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Reforma, pero así no

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El anunciado proyecto de reforma constitucional, para modificar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presentado por el presidente Kuczynski en su discurso del 28 de julio último ante el Parlamento nacional, evidencia lamentable ligereza y superficialidad en el abordaje de los problemas que aquejan a la justicia en nuestro medio.

Dicho proyecto de ley propone que la conformación de ese organismo se realice con la designación de cinco miembros: uno por parte del Poder Ejecutivo, uno por el Legislativo, otro por los fiscales supremos y el siguiente por los magistrados supremos del Poder Judicial; a lo cual se agrega un quinto designado por los cuatro anteriores. Fórmula que reduce a cinco la actual composición de siete miembros de ese organismo constitucional, que tiene como función nombrar y ratificar a jueces y fiscales. La fórmula propuesta retira, a su vez, a los representantes actuales de la sociedad civil que designan, actualmente, los colegios de abogados, los colegios profesionales, las universidades públicas y las universidades privadas.

Puesto el tema al debate público, vemos que se está desperdiciado valiosa oportunidad de realizar una seria reforma de fondo. El proyecto limita el tema al objetivo recurrente, en muchos gobiernos de nuestra historia republicana, de controlar el nombramiento de los jueces, participando del órgano que los selecciona. La propia exposición de motivos del mismo enfatiza el requerimiento de que la composición interna del CNM “asegure la participación de los principales poderes del Estado”. Aquí no importa la aguda y dramática situación de los miles de peruanos que acuden a diario a los tribunales a buscar justicia para sus demandas o agravios, sino la participación de los poderes del Estado.

PPK Y KEIKO
Si, como se dice, la pretendida reforma fue acordada en la reunión de PPK y Keiko, el propósito es evidente. A lo cual se agrega el condicionamiento económico, ya que, por mandato de las normas constitucionales, el Poder Ejecutivo propone el presupuesto y el Legislativo lo aprueba.

Así se explica que el proyecto de ley, carente de contenido social, se pierda en argumentaciones formalistas y vacías, llegando al hilarante extremo de sustentar el costo-beneficio de la reforma en el ahorro del pago y mantenimiento de dos magistrados, con la reducción de siete a cinco.

Si bien es cierto el CNM necesita ser reformado con urgencia, también es cierto que no se trata de retirar de este la participación de quienes representan a la sociedad civil, reemplazándola por la participación del poder político. Por el contrario, se trata de promover una mayor participación de la ciudadanía, así como en el proceso de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales; a fin de lograr estándares de publicidad, transparencia y predictibilidad en los resultados judiciales. Deviene en necesidad social el fortalecimiento de las instituciones, con la savia y energía de la presencia ciudadana (sin desmedro de los componentes técnicos correspondientes), de manera que la población recupere la confianza en dichas entidades de la administración de justicia y las sienta parte de su vida comunitaria.

DESCONFIANZA
El Poder Judicial y el Ministerio Público son vistos con desconfianza y casi terror por la población. La ciudadanía sufre lo indecible en juicios de alimentos o temas de familia que duran más de tres años, kilométricas colas para presentar una demanda o escrito; delitos de hurto, robo o estafa que quedan impunes. Contrariamente a ello, cuando alguien tiene la desgracia de caer en manos de la administración de justicia siente el acoso crematístico, velado o abierto, desde el mal policía, el tinterillo que pulula en las inmediaciones de las sedes judiciales, algún corrupto secretario, y hasta de un venal juez o fiscal.

Si a esto le sumamos las imágenes de videos, que aún flotan en la memoria desde los noventa, de magistrados recibiendo fajos de dólares en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, de manos de Vladimiro Montesinos, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se explica muy fácilmente la perniciosa idea de que cuando alguien es denunciado o enjuiciado, hay que “buscar plata para el arreglo”.

Por si fuera poco, en el actual escenario político y judicial, se observa a dos expresidentes (Toledo y Humala) con gravísimas imputaciones por haber recibido dinero para financiar sus campañas electorales de una corrupta empresa brasileña, mientras que a otros dos ex candidatos presidenciales (Alan y Keiko) sindicados por lo mismo ante la presencia de tres fiscales peruanos (sindicación más correos electrónicos con sus nombres o iniciales), la justicia los mira de costado. Uno de ellos se jacta de tener un ego colosal y no haberle pedido un centavo a nadie (como si la millonaria empresa diera solo centavos). La sensación de asimetría en el trato y la interrogante popular de: ¿por qué a unos sí y a otros no? Fluye inevitable.

Estos son los gravísimos problemas de fondo y pendientes de reforma judicial, de los que debe ocuparse el Ejecutivo y el Parlamento. La ciudadanía siente que la justicia es tierra de nadie, y donde la única certeza la da el dinero o el poder político.

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Política

Dinero sucio en jaque

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Comisión de Constitución - Milagros Takayama, Úrsula Letona, Rosa María Bartra Barriga

Según la agenda del Parlamento, Del Solar y Zeballos expondrán sobre el Proyecto de Ley 4189/2018/PE que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas.

Dicha iniciativa legislativa también propone modificar la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo internacional.

Sin embargo, se presentan nubarrones porque se avizoran conflictos de parte del fujiaprismo, ya que sus integrantes se opondrán a esta reforma política que ha presentado el Ejecutivo.

Pero no lo hacen gratuitamente, sino porque están inmersos en la receptación de dinero mal habido, especialmente de Odebrecht, que es lo que se sabe, sin contar con otros dineros sucios.

HOY EMPIEZAN LOS PROBLEMAS

“Me da la impresión de que allí van a empezar los temas más duros, porque hasta ahora lo que se ha venido aprobando son temas que si bien es cierto han sido un poquito peliagudos se han dejado los más difíciles para más adelante”, comentó Glatzer Tuesta, director del Instituto de Defensa Legal (IDL) y conductor de Ideeleradio.

“Se han aprobado temas de la reformas que coinciden con los del gobierno, pero ahora se tocarán los temas más complicados como la paridad, la democracia interna y el financiamiento”, observó.

“Me parece que el Pleno del Congreso ha aprobado los proyectos que se parecen a los enviados por el Ejecutivo, pero me parece que los temas más picantes lo han dejado para el final”, observó.

“Las dificultades van a mostrar desde mañana (hoy) la verdadera cara del Congreso, porque lo que ha habido hasta ahora es un guiño al Ejecutivo, porque, efectivamente, los temas que se han aprobado han sido los menos beligerantes”, detalló.

TEMAS PICANTES

“Pero el último tramo se hará con los temas más duros. El Ejecutivo planteó un orden de ejecución y ellos están haciendo exactamente lo contrario”, puntualizó.

“Porque el Ejecutivo lo que planteó fue el levantamiento de la inmunidad, que lo pasaron al final; el segundo punto era la paridad y lo pasaron para el final; y el tercer punto fue del financiamiento, también para el final”, subrayó.

“Me parece que tres temas de la reforma política fueron aprobados como quería el Ejecutivo, pero los otros temas no serán así, será a la manera de ellos para dar a entender que la confianza ha sido debidamente otorgada”, concluyó Glatzer Tuesta.

ES INDISPENSABLE

“Me parece que es indispensable procurar que los partidos políticos sean financiados a través de dineros lícitos, legales y, por supuesto, de esa manera, impedir que narcotraficantes o empresarios mercantilistas utilicen su dinero para de esa manera adquirir fuerza política”, fundamentó Francisco Diez Canseco, líder del partido Perú Nación.

“Empresarios mercantilistas son, por ejemplo, los brasileños de Odebrecht, OAS, etc., que han coimeado a funcionarios y presidentes, y que están metidos por todo”, señaló.

“Desde el punto de vista de la operatividad de lo que se está planteando, entiendo que estas propuestas están tipificando los delitos de financiamiento indebido y el falseamiento de información”, subrayó.

“Esto obliga a las organizaciones políticas a presentar dos reportes de gastos en la campaña electoral. En eso tenemos que tener cuidado, yo veo, por ejemplo, que hay una posición sumamente reglamentarista de parte de la ONPE hacia los partidos que llevan los balances”, remarcó.

MULTAS EXORBITANTES

“Por ejemplo, se ponen multas que son muy exorbitantes cuando un partido se demora unos días en presentar los balances correspondientes. Eso debería modificarse, porque se trata de controlar que los medios sean lícitos y no encerrar a los partidos simplemente a través de multas sumamente inaceptables”, objetó.

“Sobre eso, nosotros, los de Perú Nación, estamos pensando plantear un amparo constitucional porque nos parece que eso es totalmente antidemocrático, que perjudica a los partidos políticos que no utilizan precisamente dineros ilícitos o de origen oscuro, sino que viven del aporte de sus afiliados”, recalcó.

“Creo que por allí también se hubo planteado que el cierre de los partidos políticos, que no cumplen con pagar las multas que se establezcan, es también antidemocrático, porque un partido político no es una empresa. Y a una empresa la SUNAT no la cierra porque tiene que pagar por notario, vía INDECOPI o cosas por el estilo, a los partidos solo quieren cerrarlos”, señaló.

ALGO MÁS

“Creo hay aquí una suerte de visión distorsionada que se refleja en lo que ha presentado la comisión que preside el señor Tuesta y que está dirigida por el presidente Vizcarra”, concluyó Francisco Diez Canseco.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Vilcatoma en graves problemas

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Yeni Vilcatoma

“Yo mismo me he sorprendido Ella ha tramitado mi libertad. Ya en las investigaciones se va a saber”, dijo el sicario tras su recaptura. Como era de esperarse, Vilcatoma lo negó todo.

“Goro” fue condenado a 25 años de cárcel en el 2015 y, en el 2017, la Corte Suprema de Justicia confirmó esa condena, pese a que se intentó anularla. Sin embargo logró escabullirse de la justicia.

Algunos de los entrevistados por el Diario UNO, dijeron que hay que tomar con pinzas las declaraciones de “Goro”, porque se trata de la palabra de un delincuente, de un sicario de alta peligrosidad.

Otros pidieron que se investigue el asunto dado el comportamiento extravagante, demostrado por la congresista YeniVilcatoma, que cuestionada por sus frecuentes exabruptos.

ES PREOCUPANTE

“Yo creo que hay que tomar con ciertas reservas (las afirmaciones de “Goro” sobre YeniVilcatoma), pero es preocupante. Que un sicario de este nivel esté mencionando la participación nada menos que de la vicepresidenta del Congreso, no estamos hablando de cualquier persona”, dijo el congresista Wilbert Rozas de Frente Amplio.

“Esto es preocupante y lo que se tiene que hacer es averiguar realmente qué situaciones han pasado. Yo escuché esta mañana (ayer) a la congresista en RPP desmintiendo totalmente la información”, comentó.

“Pero también he escuchado la versión del propio ministro que dice que hay que tomar la opinión como la opinión de un sicario. Ahora, ¿cuánto de verdad hay ahí?, yo creo que hay que investigar”, sugirió.

HAY QUE INVESTIGAR

“Me parece que esa situación no se puede quedar en un simple decir, sino que hay que ahondar el problema que algo debe haber, por esa razón ese señor lo menciona”, anotó.

“Además, puede haber alguien detrás de él mencionando este tipo de cosas; y el otro es que realmente ha podido suceder el problema. Por ello, yo creo que hay que tomar en cuenta porque se refiere a una persona que siempre ha dicho que ella es una gran investigadora y una luchadora contra la corrupción”, opinó.

“Pero si un sicario como ‘Goro’ la incrimina hay que tomar en cuenta sus palabras y hay que realizar una investigación cuanto antes”, concluyó el congresista Wilbert Rozas.

SERÍA DESASTROSO

“He escuchado sobre el tema de manera no formal, por diferentes medios.Si fuese cierto sería realmente lamentable, sería un tema desastroso dado que la señora congresista no tendría porque haber hecho una función de ese tipo”, expresó el congresista Edgar Ochoa de Nuevo Perú.

“Sería, vuelvo a repetir, un comportamiento desastroso de un comportamiento político cuestionable. No tengo dudas, es lo que he escuchado a través de los medios de comunicación”, observó.

“Si es cierto este hecho, estamos frente a una congresista sujeta a un proceso no sólo a un proceso de Ética sino de una acusación constitucional y posiblemente, y ojalá, con cargo al desafuero”, sentenció.

“Imagínese que los congresistas nos dediquemos a liberar delincuentes, sería una locura, una locura; si los congresistas trabajáramos bajo esa premisa de liberar delincuentes, sería desastroso”, concluyó Edgar Ochoa.

ALGO MÁS

“Yo tengo mis dudas de lo que ha dicho ‘Goro’. Esperemos las investigaciones. No me adelantaría, yo no lo creo. Además, en la lógica, ¿qué hubiese buscado la señora Vilcatoma?No me queda absolutamente claro, por eso yo prefiero esperar las investigaciones”, comentó el congresista Alberto Quintanilla de Frente Amplio.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Proyecto de Tubino desnaturalizaría reforma sobre inmunidad

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Proyecto de Tubino desnaturalizaría reforma sobre inmunidad

El congresista Alberto Quintanilla aseguró que la propuesta de conformar un Consejo de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, presentada por Carlos Tubino, es “absurda” y desnaturalizaría la reforma propuesta por el Ejecutivo sobre este tema.

“(la propuesta de Carlos Tubino) no solo desnaturalizaría lo dicho por el Ejecutivo, sino que va contra toda lógica republicana de equilibrio de poderes. El Poder Judicial está disminuido. Deberíamos reivindicarlo y el levantamiento de inmunidad parlamentaria debería resolverse ahí”, destacó.

Según dijo, es preferible que el levantamiento de inmunidad sea evaluado de forma autónoma por el Poder Judicial.

“No me parece conveniente crear un organismo ad hoc para que se reúna pocas veces al año. Yo estoy de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo”, manifestó.

El Ejecutivo presentó el 4 de junio un proyecto de reforma constitucional según el cual el procedimiento deberá ser evaluado por la Corte Suprema en un plazo no mayor de 30 días hábiles luego de la presentación del pedido. Esta y otras 5 propuestas recibieron el voto de confianza de los parlamentarios el miércoles 5 de junio.

La iniciativa del congresista fujimorista establece que los legisladores no pueden ser procesados ni arrestados, incluso por delitos cometidos antes de su elección, sin previa autorización del Consejo de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante.

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