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¿Qué ha conseguido la huelga del magisterio hasta ahora?

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Se ha hablado bastante de la huelga protagonizada por los maestros. Sin embargo la mayoría de los análisis se concentra en aspectos emocionales que se hacen pasar por políticos. Es necesario un análisis concreto sobre los hechos concretos. Pero eso no significa una mirada desde afuera de la lucha de clases, sin involucrarse ni tomar posición.

Nosotros hemos acompañado la huelga y lo seguiremos haciendo, pero eso no significa que estemos de acuerdo en todo lo que se hace o que no hagamos críticas a su conducción, pero lo hacemos siempre de manera franca y con el afán de que los maestros alcancen de mejor manera sus objetivos.

EL ACTA DEL CEN-SUTEP
Gracias a los maestros en huelga hemos tenido acceso a las cinco actas producidas a lo largo de esta huelga, analizaremos sumariamente lo que hasta aquí se ha conseguido.

El 15 de junio de 2017 el SUTER Cusco dio inicio a una huelga indefinida, contagiando al resto del país. Ante esto el CEN del SUTEP, casi un mes después, realizó una huelga el 13 de julio.

Apenas un día después, sin representantes de las regiones y en tiempo record, firmaba un acta con funcionarios de segundo orden del gobierno (la ministra no se dignó a firmar su acta).

Esto no es otra cosa que el colofón de un pacto político que tuvo como piedra de toque el D.S. N° 013-2016-ED, mediante el cual se prohíbe que el SUTEP negocie cualquier reivindicación económica a favor del magisterio.

Nuestra hipótesis es que el CEN renunció a su capacidad de negociar en beneficio de los maestros a cambio de más licencias con goce de haber. En anterior artículo ya hemos señalado esto bajo el subtítulo ¿Culpa inexcusable del CEN del SUTEP o acuerdo con el gobierno? (que no se publicó por falta de espacio). No habiendo sido refutados consideramos que hay más indicios que confirman tal hipótesis.

Respecto al contenido del acta del CEN, es indiscutible que este ha sido ampliamente mejorado por los logros de los maestros en huelga. Por ejemplo en los puntos económicos el aumento de S/. 2 000 el CEN lo pactó para el 2018 sin fecha exacta, el ministerio luego lo decidió unilateralmente para mayo.

Los huelguistas consiguieron se adelante en 7 meses (eso es varios cientos de soles más para cada maestro). Además, sobre la deuda social por preparación de clases que se le debe a los maestros desde hace décadas, el CEN no logró nada concreto: “el MINEDU se compromete a proponer que se incluya en el proyecto de la ley de Presupuesto 2018 un incremento”.

Así, también en las evaluaciones el CEN pedía su postergación para el 2018, pero no solo no lo consiguió, sino que el MINEDU (sin que el CEN lo contradiga) colocó en el acta que no consideraba “que la evaluación de desempeño ordinaria requería de capacitación”.

Por último, sobre la discriminación salarial que sufren los profesores contratados obtuvieron otra promesa: “el MINEDU ha considerado viable proponer una disposición que se incluya en la Ley de Presupuesto para el 2018”para el pago de los beneficios de luto, sepelio y CTS. De los auxiliares, nada.

Como cereza en el pastel, la ministra Martens declaraba el 15 de julio que los reclamos de los profesores de Cusco, es decir, que se adelantara el aumento a S/ 2.000 para el 2017 “y que progresivamente llegue a 1 UIT es inviable”. Bueno, la huelga le torció la mano al gobierno y demostró que todo eso sí era viable.

La protesta comenzó en la región Cusco y se extendió a nivel nacional.

La protesta comenzó en la región Cusco y se extendió a nivel nacional.

LOS LOGROS DE LA HUELGA, HASTA AHORA
El 8 de agosto cuando la huelga ya se había hecho contundente en todo el país, los representantes de los SUTER de Cusco, Lambayeque, Pasco y Lima Provincias firman un acta con la ministra en la que se puede leer: los S/. 2 000 “previstos para mayo de 2018 se adelantarán para diciembre de 2017”, añadiéndose que el aumento será sin discriminar “para todos los docentes nombrados y contratados”.

Se indica también que el “MINEDU elaborará un estudio técnico sobre incrementos graduales de la remuneración docente para alcanzar una UIT (S/. 4 050) al 2021, la misma que será presentada al MEF”. Sobre la deuda social se dispone S/. 200 millones para el pago de sentencias judiciales, de los cuales el 70% será para el sector Educación.

Respecto a las evaluaciones solo se logró que “ningún docente pasará por la evaluación sin pasar por un proceso de capacitación realizado a través de talleres de profundización y distribución de materiales”.

Es el punto más débil respecto al pliego. Tampoco hubo acuerdo en la derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial, ni en el D.S. 013-2016-ED (que dispone la imposibilidad de negociar cualquier tipo de beneficio económico con el sindicato, ya comentado).

Sobre este último el MINEDU consigna en el acta que “no es posible derogarla, pues es concordante con las normas laborales vigentes”. Lo cual es falso, pues tanto la Constitución como los Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT N° 98 y 151 (que contienen las normas laborales de más alta jerarquía) permiten la negociación colectiva en materia económica para el sector público. Esto ya ha sido zanjado por dos sentencias del Tribunal Constitucional. En esto los SUTER se dejaron sorprender, sin embargo sí obtuvieron un mejor acuerdo respecto a una distribución más democrática de las licencias sindicales.

El 18 de agosto hubo una adenda a esta acta, firmada por Piura y Arequipa, en la que se adhieren al acta anterior, y como nota que llama la atención se observa la firma de los representantes de la región y de las provincias de Piura, además de un maestro de base. Imaginamos que todo ello para garantizar que se cumplan los mandatos emanados de la asamblea. De ser así sería un gran ejemplo de que una nueva democracia sindical viene emanando desde abajo.

En el nuevo acuerdo se menciona también que el aumento de las remuneraciones (en lo que se refiere a la Remuneración Integra Mensual) será pensionable, es decir, el beneficio no solo será para los activos, también para los jubilados.

Como novedades se plantean las gestiones que el MINEDU realizará para que “el programa Qali Warma atienda con desayunos y almuerzos a los estudiantes de la Jornada Escolar Completa”, así como para que se cumplan los objetivos del acuerdo nacional, a saber que se destine el 6% del PBI al sector Educación.

Ministra de Educación, Marilú Martens, en apuros.

Ministra de Educación, Marilú Martens, en apuros.

¿HASTA CUÁNDO DEBE SEGUIR LA HUELGA?
Como se puede observar no son solo preocupaciones salariales de los maestros, sino compromisos por un trato igualitario con los nombrados y jubilados, mejoras para los estudiantes y una visión estructural respecto a la distribución de los ingresos nacionales, que va a la raíz del problema, es decir, no solo están luchando por su salario, están cuestionando políticas públicas.

Los docentes piensan en colectivo y han elevado su nivel organizativo. Incluso si la huelga se levantara hoy habrían conseguido mucho más de lo que logró el CEN del SUTEP… Sin embargo los maestros siguen en huelga ¿Por qué? ¿Fue correcto que los actuales representantes del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP no firmaran el acta del 20 de agosto? Hemos dicho que no nos callaremos nada. Y es lo que haremos cuando analicemos el tema de las evaluaciones y la dirección de la huelga en su último tramo, en nuestro siguiente artículo.

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Política

Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

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Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

La Comisión de Constitución aprobó el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República, al establecer que estará integrado por dos cámaras: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De los 17 congresistas que participaron de la sesión, 13 votaron a favor y 4 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), saludó el avance en el predictamen de la bicameralidad en la Comisión de Constitución, pero cuestionó la escopeta de dos cañones de Fuerza Popular porque,para ella, es una bancada que no piensa en los intereses del país sino en los partidarios.

“Los veo con ánimos de confrontar, si bien se avanzó con lo de la bicameralidad y parte del tema de los aportes a las campañas, tenemos que lograr el mayor consenso posible, porque estos son temas que tenemos que votarlos a conciencia porque le va a hacer bien al país y no de manera partidaria”, afirmó

GENERAN DUDAS

Indicó que tiene muchas dudas sobre el comportamiento de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos siguen con la actitud de insultar al presidente Vizcarra, incluso refirió que ayer uno de sus congresistas lo tildó de ignorante, y su bancada tuvo que protestar para que retire la frase.

“Ellos están viendo qué les conviene o qué no les conviene y no están pensando en que es lo mejor para el país, piensan en sus propios intereses, en dónde o cómo se ubican pero no están viendo qué le conviene al pueblo”, destacó.

La legisladora aseguró que el fujimorismo se ha repartido roles, uno para apurar la propuesta de reformas, otros para criticarlo.

“Como ejemplo están sus votos en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron votos divididos. Están jugando, dividen el voto de tal manera que tengan respuestas a favor y en contra”, aseveró.

EN NÚMEROS

Se pronunciaron a favor del restablecimiento del Senado los parlamentarios: Miguel Castro, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Úrsula Letona y Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, Gilbert Violeta y Patricia Donayre de Peruanos por el Kambio y Javier Velásquez del Apra.

Asimismo, Marisa Glave de Nuevo Perú, Yonhy Lescano de Acción Popular, Gino Costa de No Agrupados y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso. Y se abstuvieron: Lourdes Alcorta, Nelly Cuadros y Luz Salgado de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio.

ALGO MÁS

La decisión modifica el Artículo 90° de la Constitución Política del Perú y señala que “El Poder Legislativo reside en el Parlamento Nacional, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Informe plantea destituir al fiscal naranja

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Informe plantea destituir al fiscal naranja

Casi tres meses después que se revelaron los ‘CNM audios’ mediante IDL-Reporteros, recién parece abrirse paso la justicia. El informe acusatorio del parlamentario Juan Sheput, presentado ayer, propone que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debe aprobar pronto este informe y elevarlo a la Comisión Permanente.

El documento emitido por el legislador Sheput, dice como conclusión “que el fiscala Pedro Gonzalo Chávarry es autor de graves infracciones a los artículos 3º, 39º, 44º y 158º de la Constitución Política del Perú; así como el artículo 45º de la misma norma suprema”.

Asimismo, propone “que se le imponga la sanción de destitución del cargo de Fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

“Una vez que sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitiéndose el presente informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal d.6 del artículo 89º del Reglamento del Congreso”, finaliza.

Pedro Chávarry es para muchos el candado que tiene Fuerza Popular para mantener la impunidad de su bancada, de la ‘Señora K’, de AG, y la herramienta para intentar doblegar al Ejecutivo. Por eso, lo más probable es que este sea el inicio de otro escenario de conflicto entre el Gobierno y el fujimorismo.

CHÁVARRY, BECERRIL Y RODRÍGUEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió además los informes finales sobre los casos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular.

El grupo parlamentario convocará el lunes la sesión para la evaluación de los informes y el debate se realizaría entre el martes y el miércoles, previa coordinación con la Mesa Directiva.

César Vásquez, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien trabajó el informe sobre Becerril, investigado por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2017, aseguró que en su investigación se han recogido los testimonios y pruebas suficientes para llegar a una conclusión objetiva.

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Política

Salaverry, Chihuán y el “cambiazo” sobre acuerdo de confianza dado al Gobierno

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Leyla Chihuán

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunicaron ayer al presidente Martín Vizcarra que “el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto, al mencionar el oficio 257, vincula legal y políticamente la cuestión de confianza a la aprobación de las cuatro reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, aunque sin fecha límite y sin mención del proyectado referéndum del próximo 9 de diciembre.

PLAZO Y REFERÉNDUM

Esta rectificación del Congreso reduce entonces la controversia Ejecutivo–Legislativo a los temas del plazo de aprobación de las tres reformas pendientes (bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos políticos) y a la realización del referéndum del 9 de diciembre, para ponerlas en vigencia sin esperar su aprobación en una segunda legislatura.

En tal confrontación vigente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva ha explicado que el Ejecutivo no incluyó en ningún documento oficial en plazo de aprobación de las reformas para evitar que ciertos congresistas lo tomaran como una imposición y porque ellos mismos se fijaron el 4 de octubre como límite. Villanueva reiteró que si todo va bien, el Gobierno no tiene en la cabeza cerrar el Congreso en son de golpe de Estado.

Esos dos puntos, no son poca cosa, en el contexto de versiones periodísticas respecto a que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ordenado dos operaciones encubiertas: la primera para sabotear la aprobación de las reformas y, sobre todo, el referéndum; y la segunda, para perjudicar al presidente Vizcarra haciéndole blanco de acusaciones de presuntos ilícitos.

LA ESTRATEGIA ‘K’

El sabotaje a las reformas y el referéndum habría sido encargado por Fujimori Higuchi al equipo formado por: Luis Galarreta, Héctor Becerril, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra y Luz Salgado, todos coordinados electrónicamente (Marchand, Eloy, semanario H13. 2018).

Ellos se encargarán de desacreditar a Vizcarra acusándolo de golpista. Asimismo, buscarán posponer al máximo la aprobación de las reformas y de corromper el referéndum planteando que se pregunte temas que provocarían respuestas negativas de los electores.

Otro equipo de Fuerza Popular está acopiando información sobre todo tipo de gestión de Vizcarra, tanto privada y como en la gobernación de Moquegua.

La Comisión de Fiscalización citará al Presidente a declarar sobre el caso Chinchero para tratar de involucrarlo a partir de declaraciones del excontralor Edgar Alarcón, quien ya ha declarado ante un fiscal supremo, que siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra lo visitó varias veces para presionarlo a fin de que emitiese una auditoría favorable al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

La historia del “cambiazo”

En su parte medular el oficio Nº 257- 2018-PR, enviado el lunes 17 al presidente del Congreso, Daniel Salaverry por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifiesta:

“Referencia: convocatoria a legislatura extraordinaria. (…) En relación a los ejes 1 y 2 de la Política Genera de gobierno, aprobada por el Decreto Supremo Nº 056- 2018- PCM sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentadas en los 4 proyectos de ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República a fin de que se debatan y aprueben, con carácter de URGENTE.

En ese contexto, estando a la facultad conferida por el inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, convoco al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 19 de setiembre a las 8:00 horas, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la Política General del Gobierno, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 133 de la Carta Magna”.

César Villanueva en el Congreso

Nuevo texto oficio Nº 070

El oficio Nº 070- 2018- 2019, con el nuevo texto rectificado fue recibido por la mesa de partes de Palacio de Gobierno a las 9:14 a.m. de ayer y en lo sustancial dice:

“Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto corresponde al acuerdo previo que tomó la junta de portavoces de someter al pleno como moción única, el contenido del pedido de confianza del Gobierno contenido en su oficio Nº 270 firmado por el presidente Martín Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros.

César Villanueva.

PRIMERA VERSIÓN ‘TRUCHA’

Obsérvese que la primera versión del mismo oficio, enviada al Gobierno por Salaverry y Chihuán tan pronto el Congreso acordó conceder la confianza, es distinta, pues no contiene ninguna referencia al oficio Nº 257:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de Gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

‘CAMBIAZO’ SALAVERRY – CHIHUÁN

Esto demuestra que la dupla Salaverry – Chihuán realizó un burdo “cambiazo” del acuerdo de portavoces para tratar de desvincular la confianza otorgada de la aprobación de las cuatro reformas políticas.

Sin embargo, tuvieron que recular sin realizar mayor comentario, ante la protesta de la bancada de Nuevo Perú por el escamoteo a lo acordado por los portavoces, y a causa de las críticas de distintos medios de prensa que ayer menudearon contra la conducta de Fuerza Popular y la directiva del Congreso.

A pesar del develamiento de la fallida jugarreta de Salaverry – Chihuán, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, continuó insistiendo ayer en que la aprobación de la confianza al Ejecutivo no está sujeta a la aprobación de las reformas.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, le respondió que la aprobación de las reformas pendientes sí está vinculada directamente con la cuestión de confianza, según los documentos oficiales.

ALGO MÁS

Glave añadió: “Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo es que su conducta muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, por lo que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”.

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