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Rescate de lo ignorado

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Comisión de Constitución del Congreso de la República

La Comisión de Constitución del Congreso de la República invitó a los juristas Ernesto Álvarez, Natale Amprimo, Aníbal Quiroga, Óscar Urbiola y al autor de esta nota, probablemente por haber presidido el Congreso, a fin de que diesen su visión general sobre las propuestas del Poder Ejecutivo, para hacer modificaciones parciales a la Constitución y a otras leyes, tanto electorales como de partidos políticos, en lo que el Gobierno Nacional ha denominado la “Reforma Política”.

Habida cuenta que, salvo alguna pequeñísima nota o la información brindada por el canal televisivo del Congreso, ha sido ignorado el evento, aunque sin saber si ello fue voluntario o no, gracias a la generosidad de este medio escrito que nos acoge y con el objetivo que se pueda resguardar lo dicho en la citada Comisión del Parlamento, transcribo mis intervenciones, tanto inicial como final y cuyo contenido ratifico.

INTERVENCIÓN INICIAL

Para mí es un honor estar en esta reunión de la Comisión de Constitución y estar acompañado por tan connotados profesionales del Derecho Constitucional.

Yo no soy como ellos, profesor de Derecho Constitucional, ni lo he sido, pero sí he tenido el privilegio de ser constituyente; y por lo tanto, en alguna medida coautor de la Constitución del 93.

El Presidente de la República anunció que iba a hacer cuestión de confianza a su gabinete por la reforma política que se había presentado en 12 proyectos: cuatro de ellos de reformas constitucionales y los restantes de reforma legales, de modificaciones a Ley de Elecciones, Partidos Políticos, etcétera.

Luego de esto, el presidente del Consejo de Ministros remitió una carta al Congreso, anunciando también su visita al Congreso para plantear, como corresponde, que tiene que ser oralmente y en sesión del Pleno, la cuestión de confianza.

Pero manifiesta en su comunicación que: uno, que hay que entender que las reformas propuestas, por lo menos en cinco, que es el tema de la cuestión de confianza, no puede modificarse su núcleo básico. Lo dice más o menos en esas palabras.

Y, dos, que tiene que aprobarse dentro de la presente legislatura, y agrega algo más, en caso de que no se le dé la confianza, pero se modifiquen las propuestas legislativas presentadas, se considerará que no se ha dado la cuestión de confianza. Eso son los antecedentes.

Ahora pregunta la Comisión de Constitución a través de los oficios que hemos recibido todos los que estamos acá, ¿cuáles son los alcances de este pedido?

Y para eso hay que determinar: primero, de qué estamos hablando, porque hay una confusión, se nota una confusión muy grande, quizás porque no ha sido lo suficiente clara la Constitución, y los asuntos de derechos son opinables, esto no es matemáticas, esto no es dos más dos, son opinables, cada uno de nosotros seguramente tiene su opinión, en algunas cosas diferiremos, en otras no; pero en fin, cada uno tiene sus opiniones.

Para mí el tema es diferenciar lo que dice el Artículo 133, de lo que dice el Artículo 134 de la Constitución.

El Presidente del Consejo de Ministros en su comunicación ha dicho cuestión de confianza, y ha señalado el artículo 133 de la Constitución.

¿Ese artículo 133 para qué es? Para que cualquier ministro o el Presidente del Consejo de Ministros, puedan presentar cuestión de confianza.

La cuestión de confianza puede ser sobre políticas de Estado, no lo dice expresamente, pero es la interpretación que se da, algunos creen que también para dispositivos legales, yo difiero de eso, porque el Congreso tiene la facultad de aceptar, modificar o rechazar.

Y no está sujeto a mandato imperativo.

¿Cuál es la consecuencia de que no se le dé la confianza a ese Consejo de Ministros que hace cuestión de confianza, o al ministro en particular que también la formula?

Simplemente que a quien no se le ha otorgado la confianza, se va del Gabinete; y si es todo el Gabinete, se va todo el Gabinete, y el Presidente de la República entre las 72 horas, tiene que nombrar nuevo gabinete. No hay más cosa. Ese es el 133. Y lo que se ha planteado, está basado en el 133; no en el 134 al que me voy a referir.

El artículo 134, señala clarísimamente, que si hay dos censuras a gabinetes ministeriales, o se niega la confianza al plan de gobierno que presenta nuevo consejo de ministros, así se entiende, porque si no sería el 133. Si se rechaza ese plan de gobierno, no se da la confianza cuando viene el nuevo Gabinete. También a igual que las dos censuras a todo el gabinete, el Presidente de la República puede, podrá en condicional, hacer que el Congreso se cierre, menos la Comisión Permanente, y dentro de los cuatro meses convocar a elecciones parlamentarias para que cumplan el período.

En el caso del 133, hay obligación del Gabinete o del ministro que plantea cuestión de confianza, de irse, pero en el 134, el cierre del Congreso es condicional, puede o no ordenarlo el Gobierno.

En el caso materia de esta consulta, se ha presentado la cuestión de confianza con el artículo 133, no es un nuevo Gabinete que viene, no se está tampoco de modo alguno censurando. Se está presentando el gabinete con cuestión de confianza del artículo 133, y el resultado sería, sino se le da la confianza, esta dimisión del gabinete y el nombramiento de uno nuevo.

Ahora, si se fuera como consecuencia de lo expuesto, a disolver el Congreso, se estaría transgrediendo la Constitución, y se estaría en contra de lo que es un sistema constitucional y un sistema democrático, en que hay pesos y contrapesos, hay un balance de poderes. En la otra forma sería un abuso de poder, cosa que ¿podría hacerlo? Sí, pero que ¿sería inconstitucional? No tengo la menor duda.

INTERVENCIÓN FINAL

No voy a insistir en las cosas que ya mis colegas han aclarado. Con algunas discrepo, con otras consiento. Pero sí quiero hacer algunas precisiones respecto a algunas expresiones que se han dado acá.

Uno es lo de la Comisión de Notables. La Comisión de Notables es una comisión que nombra el Presidente de la República. No obliga a él ni a nadie. Simplemente son opiniones que dan determinados politólogos.

Hay una jurista muy competente, la doctora Milagros Campos. En fin, son opiniones. El Ejecutivo las recibe, las ha visto. Algunas las ha reevaluado, otras las ha modificado, y las ha presentado. Y eso no es nada raro.

Porque cuando presentan proyectos de ley que tienen que ser aprobados previamente en el Consejo de Ministros, no se reúnen — no sé cuántos ministros hay ahora— para estar redactando todos ellos. Reciben de los asesores, de las oficinas jurídicas de los Ministerios, etcétera, las opiniones, los proyectos, etcétera, y luego los hacen suyos.

Entonces, acá el hecho de que haya una comisión de “expertos” no significa absolutamente nada ni que se está transgrediendo ninguna norma.

Segundo

Las reformas constitucionales, sobre todo, tienen que tratarse con la debida tranquilidad. No es cualquier ley. Es la ley de leyes.

Entonces, me pregunto ¿por qué el apresuramiento? Y es un tema, además, que no solamente compete a los congresistas o a quienes puedan pedir opinión y a quienes presentan las propuestas, que en este caso son el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros.

Se necesita también saber las opiniones de la academia, de las universidades, los gremios profesionales, los gremios laborales. En fin. Saber el pulso de la ciudadanía. Porque una ley la modificas por otra ley.

La Constitución, no siendo pétrea, pero lo que se quiere es que permanezca en el tiempo, porque todas las otras normas salen de la Constitución y no pueden colisionar con ella.

Y este apresuramiento realmente lleva a hacer las cosas un poco a la rápida. Como dicen, se mandó un proyecto de reforma constitucional sobre la inmunidad en vía express al tacho. Acá en vía express quieren que se apruebe cualquier cosa sin mayor discusión.

Ya hemos tenido el precedente de lo mal que se hizo, por el apresuramiento, con lo de la Junta Nacional de Justicia, que no había ni siquiera motivo para cambiar el Consejo anterior por la Junta. Bastaba poner en la ley orgánica más requisitos. Era un problema de hombres, no de institución.

Entonces, el apresuramiento no lleva a nada. Y tendrá que entender el Ejecutivo, que siendo el Congreso la entidad jurídica, el poder del Estado que da las leyes, no le puedes poner ucases. No le puedes decir: Tiene usted el plazo de tanto, sino le viene la guadaña. No.

Tampoco le puede decir: Estas cosas se aprueban tal como yo quiero. Le llamen núcleo básico, le llamen la esencia, etcétera. Porque la facultad de dar las leyes es la del Congreso.

Ambos, Ejecutivo y Congreso, proponen, pero quien decide es el Congreso. Y el Poder Ejecutivo podrá observar las leyes. Pero el Congreso tiene la última palabra, porque puede confirmar su aprobación, puede rectificarla o puede aceptar las observaciones del Ejecutivo.

La última autoridad es el Parlamento, pese a las observaciones. Y en lo que es reforma constitucional, el artículo 206 de la Constitución es clarísimo: No cabe observación a reformas constitucionales. Ergo, si no caben observaciones, menos puede caber este ucase que se ha presentado al Congreso, y del cual creo que debemos protestar.

Además discrepando con algunos de mis colegas, hay dos cosas diferentes. Lo he dicho enantes. El artículo 133 y el artículo 134, que son instituciones diferentes. Y algo dijo el doctor García Belaunde, porque debe haber leído a su hermano, el constitucionalista Domingo García Belaunde.

Lógico, yo lo leo. Porque, caramba, creo en lo que dice. Y lo he leído en el artículo muy importante que ha sacado en la Gaceta Constitucional sobre esto. Y de ahí comencé a investigar el tema.

Para mí lo que se ha planteado es una cuestión de confianza por las políticas, en fin, y por estos dispositivos o proyectos de dispositivos. Creo que, además, no estando sujeto el Congreso a mandato imperativo y siendo su facultad dar leyes, no le puedes imponer.

Por tanto, se da para políticas de Estado la cuestión de confianza, que se habla en el artículo 133 y no para proyectos de ley.

Acá hay confusión, porque está un poco en el ambiente que se quiere cerrar el Congreso. Está en el ambiente. Yo no lo he dicho. No lo ha dicho tampoco el presidente del Consejo de Ministros en el oficio que ha remitido. Se ha referido al artículo 133 y no al 134.

Que mañana pueden hacer la disolución a que se refiere el artículo 134, que no es el caso de ahora, sí lo pueden hacer, porque tienen la fuerza. Pero, ¿sería legal? ¿Sería constitucional? De ningún modo.

Sería realmente… algunos le llaman interrupción del sistema democrático, en una forma bastante diplomática. Otros, que no somos diplomáticos, le llamamos golpes.

Y hay golpes de varios tipos. Hay el golpe también con guante blanco, y que parece muy constitucional, pero no lo es. Y después la Historia juzga.

Pero a lo que no hay derecho es que a todos los ciudadanos nos pongan en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, en que pueden ser muy importantes las reformas.

Por supuesto que no coincido con esto de la alternancia. Alguien me dijo: No es lo mismo neuronas que hormonas. Y tienen razón. Acá no es una cuestión de sexos, por el amor de Dios.

Es una cuestión de que el elector puede elegir a quien le da la gana. Y si le da la gana que todas sean damas, serán todas damas.

Ustedes se imaginan que en una lista hayan salido, si se ordena la alternancia de género, en las elecciones internas salen las cuatro primeras damas.

Bueno, a la que es segunda la tengo que pasar al número tres. Y la tengo que pasar a la número tres porque tengo que poner a un varón entre el uno y el tres. No hay derecho.

Hay cosas que no están bien. Esto no se puede llevar apresuradamente. Hay que pensar bien las cosas. Y en el Congreso es para parlar, para deliberar. Y en una gobernanza hay que buscar el entendimiento con el Poder Ejecutivo.

Acá es un poco como el divorcio. Cuando hay un divorcio, ambos tienen algo de culpa.

En consecuencia, hay que llamar al patriotismo de todos sin excepción, para poder cruzar este Rubicón, para salir bien de este tema.

Necesitamos que la colectividad sienta que sus autoridades son responsables. Y acá nos olvidamos que esto puede ser muy importante, pero lo urgente es gobernar.

Lo urgente son los precios que suben. Lo urgente son lo que estamos viendo en el norte, que no se reconstruye. Que tenemos que terminar bien estos Juegos Panamericanos que se vienen, porque está el prestigio del país. No puede estar en un ambiente de hostilidad y de confrontación.

Tenemos que ver lo que ha sucedido con los sismos en la zona de selva, y cómo se rehabilitan las carreteras. Tenemos que resolver la conflictividad, por ejemplo, socioambiental. Los temas mineros. El tema de Las Bambas. Todo esto es para el desarrollo del país.

Por eso es que hay que llamar la atención a todos, para que nos pongamos de acuerdo y entendamos que la democracia es diálogo permanente. Es buscar consensos. Inclusive, buscar transacciones, tratando de llegar al centro.

Y una cosa más. Al presidente del Congreso hay que decirle, y lo digo como expresidente del Congreso, que defienda sus fueros. No es posible… Lo iba a decir en términos gruesos, prefiero no decirlo. Que se ponga bien la correa. Acá hay que defender el fuero, porque el fuero está amenazado.

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Política

Vender la patria, la consigna del fujiaprismo

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

Tras el proceso de higiene política vivido por el país la semana pasada, el analista Carlos Monge dio una mirada al accionar del disuelto Congreso de la República y concluyó que el fujimorismo y el Apra representan la suma de “un montón de intereses específicos”. Consideró que algunos de esos intereses provienen de las economías ilegales, y estarían representados en ex congresistas vinculados a las cooperativas del Vraem – para muchos, lavanderías del narcotráfico – o en representantes de universidades “bambas”.

“Pero también hay personajes como Pedro Olaechea, que no representa a economías ilegales pero sí es representante directo de grandes grupos empresariales que tienen en la Confiep su aparato de representación gremial. Y en el ejercicio político, estos ex congresistas se han dedicado a defender puntualmente sus intereses”, afirmó.

Monge consignó como ejemplo el hecho de que varios de los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) hayan tenido vínculos con estudios de abogados que a su vez representan a empresas con litigios pendientes de resolver en el TC.

“Entonces, esas candidaturas no eran gratis, sino que se debían a intereses empresariales que querían tener presencia directa en el TC. Es importante entender el comportamiento de estas organizaciones políticas, pues los individuos que postulan a cargos importantes en el Estado no son accidentales, sino que van por intereses específicos”, indicó.

JUNTOS Y REVUELTOS

Respecto al presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, Monge advirtió que es un personaje que resume bien las cosas: “él es un empresario importante que representa parte de la economía formal, viene de una familia tradicional de Lima, tiene vínculos con estudios de abogados representantes de grupos empresariales y, para colocar a su primo hermano a defender esos intereses empresariales en el TC, no tiene reparo en juntarse con el sector del fujimorismo que proviene de la economía ilegal. Ahí se juntan y se apoyan mutuamente en esa defensa de intereses”.

Además, señaló que esa alianza entre empresarios formales y sectores mafiosos era muy claramente perceptible en la dirección de Fuerza Popular, que por un lado tenía como secretario general a José Chlimper, empresario agroexportador, dirigente de la Confiep y ahora miembro del Banco Central de Reserva (BCR); y por el otro como co secretario general a Joaquín Ramírez, vinculado a las universidades “bambas” e investigado por narcotráfico y lavado de activos. “Entonces ahí vemos cómo estos sectores formales y parte de la élite tradicional no les hace ningún asco a asociarse a estos sectores mafiosos para beneficiarse y defenderse mutuamente de los reclamos de la población y de la lucha contra la corrupción”, apuntó.

Keiko Fujimori - José Chlimper

EMPRESARIOS QUE VIVEN DEL ESTADO

Por otro lado, Monge advirtió que existe un doble discurso desde los sectores neoliberales: mientras acusan a la izquierda de ser estatista, olvidan que defienden a empresarios rentistas que basan su competitividad en prebendas que obtienen del Estado. “En algunos casos son exoneraciones tributarias, en otros devoluciones de impuestos, y en otros casos como el sector agroexportador, donde están Olaechea y Chlimper, con legislación que recorta derechos laborales a la mitad. Esa es otra forma de subsidiar al sector empresarial, legalizando la sobre explotación de la mano de obra”, aclaró.

En cuanto a los pronunciamientos de la Confiep favorables al fujimorismo, el analista político recordó que la presidenta de dicha entidad, María Isabel León, “era parte del cogollo de Keiko Fujimori, y por tanto no es una representación técnica, sino una representación gremial con claro contenido político”. “Por eso no sorprende que se hayan juntado con la cúpula fujimorista sin el menor pudor”, añadió.

También consideró que, si se hiciese una encuesta seria al interior de la Confiep, se vería un apoyo mayoritario a la disolución del Congreso. “Porque es lo mismo que el país, que en su inmensa mayoría apoya al presidente Vizcarra. No creo que el pronunciamiento de la cúpula de la Confiep aliada al fujimorismo represente realmente lo que piensa la mayoría del empresariado”, manifestó.

TAREA PENDIENTE

Finalmente, Monge recordó que el presidente Martín Vizcarra tiene ahora la facultad de gobernar mediante decretos de urgencia, y que “hay una gran oportunidad para seguir adelante con reformas que tengan que ver con la lucha contra la corrupción”. “Hasta ahora se ha avanzado con reformas judicial y política, algunas de ellas inconclusas o deformadas. Pero falta un paquete de reformas para impedir el funcionamiento de las puertas giratorias y para impedir la corrupción en las renegociaciones de los contratos de las concesiones dadas por el Estado”, señaló.

También sugirió que parte de la agenda tiene que incluir la revisión de la forma cómo funciona Proinversión, y que se debe evaluar la manera en que los ministerios revisan los contratos de obras públicas, además de revisarse el mecanismo de las “puertas giratorias”, mediante el cual los intereses privados logran capturar el Estado al colocar como funcionarios públicos a personal vinculado a intereses empresariales.

“Hay que empujar al presidente Vizcarra a que trabaje esta agenda mediante decretos, y estos temas deben ser parte de la campaña electoral para las próximas elecciones de enero, además de ser parte central de la agenda del nuevo Congreso. Recordemos que ya no existe la obstrucción de la alianza fujiaprista en el Parlamento, hay una cancha más libre y esta debe ser la tarea para llegar al 2021 con un país mucho mejor”, concluyó.

Uvas agricultura

NUNCA PENSARON EN EL PAÍS

Para el economista Javier Mujica, personajes como Pedro Olaechea o Mercedes Araoz pretendían quedarse eternamente en el Congreso solo para defender sus intereses económicos y empresariales. En ese sentido, exhortó al presidente Martín Vizcarra a no promulgar la ley que prolonga por diez años más, hasta el 2031, el denominado Régimen de Promoción de la Agroindustria.

“Este Régimen de Promoción Agraria consiste en que pagan menos impuestos que el resto, y contribuyen menos a la seguridad social en salud; en este aspecto, hay que señalar que antes aportaban el 4% y ahora será el 6%, mientras el resto de los mortales paga 9%”, señaló.

Además, indicó que “pagan solo el 15% de los impuestos, cuando el resto de las empresas pagan 29,5%; todo esto va sus bolsillos, es un subsidio del Estado, del Estado que está regalando esa plata, Por ello es importante decirle al presidente Vizcarra que no promulgue la ley”.

GRANDES GANANCIAS

Mujica destacó que no es casual que Pedro Olaechea haya puesto a debate en el Pleno del Congreso la aprobación de una ley que lo beneficia, pues su familia produce vinos y piscos en el sur del país. En cuanto a José Chlimper, recordó que él fue quien planteó originalmente la ley, cuando era ministro de Agricultura en el 2000, en pleno régimen del presidente Alberto Fujimori.

Acerca de Mercedes Aráoz, recordó que fue una férrea opositora a las leyes antielusión, además buscar favorecer con reducciones y exoneraciones tributarias a empresas mineras, petroleras e incluso a la banca.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Disolver el plan de gobierno de la CONFIEP

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Protestas marchas

La crisis política generada por la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo es una crisis entre fuerzas de la derecha, defensoras del régimen neoliberal intensificadoa sangre y fuego desde los años 90 en el Perú y que se centra en la profundización de la política económica neoliberal, la reforma laboral antisindical, el modelo extractivista que depreda el medio ambiente y el discurso religioso conservador que predica el odio.

Disuelto el Congreso y convocadas las nuevas elecciones parlamentarias, debemos decir que todos los corruptos no se han ido.Algunos continúan aferrados a su inmunidad parlamentaria y otros a la protección de otros poderes del Estado.En ese sentido nos mantenemos en la consigna “Que se vayan todos, los corruptos y explotadores”.

No olvidemos que el actual gobierno tiene una escopeta de dos cañones: en sus discursos se enfrenta a la mafia fujimorista pero en sus acciones detiene y encarcela a dirigentes sindicales, siguiendo el plan de gobierno de la CONFIEP.

La luz verde al proyecto minero Tía María, de la SouthernCopperCorporation, es parte del afianzamiento del modelo extractivista que promueven las grandes corporaciones extranjeras. Afortunadamente, la lucha organizada del pueblo ha logrado que el gobierno retroceda en este tema, no obstante, queda pendiente la cancelación definitiva a dicho proyecto y otros.

Ahora que se sabe que el Congreso disuelto no envió la autógrafa de ley de la ampliación de la Ley de Promoción Agraria, que afectaría a los trabajadores del campo y favorecería a las agroexportadoras que llevan casi 20 años enriqueciéndose con sus “beneficios”, es la oportunidad del Gobierno de abstenerse de promulgarla y dar señales de un verdadero punto de quiebre.

Nuestra lucha, sin embargo, continúa. Por ello, tras la disolución del Congreso, el siguiente paso es la derogatoria del D.S. 345-2018 y el D.S. 237-2019 referidos a la política de competitividad y productividad. De igual manera, debe procederse a dejar sin efecto el D.S. 214 que pretende privatizar Sedapal y las empresas públicas, afectando a millones de peruanos.Disolvamos las leyes de la CONFIEP, que tanto daño hace al país.

Y, por último, para acabar definitivamente con las nefastas consecuencias de este modelo, sobre los trabajadores y sus familias, debemos avanzar en la construcción de una alternativa social, sostenible y democrática, del pueblo y para el pueblo, que permita devolver a la clase trabajadora sus derechos eliminados por los corruptos y explotadores.

 

GERÓNIMO LÓPEZ

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Política

Señor Presidente: los conflictos no esperan

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Señor Presidente: los conflictos no esperan

Qué duda cabe, que después de este telúrico momento político, el escenario va quedando cada vez más claro, Vizcarra se consolida legítimamente como Presidente Constitucional del Perú tras una disolución del Congreso, que todo indica, no tiene marcha atrás.

La comunidad internacional no ha cuestionado la trascendental decisión del Presidente, las fuerzas armadas y policiales lo respaldan, los gobiernos regionales y provinciales han hecho lo propio, y las movilizaciones populares dan cuenta de que tiene el apoyo de la ciudadanía.

Hoy nombró al nuevo gabinete ministerial y parece que la maquinaria empieza nuevamente a andar pese a una renuente Comisión Permanente que seguramente aún intentará “manotazos de ahogado” antes de resignarse a cumplir con su labor.

Esta crisis parece relajarse, y más allá de la adrenalina experimentada, necesitamos volver a los reales problemas que el Perú confronta desde hace mucho tiempo, sobre todo aquellos que se ubican al interior del país y están relacionados a complicados conflictos cuya solución ha quedado en stand by mientras ocurría la crisis con el parlamento. El tema es que estos conflictos no solo subsisten sino que se profundizan cada día que no reciben atención o respuesta.

Veamos, el Valle del Tambo ya lleva casi 80 días ininterrumpidos en pie de lucha contra el proyecto Tía María, sin ninguna respuesta clara del gobierno que por el contrario, se ha manifestado oscilante y ambiguo frente a esta disputa entre minera y población.

Las Bambas, es otro de los conflictos emblemáticos, aún pendientes de solución; si bien a inicios de este año con el Premier Del Solar se comenzó una etapa de diálogo, la misma parece haberse quedado trunca, varias de las sub mesas no han llegado a acuerdos concretos y la población durante estos días ha vuelto a tomar las carreteras como medida de protesta y desesperación ante el desinterés del gobierno y la empresa por solucionar las demandas.

Desde el pasado 7 de setiembre varios pobladores del distrito de Mara, provincia de Cotabambas, bloquearon el Corredor Minero del Sur, y pese a que el personal policial intervino para despejar la zona, ocurriendo varios enfrentamientos que han dejado incluso heridos, aún estas medidas de fuerza se mantienen hasta en tres puntos de dicho corredor.

La inestabilidad política impacta en estos procesos, la Ministra Paola Bustamante, quien hasta el momento lideraba el diálogo en este tema, ha cesado en sus funciones durante la crisis, quedando en la incertidumbre el desarrollo y avance de estas negociaciones. Por otro lado, la ratificación del Ministro Carlos Moran en la cartera del Interior, alguien que siempre ha apostado por la política de “mano dura” y represión en los conflictos, parece ser un síntoma de cómo se tiende a procesar estos asuntos en el periodo que inician.

El nuevo premier Vicente Zevallos, como un mensaje de tranquilidad no a la población, sino a la clase empresarial, ha reafirmado que la política económica “se mantendrá”, con lo cual queda claro que la promoción de la inversión privada va a seguir siendo la prioridad de este gobierno.

Sin embargo no extraña esta postura si tomamos en cuenta que desde hace varios meses se observa una fuerte tendencia a seguir favoreciendo los intereses empresariales; recordemos que en julio de este año, de manera intempestiva se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que no es sino la receta de la CONFIEP para promover inversiones, y que implica fuertes medidas contra los derechos laborales y la apertura a mayores privatizaciones.

En fin Señor Presidente, Ud. efectivamente tiene ganada la batalla política del momento, pero ahora le toca confrontar otra batalla, esta vez con la propia población, ésta que le ha dado su respaldo para afianzarse legítimamente en el poder, pero que no está dispuesta a ceder en sus derechos frente a los intereses de la clase empresarial que también intenta tomar por asalto este país.

 

MIRTHA VASQUEZ
Abogada de Aprodeh y Grufides | NOTICIAS SER

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