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Reforma, pero así no

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El anunciado proyecto de reforma constitucional, para modificar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presentado por el presidente Kuczynski en su discurso del 28 de julio último ante el Parlamento nacional, evidencia lamentable ligereza y superficialidad en el abordaje de los problemas que aquejan a la justicia en nuestro medio.

Dicho proyecto de ley propone que la conformación de ese organismo se realice con la designación de cinco miembros: uno por parte del Poder Ejecutivo, uno por el Legislativo, otro por los fiscales supremos y el siguiente por los magistrados supremos del Poder Judicial; a lo cual se agrega un quinto designado por los cuatro anteriores. Fórmula que reduce a cinco la actual composición de siete miembros de ese organismo constitucional, que tiene como función nombrar y ratificar a jueces y fiscales. La fórmula propuesta retira, a su vez, a los representantes actuales de la sociedad civil que designan, actualmente, los colegios de abogados, los colegios profesionales, las universidades públicas y las universidades privadas.

Puesto el tema al debate público, vemos que se está desperdiciado valiosa oportunidad de realizar una seria reforma de fondo. El proyecto limita el tema al objetivo recurrente, en muchos gobiernos de nuestra historia republicana, de controlar el nombramiento de los jueces, participando del órgano que los selecciona. La propia exposición de motivos del mismo enfatiza el requerimiento de que la composición interna del CNM “asegure la participación de los principales poderes del Estado”. Aquí no importa la aguda y dramática situación de los miles de peruanos que acuden a diario a los tribunales a buscar justicia para sus demandas o agravios, sino la participación de los poderes del Estado.

PPK Y KEIKO
Si, como se dice, la pretendida reforma fue acordada en la reunión de PPK y Keiko, el propósito es evidente. A lo cual se agrega el condicionamiento económico, ya que, por mandato de las normas constitucionales, el Poder Ejecutivo propone el presupuesto y el Legislativo lo aprueba.

Así se explica que el proyecto de ley, carente de contenido social, se pierda en argumentaciones formalistas y vacías, llegando al hilarante extremo de sustentar el costo-beneficio de la reforma en el ahorro del pago y mantenimiento de dos magistrados, con la reducción de siete a cinco.

Si bien es cierto el CNM necesita ser reformado con urgencia, también es cierto que no se trata de retirar de este la participación de quienes representan a la sociedad civil, reemplazándola por la participación del poder político. Por el contrario, se trata de promover una mayor participación de la ciudadanía, así como en el proceso de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales; a fin de lograr estándares de publicidad, transparencia y predictibilidad en los resultados judiciales. Deviene en necesidad social el fortalecimiento de las instituciones, con la savia y energía de la presencia ciudadana (sin desmedro de los componentes técnicos correspondientes), de manera que la población recupere la confianza en dichas entidades de la administración de justicia y las sienta parte de su vida comunitaria.

DESCONFIANZA
El Poder Judicial y el Ministerio Público son vistos con desconfianza y casi terror por la población. La ciudadanía sufre lo indecible en juicios de alimentos o temas de familia que duran más de tres años, kilométricas colas para presentar una demanda o escrito; delitos de hurto, robo o estafa que quedan impunes. Contrariamente a ello, cuando alguien tiene la desgracia de caer en manos de la administración de justicia siente el acoso crematístico, velado o abierto, desde el mal policía, el tinterillo que pulula en las inmediaciones de las sedes judiciales, algún corrupto secretario, y hasta de un venal juez o fiscal.

Si a esto le sumamos las imágenes de videos, que aún flotan en la memoria desde los noventa, de magistrados recibiendo fajos de dólares en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, de manos de Vladimiro Montesinos, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se explica muy fácilmente la perniciosa idea de que cuando alguien es denunciado o enjuiciado, hay que “buscar plata para el arreglo”.

Por si fuera poco, en el actual escenario político y judicial, se observa a dos expresidentes (Toledo y Humala) con gravísimas imputaciones por haber recibido dinero para financiar sus campañas electorales de una corrupta empresa brasileña, mientras que a otros dos ex candidatos presidenciales (Alan y Keiko) sindicados por lo mismo ante la presencia de tres fiscales peruanos (sindicación más correos electrónicos con sus nombres o iniciales), la justicia los mira de costado. Uno de ellos se jacta de tener un ego colosal y no haberle pedido un centavo a nadie (como si la millonaria empresa diera solo centavos). La sensación de asimetría en el trato y la interrogante popular de: ¿por qué a unos sí y a otros no? Fluye inevitable.

Estos son los gravísimos problemas de fondo y pendientes de reforma judicial, de los que debe ocuparse el Ejecutivo y el Parlamento. La ciudadanía siente que la justicia es tierra de nadie, y donde la única certeza la da el dinero o el poder político.

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Portada 19 setiembre 2019

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Política

El TC se queda sin argumentos

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Ernesto Blume Fortini

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Purizaga, afirmó que lo más importante de la decisión del Ministerio Público de rechazar el pedido de Pier Figari de acogerse a la nueva Ley de Financiamiento Ilícito de Organizaciones Políticas y así evadir la acusación por lavado de activos, “es que deja un buen mensaje para cuando el Tribunal Constitucional revise el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori”.

“Esta interpretación normativa del Ministerio Público, sumada a la opinión de la Corte Suprema en el recurso de casación (que no se pronunció en contra de la figura de prisión preventiva), le pone la tarea más difícil al TC en caso pretenda resolver el hábeas corpus con un pronunciamiento que deje de lado todo este análisis jurídico previo”, indicó.

Además, destacó la coyuntura del pronunciamiento del Ministerio Público, considerando que en pocos días el TC tendrá que evaluar el hábeas corpus de Keiko Fujimori. “Va a ser muy difícil que decidan algo muy apartado de lo dicho por la Corte Suprema o por el Ministerio Público tras el pedido de Figari”, agregó.

Purizaga señaló que el rechazo al pedido de Figari “definitivamente refuerza la posición del Equipo Especial Lava Jato”. “Los fiscales han trabajado en base al presunto delito de lavado de activos, en caso se hubiese aceptado cambiar el tipo penal a un nuevo delito, toda la investigación tendría que haberse ajustado y también tendrían que cambiar la estrategia. Lo que ha pasado, entonces, es muy beneficioso para el trabajo que realiza la Fiscalía”, apuntó.

UN TC POLITIZADO

Purizaga advirtió que el Congreso “está corriendo para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional”. “Esta premura por elegir a los miembros del TC no es gratis. Pareciera que pase lo que pase, antes que acabe setiembre, lo que quieren hacer es dejar un TC ante la eventualidad de una cuestión de confianza y una disolución del Congreso”, añadió.

Respecto a la elección de un nuevo TC, manifestó que “no hay un procedimiento claramente establecido sobre cómo debe ser un proceso de selección de los integrantes, pues prácticamente se deja al libre albedrío de los congresistas para que de acuerdo a sus criterios se elijan a los miembros”. En ese sentido, agregó que si no hay criterios claros y si se tiene en cuenta la actual coyuntura, se corre el peligro de tener un “TC politizado”.

NORMAS Y LEYES A MEDIDA

El abogado recordó que el pedido de Pier Figari se realizó como consecuencia de la modificación a un proyecto de reforma política planteado por el Ejecutivo y modificado por el Congreso. “No es gratuito ni es casual que se haya cambiado la propuesta de reforma para que termine en una ley que rebaja sanciones, en un salvavidas que le arrojan a quienes están investigados”, afirmó.

Por otro lado, Purizaga se refirió a la forma en que se ha estado moviendo el escenario político. “Llama mucho la atención que el Congreso haya pisado el acelerador con la elección del nuevo TC. Ellos saben que máximo a fin de mes la propuesta del Ejecutivo debe estar resuelta, a favor o no. Además, vemos que el sistema de justicia y los actores políticos están tan relacionados que resulta complicado darse cuenta cómo ciertos procesos de reforma del Estado van dilatándose hasta ver cómo se resuelve el tema del adelanto de elecciones”.

“Pero a puertas de un desenlace, todo se vuelve a reactivar: sale lo del TC, anuncian el nuevo reglamento para el concurso público de la Junta Nacional de Justicia, entre otras cosas. Entonces, me da la impresión de que han mantenido todo en stand by para ver cómo se iba resolviendo el conflicto con el Ejecutivo”.

En ese sentido, cuestionó el trabajo del Legislativo ya que “los proyectos que se están tocando ahora se hacen con la premura del tiempo, y con un Congreso cuestionado que busca sacar normas a la medida de sus intereses”. “Recordemos que los proyectos de la reforma política tenían errores gravísimos, como omitir el voto del extranjero. Para hacer normas así, preferiría que no se hagan, porque no me genera confianza y creo que la mayoría de ciudadanos piensa lo mismo”.

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Política

Inseguridad en la Amazonía: una continuidad devastadora

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Incendio en el Amazonas

Los incendios que siguen ocurriendo en el centro de la cuenca Amazónica y que no han podido ser contenidos en su verdadera magnitud, han llevado a poner atención en sus causas e impactos más visibles.

Entre las primeras hay que denunciar la existencia de una línea de continuidad entre políticas nacionales e internacionales que coinciden en agravar los riesgos que se ciernen sobre la estabilidad y sostenibilidad de la Amazonía en el futuro inmediato.

En ese sentido, la mirada que tiene el presidente Bolsonaro sobre la Amazonía de su país, coincide con los intereses de la agroindustria soyera, donde los grandes ganaderos lo único que desean es la expansión agrícola a costa del bosque primario.

Guardando la distancia, lo mismo sucede en el Perú con los intereses de madereros, migrantes, mineros ilegales y traficantes de tierras, que son defendidos en el Congreso por parlamentarios amazónicos como Tubino, Del Águila, Uchiñahua, Reátegui, Beteta y otros cuya visión extractivista es cortoplacista, y se disfraza de “desarrollo” y “lucha contra la pobreza”.

En el plano domestico peruano, observamos que desde el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio Palacio de Gobierno coinciden en considerar esta región como un espacio vacío para la explotación de recursos energéticos sobre los que se basa la economía mundial (petróleo, gas y madera) y no se aprovecha debidamente su capacidad –y valor- de absorción de carbono para enfrentar el cambio climático, o su capacidad de almacenar la mayor reserva de agua dulce en el planeta, además de albergar una enorme biodiversidad.

Así tenemos el debate y aprobación de la Ley Purús (30574) para promover la construcción de carreteras, el irregular proyecto de la Hidrovía Amazónica, así como los próximos proyectos promovidos desde el Ejecutivo que buscan incentivos para la actividad forestal.

Además, somos testigos de una recurrente cantidad de agresiones contra la integridad territorial de los Pueblos Indígenas de la Amazonía por parte de traficantes de tierras, una desordenada migración desde los Andes, y los programas estatales de desarrollo alternativo y titulación a ex cocaleros que impulsa DEVIDA en Huánuco, Ucayali y Junín.

En el otro plano, la no convocatoria de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), representó un fiel reflejo de la poca importancia que se le da a esta instancia. La Cancillería peruana, a pesar del pedido hecho desde el Congreso por la bancada de Nuevo Perú, prefirió no involucrar a otro país amazónico, Venezuela.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

Y Bolsonaro, so pretexto de la defensa de la soberanía estatal, prefirió mantener su pleito de mensajes y tweets con el presidente Macron de Francia y le cerró la puerta a la cooperación internacional.

El subsiguiente Pacto de Leticia y la adopción de medidas paliativas y formales, no constituyen una adecuada respuesta cooperativa que respete la soberanía de los países amazónicos, sobre todo luego que la OEA aprobase la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que otorga licencia de corso a EE.UU y sus aliados satélites en la región para provocar un incidente y posterior agresión militar contra Venezuela, como antes ocurrió en Vietnam (1965) y en Irak (1991 y 2003).

Brasil y Colombia, ahora aliados estratégicos de Trump, ambos vecinos de Venezuela, pueden ocupar el mismo rol que en su momento Filipinas o Kuwait para conducir la agresión militar.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un  sicario de la Casa Blanca.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un sicario de la Casa Blanca.

En tal sentido, no es casualidad 1) el incremento de sanciones unilaterales de EEUU a Venezuela, las mismas que incrementan la gravedad de la crisis humanitaria y el éxodo de sus ciudadanos a países vecinos; 2) el reinicio de acciones armadas de parte de una disidencia de las FARC que pone en grave riesgo la continuidad de los acuerdos de paz y el funcionamiento de todos los mecanismos de acompañamiento de la ONU, agravando la tensión ya existente en las fronteras de Colombia; 3) la realización de ejercicios militares por parte de Venezuela, lo que ha atizado la situación de seguridad regional; 4) las recientes fotos aparecidas de Juan Guaido con dudosos personajes de grupos paramilitares de “Los Rastrojos” (febrero 2019).

No vaya a ser que la continuación de esta peligrosa escalada geopolítica que usa como pretexto la democracia y la Amazonía, nos lleve a otro tipo de incendios ocasionados, ya no por la mano devastadora del empresario ganadero, sino como consecuencia de una intervención militar contra un país sudamericano.

 

RICARDO SOBERÓN
ABOGADO PERUANO, EX PRESIDENTE EJECUTIVO DE DEVIDA, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DROGAS Y DERECHOS HUMANOS, CIDDH | NOTICIAS SER

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