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¿Qué es una izquierda moderna?

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¿Qué es una izquierda moderna?

Una Izquierda moderna debe saber que el mercado no es un instrumento económico del capitalismo, sino un instrumento de intercambio inventado mucho antes de Jesucristo, quien vivió en una economía de mercado usando la moneda del César.

También, debe convencerse de que el mercado es un instrumento que no puede suprimirse, como creyeron los comisarios soviéticos, aplicando una planificación central que terminó planificando la escasez. Tampoco se puede dejar al mercado sin ninguna regulación, como creyeron los banqueros de Wall Street.

Estos dos extremismos hicieron que el muro de Berlín se derrumbara por falta de mercado, y que Wall Street colapsara el 2008, por exceso de mercado. Entonces, una izquierda moderna debe apoyar la economía de mercado pero regulada para evitar crisis económicas y sobre todo daños ecológicos.

Ante los medios de producción, a una izquierda moderna no debe importarle tanto que estos sean privados o públicos, sino que todas las empresas den condiciones dignas de trabajo, paguen impuestos y no contaminen. Y que, además, no se constituyan en carteles y monopolios que impidan la competencia.

Y cuando la izquierda critica el neoliberalismo, debe hacerlo por esta razón, ya que el neoliberalismo no significa libre mercado, puesto que permite monopolios, carteles y subvenciones a la agricultura y a la industria, que afectan la libre competencia. El neoliberalismo es así un ¨falso liberalismo” y así deberían llamarlo una izquierda moderna.

Una izquierda moderna debe saber que hoy se ha formado en cada país desarrollado como subdesarrollado, un abismo social, y es por esto que la desigualdad social será por primera vez el tema principal del debate en la campaña presidencial de los EEUU.

También debe saber que la región con mayor desigualdad social en el mundo es hoy América Latina, que a pesar del crecimiento de su economía, debido al boom de las materias primas, no ha logrado detener la concentración de los ingresos en el 1% más rico de su población.

Este abismo social ha hecho que las nuevas tendencias de izquierda, en los EEUU y en Europa, estén incluyendo en sus programas electorales medidas para combatir la desigualdad social. Sin embargo, en América Latina, la región con más desigualdad en el mundo, esta situación no es un tema candente del debate político. Entonces, el deber de una izquierda moderna en Latinoamérica y en el Perú, es hacer un estudio sobre del abismo social y difundirlo acompañado de las medidas específicas para combatirlo.

Una izquierda moderna debe estar sobre todo muy consciente de que la actual crisis de la economía global es ecológica, que hoy la madre naturaleza después de 200 años de industrialización y olvido, ha regresado vengativa con un cambio climático que está creando un peligroso desequilibrio entre el imparable crecimiento de la población urbana mundial y la disponibilidad de agua, alimentos y energías renovables.

Es por esta nueva realidad que hoy la más profunda diferencia entre una izquierda tradicional y una izquierda moderna, es la vocación ecológica de esta última. La izquierda debe luchar contra una economía de gran consumo y desperdicio, adicta, a unas energías fósiles, que nos están llevando peligrosamente a aumentar la temperatura de la Tierra 2 grados o más, con consecuencias insospechadas para la viabilidad de muchos países, que son ecológicamente frágiles, como el Perú.

Una izquierda moderna debe ser aliada del planeta.Debe utilizar como un instrumento político, el cambio climático y la crisis ecológica creciente, ya que si no lo hace, el mismo planeta ya se está encargando de hacerlo con crecientes catástrofes ecológicas.

Una izquierda moderna debe usar argumentos ecológicos para minar los planteamientos no científicos de la economía neoliberal, planteamientos que glorifican un crecimiento económico que hoy ya ha provocado una crisis planetaria, puesto que nuestra civilización urbana global, no puede hoy producir ni consumir, sin contaminar y recalentar peligrosamente el planeta.

Una izquierda moderna es la que reconoce con realismo que el proletariado ya no es la vanguardia revolucionaria porque el mundo se desproletariza rápidamente con una revolución tecnológica, que ha reemplazado las factorías, llenas de proletarios, por factorías repletas de software y robots.

El software y la robotización están reduciendo el número de trabajadores por unidad de producción en los países industrializados capitalistas, donde Marx predecía la revolución proletaria. En todos ellos, el sindicalismo se ha reducido y con ello el poder político que el proletariado había heredado desde la revolución industrial.

Lo más paradójico de esta situación es que la más grande fuerza proletaria que todavía queda en el mundo, que es la de China, se encuentra hoy sometida a muy bajos salarios por el propio partido comunista.

Entonces, la base social de una izquierda moderna, frente a la desproletarización, debería ser hoy una clase media que cree en la democracia, en la propiedad privada y en la economía de mercado, pero que está descontenta porque el capitalismo neoliberal no funciona en favor de ella.

En EE.UU y Europa, el descontento es por la pérdida de ingresos, propiedades y de movilidad social. En Latinoamérica, el descontento de la clase media emergente es por la muy baja calidad de los servicios públicos de educación, salud, transportes, justicia y seguridad ciudadana.

Y en el caso del Perú, este descontento además está unido a un repudio a la clase política por su ineptitud y corrupción, que es tan notaria, que ha trascendido al plano internacional, pues un reciente estudio del Word Economic Fórum califica la clase política peruana como “deplorable” en comparación a la de otros países latinoamericanos.

En conclusión, una izquierda moderna, debe defender a una clase media descontenta, apoyar la democracia, respetar la propiedad privada y orientar la economía de mercado hacia las necesidades de la mayoría para reducir el abismo social, y ser sobre todo, aliada del planeta para hacer compatible la economía de mercado con la ecología.

 

OSWALDO DE RIVERO

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Política

Keiko, atrapada y sin salida

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Keiko Fujimori

En la puerta del horno se le quemó el pan a Keiko Fujimori. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, solicitó ayer al Ministerio Público que se le envíen las copias certificadas de las declaraciones que brindó Jorge Yoshiyama Sasaki ante el Equipo Especial Lava Jato, a fin de incorporarlas como elemento de debate cuando el próximo martes 19 el Pleno Constitucional evalúe el hábeas corpus presentado por la defensa de Fujimori Higuchi.

Así, el fiscal José Domingo Pérez, quien ya había adelantado que si el TC no le requería la documentación él la haría llegar por iniciativa propia, dispone de 48 horas para hacer llegar las declaraciones del sobrino del exjefe de campaña de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama.

En los días previos, acaso preocupados por el impacto que tendrían las aseveraciones de Jorge Yoshiyama en la decisión del TC, voceros del fujimorismo habían manifestado su rechazo a la posibilidad de que estas declaraciones sean evaluadas por el ente constitucional. “La declaración del señor Jorge Yoshiyama no es una declaración oficial de la cual tenga conocimiento el TC, ha sido una información que ha salido en los medios de comunicación. Si no está en el expediente del TC, no se puede tomar en cuenta”, afirmó el expresidente del TC y hoy candidato al Congreso por Fuerza Popular, Carlos Mesía, quien además fue conocido por afirmar que “al pueblo no hay que hacerle caso”.

La propia Keiko Fujimori publicó en su cuenta de Twitter un descargo contra las declaraciones de Yoshiyama. “Lo que claramente vemos en esta nueva declaración del imputado es que miente para darle gusto a los fiscales. Parece que es otro caso de presión y extorsión como otros que ya se han denunciado”, escribió.

Sin embargo, para Blume habrían pesado más las opiniones de los demás miembros del TC, quienes según lo señalado por el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña le solicitaron incluya las declaraciones de Yoshiyama apenas fueron dadas a conocer. “Si uno quiere trabajar seriamente este tema, tiene que leerlo a profundidad y, si además de eso, aparecen nuevos elementos que podrían tener incidencia, como la declaración que se ha empezado a hacer pública, parece ser prudente que todos los magistrados tengamos información más completa”, comentó el 7 de noviembre.

ACUSACIONES INELUDIBLES

La decisión del TC atiende la solicitud del procurador adjunto del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi Sotomayor, quien el 8 de noviembre pidió formalmente que se incluya el testimonio de Jorge Yoshiyama como argumento para resolver el hábeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular.

Tupayachi destacó en su solicitud lo referido por Yoshiyama sobre el hecho de que Keiko Fujimori tenía conocimiento de los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial del 2011, los que intentó ocultar mediante falsos aportantes. También hace referencia al comentario que Fujimori habría hecho a Yoshiyama sobre sus reuniones con el exjuez César Hinostroza.

El documento también consigna las indicaciones expresas que Keiko Fujimori habría dado a Jaime Yoshiyama para desconocer el aporte de Odebrecht y negar toda relación entre Fuerza Popular y la empresa brasileña. Además, destaca lo afirmado por Yoshiyama Sasaki respecto a que fue la propia Keiko Fujimori quien le pidió buscar falsos aportantes. “Me pide que lo haga como lo hice en el 2011, para lo cual me pide coordinar con Adriana Tarazona para que ella me entregue el dinero para ser depositado”, afirmó Yoshiyama en su declaración ante la Fiscalía.

El procurador del Poder Judicial consideró en su escrito que lo declarado por Yoshiyama sería una prueba importante para desvirtuar la tesis de la defensa de Keiko Fujimori, la cual afirma que la acusada no conocía del dinero de Odebrecht ni se había reunido nunca con Hinostroza. Por otro lado, destaca que no se trata de cualquier testigo, sino del sobrino de quien fuera el jefe de campaña electoral de Fujimori.

RIESGO PROCESAL LATENTE

En cuanto al peligro procesal o de obstaculización al proceso, Tupayachi argumentó que “se aprecia de las últimas declaraciones que la procesada Keiko Fujimori ha tenido injerencia frente a diversos órganos jurisdiccionales (reunión con jueces y fiscales), pudiendo ello manifestarse con la influencia directa sobre los mismos, sobre todo por la contraprestación política que podía ejercer a través de su organización política”.

Por su parte, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, remarcó en Ideeleradio que la controversia en el caso de Keiko Fujimori no radica en el tema probatorio, sino en el de la obstaculización de la justicia.

“Nadie discutía en el momento que se sustentó la prisión preventiva la gravedad de los hechos y la sospecha grave que existía dentro de la investigación. Se discutía esencialmente si había un peligro procesal, que tiene dos vertientes: el peligro de fuga y el de obstaculización”, indicó.

Vela destacó que además del testimonio de Yoshiyama, el peligro de obstaculización siempre ha estado sustentado en la evidencia concreta que genera “toda la construcción argumentativa respecto al entorpecimiento de la actividad probatoria”. En ese sentido, recordó que tras revelarse los audios del caso Lava Juez y la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una sala diferente recompuesta es la que finalmente declaró infundado el recurso de casación. “Pero el primer término, con lo difícil que es pasar la fase de calificación previa en la Corte Suprema, fue admitido. Por lo tanto, se materializó esa vinculación entre Hinostroza Pariachi y el grupo investigado por financiamiento de la señora Keiko Fujimori”, apuntó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Si ratifican sanción contra Pérez, habría cuestionamiento internacional

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José Domingo Pérez Gómez

Si la Junta de Fiscales Supremos ratifica la sanción contra el fiscal José Domingo Pérez esto sería un tema de cuestionamiento internacional y una eventual condena contra el Estado peruano, porque se estaría afectando sus derechos, advirtió Diego García-Sayán Larrabure, relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas.

Fue al precisar que las Naciones Unidas señala que los jueces y fiscales tienen derecho a la libertad de expresión, dentro de los marcos de cautela y de cuidado que aconseja su función pública, y cuando están de por medio asuntos que tocan a principios democráticos fundamentales.

“Si al final se ratifica la sanción a José Domingo Pérez, al margen que sea el 10%, 5% o el 1% de su remuneración, esto sería un tema de cuestionamiento internacional muy serio, no contra la persona que tomó la decisión, sino esto en términos internacionales es una condena al país [contra el Estado]”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En este momento, defender a José Domingo Pérez […] es defender el principio de que un funcionario de su jerarquía tiene derecho a expresar conceptos como el que expresó, que ahora están siendo cuestionados, y en segundo lugar, que cualquier afectación en su estabilidad debe ser interpretada como un paso para acabar o delimitar las investigaciones sobre corrupción”, puntualizó.

SERÍA GRAVE UNA SUSPENSIÓN

En ese sentido, García-Sayán Larrabure consideró que sería muy grave que con esta sanción se esté buscando suspender al fiscal José Domingo Pérez, como lo advirtió el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela.

“[¿Qué opina en torno a lo que ha dicho Rafael Vela de que esta sanción busca sacar a José Domingo Pérez del caso?] Eso es muy grave, porque evidentemente esto pasa en Perú, pasó en Brasil, donde finalmente el juez Sergio Moro terminó mal y su proceso de trabajo tampoco fue incuestionable. Yo creo que tenemos un problema serio”, subrayó.

“De manera, que yo espero que prime la cautela, el buen criterio y que cada cual pueda mantener su propia discrepancia con la actuación de José Domingo Pérez, quien no es un hombre perfecto, puede haber cosas equivocadas, pero una sanción no es el camino para fortalecer el Ministerio Público”, afirmó.

El exministro recordó que la opinión pública reaccionó el 31 de diciembre del 2018, cuando hubo un intento de hostilización hacia los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“Ya la opinión pública reaccionó cuando ya se estaban descorchando botellas el pasado 31 de diciembre a las ocho de la noche, se les pretendió destituir, la gente reaccionó, porque la gente entendió que esas personas, Rafael Vela y José Domingo Pérez, estaban desempeñando una función importante y que eso era inaceptable [cesarlos del cargo]”, adelantó.

TIENEN DERECHO A DECLARAR

En otro momento, el relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas recordó que de acuerdo a los estándares internacionales los jueces y fiscales tienen derecho a declarar.

“Lo que las Naciones Unidas dice [respecto a la independencia de jueces y abogados] son dos cosas. Primero, que los jueces y fiscales sí tienen el derecho a la libertad de expresión naturalmente dentro de los marcos de cautela y de cuidado que aconseja su función pública. En segundo lugar, que en algunos casos no solamente tienen el derecho, sino la obligación de expresarse cuando están de por medio asuntos que tocan a principios democráticos fundamentales”, aseveró.

Finalmente, dijo que las declaraciones de José Domingo Pérez en contra de la corrupción deberían de ser elogiadas en vez de ser criticadas.

“[José Domingo Pérez] no está transgrediendo el principio de información reservada de su caso, sino que está incidiendo en algo que no debería ser criticada [por otros], sino elogiado. Que un fiscal exprese públicamente que hay que luchar contra la corrupción y que para las personas que tienen elementos de juicio para ser condenadas debe haber sentencias es algo absolutamente elemental que pide la ciudadanía”, acotó.

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Política

Lo más sensato sería que José Lecaros se abstuviera de participar

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José Luis Lecaros Cornejo

El relator de la Naciones Unidas adelantó que, aunque la Comisión Especial le solicitará al presidente del Poder Judicial inhibirse del proceso, este no podría ser destituido o separado.

Hubiera sido sensato que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se abstuviera de participar del proceso de selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, sostuvo el exministro de Justicia, Diego García-Sayán Larrabure.

“[¿El presidente del Poder Judicial debería formar parte del proceso de selección de la JNJ cuando se encuentra también cuestionado?] Ahí hay un problema que reconocer. Y probablemente lo más sensato hubiera sido que, ante estos cuestionamientos, la persona cuestionada se abstuviera”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El hecho que existan estas sindicaciones no quiere decir que tiene una responsabilidad penal ni que está comprometido con actividades delictivas, pero por eso yo creo que todo el formato, de la forma de la participación de la ciudadanía en todo este proceso es algo por donde el sistema ha cojeado”, apuntó.

Como se recuerda, la magistrada Fany Quispe remitió al fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón, un informe que resume y corrobora la confesión del colaborador 010A-2018 respecto a una supuesta estrecha relación que tuvo el empresario Salvador Ricci Cortez con los vocales César HinostrozaPariachi y José Luis Lecaros Cornejo para un presunto intercambio de influencias y favores.

NO PUEDE SER DESTITUIDO

En otro momento, el relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas estimó que podría no haber cambios significativos en la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, si es que uno de sus integrantes se negara a apartarse.

“A estas alturas me da la impresión que no hay nada que hacer. Creo que este proceso va a continuar, formalmente no hay forma de objetar la participación de quienes están haciendo este proceso de selección. Puede opinarse, pero creo que ahí va a quedar todo”, afirmó.

García-Sayán Larrabure adelantó que, aunque la Comisión Especial le solicite a José Luis Lecaros inhibirse del proceso, si este se negara, dicho colegiado no podría destituirlo.

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Espero que la Fiscalía no le crea a Sheput ni a Salaverry.

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