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Reconstrucción con coima

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Diez años han pasado del terremoto que sacudió la ciudad de Pisco, en Ica, y la reconstrucción en las zonas más afectadas aún no culmina. El proceso estuvo desde sus inicios manejado por la corrupción e ineficiencia. Los que estuvieron a cargo del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur) no solo robaron fondos del Estado, sino también la esperanza de miles de damnificados que lo perdieron todo. Lamentablemente la historia amenaza con repetirse. El pus de la corrupción ha empezado a infectar al organismo de la Reconstrucción con Cambios, creado por el actual gobierno tras los estragos del fenómeno Niño Costero.

Los malos manejos del Forsur, bajo la dirección del fallecido empresario Julio Favre, durante la gestión del nefasto Alan García, hicieron fracasar todo el proceso de reconstrucción en Ica; y lo mismo sucederá con la Reconstrucción con Cambios, a cargo de Pablo de la Flor, si no se toman las correcciones necesarias ante las recientes denuncias de sobrevaloración de las “casas de cartón” que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski viene entregando a los damnificados.

Como se sabe, la administración Kuczynski gastará 375 millones de soles en la construcción de 25 mil módulos temporales de vivienda para los damnificados del Niño Costero. Sin embargo, estas viviendas han resultado un escándalo en precio y consistencia del material. Son una especie de quioscos con un área de 18 metros cuadrados, sin baño ni cimiento alguno. Menos, con servicios de agua y desagüe. Están hechos con madera de pino y techados con estructura de plástico. Lo peor es que estas viviendas no pueden constituirse como patrimonio propio para estos pobladores, porque no tendrán títulos de propiedad.

Pero lo más grave de estas destartaladas casas, y que el mismo Mr. Kuczynski tituló de “casas de cartón”, cuestan 15 mil soles y ¡no tienen más de tres años de tiempo de vida!

Es así que la tan promocionada “Reconstrucción con Cambio” ya empezó mal, sin cambios y para convertirse en la “Reconstrucción con Coima”.

Según los especialistas, Guillermo García y Javier Moreno, presidente y vicepresidente de la Asociación Peruana de Entidades Técnicas (APETS), respectivamente, es imposible que un módulo con estas características tenga el valor de 15 mil soles.

Concluyen que el costo de cada módulo no superaría ni los 5 mil soles. ¿Quiénes se favorecen, entonces, con este sobrecosto de 10 mil soles? La respuesta se cae de madura. No cabe duda que las empresas: Eternit (de capitales belgas), Nexos Comerciales SAC, Estructuras Industriales EGA SA (de capitales chilenos), Tecno Fast SAC (de capitales chilenos), Técnicas Metálicas SAC, Inversiones y Fabricaciones Karen SAC, Akstarcom SAC, Nexos Comerciales SAC y Onduline Perú SA., han hecho su “agosto” con estos pingües negociados.

Pero lo más grave, aparte de la insensibilidad empresarial que acompaña a PPK y la angurria de la que vienen dotados estos mercaderes de la pobreza, es que la corrupción e ineficiencia pueden hacer fracasar la reconstrucción de estas devastadas zonas, tal como sucedió en el gobierno de Alan García con la reconstrucción de Pisco.

Es un escándalo que el Ministerio de Vivienda, aprovechándose de la emergencia y respaldado por el Decreto de Urgencia 004-2017, basándose en la Ley de Contratación del Estado, que no discrimina a capitales extranjeros al momento de seleccionar empresas, haya dejado de lado a las empresas nacionales que enviaron sus propuestas al correo del portal institucional el 19 de mayo a las 19:56 horas y apenas al minuto siguiente, a las 19:57, en un caso de ripley, el ministerio otorgó la buena pro a la empresa Eternit SA.

La situación es delicada. Se está gastando el doble del presupuesto en módulos que en poco tiempo serán desechados para reemplazarlos por los módulos permanentes. Por consiguiente, el gasto será de 20 mil soles adicionales para un nuevo módulo que tendrá la condición de permanente, incrementando el costo de cada vivienda a 35 mil soles. Si lo comparamos con los 19 mil 500 soles que cuesta una casa de material noble de 35 metros cuadrados (con buenos cimientos, preparada para un segundo piso, un baño, un dormitorio y servicios de agua y desagüe), que construyen las empresas de la APETS, mediante su programa de construcción Sitio Propio, esto representa un perjuicio económico al Estado.

Entonces ¿por qué se prefiere contratar con empresas transnacionales a mayor precio? La Contraloría debería tener la respuesta.

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