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¿Reactivación de la economía o de las protestas?

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Mientras debaten en el gobierno los mecanismos o los mejores operadores para la implementación de sus propuestas, la protesta callejera arrecia.

Luego del encuentro de PPK con la lideresa de Fuerza Popular, han salido cifras y encuestas que tratan de mostrar una recuperación económica. Lamentablemente, los datos agregados recogen cifras extraordinarias por dos jornadas de pesca, y otros crecimientos no sostenibles.

La inversión privada, en rojo los últimos años, debe recuperarse, pero para ello se requiere confianza y que la economía se mueva. Pero esta no crecerá si no hay inversión privada. Es un círculo vicioso que tiene que ser roto de alguna manera. Lo que está al alcance del gobierno es el shock de inversión pública, entre otros destinos, para un uso adecuado en la reconstrucción luego de los desastres. Aunque aquí parece querer privilegiarse asociaciones público privadas, o modalidades similares.

Pero otro factor serían las expectativas. Si las cosas se cree mejorarán, que el destrabe de algunos proyectos ahora sí se logrará, entonces probablemente alguna inversión privada aumente. Pronto sabremos si los datos agregados positivos contribuyen a un cambio de tendencia, o si solo fue una ilusión pasajera.

Lo mejor sería que se implemente de una vez un shock de inversión pública, más que un boom de asociaciones público-privadas, para que medidas como la reciente baja de la tasa de interés del BCR tengan algún sentido. También es urgente aumentar el crédito real al sector productivo para evitar problemas de liquidez y en la cadena de pagos, típicos de períodos de enfriamiento o recesión de las economías.

Es decir, una adecuada combinación de políticas fiscal y monetaria para la reactivación. Eso sería lo ideal, más que renovadas emisiones de bonos. Hay que analizar con detenimiento el endeudamiento público, que se suma al privado, que ya es importante como porcentaje del PBI.

La inversión privada, en rojo los últimos años, debe recuperarse, pero para ello se requiere confianza y que la economía se mueva.

La inversión privada, en rojo los últimos años, debe recuperarse, pero para ello se requiere confianza y que la economía se mueva.

REACTIVACIÓN DE LAS PROTESTAS
Mientras debaten en el gobierno los mecanismos o los mejores operadores para la implementación de sus propuestas, la protesta callejera arrecia.

Los maestros en todo el país, con las diferentes direcciones políticas tienen puntos en común para la defensa del magisterio, sus condiciones de vida y la reforma educativa. Especialmente masivas han sido las marchas en el sur, particularmente en el Cusco. Atribuir la causa principal de la movilización a dirigencias radicales no parece ser una buena lectura, ya que se perdería de vista lo central que es el descontento de los maestros, particularmente en las regiones.

El sector salud también está en pie de lucha. Se puede discutir sobre el SIS, la estructura institucional y si la responsabilidad la tiene o no la ministra a la que se pide su renuncia. Pero, está claro que una de las promesas de PPK fue aumentar sustancialmente el presupuesto del sector salud, que no se ha cumplido.

Tampoco las mejoras de las condiciones laborales y sus ingresos, menos el respeto a sus derechos, amenazados por una “reforma laboral” impulsada por el ministro del sector haciendo caso a los gremios empresariales. La pregunta es si en medio de esta ola de protestas, el gobierno anunciará el 28 de julio el paquete de medidas que tienen preparadas, y que motivó el retiro de las centrales sindicales del Consejo Nacional del Trabajo.

Pero, también están los mineros en pie de lucha. Y, esta es la columna vertebral del modelo. Luego de años, los trabajadores del sector inician una huelga a nivel nacional, que antes estuvo concentrada en regiones. El modelo no “chorreó” lo suficiente al conjunto de la sociedad, ni siquiera al interior del propio sector.

Grave dilema para el gobierno. Necesitan que la inversión privada aumente sustancialmente. Pero, le piden no solo mantener las extraordinarias condiciones de acumulación que tuvieron desde la década del noventa. Le demandan mayor flexibilización laboral, de los estándares ambientales y reducción de las atribuciones del sector en el cumplimiento de estándares y compromisos internacionales.

Impulsar los proyectos “destrabados” (como el aeropuerto, la continuación del metro) es un desafío. Pero, implementar los proyectos mineros paralizados por la protesta social que ha implicado la pérdida de numerosas vidas humanas, es otro cantar.

La protesta y huelga de los trabajadores en el régimen CAS, solo muestran la precariedad de los empleos que se han generado en los últimos años. Las trágicas muertes de jóvenes encerrados para trabajar, que se evidenciaron con los incendios, es una muestra de la gran heterogeneidad y coexistencia simultánea de productividades, ingresos y empleos en diferentes sectores productivos, y el despertar de la ilusión de crecimiento que nos llevaría al primer mundo, que había sido alentado por algunos.

El gobierno tendrá apoyo para su “reforma” inicialmente con fuerza popular, pero las protestas actuales y las nuevas que se agudizarán si esto se implementa, pueden modificar el escenario. Las fuerzas del cambio, más allá de sus diferencias, deberían coincidir en al apoyo a los sectores en lucha, y el planteamiento de alternativas a la situación actual.

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Política

Ministro pide investigar a García y cobrarle 1,500 millones a Odebrecht

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, pidió ayer a la Fiscalía que investigue al expresidente Alan García Pérez, por interferir contra la justica con sus espías dentro del equipo Lava Jato y manifestó su respaldo al acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht.

Sobre la confesa intromisión de García Pérez en la Fiscalía que lo investiga, Zeballos dijo: “Ha sido reiterativo en esta apreciación (…) no ha sido una ni dos, sino tres veces que ha manifestado lo mismo (..). Lo que menos puede hacer el Ministerio Público es abrir una investigación y, si encuentra responsabilidad, que se deslinde”.

El ministro Zeballos resaltó que al acuerdo Ministerio Público – Odebrecht contribuyó decisivamente el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, funcionario que pertenece al Sector Justicia dentro de la Oficina de Defensa Legal del Estado, aportando la solución del punto de la reparación civil.

“Somos respetuosos de la autonomía con que han venido actuando los encargados. Sin embargo, hay que ser bastante cautos en revisar las circunstancias. No olvidemos que estamos hablando de cuatro proyectos de inversión. Además, no están consideradas las empresas consorciadas. Hay muchos aspectos que no han sido considerados, pero en el curso de la investigación van a ampliar la reparación civil”, mencionó el ministro.

ACUERDO EQUILIBRADO

El procurador Ramírez, a su vez, siguiendo la campaña de defensa del acuerdo iniciada por el jefe del equipo Lava Jato Rafael Vela Barba, explicó que el punto central es que la indemnización se calculó, respecto a las cuatro obras en las que Odebrecht confesó sobornos.

El procurador dijo que por esas obras Odebrecht reconoció que pagó US$ 32 millones, lo cual es inexacto, pues una simple suma de las coimas conocidas: US$ 20 millones por la Transoceánica Sur, US$ 24.4 millones por el Tren Eléctrico, US$ 4 millones por la Costa Verde Callao y US$ 3 millones por la Vía de Evitamiento del Cusco, arrojan la cifra de US$ 51.4 millones.

En consecuencia, tampoco es cierto que esta suma se pone en relación a los S/ 610 millones, el monto de la multa sería más de cinco veces el soborno reconocido.

No obstante, Ramírez es del criterio de que el acuerdo es “equilibrado”, que puede ser reajustado en el tiempo, pues si se descubriese que también sobornaron en otros proyectos, se cobrará como corresponde la reparación civil.

El procurador dijo también que los 610 millones de soles de reparación civil, es cerca de la mitad del monto del daño al Estado calculado por la Contraloría, ascendente S/ 1.500 millones. La Procuraduría planea cobrar el resto a las empresas naturales y jurídicas que resulten cómplices de la constructora brasileña.

LOS QUE APOYAN

El ex procurador anticorrupción, Iván Meini, respaldó al convenio porque dará acceso a la información que permitirá que las investigaciones sigan y lleguen a buen puerto y que se descubran otros hechos delictivos.

Dijo que esto es importante porque quienes están investigados son personas de poder político y económico que se opondrán con muchos recursos a que se sepa la verdad. No obstante, criticó el monto reducido de la reparación civil

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio dijo que el acuerdo es una solución pragmática en la que también se ha visto la reparación civil que deberá pagar Odebrecht y la autorización para que esta siga operando y pueda disponer de sus activos. “Hay un aumento significativo del aspecto resarcitorio de Odebrecht”, expresó.

RECHAZO

En contra del acuerdo se pronunció ayer el congresista no agrupado Roberto Vieira, quien dijo que con sus sobornos Odebrecht ganó mucho dinero que salió del bolsillo de todos los peruanos, por lo que no solo perjudicó al Estado, sino a los contribuyentes. Por eso criticó que se le haya aprobado solo 610 millones de soles y que, además, se le permita seguir contratando obras con el Estado.

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Política

Premier contra cambio de fiscales Lava Jato

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César Villanueva

“Espero que no se produzcan esos cambios porque cada cambio te frena o te hace retroceder en estos procesos que más bien tienen que ser la prioridad”, declaró ayer el primer ministro, César Villanueva, al manifestar que no debe haber cambios en el equipo de fiscales a cargo del caso Lava Jato.

Se pronunció por la permanencia del coordinador del equipo, Rafael Vela, y el eficiente fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Fuerza Popular y demás involucrados en la presunta recepción de fondos de Odebrecht.

Para Villanueva, “Si ya tienen un equipo en marcha, lo ideal es que continúe”, y hay que tener en cuenta que hay un ambiente de sensibilidad por la percepción de que se persigue a los fiscales del equipo Lava Jato.

“Hay que tranquilizar la situación, tenemos que continuar y reforzar las instituciones”, añadió.

El procurador para el caso, Jorge Ramírez, también planteó la necesidad de que el equipo Lava Jato se mantenga y señaló que la Fiscalía y la Procuraduría trabajan en conjunto.

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Política

Congreso verá hasta enero creación de Junta Nacional de Justicia y otros temas

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Daniel Enrique Salaverry Villa

El Congreso seguirá trabajando en el primer mes de verano del 2019 para ejecutar la primera reforma de la Constitución aprobada en el reciente referéndum, mediante la cual se creará la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esa nueva instancia reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, con facultades para nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del sistema judicial nacional.

Por lo menos esa es la pretensión primordial del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al haber emitido ayer el Decreto de Presidencia Nº 001-2018-2019 – P/CR que amplía hasta el 30 de enero próximo la legislatura ordinaria en curso.

CONVOCATORIA GENÉRICA

El texto de la disposición no dice expresamente que se tratará la primera reforma dispuesta por la ciudadanía en el referéndum, ya que incluye una fórmula bastante genérica:

“Para tratar los siguientes puntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legisltiva, informes y otras disposiciones que se encuentren en la agenda del pleno del Congreso al 15 de diciembre de 2018, y las proposiciones y mociones que se incluyan en la agenda, por acuerdo de la Junta de Portavoces.

2. Los proyectos de ley y de resoluciones legislativas del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.

3. Cualquier otro asunto”.

No obstante, a través de Twitter, Salaverry escribió: “La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe iniciar sus funciones lo más pronto posible. Se ha ampliado la legislatura para que se puedan presentar los proyectos de Ley Orgánica para ser debatidos y aprobados en comisiones y el pleno. La JNJ es fundamental para la administración de justicia”.

TORRES EN OTRA COSA

Este doble lenguaje deductivo de Salaverry llevó a su colega de bancada, el congresista Miguel Torres, a declarar a la prensa en tono de mofa que en la ampliación de la legislatura se verán asuntos pendientes como las reformas de educación, laboral, ambiental y todos los temas que están pendientes en el Congreso.

Omitió mencionar siquiera la ley de creación de la JNJ, aunque no quedó claro si lo hizo por golpear a Salaverry o porque su bancada se resiste a allanarse al mandato del referendo del domingo, cuya trascendencia los fujimoristas intentan cuestionar.

Es de anotar que el 18 de setiembre, el Congreso aprobó una autógrafa de ley que crea la Junta Nacional de Justicia, tal como hizo con las otras tres reformas planteadas por el Ejecutivo.

Todas esas autógrafas fueron acogidas por el Gobierno, mediante el Decreto Supremo Nº 101-2018-PCM (publicado el 10 de octubre de 2018) y sirvieron de base para la elaboración de los textos que fueron votados en el referéndum del 9 de diciembre.

MÁS PROYECTOS

Sin embargo, el premier César Villanueva dijo que tiene listo un proyecto propio sobre la Junta Nacional de Justicia que remitirá al Congreso en breve.

Trascendió que el Ejecutivo tiene además un proyecto alternativo a la ley sobre el tema del financiamiento de partidos políticos, aprobado a marcha forzada por fujimoristas y apristas y cuestionado por el presidente Vizcarra, quien ha adelantado que observará la cuestionada norma que podría favorecer a investigados como los jefes de FP, Keiko Fujimori, y el Apra, Alan García, indagados por lavado de activos.

ALTERNATIVAS

Dadas así las cosas, todos los organismos con capacidad de iniciativa legislativa, principalmente en el Poder Judicial, cada una de las bancadas y cada uno de los legisladores, estarán en posición de presentar proyectos de ley al respecto.

El Congreso podría insistir en su autógrafa o compatibilizarla con la que envíe el Gobierno.

Debido a que la prolongación de la legislatura admitirá todos los temas posibles, podría derivar en el tratamiento de una diversidd de materias, lo cual conspiraría contra la premura que requiere poner en vigencia la primera reforma constitucional planteada.

INTERPELACIÓN PENDIENTE

Uno de esos puntos urticantes es la moción de las bancadas del Apra y Fuerza Popular para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por las denuncias de supuesta interceptación telefónica al expresidente Alan García.

Aunque los promotores no han dicho que pretenden censurar a Morán y hasta el aprista Elías Rodríguez dijo ayer que “Aquí no estamos hablando de censura, sino de un ánimo de discutir este tema en el Pleno”, nada debe descartarse.

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