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Recordar a Romero

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Eran casi las siete de la noche del 24 de marzo de 1980. En la capilla de la Divina Providencia, situada en un barrio pobre de El Salvador, tan solo estaban presentes algunos ancianos, muchas mujeres y un grupo de monjitas.

—“Éste es mi cuerpo”

Mirando la hostia, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, pronunció las palabras rituales que transforman el pan en el cuerpo de la víctima que va a ser sacrificada. Sus frases resultan hoy premonitorias:

—“Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimenten también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo.”

El ejecutor se hallaba junto a la puerta disimulado tras de la pila de agua bendita. No sabemos si metió la mano y se persignó para que le trajera buena suerte. Levantó el rifle y apuntó. En ese momento, la hostia levantada sobre el rostro de Monseñor evitaba que éste lo viera. De todas formas, el asesino acarició su mejor soporte: El Starlight es una mira telescópica para rifles de precisión necesarios para una operación de este tipo.

Afuera lo esperaba el Escuadrón de la Muerte dentro de una camioneta Dodge Lancer blanca perteneciente al ejército y una Volkswagen Passat en la que iban los cabecillas de la operación.

Monseñor Oscar Romero cayó sosteniendo la hostia sobre su corazón. Es posible que entonces viera los momentos en que se había convertido en la esperanza de los pobres martirizados en una nación paupérrima del planeta.

Se vio pobre, representante de pobres, viajando a Washington para pedirle al Presidente de Estados Unidos que no siguiera armando al ejército de El Salvador y evitara así una matanza que ya pasaba de 50 mil personas. Se vio regresando a su país colmado de promesas. Recordó que un año atrás el parlamento inglés por unanimidad lo había presentado como su candidato al Premio Nobel de la Paz.

Les ordeno en nombre de Dios: cese la represión

Recordó, por fin, las palabras de su homilía del domingo dirigidas a los hombres del ejército: “Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que viene de un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: “No matar”. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios…”

Les suplic, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: cese la represión.”

Esa fue su condena de muerte. El hombre que la ejecutó fue entrevistado el año pasado en California. Cuando dirigió la operación, era un rubio y sonrosado capitán de la Fuerza Aérea. Ahora es solamente un miserable. Vive escondido en una cabaña rodeado por criminales y drogadictos. Cuando el gobierno derechista lo consideró un estorbo, se fue a los Estados Unidos. “Allí ha sido repartidor de pizzas, vendedor de carros usados y lavador de narcodinero. Ahora arde en el infierno que ayudó a prender aquellos días cuando matar “comunistas” era un deporte.”

Al periodista que le hizo el reportaje le rogó que le llevara dos super sánguches de Burger King. Uno era para comerlo en ese momento. El otro era para el día siguiente. “¿Y si se le pudre hasta mañana?”… “No importa. Todo lo que como está podrido.”

¿Quién mató a Monseñor?…

¿Quién mató a Monseñor?… No fue, de ninguna manera, el miserable de uñas sucias que se esconde en algún lugar de Estados Unidos.

¿Quién mató a Monseñor?… La pregunta puede responderse con otra: ¿quién armó al ejército de El Salvador? ¿Qué país entrenó a sus oficiales en torturas y masacres? ¿Qué país está pronto a echar a los dictadores, pero toleró a los Pinochet, a los Fujimoris, a los Videlas, a la bestialidad sin fin del Cono Sur?…

¿Quién mató a Monseñor?… O más bien, ¿quiénes lo matan todos los días? ¿No lo serán los supuestos arzobispos que cerraron el templo a las víctimas en Ayacucho y proclamaron luego que los derechos humanos son una cojudez?

¿Quién mató a Monseñor? … ¿No serán acaso los que justifican las matanzas, los secuestros, la venta de niños y las torturas para supuestamente pacificar un país?

La bala alcanzó su objetivo ese día lunes 24. Acaso mientras caía a tierra, Monseñor recordaba sus propias palabras basadas en el Evangelio:

“…Si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado… El Evangelio me impulsa a hacerlo y en su nombre estoy dispuesto a ir a los tribunales, a la cárcel y a la muerte…”

Mientras escribo esta nota, recuerdo lo escrito en el Evangelio de Mateo. Según él, son bienaventurados quienes sufren persecución y prisión por su amor a la justicia. Como la de Monseñor, su palabra vivirá para siempre.

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Política

Cargamontón contra el fiscal Pérez

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José Domingo Pérez Gómez

Erasmo Reyna, el exabogado de Alan García, señaló que el pedido del fiscal José Domingo Pérez para incautar el celular del fallecido expresidente busca convalidar el tiempo que ha tenido el dispositivo en su poder de manera ilegal.

“No solamente están buscando incautar el bien, el celular, que es propiedad de los herederos de García, sino que en verdad José Domingo Pérez lo tiene desde el 24 de abril”, señaló Reyna.

“Lo tiene de manera ilegal porque recién está solicitando que el juzgado, el Poder Judicial, le autorice para poder justamente tener este bien. Así que lo que está buscando es convalidar finalmente lo que ha hecho hasta el día de hoy sin tener un mandato judicial que lo autorice”, agregó.

Reyna calificó los hechos como “una actitud perversa” y señaló que el hijo mayor de Alan García pidió semanas atrás la entrega de los objetos personales de su padre y que aún no obtiene una respuesta.

Erasmo Reyna

INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR SU CURSO

“Me parece que la investigación debe seguir su curso porque no se trata solo de identificar el rol específico que Alan García puede haber jugado en el esquema de corrupción”, dijo el analista político Carlos Monge.

“Se trata también de identificar la red de relaciones de quienes de adentro del Poder Judicial protegían a Alan García, incluso él mismo decía que tenía informantes; entonces me parece que si bien Alan García se suicidó, eso no agota seguir adelante con las investigaciones”, afirmó.

“El levantamiento del secreto de sus comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, el allanamiento del domicilio o de los locales donde pudiese haber documentación, el requerir instrumentos de comunicación, como el celular o como podría haber sido una laptop, son parte de un proceso de investigación que no tiene porqué interrumpirse”, aseguró.

“No me llama la atención que el Apra reaccione, porque está tratando de construir la idea de un mito, de un mártir de la democracia o lo que sea, en ese sentido no tiene ningún interés en que sepa más acerca de las responsabilidades directas de Alan García, los contactos que han estado usando para protegerse”, sostuvo.

Mercedes Araoz

ARÁOZ Y SU CORAZONCITO APRISTA

“Recordemos que Mercedes Aráoz fue ministra de Economía y ha sido candidata del Apra, entonces sus vínculos políticos existen -¡ojalá no existan vínculos de corrupción!-, al menos es fuerte el vínculo político: no es poca cosa ser ministra de Economía, no es poca cosa ser candidata presidencial, es un vínculo muy fuerte que en este caso no está comportándose como miembro integrante del Ejecutivo, que está colocando la lucha contra la corrupción en el centro de su agenda, me parece que más bien sigue comportándose como parte del entorno personal y político de Alan García”, observó.

“No me sorprende que lo haga, que salga con posiciones tan discordantes del presidente Vizcarra y el Ejecutivo, pero sí me preocupa porque en el caso de que el presidente Vizcarra tenga un problema de salud o político, quien asumiría la presidencia de la República sería ella”, comentó.

“Eso significaría una orientación totalmente diferente en la lucha contra la corrupción y eso es preocupante. Ojalá que esta no sea una jugada en pared con el fujiaprismo. Es como si dijera: ‘ustedes traten de vacar a Vizcarra y yo me ofrezco como una presidenta amigable’, eso puede ser, ojalá que no”, concluyó Monge.

Javier Velásquez Quesquén

ME SORPRENDE QUE SE META EN ESO

“En primer lugar la incautación es absolutamente legal, sí es legal es legítima; en segundo lugar, la responsabilidad penal de Alan García ha caducado con su muerte, pero las investigaciones sobre los hechos, no”, afirmó Alberto Quintanilla legislador de Nuevo Perú.

“Hay que tener en cuenta que hay otros presuntos responsables y reparaciones civiles en favor del Estado que están pendientes de ser resueltas y que de ninguna manera se separarían de la investigación”, subrayó.

“Esa es una interpretación absolutamente equivocada de Velásquez Quesquén, Erasmo Reyna y de la señora Mercedes Aráoz. Lo que ellos quieren es que no se conozca la verdad y también que no se sepa quiénes fueron los cómplices de Alan García”, destacó.

ALGO MÁS

“Y lo que está haciendo (el fiscal Pérez) es regularizar el celular con su incautación, porque si no tendrían que devolverlo a sus herederos y allí queda. Me sorprende que Mercedes Aráoz se meta en eso, parece que está interesada en encubrir algo; no vaya a ser que en los presuntos congresistas que habrían recibido plata esté metida por ahí, ¿no?”, agregó el legislador de Nuevo Perú.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Congresistas favorecidos por Odebrecht se hacen los locos

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Alberto de Belaunde

Alberto de Belaunde, legislador de la Bancada Liberal, consideró fundamental saber a qué congresistas financió la constructora Odebrecht porque esa información ayudará a moralizar la clase política en nuestro país.

“El equipo de fiscales del caso Lava Jato ha demostrado que ni los expresidentes, ni los líderes de los partidos políticos son intocables. Es hora de demostrar que los congresistas tampoco son intocables”, dijo el legislador.

“Acá no puede haber intocables, no importa si son congresistas, funcionarios o personalidades. Todos los que han cometido alguna irregularidad o delito tienen que ser investigados y, si corresponde, ser procesados y sentenciados”, expresó.

Advirtió que quizá el país se llevaría muchas sorpresas de obtener esa información y también la explicación a muchos comportamientos y declaraciones de algunos legisladores.

NO ES UN HECHO NUEVO

“Bueno ese no es un hecho nuevo, desde hace muchísimo tiempo anuncié que había muchísimos congresistas o beneficiados con aportes económicos para su campaña electoral de parte de Odebrecht”, dijo la congresista Maritza García.

“Siempre anunciamos eso y es un secreto a voces, y esperamos que salgan a la luz para que se conozca quiénes son los que llegaron al congreso con una campaña transparente y quiénes con dinero sucio al poder, para realizar sus lobbies”, enfatizó.

“Debe saberse de manera inmediata los nombres, caiga quien caiga; tenemos derecho a saber y que las investigaciones sean claras y objetivas, y si están siendo investigados, no tiene por qué ocultarse”, sentenció.

Dijo que esos casos pertenecen a una carpeta judicial. Es importante que se sepa a los que están involucrados en delitos de corrupción, mafias y redes, para que no se vuelvan a repetir”, concluyó Maritza García.

ESTRATEGIA DE LA CORRUPCIÓN

“Bueno, ya hace mucho tiempo se habló de congresistas financiados por las empresas brasileñas, sea Odebrecht, OAS, incluso las que están vinculadas con el Club de la Construcción”, dijo el excongresista Juan Pari, quien fuera presidente de la Comisión Lava Jato.

“Yo creo que ese tema tiene que revelarse porque las empresas corruptas han capturado todo el sistema político y han neutralizado al Congreso como el ente político más importante de la función pública del país”, resaltó.

“Es sumamente importante de que esos congresistas que hayan caído en coimas y prebendas de esas empresas corruptas, sean revelados para que sepa la función que tuvieron en los periodos legislativos del país”, agregó.

HOMOLOGACIÓN PERMITIRÁ USAR LOS INTERROGATORIOS, ASEGURA CONGRESISTA DE BELAUNDE

De Belaunde destacó también la reciente homologación del acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y Odebrecht “porque permitirá utilizar los interrogatorios realizados a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros exdirectivos de la constructora brasileña en los procesos judiciales que se siguen en nuestro país”.

Resaltó que el Poder Judicial ha respaldado el trabajo del Ministerio Público y ha reconocido que existe proporcionalidad entre la información que ha entregado la empresa brasileña y los beneficios otorgados por la Fiscalía.

“Esto echa por tierra a todos los políticos y analistas que decían que era un mal acuerdo o entreguista. Demuestra que la Fiscalía ha venido actuando de manera adecuada”, señaló.

En marzo del 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al procurador brasileño Orlando Martello, que el dinero entregado a Jaime Yoshiyama también se utilizó en la campañas de congresistas.

ALGO MÁS

“Hay informes vergonzosos que se archivaron para que la corrupción avance. Por eso reitero, concluyó Juan Pari,que la estrategia de la corrupción era capturar todo el sistema político, no solamente el Ejecutivo sino controlar el Legislativo”.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

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Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

Ante la apelación interpuesta por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura y la defensa legal de los familiares de las dos víctimas asesinadas y de las cinco víctimas que quedaron heridas en un conflicto social del año 2009, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura en el expediente No. 0015-2018, resolvió declarar fundada dicha apelación y dispuso que se acumulen los dos expedientes.

Como se recordará el 2 de diciembre de 2009, aproximadamente 35 efectivos policiales fuertemente armados, utilizando vehículos de la policía y de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (titular del proyecto minero Río Blanco) ingresaron arbitrariamente a las tierras de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario.

Como consecuencia de esta actuación de la policía, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda, Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama; además, se salvaron de ser asesinados otros cinco campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Togas Togas y José María Ramírez, quienes quedaron gravemente heridos, incluso, a uno de ellos se le tuvo que amputar una de sus extremidades para salvarlo.

Ante la denuncia de estos graves hechos, efectuada por la defensa legal de las víctimas constituida por los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, la Fiscalía decidió formalizar investigación preparatoria y formuló acusación por asesinato y tentativa de asesinato contra los efectivos policiales autores de estos crímenes, solicitando condenas de hasta 25 años de pena privativa de libertad contra dichos efectivos policiales.

El caso es que al existir abiertas dos investigaciones y formularse dos acusaciones por los mismos hechos, con las mismas víctimas aunque con efectivos policiales distintos, pero que habían participado en los mismos hechos objeto de investigación; tanto la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabamba, como FEDEPAZ, solicitaron al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria la acumulación de ambos expedientes seguido ante el mismo, con el fundamento de que tenían conexión y por lo cual de acuerdo a la norma procesal, debía de acumularse necesariamente.

Sin embargo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, en contra del mandato de ley, resolvió declarar improcedente dicha solicitud de acumulación de los dos procesos penales, resolución que fue apelada por la Fiscalía y la defensa legal de las víctimas, siendo declarado fundado el recurso de apelación por la segunda y última instancia, por lo cual se dispuso la acumulación de los dos procesos antes citados.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros considera que la acumulación procesal constituye un paso firme para que se haga justicia a las víctimas y sus familiares y se las repare de forma integral. Además, exige al Estado Peruano que cese su política de criminalización de la protesta social y que, por el contrario, establezca una política pública y un sistema normativo que garantice el derecho y el respeto de los derechos humanos en nuestro país, especialmente de los pueblos indígenas.

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