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¿Qué hacer con el gasoducto del sur?

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Ahora que se ha vuelto viral cuestionar la millonaria inversión del Gasoducto Sur Peruano por el escándalo de la mega corrupción de Odebrecht en Brasil, USA, Perú y otros países, me reafirmo en el contenido de mi artículo, “Luces y Sombras del Gasoducto del Sur” escrito en julio del 2014, cuando era más que evidente la intervención de la pareja presidencial (Ollanta y Nadine) en sacar adelante el referido proyecto que no tenía consistencia técnica ni racionalidad económica si es que no participaban las empresas responsables de la producción de gas natural, y si en la licitación de la fase del transporte solamente había un solo postor.

El Gasoducto del Sur no puede seguir paralizado por la incapacidad financiera de las empresas mafiosas Odebrecht, Graña y Montero más Enagás. Es el momento donde el Estado debe tener el liderazgo para sacar adelante el referido proyecto, bajo nuevos términos contractuales.

Resulta inaceptable que el Estado asuma los costos de la corrupción y se pretenda reconocer el valor de las inversiones que serán pagadas en un 75 % al 100 % de su valor con los ingresos que se percibirán con las nuevas licitaciones en los próximos 15 meses, de no ser cubiertas las inversiones realizadas, el estado tendría que poner la diferencia.

El Estado debe negociar con la empresa estatal china CNPC titular del 100% de las acciones en el contrato del lote 58 para que en el menor tiempo posible realice las inversiones necesarias exploratorias para convertir las reservas y recursos del lote 58 en reservas probadas certificadas, como también la participación de casi el 44 % que retiene en el lote 57, donde el mayorista mayoritario es Repsol.

Resulta de fundamental importancia comprometer a CNPC como accionista participante en el Gasoducto del Sur, pues esta constituye la forma más eficiente de operar. En el Perú, la construcción del Oleoducto Norperuano bajo responsabilidad de PetroPerú en los años setenta del siglo pasado y del Gasoducto de Camisea por medio de TGP, nos confirma la necesidad de una integración vertical entre la producción y el transporte de hidrocarburos.

Debe justificarse la demanda con racionalidad económica a precios competitivos. Se debe tener presente que los precios del gas natural de los lotes 57 y 58 son libres, y dependerán de las condiciones de la oferta y demanda, a diferencia de los precios regulados del lote 88 cuyas reservas están comprometidas con el ducto de Camisea hacia Lima, y solamente un TCF (Un trillón de reservas de gas natural) estarían comprometidas para el gasoducto del sur.

Reconociendo que la demanda de los miles de consumidores residenciales no representarían ni el 1 % de la demanda total, se debe justificar la demanda de las empresas eléctricas del sur, que por ahora queman carbón, y diesel contaminante en las horas punta. En tal sentido, la importancia del nodo energético del sur que compromete más de 1,000 MW de potencia lo cual asegura una demanda superior a los 200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo cual debería rentabilizar el gasoducto del sur.

Si a ello se agrega la potencial demanda de energía a gas a partir de las empresas mineras como Las Bambas, Constancia, las ampliaciones de Cuajone, Toquepala por parte de SPCC, Tintaya/Antapaccay, Cerro Verde estaría más que justificada la demanda de gas natural en el sur peruano.

Estando avanzado en más del 35 % la construcción del gasoducto del sur, con más de 4,000 trabajadores prácticamente en paro, el Estado debe asumir el liderazgo de la inversión redimensionando los altos costos de inversión superiores a los US $ 7,500 millones que más que duplican los costos del ducto de Camisea hacia Lima.

Por ello, constituye un error y retroceso eliminar el cargo de trasmisión que pagamos los más de 8 millones de clientes regulados para rentabilizar el gasoducto del sur. Este fue un mecanismo que se aplicó en el pasado para viabilizar el gasoducto de Camisea entre los años 2002 al 2009, y que debiera seguir vigente, a pesar de la inopia del Osinergmin.

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Mundo

Iván Duque o Gustavo Petro: Colombia define hoy a su nuevo presidente

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Elecciones en Colombia 2018

Más 37 millones de colombianos acudirán hoy a las urnas para elegir en segunda vuelta a su próximo presidente entre Iván Duque, de la derechista Centro Democrático, y Gustavo Petro, de Colombia Humana y representante de la izquierda. (más…)

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Política

Fujimori debe volver a la Diroes

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

En entrevista con el Diario UNO, el jurista Carlos Rivera, quien es abogado de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, señaló que esperaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), anule el indulto al dictador Alberto Fujimori. Pero, al reenviar el caso a la justicia nacional, ellos continuarán su lucha hasta encontrar justicia y reparación.

“Sí, en realidad el conjunto de acciones que hemos venido realizando y la esperanza que teníamos en la sentencia de la Corte IDH era eso. De que declare nulo el indulto y que Fujimori cumpla la condena que le corresponde (en la Diroes)”, manifestó Rivera. “Sin embargo, la decisión de la Corte IDH indica que la justicia peruana declare la nulidad del indulto”, agregó.

El jurista refirió que ahora tienen que enfrentar una acción en el sistema judicial penal con todos los problemas que el Poder Judicial tiene en este momento. Dijo que los familiares seguirán en busca de justicia como lo hacen desde 1991.

RESOLUCIÓN CONTRADICTORIA

Precisó que les ha sorprendido la resolución porque es un tanto contradictoria, parece escrita sobre una línea argumentativa de fundamentos que van desarrollando de manera impecable, en cuanto a contradecir y cuestionar el otorgamiento de indulto para casos de violación de derechos humanos. “Pero por otro lado, toman la decisión de reenviar el caso al fuero interno, eso nos ha sorprendido. No era la resolución que esperábamos porque habíamos logrado exponer los argumentos políticos, jurídicos, jurisprudenciales y los doctrinarios del derecho internacional”, añadió.

FUERO INTERNO

Ante esto, el jurista indicó que mediante la resolución de la Corte IDH, no es posible conocer por qué no declaró inválido el indulto. “Lo único que uno puede observar es que la Corte IDH señaló que había antecedentes en los casos Jaililie y Crousillat, para el fuero interno, el constitucional, que evaluará la legalidad del indulto. Y la resolución emitida por la Sala Penal Nacional en el caso Pativilca, por la cual se decidió inaplicar el derecho de gracia que fue concedido en la misma fecha que el indulto”, destacó.

Familiares de víctimas de matanza en gobierno de Alberto Fujimori

Mañana tomarán la decisión legal después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

SÍ CUESTIONA EL INDULTO

Rivera afirmó que “justamente el hecho de que en la resolución la Corte IDH asumió nuestros argumentos, es decir, han asumido una línea no solo de cuestionamiento sino casi de repudio al indulto como medida posible de otorgar a quienes están condenados por graves violaciones de los derechos humanos”.

Comentó que solo le faltó a la decisión, concluir que el indulto era una opción inaplicable y por lo tanto el Estado peruano debería anular. Aunque esta resolución no está convalidando el indulto, más bien lo cuestiona y repudia porque esta instancia supranacional no encuentra ningún argumento para sostenerlo como medida factible de imponer a un condenado por delitos de lesa humanidad.

CAMINOS A SEGUIR

El camino que la Corte IDH plantea es que debe haber un control jurisdiccional, eso significa que la defensa de los familiares de las víctimas puede optar por una vía constitucional a través de la presentación de una acción de amparo o una vía penal mediante un pedido de control de convencionalidad, que lo tendrían que hacer en el propio vocal supremo de instrucción que está a cargo del caso Fujimori.

“Una acción de amparo se presenta al Poder Judicial, si es que se pierde en 1ra y en 2da instancia, recién se va al Tribunal Constitucional. Un amparo en el Perú dura mucho tiempo, por lo menos un año. Lo de la Sala Penal probablemente dure menos tiempo. Esa decisión la vamos a tomar el día lunes”, señaló Rivera.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

ONPE bajo la lupa de la Fiscalía

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Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

El presunto favoritismo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la inscripción del partido Podemos Perú, del cuestionado José Luna,  viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Las indagaciones las estaría haciendo fiscal Carlos Nivin, quien abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de patrocinio ilegal, decisión que tomó después de las denuncias periodísticas.

El titular del 1° despacho de la Segunda Fiscalía de Corrupción de Funcionarios dispuso la apertura de la investigación el pasado 1 de junio.

La exasesora legal de la ONPE, Susana Guerrero, denunció un presunto trato preferente para el partido político del excongresista José Luna durante el proceso de inscripción. Tras realizar la denuncia, la ONPE decidió cesar a la funcionaria.

En tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, quien declaró que no teme a las investigaciones y que va a colaborar.

Para el consejero Iván Noguera, la investigación podría ser más rápida y expeditiva de lo que hasta hoy ha sido.

El presidente del CNM, Orlando Velásquez, explicó que la investigación preliminar está en manos de la Comisión de Procesos Disciplinarios y que se emitiría un informe en 15 días, a favor de iniciar el proceso disciplinario o archivar el caso.

ALGO MÁS

El Consejo Nacional de la Magistratura recién se estaría pronunciando en julio sobre el sonado caso de ONPE. Castillo permanecería en el cargo hasta después de las elecciones regionales y municipales.

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