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Riqueza empobrecedora en Tacna y Moquegua

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SPCC CON RENTABILIDAD EXTRAORDINARIA (PARTE II)

Habiéndose levantado la huelga general indefinida de parte de los sindicatos representativos en la compañía minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC), que ha tenido una duración de más de 20 días con una solución temporal acordada el 10 de diciembre pasado, es importante repensar el modelo primario exportador, pues no se han resuelto los problemas de fondo que tiene la actividad minera que no se reducen a las relaciones conflictivas con sus trabajadores, sino que corresponden a los diversos problemas con el entorno social y ambiental.

La imagen que tiene la SPCC en el valle del Tambo, por ejemplo, dificulta la viabilidad del proyecto de Tía María, por más campaña mediática que se realice en los medios de comunicación dada la pobre credibilidad que tiene la empresa. Si no convence a sus propios trabajadores incumpliendo acuerdos, por qué la población del entorno al proyecto debía confiar en los compromisos de la minera.

En tal sentido cabe interrogarse ¿Por qué encuentran tanta resistencia los proyectos mineros si son tan importantes las bondades que conlleva la minería? ¿Es la minería el motor de la economía peruana? Es acaso sustentable un crecimiento económico altamente dependiente de los precios internacionales de las materias primas como los precios del cobre y oro que constituyen el grueso de las exportaciones mineras.

En resumen, la cuestión de fondo es preguntarse si la minería contribuye con el desarrollo de la región o más bien se desenvuelve en el marco de un crecimiento empobrecedor, donde los pasivos, las externalidades negativas superan a los factores positivos que trae consigo la actividad minera.

Ello es mucho más grave, si el propio Estado no valoriza con equidad los propios yacimientos mineros. Ejemplo 1, el yacimiento de Quellaveco con reservas conocidas se “remató en menos de US $ 12.5 millones de dólares, y desde el año 1993 dicho proyecto está en el listado de las futuras inversiones. Ejemplo 2, los yacimientos de Antamina, con reservas conocidas de cobre, zinc se valorizó en menos de US $ 20 millones de dólares en 1998, y se privilegió los compromisos de inversión que fueron estimados en US $ 2,500 millones de dólares.

En verdad, la lista sería larga si se analiza la transferencia de riqueza desde el estado al sector privado, de los activos, empresas públicas a precio de remate, yacimientos mediante el proceso de privatización de la actividad empresarial del estado, llevado a cabo por el fujimorismo en la década de los noventa del siglo pasado, con una alta dosis de corrupción, la misma que hoy sacude al país.

Corrupción que como un cáncer ha hecho “metástasis” que se ha expandido por la sociedad y economía peruana, donde será difícilmente extirpada por la profundidad, extensión, y órganos comprometidos. No basta una cirugía mayor ni baños de quimioterapia a un enfermo como el Perú que necesita grandes remedios y soluciones. Por ello, que actualidad tiene la afirmación del gran tribuno Manuel González Prada cuando afirmaba que “el Perú es un enfermo que donde se pone el dedo salta la pus”

UNA MINERÍA RENTABLE
A pesar de todos los cuestionamientos que pudiéramos hacer a la actividad minera formal, en especial a la gran minería, sí podemos afirmar que contribuye de manera significativa no con el desarrollo económico sino con la generación de ingresos fiscales, empresariales, y familiares que posibilitarían alcanzar un mayor bienestar.

Sirva para ello un análisis histórico expuestos en un cuadro resumen sobre los “Ingresos, Rentabilidad y Aportaciones Tributarias de Southern Peru Copper Corporation entre el 2004 al 2016” donde se muestra la riqueza generada medida en términos de ingresos por ventas en trece años.

En el período mencionado la SPCC ha obtenido ingresos acumulados del orden de US $ 33 mil millones de dólares por las ventas de cobre fino, plata, oro, molibdeno y ácido sulfúrico realizadas básicamente al mercado mundial.

Para el mismo período la empresa ha obtenido utilidades operativas de US $ 17.3 mil millones de dólares, y utilidades netas del orden por US $ 11.2 mil millones. No está en discusión cuántos de estos montos son reinvertidos ni cuántos son repatriados al Grupo México que tiene a la familia Larrea como principal accionista.

Por último, a este nivel, estimamos los montos señalados como depreciaciones y amortizaciones en el período 2004/ 2016. Tanto las depreciaciones como las amortizaciones constituyen partidas que se cargan a los costos de venta, gastos de venta y gastos administrativos, pero que no significan .salida alguna de dinero de la empresa. En el fondo es una recuperación anual del valor por los capitales invertidos, que año a año se cargan a los costos. En tal sentido, forman parte del excedente económico.

A este nivel considerando años de precios del cobre buenos, años extraordinarios y de precios mediocres, podemos afirmar que SPCC en el período 2004/2016 tiene una elevada por no decir extraordinaria rentabilidad estimada por medio de la tasa o margen de la utilidad operativa. Es decir, Utilidad Operativa entre Ingresos multiplicado por cien. (US 17,314,590 / US 33,015, 148 igual a: 52.4%) esto significa que de cada 100 dólares de ingresos un poco más de 52 dólares constituyen utilidades operativas, es decir utilidades antes del pago de impuestos, intereses de deuda, participaciones de los trabajadores, y pago a los accionistas.

El mismo ejercicio con las utilidades netas. Es decir, Utilidad Netas acumuladas en el período 2004/2016 entre Ingresos multiplicado por cien. (US 11,228,678 / US 33,015,148 igual a: 34%) esto significa que de cada 100 dólares de ingresos un poco más de 34 dólares constituyen utilidades netas, es decir son las utilidades residuales, a las cuales se le han deducido todos los costos, sean los costos de ventas, las gastos de venta y administrativos, los impuestos y gastos financieros.

En el fondo esta rentabilidad operativa y neta es extraordinaria si se compara con las tasas vigentes en USA, Canadá, Australia. Ello explica porque las principales empresas transnacionales mineras operan en nuestro país. Graciosamente a ello se le denomina competitividad, pero en el fondo son los bajos costos salariales y ambientales, lo que explica los bajos costos de producción más una permisiva y amigable tributación.

Southern Copper Peru

¿QUÉ PASA CON TACNA Y MOQUEGUA?
En un artículo anterior hemos señalado que las operaciones de SPCC son integradas pues los concentrados de cobre extraídos en las unidades mineras de Toquepala (Tacna), Cuajone (Moquegua), son tratados en la refinería y fundición de Ilo (Moquegua), donde se transforma el metal rojo en cobre fino con un 99.99 % de pureza, en un producto apto para la industria.

En el período considerado 2004/ 2016 Tacna y Moquegua son dos regiones que han percibido de manera sistemática importantes transferencias por concepto de canon y regalías mineras.

En el caso del canon minero que constituye una renta derivada pues el canon depende del impuesto a la renta pagado por el titular minero. Así, por norma vigente el 50 % del impuesto a la renta abonado por el titular minero y captado por el fisco se transforma en canon minero que se distribuye entre los gobiernos regionales y gobiernos locales más universidades públicas.

En el período mencionado el canon minero captado por ambas regiones ha sido de US $ 2,532 millones de dólares, de los cuales Tacna retuvo US $ 1,162 millones y Moquegua US $ 1,370 millones.

Asumiendo que el 100 % del canon minero distribuido en Tacna y Moquegua en el período considerado se debe al impuesto a la renta pagado por la SPCC, podemos considerar que si el 50 % distribuido como canon minero en el período arribó a la suma de US $ 2,532 millones de dólares, el otro 50 % restante lo capta el fisco. Por tanto, lo captado por el estado por concepto de impuesto a la renta sumaría un monto cercano a los US $ 5,064 millones de dólares.

Esto significa que la empresa minera SPCC que tiene una pésima imagen abonó al fisco entre el 2004 al 2016 un total por concepto a la renta del orden de los US $ 5,064 millones de dólares, que confrontados con los ingresos acumulados de US $ 33,015 millones, representan una presión fiscal del orden del 15.3 %

Esto equivaldría a decir la SPCC de cada 100 dólares de ingresos por ventas, un poco más de 15 dólares constituyen impuestos a la renta, de los cuales el 50 % se transfiere como canon minero.

Por último, ambos departamentos Tacna y Moquegua han percibido por concepto de regalías mineras transferidas en el período 2005/2016 un monto total de US $ 590 millones, distribuidas en US $ 313 millones para la región moqueguana y US $ 276 millones para el departamento tacneño. Estos montos al igual que el canon minero también se distribuyen entre los gobiernos regionales, el distrito productor, los municipios provinciales y distritales de cada departamento.

Debiera ser evidente que no estamos considerando en este ejercicio el denominado impuesto extraordinario que están obligadas a pagar las empresas mineras que no tienen contratos de estabilidad jurídica ni tributaria firmados con el estado como sería el caso de la SPCC en razón de la antigüedad de sus operaciones. El llamado impuesto especial o extraordinario al ser definido como gasto tributario, es deducible del impuesto a la renta, y lo capta el estado central, es decir no se distribuye en las regiones generadoras de renta minera.

Igualmente en el período mencionado no estamos considerando el llamado “aporte voluntario” más conocido como el óbolo minero de Alan García, que tuvo una vigencia entre el 2006 y el 2011. Tampoco estamos considerando los derechos de vigencia mineros que abonan las mineras que como la SPCC paga un promedio de US$ 3 dólares por hectárea ubicada en sus concesiones.

Debiera ser evidente que sumadas todas las transferencias vía canon, regalías, aporte voluntario, derechos de vigencia, inversiones de responsabilidad social, la contribución social de la actividad minera a las regiones como en el caso de SPCC sería mayor. Sin embargo, ¿por qué tan cuestionada y pobre imagen?

EPÍLOGO
En el período considerado tanto los departamentos de Tacna Y Moquegua por concepto de canon minero y regalías han captado US $ 3,122 millones de dólares un promedio anual de US $ 240 millones de los cuales el 55 % lo capta Moquegua y la diferencia 45% el departamento tacneño.

Lamentablemente parte de estos montos transferidos han sido gastados con una alta dosis de corrupción, la misma que reproduce de manera local y regional el fenómeno de Odebrecht, con lo cual se ha perdido una oportunidad histórica de un mayor bienestar para la población.

A pesar de ello, no es una casualidad que tanto Tacna como Moquegua sean los departamentos conjuntamente con Arequipa las regiones con el más alto índice de desarrollo humano (IDH) después de Lima-Callao. En gran parte ello se explica por los ingresos directos e indirectos generados por la actividad minera.

Si a los US $ 240 millones de dólares captados como canon y regalías como promedio anual entre el 2004/2016, se sumaran los US$ 230 millones de dólares anuales correspondientes al gasto de personal de la SPCC, pues la mayor proporción de trabajadores se reproducen en Tacna y Moquegua podemos captar el efecto riqueza que genera la minería en las regiones, ello sin contar con las inversiones y compras en bienes y servicios.

Sin embargo, esta riqueza generada por la actividad minera no ha servido para el fomento de un desarrollo sostenible en las regiones involucradas que no han resuelto el problema central, la dotación de agua segura y oportuna, de allí la plena vigencia de las sabias palabras del patriarca de la minería peruana don Alberto Benavides de la Quintana cuando suscribía la tesis que: “la minería debe sembrar agua”

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Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

Publicado

en

Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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en

casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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