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Riqueza empobrecedora en Tacna y Moquegua

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SPCC CON RENTABILIDAD EXTRAORDINARIA (PARTE II)

Habiéndose levantado la huelga general indefinida de parte de los sindicatos representativos en la compañía minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC), que ha tenido una duración de más de 20 días con una solución temporal acordada el 10 de diciembre pasado, es importante repensar el modelo primario exportador, pues no se han resuelto los problemas de fondo que tiene la actividad minera que no se reducen a las relaciones conflictivas con sus trabajadores, sino que corresponden a los diversos problemas con el entorno social y ambiental.

La imagen que tiene la SPCC en el valle del Tambo, por ejemplo, dificulta la viabilidad del proyecto de Tía María, por más campaña mediática que se realice en los medios de comunicación dada la pobre credibilidad que tiene la empresa. Si no convence a sus propios trabajadores incumpliendo acuerdos, por qué la población del entorno al proyecto debía confiar en los compromisos de la minera.

En tal sentido cabe interrogarse ¿Por qué encuentran tanta resistencia los proyectos mineros si son tan importantes las bondades que conlleva la minería? ¿Es la minería el motor de la economía peruana? Es acaso sustentable un crecimiento económico altamente dependiente de los precios internacionales de las materias primas como los precios del cobre y oro que constituyen el grueso de las exportaciones mineras.

En resumen, la cuestión de fondo es preguntarse si la minería contribuye con el desarrollo de la región o más bien se desenvuelve en el marco de un crecimiento empobrecedor, donde los pasivos, las externalidades negativas superan a los factores positivos que trae consigo la actividad minera.

Ello es mucho más grave, si el propio Estado no valoriza con equidad los propios yacimientos mineros. Ejemplo 1, el yacimiento de Quellaveco con reservas conocidas se “remató en menos de US $ 12.5 millones de dólares, y desde el año 1993 dicho proyecto está en el listado de las futuras inversiones. Ejemplo 2, los yacimientos de Antamina, con reservas conocidas de cobre, zinc se valorizó en menos de US $ 20 millones de dólares en 1998, y se privilegió los compromisos de inversión que fueron estimados en US $ 2,500 millones de dólares.

En verdad, la lista sería larga si se analiza la transferencia de riqueza desde el estado al sector privado, de los activos, empresas públicas a precio de remate, yacimientos mediante el proceso de privatización de la actividad empresarial del estado, llevado a cabo por el fujimorismo en la década de los noventa del siglo pasado, con una alta dosis de corrupción, la misma que hoy sacude al país.

Corrupción que como un cáncer ha hecho “metástasis” que se ha expandido por la sociedad y economía peruana, donde será difícilmente extirpada por la profundidad, extensión, y órganos comprometidos. No basta una cirugía mayor ni baños de quimioterapia a un enfermo como el Perú que necesita grandes remedios y soluciones. Por ello, que actualidad tiene la afirmación del gran tribuno Manuel González Prada cuando afirmaba que “el Perú es un enfermo que donde se pone el dedo salta la pus”

UNA MINERÍA RENTABLE
A pesar de todos los cuestionamientos que pudiéramos hacer a la actividad minera formal, en especial a la gran minería, sí podemos afirmar que contribuye de manera significativa no con el desarrollo económico sino con la generación de ingresos fiscales, empresariales, y familiares que posibilitarían alcanzar un mayor bienestar.

Sirva para ello un análisis histórico expuestos en un cuadro resumen sobre los “Ingresos, Rentabilidad y Aportaciones Tributarias de Southern Peru Copper Corporation entre el 2004 al 2016” donde se muestra la riqueza generada medida en términos de ingresos por ventas en trece años.

En el período mencionado la SPCC ha obtenido ingresos acumulados del orden de US $ 33 mil millones de dólares por las ventas de cobre fino, plata, oro, molibdeno y ácido sulfúrico realizadas básicamente al mercado mundial.

Para el mismo período la empresa ha obtenido utilidades operativas de US $ 17.3 mil millones de dólares, y utilidades netas del orden por US $ 11.2 mil millones. No está en discusión cuántos de estos montos son reinvertidos ni cuántos son repatriados al Grupo México que tiene a la familia Larrea como principal accionista.

Por último, a este nivel, estimamos los montos señalados como depreciaciones y amortizaciones en el período 2004/ 2016. Tanto las depreciaciones como las amortizaciones constituyen partidas que se cargan a los costos de venta, gastos de venta y gastos administrativos, pero que no significan .salida alguna de dinero de la empresa. En el fondo es una recuperación anual del valor por los capitales invertidos, que año a año se cargan a los costos. En tal sentido, forman parte del excedente económico.

A este nivel considerando años de precios del cobre buenos, años extraordinarios y de precios mediocres, podemos afirmar que SPCC en el período 2004/2016 tiene una elevada por no decir extraordinaria rentabilidad estimada por medio de la tasa o margen de la utilidad operativa. Es decir, Utilidad Operativa entre Ingresos multiplicado por cien. (US 17,314,590 / US 33,015, 148 igual a: 52.4%) esto significa que de cada 100 dólares de ingresos un poco más de 52 dólares constituyen utilidades operativas, es decir utilidades antes del pago de impuestos, intereses de deuda, participaciones de los trabajadores, y pago a los accionistas.

El mismo ejercicio con las utilidades netas. Es decir, Utilidad Netas acumuladas en el período 2004/2016 entre Ingresos multiplicado por cien. (US 11,228,678 / US 33,015,148 igual a: 34%) esto significa que de cada 100 dólares de ingresos un poco más de 34 dólares constituyen utilidades netas, es decir son las utilidades residuales, a las cuales se le han deducido todos los costos, sean los costos de ventas, las gastos de venta y administrativos, los impuestos y gastos financieros.

En el fondo esta rentabilidad operativa y neta es extraordinaria si se compara con las tasas vigentes en USA, Canadá, Australia. Ello explica porque las principales empresas transnacionales mineras operan en nuestro país. Graciosamente a ello se le denomina competitividad, pero en el fondo son los bajos costos salariales y ambientales, lo que explica los bajos costos de producción más una permisiva y amigable tributación.

Southern Copper Peru

¿QUÉ PASA CON TACNA Y MOQUEGUA?
En un artículo anterior hemos señalado que las operaciones de SPCC son integradas pues los concentrados de cobre extraídos en las unidades mineras de Toquepala (Tacna), Cuajone (Moquegua), son tratados en la refinería y fundición de Ilo (Moquegua), donde se transforma el metal rojo en cobre fino con un 99.99 % de pureza, en un producto apto para la industria.

En el período considerado 2004/ 2016 Tacna y Moquegua son dos regiones que han percibido de manera sistemática importantes transferencias por concepto de canon y regalías mineras.

En el caso del canon minero que constituye una renta derivada pues el canon depende del impuesto a la renta pagado por el titular minero. Así, por norma vigente el 50 % del impuesto a la renta abonado por el titular minero y captado por el fisco se transforma en canon minero que se distribuye entre los gobiernos regionales y gobiernos locales más universidades públicas.

En el período mencionado el canon minero captado por ambas regiones ha sido de US $ 2,532 millones de dólares, de los cuales Tacna retuvo US $ 1,162 millones y Moquegua US $ 1,370 millones.

Asumiendo que el 100 % del canon minero distribuido en Tacna y Moquegua en el período considerado se debe al impuesto a la renta pagado por la SPCC, podemos considerar que si el 50 % distribuido como canon minero en el período arribó a la suma de US $ 2,532 millones de dólares, el otro 50 % restante lo capta el fisco. Por tanto, lo captado por el estado por concepto de impuesto a la renta sumaría un monto cercano a los US $ 5,064 millones de dólares.

Esto significa que la empresa minera SPCC que tiene una pésima imagen abonó al fisco entre el 2004 al 2016 un total por concepto a la renta del orden de los US $ 5,064 millones de dólares, que confrontados con los ingresos acumulados de US $ 33,015 millones, representan una presión fiscal del orden del 15.3 %

Esto equivaldría a decir la SPCC de cada 100 dólares de ingresos por ventas, un poco más de 15 dólares constituyen impuestos a la renta, de los cuales el 50 % se transfiere como canon minero.

Por último, ambos departamentos Tacna y Moquegua han percibido por concepto de regalías mineras transferidas en el período 2005/2016 un monto total de US $ 590 millones, distribuidas en US $ 313 millones para la región moqueguana y US $ 276 millones para el departamento tacneño. Estos montos al igual que el canon minero también se distribuyen entre los gobiernos regionales, el distrito productor, los municipios provinciales y distritales de cada departamento.

Debiera ser evidente que no estamos considerando en este ejercicio el denominado impuesto extraordinario que están obligadas a pagar las empresas mineras que no tienen contratos de estabilidad jurídica ni tributaria firmados con el estado como sería el caso de la SPCC en razón de la antigüedad de sus operaciones. El llamado impuesto especial o extraordinario al ser definido como gasto tributario, es deducible del impuesto a la renta, y lo capta el estado central, es decir no se distribuye en las regiones generadoras de renta minera.

Igualmente en el período mencionado no estamos considerando el llamado “aporte voluntario” más conocido como el óbolo minero de Alan García, que tuvo una vigencia entre el 2006 y el 2011. Tampoco estamos considerando los derechos de vigencia mineros que abonan las mineras que como la SPCC paga un promedio de US$ 3 dólares por hectárea ubicada en sus concesiones.

Debiera ser evidente que sumadas todas las transferencias vía canon, regalías, aporte voluntario, derechos de vigencia, inversiones de responsabilidad social, la contribución social de la actividad minera a las regiones como en el caso de SPCC sería mayor. Sin embargo, ¿por qué tan cuestionada y pobre imagen?

EPÍLOGO
En el período considerado tanto los departamentos de Tacna Y Moquegua por concepto de canon minero y regalías han captado US $ 3,122 millones de dólares un promedio anual de US $ 240 millones de los cuales el 55 % lo capta Moquegua y la diferencia 45% el departamento tacneño.

Lamentablemente parte de estos montos transferidos han sido gastados con una alta dosis de corrupción, la misma que reproduce de manera local y regional el fenómeno de Odebrecht, con lo cual se ha perdido una oportunidad histórica de un mayor bienestar para la población.

A pesar de ello, no es una casualidad que tanto Tacna como Moquegua sean los departamentos conjuntamente con Arequipa las regiones con el más alto índice de desarrollo humano (IDH) después de Lima-Callao. En gran parte ello se explica por los ingresos directos e indirectos generados por la actividad minera.

Si a los US $ 240 millones de dólares captados como canon y regalías como promedio anual entre el 2004/2016, se sumaran los US$ 230 millones de dólares anuales correspondientes al gasto de personal de la SPCC, pues la mayor proporción de trabajadores se reproducen en Tacna y Moquegua podemos captar el efecto riqueza que genera la minería en las regiones, ello sin contar con las inversiones y compras en bienes y servicios.

Sin embargo, esta riqueza generada por la actividad minera no ha servido para el fomento de un desarrollo sostenible en las regiones involucradas que no han resuelto el problema central, la dotación de agua segura y oportuna, de allí la plena vigencia de las sabias palabras del patriarca de la minería peruana don Alberto Benavides de la Quintana cuando suscribía la tesis que: “la minería debe sembrar agua”

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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en

Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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