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Riqueza empobrecedora en Tacna y Moquegua

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SPCC CON RENTABILIDAD EXTRAORDINARIA (PARTE II)

Habiéndose levantado la huelga general indefinida de parte de los sindicatos representativos en la compañía minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC), que ha tenido una duración de más de 20 días con una solución temporal acordada el 10 de diciembre pasado, es importante repensar el modelo primario exportador, pues no se han resuelto los problemas de fondo que tiene la actividad minera que no se reducen a las relaciones conflictivas con sus trabajadores, sino que corresponden a los diversos problemas con el entorno social y ambiental.

La imagen que tiene la SPCC en el valle del Tambo, por ejemplo, dificulta la viabilidad del proyecto de Tía María, por más campaña mediática que se realice en los medios de comunicación dada la pobre credibilidad que tiene la empresa. Si no convence a sus propios trabajadores incumpliendo acuerdos, por qué la población del entorno al proyecto debía confiar en los compromisos de la minera.

En tal sentido cabe interrogarse ¿Por qué encuentran tanta resistencia los proyectos mineros si son tan importantes las bondades que conlleva la minería? ¿Es la minería el motor de la economía peruana? Es acaso sustentable un crecimiento económico altamente dependiente de los precios internacionales de las materias primas como los precios del cobre y oro que constituyen el grueso de las exportaciones mineras.

En resumen, la cuestión de fondo es preguntarse si la minería contribuye con el desarrollo de la región o más bien se desenvuelve en el marco de un crecimiento empobrecedor, donde los pasivos, las externalidades negativas superan a los factores positivos que trae consigo la actividad minera.

Ello es mucho más grave, si el propio Estado no valoriza con equidad los propios yacimientos mineros. Ejemplo 1, el yacimiento de Quellaveco con reservas conocidas se “remató en menos de US $ 12.5 millones de dólares, y desde el año 1993 dicho proyecto está en el listado de las futuras inversiones. Ejemplo 2, los yacimientos de Antamina, con reservas conocidas de cobre, zinc se valorizó en menos de US $ 20 millones de dólares en 1998, y se privilegió los compromisos de inversión que fueron estimados en US $ 2,500 millones de dólares.

En verdad, la lista sería larga si se analiza la transferencia de riqueza desde el estado al sector privado, de los activos, empresas públicas a precio de remate, yacimientos mediante el proceso de privatización de la actividad empresarial del estado, llevado a cabo por el fujimorismo en la década de los noventa del siglo pasado, con una alta dosis de corrupción, la misma que hoy sacude al país.

Corrupción que como un cáncer ha hecho “metástasis” que se ha expandido por la sociedad y economía peruana, donde será difícilmente extirpada por la profundidad, extensión, y órganos comprometidos. No basta una cirugía mayor ni baños de quimioterapia a un enfermo como el Perú que necesita grandes remedios y soluciones. Por ello, que actualidad tiene la afirmación del gran tribuno Manuel González Prada cuando afirmaba que “el Perú es un enfermo que donde se pone el dedo salta la pus”

UNA MINERÍA RENTABLE
A pesar de todos los cuestionamientos que pudiéramos hacer a la actividad minera formal, en especial a la gran minería, sí podemos afirmar que contribuye de manera significativa no con el desarrollo económico sino con la generación de ingresos fiscales, empresariales, y familiares que posibilitarían alcanzar un mayor bienestar.

Sirva para ello un análisis histórico expuestos en un cuadro resumen sobre los “Ingresos, Rentabilidad y Aportaciones Tributarias de Southern Peru Copper Corporation entre el 2004 al 2016” donde se muestra la riqueza generada medida en términos de ingresos por ventas en trece años.

En el período mencionado la SPCC ha obtenido ingresos acumulados del orden de US $ 33 mil millones de dólares por las ventas de cobre fino, plata, oro, molibdeno y ácido sulfúrico realizadas básicamente al mercado mundial.

Para el mismo período la empresa ha obtenido utilidades operativas de US $ 17.3 mil millones de dólares, y utilidades netas del orden por US $ 11.2 mil millones. No está en discusión cuántos de estos montos son reinvertidos ni cuántos son repatriados al Grupo México que tiene a la familia Larrea como principal accionista.

Por último, a este nivel, estimamos los montos señalados como depreciaciones y amortizaciones en el período 2004/ 2016. Tanto las depreciaciones como las amortizaciones constituyen partidas que se cargan a los costos de venta, gastos de venta y gastos administrativos, pero que no significan .salida alguna de dinero de la empresa. En el fondo es una recuperación anual del valor por los capitales invertidos, que año a año se cargan a los costos. En tal sentido, forman parte del excedente económico.

A este nivel considerando años de precios del cobre buenos, años extraordinarios y de precios mediocres, podemos afirmar que SPCC en el período 2004/2016 tiene una elevada por no decir extraordinaria rentabilidad estimada por medio de la tasa o margen de la utilidad operativa. Es decir, Utilidad Operativa entre Ingresos multiplicado por cien. (US 17,314,590 / US 33,015, 148 igual a: 52.4%) esto significa que de cada 100 dólares de ingresos un poco más de 52 dólares constituyen utilidades operativas, es decir utilidades antes del pago de impuestos, intereses de deuda, participaciones de los trabajadores, y pago a los accionistas.

El mismo ejercicio con las utilidades netas. Es decir, Utilidad Netas acumuladas en el período 2004/2016 entre Ingresos multiplicado por cien. (US 11,228,678 / US 33,015,148 igual a: 34%) esto significa que de cada 100 dólares de ingresos un poco más de 34 dólares constituyen utilidades netas, es decir son las utilidades residuales, a las cuales se le han deducido todos los costos, sean los costos de ventas, las gastos de venta y administrativos, los impuestos y gastos financieros.

En el fondo esta rentabilidad operativa y neta es extraordinaria si se compara con las tasas vigentes en USA, Canadá, Australia. Ello explica porque las principales empresas transnacionales mineras operan en nuestro país. Graciosamente a ello se le denomina competitividad, pero en el fondo son los bajos costos salariales y ambientales, lo que explica los bajos costos de producción más una permisiva y amigable tributación.

Southern Copper Peru

¿QUÉ PASA CON TACNA Y MOQUEGUA?
En un artículo anterior hemos señalado que las operaciones de SPCC son integradas pues los concentrados de cobre extraídos en las unidades mineras de Toquepala (Tacna), Cuajone (Moquegua), son tratados en la refinería y fundición de Ilo (Moquegua), donde se transforma el metal rojo en cobre fino con un 99.99 % de pureza, en un producto apto para la industria.

En el período considerado 2004/ 2016 Tacna y Moquegua son dos regiones que han percibido de manera sistemática importantes transferencias por concepto de canon y regalías mineras.

En el caso del canon minero que constituye una renta derivada pues el canon depende del impuesto a la renta pagado por el titular minero. Así, por norma vigente el 50 % del impuesto a la renta abonado por el titular minero y captado por el fisco se transforma en canon minero que se distribuye entre los gobiernos regionales y gobiernos locales más universidades públicas.

En el período mencionado el canon minero captado por ambas regiones ha sido de US $ 2,532 millones de dólares, de los cuales Tacna retuvo US $ 1,162 millones y Moquegua US $ 1,370 millones.

Asumiendo que el 100 % del canon minero distribuido en Tacna y Moquegua en el período considerado se debe al impuesto a la renta pagado por la SPCC, podemos considerar que si el 50 % distribuido como canon minero en el período arribó a la suma de US $ 2,532 millones de dólares, el otro 50 % restante lo capta el fisco. Por tanto, lo captado por el estado por concepto de impuesto a la renta sumaría un monto cercano a los US $ 5,064 millones de dólares.

Esto significa que la empresa minera SPCC que tiene una pésima imagen abonó al fisco entre el 2004 al 2016 un total por concepto a la renta del orden de los US $ 5,064 millones de dólares, que confrontados con los ingresos acumulados de US $ 33,015 millones, representan una presión fiscal del orden del 15.3 %

Esto equivaldría a decir la SPCC de cada 100 dólares de ingresos por ventas, un poco más de 15 dólares constituyen impuestos a la renta, de los cuales el 50 % se transfiere como canon minero.

Por último, ambos departamentos Tacna y Moquegua han percibido por concepto de regalías mineras transferidas en el período 2005/2016 un monto total de US $ 590 millones, distribuidas en US $ 313 millones para la región moqueguana y US $ 276 millones para el departamento tacneño. Estos montos al igual que el canon minero también se distribuyen entre los gobiernos regionales, el distrito productor, los municipios provinciales y distritales de cada departamento.

Debiera ser evidente que no estamos considerando en este ejercicio el denominado impuesto extraordinario que están obligadas a pagar las empresas mineras que no tienen contratos de estabilidad jurídica ni tributaria firmados con el estado como sería el caso de la SPCC en razón de la antigüedad de sus operaciones. El llamado impuesto especial o extraordinario al ser definido como gasto tributario, es deducible del impuesto a la renta, y lo capta el estado central, es decir no se distribuye en las regiones generadoras de renta minera.

Igualmente en el período mencionado no estamos considerando el llamado “aporte voluntario” más conocido como el óbolo minero de Alan García, que tuvo una vigencia entre el 2006 y el 2011. Tampoco estamos considerando los derechos de vigencia mineros que abonan las mineras que como la SPCC paga un promedio de US$ 3 dólares por hectárea ubicada en sus concesiones.

Debiera ser evidente que sumadas todas las transferencias vía canon, regalías, aporte voluntario, derechos de vigencia, inversiones de responsabilidad social, la contribución social de la actividad minera a las regiones como en el caso de SPCC sería mayor. Sin embargo, ¿por qué tan cuestionada y pobre imagen?

EPÍLOGO
En el período considerado tanto los departamentos de Tacna Y Moquegua por concepto de canon minero y regalías han captado US $ 3,122 millones de dólares un promedio anual de US $ 240 millones de los cuales el 55 % lo capta Moquegua y la diferencia 45% el departamento tacneño.

Lamentablemente parte de estos montos transferidos han sido gastados con una alta dosis de corrupción, la misma que reproduce de manera local y regional el fenómeno de Odebrecht, con lo cual se ha perdido una oportunidad histórica de un mayor bienestar para la población.

A pesar de ello, no es una casualidad que tanto Tacna como Moquegua sean los departamentos conjuntamente con Arequipa las regiones con el más alto índice de desarrollo humano (IDH) después de Lima-Callao. En gran parte ello se explica por los ingresos directos e indirectos generados por la actividad minera.

Si a los US $ 240 millones de dólares captados como canon y regalías como promedio anual entre el 2004/2016, se sumaran los US$ 230 millones de dólares anuales correspondientes al gasto de personal de la SPCC, pues la mayor proporción de trabajadores se reproducen en Tacna y Moquegua podemos captar el efecto riqueza que genera la minería en las regiones, ello sin contar con las inversiones y compras en bienes y servicios.

Sin embargo, esta riqueza generada por la actividad minera no ha servido para el fomento de un desarrollo sostenible en las regiones involucradas que no han resuelto el problema central, la dotación de agua segura y oportuna, de allí la plena vigencia de las sabias palabras del patriarca de la minería peruana don Alberto Benavides de la Quintana cuando suscribía la tesis que: “la minería debe sembrar agua”

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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