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Rescate de lo ignorado

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Comisión de Constitución del Congreso de la República

La Comisión de Constitución del Congreso de la República invitó a los juristas Ernesto Álvarez, Natale Amprimo, Aníbal Quiroga, Óscar Urbiola y al autor de esta nota, probablemente por haber presidido el Congreso, a fin de que diesen su visión general sobre las propuestas del Poder Ejecutivo, para hacer modificaciones parciales a la Constitución y a otras leyes, tanto electorales como de partidos políticos, en lo que el Gobierno Nacional ha denominado la “Reforma Política”.

Habida cuenta que, salvo alguna pequeñísima nota o la información brindada por el canal televisivo del Congreso, ha sido ignorado el evento, aunque sin saber si ello fue voluntario o no, gracias a la generosidad de este medio escrito que nos acoge y con el objetivo que se pueda resguardar lo dicho en la citada Comisión del Parlamento, transcribo mis intervenciones, tanto inicial como final y cuyo contenido ratifico.

INTERVENCIÓN INICIAL

Para mí es un honor estar en esta reunión de la Comisión de Constitución y estar acompañado por tan connotados profesionales del Derecho Constitucional.

Yo no soy como ellos, profesor de Derecho Constitucional, ni lo he sido, pero sí he tenido el privilegio de ser constituyente; y por lo tanto, en alguna medida coautor de la Constitución del 93.

El Presidente de la República anunció que iba a hacer cuestión de confianza a su gabinete por la reforma política que se había presentado en 12 proyectos: cuatro de ellos de reformas constitucionales y los restantes de reforma legales, de modificaciones a Ley de Elecciones, Partidos Políticos, etcétera.

Luego de esto, el presidente del Consejo de Ministros remitió una carta al Congreso, anunciando también su visita al Congreso para plantear, como corresponde, que tiene que ser oralmente y en sesión del Pleno, la cuestión de confianza.

Pero manifiesta en su comunicación que: uno, que hay que entender que las reformas propuestas, por lo menos en cinco, que es el tema de la cuestión de confianza, no puede modificarse su núcleo básico. Lo dice más o menos en esas palabras.

Y, dos, que tiene que aprobarse dentro de la presente legislatura, y agrega algo más, en caso de que no se le dé la confianza, pero se modifiquen las propuestas legislativas presentadas, se considerará que no se ha dado la cuestión de confianza. Eso son los antecedentes.

Ahora pregunta la Comisión de Constitución a través de los oficios que hemos recibido todos los que estamos acá, ¿cuáles son los alcances de este pedido?

Y para eso hay que determinar: primero, de qué estamos hablando, porque hay una confusión, se nota una confusión muy grande, quizás porque no ha sido lo suficiente clara la Constitución, y los asuntos de derechos son opinables, esto no es matemáticas, esto no es dos más dos, son opinables, cada uno de nosotros seguramente tiene su opinión, en algunas cosas diferiremos, en otras no; pero en fin, cada uno tiene sus opiniones.

Para mí el tema es diferenciar lo que dice el Artículo 133, de lo que dice el Artículo 134 de la Constitución.

El Presidente del Consejo de Ministros en su comunicación ha dicho cuestión de confianza, y ha señalado el artículo 133 de la Constitución.

¿Ese artículo 133 para qué es? Para que cualquier ministro o el Presidente del Consejo de Ministros, puedan presentar cuestión de confianza.

La cuestión de confianza puede ser sobre políticas de Estado, no lo dice expresamente, pero es la interpretación que se da, algunos creen que también para dispositivos legales, yo difiero de eso, porque el Congreso tiene la facultad de aceptar, modificar o rechazar.

Y no está sujeto a mandato imperativo.

¿Cuál es la consecuencia de que no se le dé la confianza a ese Consejo de Ministros que hace cuestión de confianza, o al ministro en particular que también la formula?

Simplemente que a quien no se le ha otorgado la confianza, se va del Gabinete; y si es todo el Gabinete, se va todo el Gabinete, y el Presidente de la República entre las 72 horas, tiene que nombrar nuevo gabinete. No hay más cosa. Ese es el 133. Y lo que se ha planteado, está basado en el 133; no en el 134 al que me voy a referir.

El artículo 134, señala clarísimamente, que si hay dos censuras a gabinetes ministeriales, o se niega la confianza al plan de gobierno que presenta nuevo consejo de ministros, así se entiende, porque si no sería el 133. Si se rechaza ese plan de gobierno, no se da la confianza cuando viene el nuevo Gabinete. También a igual que las dos censuras a todo el gabinete, el Presidente de la República puede, podrá en condicional, hacer que el Congreso se cierre, menos la Comisión Permanente, y dentro de los cuatro meses convocar a elecciones parlamentarias para que cumplan el período.

En el caso del 133, hay obligación del Gabinete o del ministro que plantea cuestión de confianza, de irse, pero en el 134, el cierre del Congreso es condicional, puede o no ordenarlo el Gobierno.

En el caso materia de esta consulta, se ha presentado la cuestión de confianza con el artículo 133, no es un nuevo Gabinete que viene, no se está tampoco de modo alguno censurando. Se está presentando el gabinete con cuestión de confianza del artículo 133, y el resultado sería, sino se le da la confianza, esta dimisión del gabinete y el nombramiento de uno nuevo.

Ahora, si se fuera como consecuencia de lo expuesto, a disolver el Congreso, se estaría transgrediendo la Constitución, y se estaría en contra de lo que es un sistema constitucional y un sistema democrático, en que hay pesos y contrapesos, hay un balance de poderes. En la otra forma sería un abuso de poder, cosa que ¿podría hacerlo? Sí, pero que ¿sería inconstitucional? No tengo la menor duda.

INTERVENCIÓN FINAL

No voy a insistir en las cosas que ya mis colegas han aclarado. Con algunas discrepo, con otras consiento. Pero sí quiero hacer algunas precisiones respecto a algunas expresiones que se han dado acá.

Uno es lo de la Comisión de Notables. La Comisión de Notables es una comisión que nombra el Presidente de la República. No obliga a él ni a nadie. Simplemente son opiniones que dan determinados politólogos.

Hay una jurista muy competente, la doctora Milagros Campos. En fin, son opiniones. El Ejecutivo las recibe, las ha visto. Algunas las ha reevaluado, otras las ha modificado, y las ha presentado. Y eso no es nada raro.

Porque cuando presentan proyectos de ley que tienen que ser aprobados previamente en el Consejo de Ministros, no se reúnen — no sé cuántos ministros hay ahora— para estar redactando todos ellos. Reciben de los asesores, de las oficinas jurídicas de los Ministerios, etcétera, las opiniones, los proyectos, etcétera, y luego los hacen suyos.

Entonces, acá el hecho de que haya una comisión de “expertos” no significa absolutamente nada ni que se está transgrediendo ninguna norma.

Segundo

Las reformas constitucionales, sobre todo, tienen que tratarse con la debida tranquilidad. No es cualquier ley. Es la ley de leyes.

Entonces, me pregunto ¿por qué el apresuramiento? Y es un tema, además, que no solamente compete a los congresistas o a quienes puedan pedir opinión y a quienes presentan las propuestas, que en este caso son el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros.

Se necesita también saber las opiniones de la academia, de las universidades, los gremios profesionales, los gremios laborales. En fin. Saber el pulso de la ciudadanía. Porque una ley la modificas por otra ley.

La Constitución, no siendo pétrea, pero lo que se quiere es que permanezca en el tiempo, porque todas las otras normas salen de la Constitución y no pueden colisionar con ella.

Y este apresuramiento realmente lleva a hacer las cosas un poco a la rápida. Como dicen, se mandó un proyecto de reforma constitucional sobre la inmunidad en vía express al tacho. Acá en vía express quieren que se apruebe cualquier cosa sin mayor discusión.

Ya hemos tenido el precedente de lo mal que se hizo, por el apresuramiento, con lo de la Junta Nacional de Justicia, que no había ni siquiera motivo para cambiar el Consejo anterior por la Junta. Bastaba poner en la ley orgánica más requisitos. Era un problema de hombres, no de institución.

Entonces, el apresuramiento no lleva a nada. Y tendrá que entender el Ejecutivo, que siendo el Congreso la entidad jurídica, el poder del Estado que da las leyes, no le puedes poner ucases. No le puedes decir: Tiene usted el plazo de tanto, sino le viene la guadaña. No.

Tampoco le puede decir: Estas cosas se aprueban tal como yo quiero. Le llamen núcleo básico, le llamen la esencia, etcétera. Porque la facultad de dar las leyes es la del Congreso.

Ambos, Ejecutivo y Congreso, proponen, pero quien decide es el Congreso. Y el Poder Ejecutivo podrá observar las leyes. Pero el Congreso tiene la última palabra, porque puede confirmar su aprobación, puede rectificarla o puede aceptar las observaciones del Ejecutivo.

La última autoridad es el Parlamento, pese a las observaciones. Y en lo que es reforma constitucional, el artículo 206 de la Constitución es clarísimo: No cabe observación a reformas constitucionales. Ergo, si no caben observaciones, menos puede caber este ucase que se ha presentado al Congreso, y del cual creo que debemos protestar.

Además discrepando con algunos de mis colegas, hay dos cosas diferentes. Lo he dicho enantes. El artículo 133 y el artículo 134, que son instituciones diferentes. Y algo dijo el doctor García Belaunde, porque debe haber leído a su hermano, el constitucionalista Domingo García Belaunde.

Lógico, yo lo leo. Porque, caramba, creo en lo que dice. Y lo he leído en el artículo muy importante que ha sacado en la Gaceta Constitucional sobre esto. Y de ahí comencé a investigar el tema.

Para mí lo que se ha planteado es una cuestión de confianza por las políticas, en fin, y por estos dispositivos o proyectos de dispositivos. Creo que, además, no estando sujeto el Congreso a mandato imperativo y siendo su facultad dar leyes, no le puedes imponer.

Por tanto, se da para políticas de Estado la cuestión de confianza, que se habla en el artículo 133 y no para proyectos de ley.

Acá hay confusión, porque está un poco en el ambiente que se quiere cerrar el Congreso. Está en el ambiente. Yo no lo he dicho. No lo ha dicho tampoco el presidente del Consejo de Ministros en el oficio que ha remitido. Se ha referido al artículo 133 y no al 134.

Que mañana pueden hacer la disolución a que se refiere el artículo 134, que no es el caso de ahora, sí lo pueden hacer, porque tienen la fuerza. Pero, ¿sería legal? ¿Sería constitucional? De ningún modo.

Sería realmente… algunos le llaman interrupción del sistema democrático, en una forma bastante diplomática. Otros, que no somos diplomáticos, le llamamos golpes.

Y hay golpes de varios tipos. Hay el golpe también con guante blanco, y que parece muy constitucional, pero no lo es. Y después la Historia juzga.

Pero a lo que no hay derecho es que a todos los ciudadanos nos pongan en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, en que pueden ser muy importantes las reformas.

Por supuesto que no coincido con esto de la alternancia. Alguien me dijo: No es lo mismo neuronas que hormonas. Y tienen razón. Acá no es una cuestión de sexos, por el amor de Dios.

Es una cuestión de que el elector puede elegir a quien le da la gana. Y si le da la gana que todas sean damas, serán todas damas.

Ustedes se imaginan que en una lista hayan salido, si se ordena la alternancia de género, en las elecciones internas salen las cuatro primeras damas.

Bueno, a la que es segunda la tengo que pasar al número tres. Y la tengo que pasar a la número tres porque tengo que poner a un varón entre el uno y el tres. No hay derecho.

Hay cosas que no están bien. Esto no se puede llevar apresuradamente. Hay que pensar bien las cosas. Y en el Congreso es para parlar, para deliberar. Y en una gobernanza hay que buscar el entendimiento con el Poder Ejecutivo.

Acá es un poco como el divorcio. Cuando hay un divorcio, ambos tienen algo de culpa.

En consecuencia, hay que llamar al patriotismo de todos sin excepción, para poder cruzar este Rubicón, para salir bien de este tema.

Necesitamos que la colectividad sienta que sus autoridades son responsables. Y acá nos olvidamos que esto puede ser muy importante, pero lo urgente es gobernar.

Lo urgente son los precios que suben. Lo urgente son lo que estamos viendo en el norte, que no se reconstruye. Que tenemos que terminar bien estos Juegos Panamericanos que se vienen, porque está el prestigio del país. No puede estar en un ambiente de hostilidad y de confrontación.

Tenemos que ver lo que ha sucedido con los sismos en la zona de selva, y cómo se rehabilitan las carreteras. Tenemos que resolver la conflictividad, por ejemplo, socioambiental. Los temas mineros. El tema de Las Bambas. Todo esto es para el desarrollo del país.

Por eso es que hay que llamar la atención a todos, para que nos pongamos de acuerdo y entendamos que la democracia es diálogo permanente. Es buscar consensos. Inclusive, buscar transacciones, tratando de llegar al centro.

Y una cosa más. Al presidente del Congreso hay que decirle, y lo digo como expresidente del Congreso, que defienda sus fueros. No es posible… Lo iba a decir en términos gruesos, prefiero no decirlo. Que se ponga bien la correa. Acá hay que defender el fuero, porque el fuero está amenazado.

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Política

Tribunal Constitucional tramita entre bambalinas libertad de Keiko Fujimori

Publicado

en

Ernesto Blume

Tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional, todos los expedientes, todos los actuados constitucionales, tienen que ser resueltos a la fecha de su ingreso.

César Landa, expresidente del TC, está diciendo que al parecer el actual TC habría saltado con garrocha otros casos y estaría resolviendo el hábeas corpus de Keiko Fujimori.

Es importante que, por transparencia, el TC diga cuándo ingresó, cómo se le asignó la fecha de ingreso y cómo tan prontamente ellos están señalando fecha para resolver. Eso se llama transparentar los actos del TC.

Porque si eso es así y se comprueba de que esa acción, vía agravio constitucional que presentó Sachie Fujimori, debe ser resuelta más adelante y primero que otros, el TC estaría cometiendo un delito de discriminación hacia otras personas que también esperan una respuesta pronta del TC.

IGUALDAD ANTE LA LEY

“El TC tiene que ser bastante claro, porque todo parece indicar que acá hay una suerte de favoritismo, lo que no debería ser porque todos los justiciables son iguales ante la ley”, dijo el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“El Dr. Landa, con mayor conocimiento de causa, porque ha sido presidente del TC, dice que parece sospechoso que el TC de Ernesto Blume Fortini haya hecho una interpretación constitucional auténtica, en que ellos van a resolver un pedido de acción de hábeas corpus cuando hay un proceso penal pendiente”, enfatizó.

“Lo normal es que en todos los casos, toda persona que quiere llegar al TC siga lo siguiente: primero, presenta una demanda ante el juez constitucional (primera instancia) y la Sala Constitucional del Poder Judicial (que sería la segunda instancia), y recién, cuando no encuentran amparo a su pedido se dirigen a una nueva demanda que se llama agravio constitucional para que el TC pueda resolver”, precisó.

SALTO CON GARROCHA

“Obligatoriamente y de acuerdo al Código Procesal Constitucional se inicia ante un juez constitucional del Poder Judicial. Lo que han hecho en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia es saltarse a la garrocha otros expedientes y ahora quieren ratificar lo mismo en una interpretación auténtica, porque no existe una norma procesal que así lo establezca”, resaltó.

“No puede haber un abogado que diga: me voy al Poder Judicial y paralelamente al TC, como en este caso de Keiko. Han debido esperar para recién iniciar una demanda de hábeas corpus en el TC”, subrayó.

“Lamentablemente todo esto se está viendo y el señor Blume estaría favoreciendo a personas vinculadas a un delito tan grave como el lavado de activos. Si todos somos iguales ante la ley no se entiende por qué quieren resolver de un plumazo sin esperar que se atienda la casación en el Poder Judicial”, denunció.

“Le aseguro que el TC va a querer resolver antes de que salga la casación y eso estaría mal porque inclusive hay una situación más o menos jurisdiccional que ha sido hace poco y donde se ha tocado el tema de los requisitos de la prisión preventiva”, puntualizó.

Keiko Fujimori detenida

TERCERA INSTANCIA

“Lamentablemente el TC se está convirtiendo en una tercera instancia y sorprende que los magistrados del Poder Judicial no salgan a defender sus fueros, porque prácticamente el TC les está dando una jalada de oreja a los fundamentos esgrimidos por los jueces, recalificando una resolución judicial y los jueces están con la cabeza gacha”, observó.

“Algo está pasando o también, como se sabe, el silencio es complicidad. El Poder Judicial no está reaccionando y este sería el segundo caso, después de Ollanta y Nadine, en donde el TC le enmiende la plana al Poder Judicial y finalmente se esté yendo contra sus propias resoluciones internas”, precisó.

“El TC dijo claramente que no entraría a recalificar las resoluciones judiciales, sino solamente a ver si ha habido una debida motivación como lo establece la Constitución Política del Estado”, remarcó.

ALGO MÁS

“Eso sí sería grave porque ya sería el segundo antecedente y por tanto no habría justicia ni en el Poder Judicial ni en el TC, que no tenga que ver con temas de personas vinculadas a la política, porque estoy seguro que en otros casos no están resolviendo de la misma forma”, concluyó JJQuispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Pobladores del Valle de Tambo dan ultimátum al Ejecutivo

Publicado

en

Pobladores del Valle de Tambo dan ultimátum al Ejecutivo

Todos los integrantes de la bancada del Frente Amplio estuvieron en la provincia de Islay, región Arequipa, para dialogar con los pobladores ubicados en la zona de influencia del proyecto minero Tía María.

El legislador Humberto Morales, en una entrevista telefónica concedida a Diario UNO, dio los alcances de la gestión que realizaron en el ojo de la tormenta del proyecto minero de la empresa Southern.

— ¿Cómo les fue en el encuentro con los pobladores?

— Lo que nosotros hemos hecho fue escuchar a la población, su problemática, su posición frente a la decisión que, de manera irresponsable, ha tomado el Gobierno, la cual ya la hemos trasmitido al Ejecutivo por todos los medios y que además nosotros creemos que el gobierno tiene que retroceder en esta licencia de construcción.

— ¿Cómo ve el asunto, los pobladores están decididos a todo?

—La población ha dado un mensaje claro al Gobierno de que no aceptarán esta licencia de construcción. Para sentarse a dialogar, el gremio de desarrollo agrario necesita que la licencia de construcción no permanezca vigente.

—¿Siguen exigiendo que vaya el presidente Vizcarra?

—Bueno, no lo han dicho, pero lo que sí han mencionado es que no van a dialogar mientras esté vigente la licencia de construcción.

—¿Cómo calificaría al paro, congresista?

—Ha sido un paro contundente, los ciudadanos han viajado masivamente, y los gremios también, hacia la provincia de Islay, al Valle de Tambo. Se han desplazado igualmente de otras ciudades de alrededor. No ha habido bloqueos, por lo menos eso hemos visto nosotros en toda la ruta que hemos recorrido. Ha sido un paro pacífico pero con un mensaje claro.

— ¿Qué pasará más adelante?

—En la medida que el Gobierno continúe en su posición, los pobladores radicalizarán su medida.

— ¿Entonces, por lo que se ve, no han incendiado la pradera?

—Nosotros no hemos ido a eso, nosotros hemos ido a cumplir nuestra función de congresistas de la República. Y, como dice la Constitución, hemos cumplido con nuestro deber de representación.

— ¿En Lima darán a conocer los detalles de su gestión?

—Por supuesto, eso manda la función de representación: traer a Lima lo que no quieren que se escuche. Pareciera que la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú (Confiep) no quiere que se escuche esa voz. Y, cumpliendo nuestra función, iremos llevando lo que hemos recogido en el Valle de Tambo y el Gobierno tiene que retroceder en lo que ha hecho irresponsablemente.

— ¿Cómo va el tema de la interpelación al ministro de Energía yMinas?

—Nosotros hemos cumplido con dos requisitos que estipula el reglamento para presentar la moción de interpelación. El Pleno del Congreso tendrá que decidirlo. Entiendo que el día 22 el presidente Salaverry tiene que ponerlo en agenda.

ALGO MÁS

“El gobierno tiene que entender que no puede de ninguna manera imponer decisiones de un pequeño grupo, como la Confiep, a los ciudadanos del Perú”, concluyó el congresista Humberto morales del Frente Amplio.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Gobierno debe tener un liderazgo en tema Tía María

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en

Yamila Osorio

Yamila Osorio, exgobernadora regional de Arequipa, afirmó que el rechazo al proyecto Tía María se da en referencia a la empresa Southern Perú y los desaciertos que ha tenido. Además, destacó que es importante que el Estado demuestre un liderazgo.

“Se debió evitar llegar al punto límite. Se tuvo tiempo necesario hasta fines del año pasado para tener presencia del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente en la zona. En todos estos proyectos, quien socializa los estudios de impacto ambiental es la misma empresa y la gente no lo cree porque se supone que la empresa te da un mensaje ajustado a sus intereses”, resaltó.

Asimismo, refirió: “Este conflicto que data de hace más de 10 años, yo diría que se reduce a una cuestión de desconfianza con la empresa minera Southern Perú, principalmente teniendo en cuenta los antecedentes de operación de la fundición de Ilo (Moquegua) que generó un impacto negativo de contaminación en el valle de Tambo”.

Además, Osorio cuestionó que no hayan oficinas del Ministerio de Energía y Minas ni del Ministerio del Ambiente en la zona en la que se pretende implementar el proyecto cuprífero Tía María.

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