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¿Quiénes son los reales deshonestos y corruptos?

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¿Quiénes son los reales deshonestos y corruptos?

Sin que ello justifique las prácticas deshonestas ni la tolerancia ante ellas, el voto por los corruptos, además de pragmatismo, revela malestar político.

Luego de conocer los resultados de la encuesta de Datum que muestra que un 41% de la población entrevistada votaría para el municipio de Lima por alguien “que robe pero que haga obras” y que alude a Luis Castañeda Lossio (49% asocia su candidatura a dicha afirmación), quien va adelante en la carrera municipal, cabe preguntarnos si es verdad que los limeños nos hemos vuelto “cínicos” y nos hemos convertido en una sociedad con ciudadanos deshonestos. ¿Estamos, como le gusta decir a Aldo Mariátegui, frente a “electarados”?

Para responder a estas preguntas y para no caer en respuestas que esconden ciertos prejuicios, incluso hasta racistas, habría que reconocer que un sector mayoritario de los encuestados está enterado o acepta que existe corrupción. El problema es que, aún sabiéndolo, este elector está dispuesto a votar por el corrupto. Aquí algunas explicaciones.

Seymour M. Lipset señala que en el paso de una sociedad tradicional a otra moderna -que es lo que viene sucediendo en nuestro país- existen dos modelos de transición: el primero es uno en que los sectores sociales que se modernizan imitan el comportamiento de las elites. Lipset pone como ejemplo el caso inglés. El otro modelo es aquel en el que existen instituciones igualitarias e inclusivas que garantizan ese tránsito de los nuevos sectores sociales, como en EE.UU.

La pregunta pertinente es qué pasa cuando no existen élites a imitar ni tampoco instituciones inclusivas e igualitarias que es lo que sucede en nuestro país. Porque podemos afirmar que las élites peruanas nunca han jugado un rol civilizatorio o han tenido un comportamiento ejemplar.

Ellas tipifican un modelo de conducta contrario a las prácticas democráticas: son excluyentes, prepotentes y abusivas, mientras que las instituciones niegan a la mayoría de ciudadanos cualquier posibilidad de igualdad e inclusión. Por ello, es común leer en las encuestas que una mayoría de entrevistados, podemos llamarlos sectores populares, afirman que la justicia casi siempre beneficia a los blancos y a los ricos.

La honestidad y el rechazo a la corrupción requieren, además de un conjunto de valores que legitiman dicho comportamiento, determinadas condiciones materiales como tener capacidad económica, posición social y educación, que los pobres no tienen o que tienen muy poco.

Tampoco las élites políticas y administrativas son dignas de imitar con políticos vinculados al narcotráfico, tecnócratas que se mueven en el espacio gris que linda con el tráfico de influencias, y burócratas y administradores de justicia que tienen un precio.

Se podría agregar que las élites, para convivir con los sectores populares -también podemos emplear la palabra pobres- han decidido que estos vivan en un mundo paralelo llamado “informal” que aumenta su tamaño como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales y al que se suma una activa economía ilegal. Su propuesta no es, por tanto, la convivencia a partir de una noción de igualdad aceptada entre élites y sectores populares sino, más bien, la segregación y la separación social.

Los pobres son una suerte de Tercer Estado que sobrevive cotidianamente y los ricos una imitación de lo que podríamos llamar “nobles”. Un remedo sudamericano de la Francia del siglo XVIII.

Los pobres se mueven, por ello, en un espacio ambiguo donde los límites de la legalidad e ilegalidad son difusos y que, generalmente, son transgredidos para sobrevivir. La vida cotidiana se convierte en una especie de campo de batalla donde la sobrevivencia es prioridad.

Algo parecido se puede decir cuando analizamos el campo político. Si la mayoría no encuentra una razón para imitar a las elites, o no puede cambiar su realidad cotidiana o no halla quién la represente políticamente y dé solución a su precaria condición social, también debe sobrevivir en un mundo político que le es lejano y que no puede cambiar ni controlar. Entonces, este universo, igualmente, se convierte en fuente de ansiedad, incertidumbre y permanente frustración.

Aquí se podría decir que se cumple el refrán “si no puedes derrotarlos, únete a ellos”. El voto es una forma de unirse a ellos pero expresa, además una señal de rechazo a la política. En este contexto, el voto por los corruptos, además de pragmatismo, revela malestar político. A este sector, para sentirse incluido, solo le queda identificarse con el candidato, más allá que este sea corrupto, como lo muestra la encuesta aludida. Es cuando las obras se convierten en el nexo principal entre el candidato y los electores porque es lo único que la política puede ofrecer.

Con ello no justifico prácticas deshonestas, más bien me permito llamar la atención sobre el hecho de que las mismas requieren de un contexto adecuado para hacerse realidad. Dicho de otra manera, necesitamos valores y condiciones materiales (en lo económico, cultural, político y social) que es, justamente, lo que no tenemos, lo inexistente en el país.

Pensar que todo está perdido sería un error. David Sulmont, en su interesante trabajo “Líneas de frontera y comportamiento electoral en el país. Diferencias del voto en las elecciones presidenciales peruanos: 1980-2006”, señala que a pesar de la volatilidad de los electores y de la oferta política de los candidatos, existen “patrones sistemáticos en la correlación entre líneas de división social que caracterizan a la sociedad peruana y las orientaciones electorales de la ciudadanía”.

En otras palabras, los sectores sociales que sufren exclusión, discriminación sociocultural y son parte del contingente indígena votan por aquellos candidatos que critican el sistema político y económico y que cuestionan las desigualdades sociales, es decir, por candidatos que formulan propuestas izquierdistas o progresistas.

Finalmente, pienso que sostener que el culpable de esta situación es el Estado (al respecto, leer el Infodiario ¿Cómo hacer frente a la frase “roba pero hace obra”?, N. 462 de Otra Mirada) es “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

Las elites no solo han decidido “arrojar” a las clases populares al mundo de la informalidad y a los servicios y espacios públicos deteriorados como lo demuestra la situación actual de la educación y la salud, sino también, junto con la tecnocracia neoliberal, son los principales responsables de ese Estado que tanto critican y que hoy pretenden achicarlo aún más para mantener la desigualdad y la exclusión sociales, económicas y culturales.

Son las elites que han decidido escindirse del mundo popular privatizando el Estado y su vida cotidiana. Ellas tienen -además de ser endogámicas- seguridad, salud, educación, cultura y diversiones en su mundo privado. Es la rebelión de las elites contra las masas. Viven en un mundo segregado y deshonesto y esto es lo que contribuye a esta visión extendida del “roba pero hace obras”.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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