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Razones por las que no procede el indulto a Alberto Fujimori

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Los casos de Barrios Altos y La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. La sentencia dictada por la Sala Penal Especial, presidida por el juez San Martín en el parágrafo 823, condena a Alberto Fujimori como autor mediato de los delitos de asesinato, lesiones graves (Barrios Altos y La Cantuta) y secuestro agravado (Gorriti y Dyer), estableciendo que, “los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal.”

Hace 26 años malos miembros del Ejército acribillaron 16 personas que organizaron una pollada  en Barrios Altos con fines  benéficos.

Hace 26 años malos miembros del Ejército acribillaron 16 personas que organizaron una pollada en Barrios Altos con fines benéficos.

El asesinato, las lesiones graves y secuestro agravado están tipificados en el Código Penal de 1991 y, consecuentemente, no existe ninguna violación del principio de legalidad penal. Lo que hizo el tribunal fue calificar los hechos de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad. Esta es una calificación complementaria que no tiene efectos incriminatorios ni punitivos, aunque sí tiene efectos de carácter secundario. En los Fundamentos la sentencia presenta el desarrollo histórico de los delitos de lesa humanidad desde los Convenios de La Haya relativos a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907, así como de la noción de crímenes de lesa humanidad que por primera vez fue consagrada de manera explícita en el artículo 6° del Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg (1945). Así, hacia 1991 toda la comunidad internacional no tenía ninguna duda que crímenes como Barrios Altos y La Cantuta constituían un ataque no solo contra las víctimas directas, sino contra el conjunto de la humanidad.

Niño inocente: Javier Ríos Rojas (8),  fue asesinado de 11 balazos.

Niño inocente: Javier Ríos Rojas (8), fue asesinado de 11 balazos.

En el juicio se logró acreditar que Barrios Altos y La Cantuta fueron 2 de una docena de operaciones ejecutadas por el Destacamento Colina entre 1991 y 1992 en las cuales siempre ejecutaron personas, acreditando así el ataque sistemático. Se probó que esos hechos eran parte de una política de Estado; que los ejecutores materiales y el autor mediato eran funcionarios públicos y que las víctimas eran parte de la población civil, demostrándose los cuatro requisitos que el derecho penal internacional exige para calificar un hecho como crimen de lesa humanidad.

Colina, ejecutaron los asesinatos:  Santiago Martín Rivas, Clemente Alayo Calderón, Juan Sosa Saavedra, Julio Chuqui Aguirre, F. Rodríguez Zabalbeascoa.

Colina, ejecutaron los asesinatos:
Santiago Martín Rivas, Clemente Alayo Calderón, Juan Sosa Saavedra, Julio Chuqui Aguirre, F. Rodríguez Zabalbeascoa.

El caso Barrios Altos fue reabierto en abril de 2001, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara sin efectos jurídicos las leyes de amnistía. Algunos meses después, el 13 de setiembre de 2001 la Vocalía de Instrucción abrió el proceso penal contra Alberto Fujimori por este caso al haberse establecido que había desarrollado “…mecanismos de violación sistemática de los derechos humanos con el pretexto de acabar con los últimos rezagos de los movimientos subversivos que operaban en el país…” El año 2002, el fiscal Richard Saavedra y el 2003 el fiscal Eduardo Mundaca se pronunciaron señalando expresamente que -al amparo del derecho internacional consuetudinario- Barrios Altos constituía un crimen de lesa humanidad.

Fujimori cocinó la Ley de Amnistía con la que los asesinos de Barrios Altos y La Cantuta fueron liberados en complicidad con el corrupto congreso fujimorista.

Fujimori cocinó la Ley de Amnistía con la que los asesinos de Barrios Altos y La Cantuta fueron liberados en complicidad con el corrupto congreso fujimorista.

Durante el juicio oral el intenso debate probatorio sobre la existencia de un contexto de violación de los derechos humanos durante los noventa ayudó a la parte civil, desde la primera sesión, a desarrollar los fundamentos del crimen de lesa humanidad. En este debate participó la defensa del condenado. Así, la calificación no fue una sorpresa, sino una conclusión.

La calificación no es declarativa ya que sí tiene efectos de carácter secundario porque cuando un hecho es calificado como un crimen de lesa humanidad automáticamente se transforma en imprescriptible y habilita la jurisdicción universal y quedan prohibidos el otorgamiento de amnistías e indultos. Esta prohibición la encontramos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Así, en la sentencia Gutiérrez Soler Vs Colombia, (12/09/ 2005), la Corte declara que “…El Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción…”.

Entonces no queda duda que Alberto Fujimori fue condenado por los delitos de asesinato y lesiones graves tipificadas en nuestra ley penal nacional, los que de acuerdo al derecho penal internacional constituyen crímenes de lesa humanidad.

En relación a la condena por el delito de secuestro agravado debemos señalar que la ley penal nacional (decreto legislativo 982) establece que está prohibido el indulto para los condenados por este delito.

De esta manera tenemos un marco legal de prohibición para el otorgamiento de los indultos comunes.

En el caso de los indultos humanitarios para condenados por graves violaciones a los derechos humanos no existe una prohibición en el derecho internacional. Este indulto se otorga por un principio de humanidad ante el grave estado de salud del condenado.

Ahora bien, en ambos casos –indultos comunes e indultos humanitarios- su otorgamiento solo procede como consecuencia del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Si bien el indulto es una facultad constitucional del Presidente de la República el otorgamiento a un condenado no puede ser el resultado de una decisión arbitraria del Jefe del Estado.

En ambos casos resulta indispensable que el condenado, sus familiares o su abogado presenten una solicitud a la mencionada comisión. En el caso del indulto humanitario luego de la solicitud se debe instalar una Junta Médica, la cual debe emitir opinión técnica sobre el estado de salud del solicitante.

Adicionalmente, para el otorgamiento de un indulto debe observarse si ha existido una voluntad de reparación del condenado y una expresión de perdón al ofendido o a las víctimas del crimen. Fujimori no ha pagado un sol de la reparación civil y tampoco ha hecho pública una solicitud de perdón. Muy por el contrario hasta el día de hoy, por diversos medios y en diversas circunstancias, ha negado su participación en los crímenes por los que resultó condenado y más bien ha calificado a la sentencia condenatoria como expresión de “una venganza de sus enemigos”.

Por lo tanto, el condenado Alberto Fujimori Fujimori bajo ninguna circunstancia califica para un indulto común, y en este momento, teniendo en consideración su estado de salud, tampoco califica para un indulto humanitario.

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Política

Chávarry con las horas contadas

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César Hinostroza Pariachi - Pedro Gonzalo Chávarry

Todo depende de la celeridad del Congreso en ver la denuncia constitucional para que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, deje el importante cargo que ostenta, a fin de que el Ministerio Público empiece una limpieza profunda en la línea del Poder Judicial. Duberlí Rodríguez renunció por los audios, Chávarry se aferra al sillón pese a que una gran mayoría exige que se vaya. Solo el fujimorismo lo respalda.

El congresista Marco Arana, del Frente Amplio, informó al Diario UNO que ayer ha ampliado su denuncia constitucional inicial a fin de que no haya ninguna duda de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha mentido de manera constante y este hecho está plenamente probado.

Sostuvo que Chávarry mintió al decir que César Hinostroza era solo su colega, al decir que no había tenido reuniones con un grupo de periodistas y eso está acreditado con los audios. “Está claro que alguien que miente de la manera como lo hizo Chávarry no puede ser fiscal de la Nación. Creo que debe salir del Ministerio Público y debe ser inhabilitado 10 años para ejercer un cargo público. Creo que tiene las horas contadas. Todo depende del Congreso, de los congresistas”, declaró.

En un audio grabado el 18 de mayo, difundido el 23 de julio, César Hinostroza le dice a Chávarry: “Hermanito, ¿te acuerdas que te he dicho que sería necesario conversar con algún medio? Ya no hay mucho tiempo, ¿qué te parece? ¿Esta semana tienes tiempo sí o no?”. Chávarry le responde: “Ya, sí hermano, tú me dices”.

Arana explicó que el caso de la adulteración de notas para ratificarlo como fiscal no está en la denuncia porque no hay una prueba fehaciente de que él haya pedido que lo ayudaran a quedarse, al menos hasta ahora.

“Creo que lo ayudaron, que alteraron sus notas. Pero no hay una prueba fehaciente como el caso de la mentira. La mentira es sumamente grave. Además, creo que el tema de las nota amerita otra denuncia constitucional que se podría hacer más adelante”, sostuvo.

HASTA EL MARTES

El legislador Juan Sheput, delegado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo al Diario UNO que será estrictamente profesional y objetivo en dar su informe sobre el caso Chávarry. Tiene plazo para hacerlo hasta el martes.

Después del informe de Sheput, en caso de que indique está bien planteada la denuncia constitucional, Chávarry deberá acudir a la subcomisión con su abogado para dar sus descargos luego de lo cual Sheput elaborará un nuevo informe que será votado en la referida instancia congresal. Después, el informe se eleva a la Comisión Permanente y finalmente en el Pleno del Parlamento se aprueba con mayoría simple. “Todo esto se puede hacer en 10 días si hay voluntad política”, dijo Arana a este periódico.

VIZCARRA QUIERE RESULTADOS

El presidente Martín Vizcarra fue claro en señalar el miércoles que el Congreso debe acelerar los trámites para que haya cambios en la Fiscalía y ayer la titular de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Susana Silva, dijo que Chávarry debe dar un paso al costado al argumentar que las instituciones deben estar dirigidas por personas sin cuestionamientos.

Indicó que los servidores del Estado deben dar un paso al costo por voluntad propia si es que son cuestionadas. “El solo hecho de haber cruzado la línea de lo que es la integridad, honestidad, los valores que deben primar en la administración pública, nos debe hacer reflexionar y dar un paso al costado”, agregó Silva, tras indicar que los funcionarios tienen la obligación de cumplir las normas éticas y de probidad en la administración pública.

El analista Jorge Nieto Montesinos dijo que la situación de Chávarry se torna cada vez más insostenible con el grave hecho de que sus notas fueron adulteradas para ratificarlo como fiscal supremo.

DEFENSA FUJIMORISTA

La congresistas Cecilia Chacón, en la línea de prominentes keikistas como Úrsula Letona y otros, dijo que algunos, sin mencionar nombres, no les conviene que Chávarry siga en el cargo y cuestionó que el presidente pida celeridad en el caso.

“Sigue en el cargo porque así lo decidió la junta de fiscales supremos y hay que respetar la separación de poderes y el presidente Vizcarra parece no lo tiene claro”, manifestó.

ALGO MÁS

El portal IDL-Reporteros, dirigido por Gustavo Gorriti, reveló que se adulteraron las notas para que Chávarry sea ratificado como fiscal el 3 de julio de este año.

 

PACO MORENO

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Política

Fujimorismo cree que es su fiscal

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Alberto Quintanilla

El congresista Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, dijo al Diario UNO que la defensa cerrada del fujimorismo al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, es porque cree que él es su fiscal.

“Se sienten seguros los fujimoristas con Chávarry en el cargo, pero ya no debe dar un paso al costado. Debería estar fuera. Oracio Pacori es el representante de Nuevo Perú y vamos a estar atentos sobre lo que pase en esta instancia y vamos a pedir celeridad”, indicó.

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Política

Chávarry se va quedando solo

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Rafael Vela

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, respaldó a José Domingo Pérez Gómez y dijo que él es “un fiscal valiente, honesto, con una trayectoria intachable”.

Pérez Gómez, tal como informó este diario, se ratificó en indicar que Chávarry no es idóneo para el cargo.

El jurista Guillermo Olivera Díaz dijo al Diario UNO que Vela y Pérez Gómez está actuando bien y que el Congreso y la ciudadanía deben protegerlos porque Chávarry puede sacarlos del puesto donde están.

“Él los nombró y puede sacarlos. Es importante que el Congreso acelere el proceso de la denuncia constitucional. Eso solo es cuestión de tiempo. En 10 días pueden separarlos”, manifestó.

“Se va quedando solo. Vela y Pérez Gómez se han puesto contra él en público. Hay otros fiscales que están con ellos. Los trabajadores quieren que se vaya. Solo en el máximo ente al interior de la Fiscalía de la Nación que es la Junta de Fiscales Supremos tiene apoyo de dos. Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza lo apoyan porque están vinculados en los audios. Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos están abiertamente contra Chávarry. Ya falta poco para que se vaya”, indicó.

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