Radiografía de una ley

Del 2012 a la fecha, no se ha recogido información técnica respecto de cómo está funcionando la Ley

A casi cinco años de su promulgación, existe una percepción poco satisfactoria del cumplimiento de esta Ley General de la Persona con Discapacidad. No se ha creado, por ejemplo, el Sistema nacional para la integración de la persona con discapacidad (SINAPEDIS), que en teoría debiera operar como un articulador de los tres niveles de gobierno.

Otros servicios públicos marchan tan lento que en la práctica se desperdician recursos y se pierden importantes oportunidades de inclusión para las personas con discapacidad.

¿Y la información? Del 2012 a la fecha, no se ha recogido información técnica respecto de cómo está funcionando la ley, lo que hace temer poca certeza al efectuar cambios. Las modificaciones se justifican en tanto el Estado se ha reformado hacia una “modernidad debatible” y la LGPD tiene lazos muy frágiles con el resto del aparato normativo.

La buena intención es un cristal que se empaña si se distancia de la información. El pasado primero de agosto el congresista liberteño Luis Alberto Yika García (FP), se reunió en la sala Torres y Torres Lara, con representantes de las organizaciones de la sociedad civil avocadas a los asuntos de las personas con discapacidad, para socializar el anteproyecto de ley de su autoría que propone modificar dieciséis artículos de la referida ley

El congresista Yika García es reconocido en su región como un promotor de ayuda social para grupos vulnerables, personas adultas mayores, niños en orfandad, familias de escasos recursos y personas con discapacidad.

En la legislatura anterior se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Inclusión Social y personas con discapacidad asumiendo la coordinación del grupo de trabajo adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, sus acercamientos desde la orilla de los derechos son recientes.

LOS NUDOS

La propuesta es reconocida como un esfuerzo del legislador pero ha sido observada en algunos de sus aspectos medulares. En el escenario que se configuraría, el Consejo Nacional para la Integración de la persona con Discapacidad (CONADIS) adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cambiaría su nombre y sería transferido al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social.

Se teme que la propuesta puede no haber evaluado más exhaustivamente las diferencias de funciones, ámbitos de acción y alcances que tienen ambos sectores. La población con discapacidad no solo es un grupo social excluido sino que en esencia es un sector de población vulnerable, que debe ser atendido como tal.

En este mismo escenario, las organizaciones políticas estarían en la obligación de crear la secretaría o dirección de la persona con discapacidad dentro de sus órganos de gobierno, para asegurar la participación política de la persona con discapacidad.

Habría que tener en cuenta que, para materializar este deseo, sería necesaria la reforma de la ley de partidos políticos, propósito en el que a la fecha pueden contarse muchos fracasos.

La propuesta también apunta a que las responsabilidades de coordinador(a) o jefe (a) de las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad y de las Oficinas Regionales para la atención de la persona con discapacidad OREDIS, estarían reservadas con exclusividad para las personas con discapacidad.

La intención de crear más oportunidades de inclusión laboral es válida; sin embargo, es importante señalar que la idoneidad para estos cargos no reside en la discapacidad sino en la capacidad para liderar servicios públicos inclusivos comprometiendo voluntades y gestionando apoyo financiero local o regional.

Otro aspecto propuesto es una medida promotora del desarrollo asociativo, las organizaciones de personas con discapacidad podrán realizar juegos de lotería hasta dos veces al año, exonerados de impuestos y gravámenes. Al respecto, toda exoneración requiere del visto bueno del Ministerio de Economía

También, de acuerdo a la propuesta, se crearía una cuota laboral del 1% para padres, hijos, hermanos y cónyuges de personas con discapacidad, además de permitirse la sustitución de candidatos con discapacidad a la cuota de empleo por sus padres, hermanos, hijos y cónyuges.

En este punto, es importante reflexionar que el principal propósito de la cuota es atenuar la desigualdad de oportunidades en el acceso al empleo que afecta a las personas con discapacidad. Los parientes sin discapacidad no la necesitarían en el mismo sentido.

En esta propuesta las personas con discapacidad estaríamos en obligación de consignar en el DNI el tipo y grado de discapacidad. Esto configuraría una muy severa restricción a nuestro derecho a la privacidad. Derecho del que gozan todos los demás ciudadanos peruanos.

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