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¿Recuperación de los precios del cobre?

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El Perú en los últimos tres años ha desplazado a la China Popular en la producción mundial de cobre, ocupando el segundo lugar en la producción del metal rojo. El primer responsable de la producción global es Chile, el país del célebre protagonista de la tira cómica Condorito que tanta notoriedad ha tenido en el Congreso del Perú, para vergüenza nuestra. Antes del 2006 no producíamos anualmente un millón de toneladas de cobre equivalente (TMF), y al cierre del 2017 hemos de superar los 2.5 millones de toneladas de cobre entre concentrados y finos.

El amable lector debe interrogarse ¿qué importancia puede tener para el ciudadano de a pie que puedan mejorar los precios del cobre? ¿Cuáles son los efectos de la mayor producción cuprífera y del mejoramiento de los precios para el país? ¿Qué tan favorable y sustentable es que sigamos produciendo y exportando como en los rumberos años cincuenta del siglo pasado, concentrados de cobre, en lugar del cobre fino?

En primer lugar, se debiera tener presente que el aumento de la producción del metal rojo no es exclusivamente un mérito empresarial ni mucho menos resultado de las leyes que supuestamente rigen el “libre mercado” que solamente existen en los libros de texto de economía.

Los ciudadanos de izquierda, derecha y centro, debieran saber que parte del esfuerzo para el aumento de la producción ha sido posible gracias a una serie de beneficios tributarios, a una menor recaudación del fisco en relación al impuesto a la renta. Para ello las empresas mineras han hecho uso de la ley de reinversión de utilidades por el cual podían por ejemplo deducir hasta el 80% del impuesto a la renta, siempre y cuando se reinvirtiese en la ampliación de la capacidad de planta.

Así, en lugar de pagar 100 soles de impuesto solamente abonaban 20, y a futuro con una mayor producción el Estado obtendría mayores ingresos. Esta realidad constituye música celestial para las empresas, y las ampliaciones de la Mra. Cerro Verde, Mra. Antamina, Tintaya/Antapaccay, entre otras fueron posibles gracias a estos beneficios tributarios incorporados en los contratos de estabilidad jurídica y tributaria que hasta el FMI y el Banco Mundial cuestionan, pues constituyen escudos fiscales a favor de las empresas e impiden una mayor recaudación de ingresos para la lucha contra la pobreza.

La justificación y hasta cierto punto el “cuento chino”, ha sido que el Estado deja de percibir el impuesto a la renta en un período dado, para percibir un mayor impuesto gracias al incremento de la producción futura. En otras palabras, el incremento de la producción ha sido posible porque todos los peruanos nos ajustamos los cinturones para financiar la mayor producción.

Esto nunca lo van decir los acólitos y ayayeros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que en verdad debiera cambiar de nombre y llamarse Sociedad Transnacional de Minería, Petróleo y Energía, por la participación gravitante de las grandes empresas transnacionales en el sector más importante de la economía peruana.

Ranking de la producción de concentrados de cobre en Perú a octubre 2017

OTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS
En verdad, existen una serie de beneficios tributarios como la depreciación acelerada hasta el 20% anual que se carga a los costos lo cual permite incrementar el flujo de caja. Igualmente como sector exportador la minería tiene el beneficio de la devolución del IGV (18%) pagado por los bienes y servicios utilizados para hacer posible la exportación. Como en la práctica el 95% de la producción cuprífera se destina a la exportación y solamente la diferencia se queda en el mercado interno, todos los peruanos dejamos de percibir este ingreso fiscal, que buena falta nos hace.

La lógica perversa que justifica esta devolución del IGV a las empresas mineras es que en un mercado globalizado “no se exportan impuestos”. Cuando lo cierto y evidente es que más del 75 % de las transacciones mineras se realizan a través de relaciones entre matriz y filial, o entre empresas vinculadas con precios a futuro, precios de transferencias, sobrecostos etc. donde con el gran poder de mercado que tienen las empresas transnacionales se almuerzan o negocian con ventaja frente a la Sunat, el Ministerio de Energía y Minas y al propio Ministerio de Economía.

PRODUCCIÓN CHINA EN PERÚ
En segundo lugar, con la producción de concentrados de cobre al mes de octubre del 2017 frente al período similar del 2016 resulta evidente que la producción se ha incrementado de 1,943,732 entiéndase un millón novecientas cuarenta y tres mil toneladas finas a 2,013,834, léase dos millones trece mil toneladas lo cual representa una variación incremental de 3.6 %, mientras los precios de exportación del cobre han aumentado en un 29.5% para el mismo período.

A nivel de las empresas productoras de cobre que operan en el país, según lo expuesto en el “Ranking de la Producción de Concentrados de Cobre en Perú a Octubre del 2017” solamente las empresas de capitales chinos como la Mra. Las Bambas y Mra. Chinalco Perú S.A. incrementan la producción de concentrados, como se puede observar en el cuadro.

El esfuerzo significativo de Las Bambas al transitar de 266,177 toneladas a 372,022 toneladas, es decir con un incremento absoluto de más de 105 mil toneladas en el período enero/octubre del 2016 en relación al 2017, lo cual significa una variación de 39%, dice bastante del comportamiento de los capitales chinos.

Sabía usted, amable lector, que en última instancia el directorio de Las Bambas que opera en Apurímac y de Chinalco en Yauli/Junín está representado por los miembros del Partido Comunista Chino que de manera acelerada están aprendiendo a manejar y administras proyectos de envergadura como los que existen en nuestro país, bajo los principios del “capitalismo salvaje” de recuperación de las inversiones y ganancias aceleradas.

En el marco de la competencia y rivalidad de la China Popular con la potencia todavía hegemónica pero decadente como los Estados Unidos de Norteamérica, en el largo plazo la China tiene al Perú como una base cuprífera de la mayor importancia mundial. Es más, cuando Las Bambas y Chinalco alcancen la madurez productiva con 500 mil toneladas y 250 mil toneladas, respectivamente, en concentrados de cobre, prácticamente el primer productor de cobre en el Perú será la China Comunista.

ESTADO Y RENTA MINERA
Al margen de lo que puedan decir los liberales criollos, lo cierto y evidente es que los estados como China y Chile mantienen importantes empresas estatales en la industria cuprífera, de allí que no sea una casualidad histórica que el primer productor mundial sea nuestro vecino del sur y la empresa líder a nivel global sea la Corporación Chilena de Cobre (Codelco) que tiene ella sola una producción como empresa cercana a los 2.5 millones de toneladas. Es decir, toda la producción cuprífera del Perú se equipara a la producción de la estatal Codelco.

Los liberales criollos y lobistas como PPK nunca reconocerán que parte del modelo económico exitoso chileno que prácticamente hemos copiado gracias al fujimorismo de los noventa del siglo pasado, se debe a la participación del Estado en la explotación cuprífera. ¡Después de todo, el respeto a las instituciones y la fuerza de la regulación estatal no se pueden imitar!

Gracias a la intervención del Estado chileno, sea bajo administración de las derechas o socialistas, Codelco es una empresa que se apropia de la renta minera, que le permite obtener utilidades, impuestos, royalty (regalías) y financiar a través de la “Ley Reservada del Cobre” la modernización y armamentismo de las fuerzas armadas chilenas. Ello significa que al margen de las utilidades que genera Codelco como empresa, y los impuestos y regalías que debe abonar al fisco, aparte de ello destina el 10 % de los ingresos de exportación para la modernización de sus fuerzas armadas.

En nuestro país gracias a un cuestionado proceso de privatización en el sector minero el Estado no tiene ninguna participación directa en la producción minera. Es un ente pasivo que capta solamente el impuesto a la renta, es decir lo que buenamente declaran las empresas, y otros ingresos deducibles como las regalías mineras, el impuesto extraordinario y el gravamen minero.

CONCENTRADOS VERSUS FINOS
En tercer lugar, de todas las empresas responsables de la producción de los concentrados de cobre, la única empresa que transforma localmente los concentrados extraídos en cobre fino, como alambrón de cobre, cátodos con un 99.9 % de pureza es la cuestionada Southern Perú Copper Corporation (SPCC) cuyo mayor accionista es el Grupo México.

Todas las demás sin excepción extraen concentrados de cobre que desde el punto de vista productivo constituye un proceso primario de producción, con chancado, y un procesamiento elemental, etc. Prácticamente de los 2.5 millones de toneladas solamente la producción de SPCC es integrada, un promedio de 310 mil toneladas y se exporta como cobre fino apto para la industria y transformación. Por tanto, el grueso se produce y exporta como concentrado, para ser refinado en Europa, Japón, Corea, y la propia China Popular.

Ningún liberal le va decir amable lector los millones de dólares que el Estado peruano deja de percibir, pues en los concentrados de cobre también se extraen mediante un proceso minero metalúrgico de fundición y refinación, derivados mineros como la plata, oro, molibdeno, cadmio, litio, bismuto, teluro, antimonio, etc.

Estos derivados suelen estar en los concentrados de cobre, concentrados de plomo, zinc, plata de allí la importancia del proceso minero metalúrgico, un proceso industrial que permite un mayor agregado y por tanto un mejor precio.

Sin embargo, en nuestro país los liberales criollos ensimismados por el “libre mercado” que solamente existe en los libros de texto, se oponen a que el Estado invierta en plantas de refino dado que ningún privado lo haría si es que no tiene asegurado el suministro de los minerales.

Es más, lo más avanzado que se tenía del proceso minero metalúrgico como el complejo de La Oroya, está paralizado desde el 2010, gracias a las políticas privatizadoras, pues al transferirse al sector privado de manera fragmentada las unidades mineras (Cerro de Pasco, Andaychagua, San Cristóbal, Morococha, Casapalca etc.) por un lado, separadas del complejo metalúrgico se fracturaba la unidad técnica material. En otras palabras, sin minas propias el complejo metalúrgico resulta inviable en el largo plazo, al margen de las normas ambientales que se puedan imponer.

En resumen, si bien es importante y favorable para el país un mejoramiento de los precios del cobre y otros minerales, ello no es sustentable en el tiempo, pues los precios son cíclicos, volátiles, hasta cierto punto de vista especulativos. De allí que debemos industrializar la actividad minera, y en lugar de exportar concentrados de cobre como en la época del mambo de Dámaso Pérez Prado, debiéramos producir y exportar cobre fino, como decisión soberana del Estado, que teóricamente es el titular a nombre de la Nación de los recursos naturales no renovables como los minerales.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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