgado a José Domingo Pérez, ante las presiones que dice estar soportando, aún si estas provienen del propio Fiscal de la Nación y de órganos subalternos de esa institución.

A pedido de la Comisión IDH, Mijichich también ha pedido que se le informe sobre la investigación que el Fiscal de la Nación abrió contra los congresistas de Fuerza Popular que obstruyeron el allanamiento de dos los locales de ese partido político con la debida autorización de juez, en el caso de lavado de activos con fondo ilícitos de la campaña presidencial del 2011.

El carácter urgente del pedido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ver, aparentemente, con los trascendidos sobre la eventual intención del fiscal Chávarry de separar de los importantes casos que manejan a Pérez, Barba y las fiscales chalacas.

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