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¿Qué es una Constitución?

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Marcha protesta contra la corrupción

La Constitución expresa a los que mandan en una sociedad. El dilema es si mandan las élites o manda el pueblo.

¿Qué es una constitución? Esta pregunta está a la base del debate sobre la necesidad de una nueva constitución porque muchas veces se deforma, por parte de los adversarios de una nueva Carta Magna, el significado y el contenido de una nueva constitución.

Una constitución no es otra cosa que la expresión jurídica del poder, más específicamente, de la estructura de poder en una sociedad. Esta relación directa, entre sociedad, poder y constitución es la que invalida el argumento banal de que los cambios constitucionales no sirven para nada.

Lo que sucede es que determinados cambios en la relación entre poder y constitución pueden afectar a los que gozan del orden existente. Los cambios constitucionales por ello pueden ser muy importantes y ayudar a cambiar una sociedad. En este sentido, nos decía Ferdinand de Lasalle, una constitución no es otra cosa que el reflejo de una determinada correlación de fuerzas.

La constitución así, con más o menos intensidad, expresa a los que mandan en una sociedad. El dilema es si son las élites o el pueblo. Ahí está el detalle.

DEMOCRACIA Y ORDEN

Sin embargo, si se trata de una sociedad en la que el poder se ha democratizado, se busca que este se exprese como un acuerdo mayoritario en una nueva carta fundamental. Pero los acuerdos constitucionales no son, como les gusta a los liberales, solo la sumatoria de voluntades individuales sino principalmente la proyección de una hegemonía, ideológica y política, construida entre muchos, ciudadanos, colectivos y dirigentes, que se procesa en el tiempo y que se plasma constitucionalmente. La hegemonía, lograda en democracia, apela a la legitimidad intelectual y moral y es por ello que le da el contenido sustantivo a una constitución.

Pero la constitución como expresión jurídica del poder también establece un orden en la sociedad. Para empezar se trata de la norma jurídica suprema, la primera en la jerarquía normativa sobre leyes y reglamentos. Además, es el texto que le da sentido a los principios sobre los que se basa el régimen político.

Por ejemplo, los principios básicos de la modernidad en este campo como son igualdad, libertad, justicia y fraternidad, adquieren su contenido en los derechos que se señalan y en las instituciones que se diseñan en la parte orgánica de la constitución.

DE PAZ Y DE GUERRA

De esta manera, y por nuestra relación entre poder y violencia en el Perú, la experiencia de los últimos cuarenta años en constituciones, se ha expresado en una doble y opuesta forma: constitución como acuerdo de paz y constitución como declaración de guerra. La constitución de 1979 fue un acuerdo de paz entre los peruanos y la constitución de 1993 una declaración de guerra contra el pueblo.

A la constitución de 1979 se llega por una transacción entre el reformismo social de la revolución militar y el liberalismo de los partidos del orden que estaban ansiosos de regresar al poder. Esta constitución no expresa una hegemonía clara entonces, de allí su debilidad, pero tenía algo de legitimidad porque se trató de una constitución que se planteaba como la salida de una dictadura militar.

La constitución de 1993, en cambio, fue una constitución producto de un golpe de Estado que no buscaba un acuerdo sino, más bien, sacralizar el desacuerdo facilitando el camino para que el país entrara a un régimen autoritario. Carecía entonces y carece ahora de legitimidad democrática, por origen, contenido y ejecutoria.

A diferencia de la constitución de 1979, la de 1993 ha tenido la característica de expresar una hegemonía clara, pero neoliberal y antidemocrática, que ha buscado hacer pasar los intereses de unos pocos como los intereses de la mayoría.

Constitución Política del Perú

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

La tragedia es que la constitución de 1993, sacralizando el desacuerdo y estableciendo una hegemonía reaccionaria, ha sobrevivido en la formalidad democrática actual. Esto ha hecho que no se la identifique en la memoria colectiva del último cuarto de siglo con la dictadura de Fujimori y Montesinos sino con el supuesto auge económico que habría traído el neoliberalismo.

Recién con la ola de corrupción “descubierta” en los últimos dos años se empieza a ligar esta, específicamente la política, con las debilidades estructurales de un régimen de democracia neoliberal que ha producido un vaciamiento de la soberanía popular, dejando la cáscara democrática en las fauces del mercado.

Se producen así las condiciones para una nueva construcción hegemónica que esté a la base de un momento constitucional y eventualmente de una nueva constitución.

No nos debemos desesperar entonces y creer que lo único que hay que cambiar es el capítulo económico de la constitución de 1993 y/o introducir algunos derechos olvidados o negligidos en aquel documento, no.

Lo que se necesita es una nueva constitución que exprese desde la primera línea el poder de los ciudadanos que desean constituir nación y producir democracia, sin cortapisas, para todos. Cualquier maquillaje, aunque sea “constitucional” y suene bonito se lo come el monstruo neoliberal y regresamos a las mismas.

ALGO MÁS

Tenemos entonces la tarea de lograr una constitución que tenga un acuerdo mayoritario y que ponga el bienestar de los peruanos por encima de la ganancia particular de algunos individuos y corporaciones.

 

NICOLÁS LYNCH
OTRA MIRADA

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Política

Quieren deshacerse de fiscales Lava Jato

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

La noticia no es una novedad. Porque sabemos que Pedro Chávarry quiso hacer lo mismo el 31 de diciembre el año pasado. Pero el pueblo organizado se lo impidió protestando en las calles.

Sin embargo, hay algo que está bien claro: que el Congreso, a través de su presidente Pedro Gálvez Olaechea, y los cuellos blancos, en una simbiótica y bien orquestada jugada en pared, pretenden acorralar al presidente.

Esto, porque saben que Martín Vizcarra apoya el Equipo Especial Lava Jato, cuyas investigaciones están dejar peor parada de lo que está a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, a la cual se le ha ampliado las investigaciones como organización criminal.

Por ello, el presidente debe, cuanto antes, presentar la cuestión de confianza y acabar con el “me zurro” de Gálvez Olaechea, que en vez de extenderle la mano, descaradamente hace una labor de zapa al Ejecutivo.

LOS HERMANITOS CONTRAATACAN

“Los hermanitos se están reacomodando y contraatacando. Han visto que sus aliados políticos, el fujimorismo y el Apra, están ganando terreno en medio de la debilidad del presidente, y los fiscales supremos creen que ha llegado la hora de darle la estocada mortal a la lucha contra la corrupción”, dijo Glatzer Tuesta, director de Ideeleradio.

“No tengo la menor duda que esta es una acción que ellos han tomado en clara combinación o sintonía con la vacancia presidencial, es decir: todos están sobre un solo objetivo: traerse abajo la lucha contra la corrupción”, precisó.

“Lo que están haciendo es retomar el control del sistema de justicia del presidente de la República. Los fujimoristas y los apristas querían era manejar a Vizcarra como un monigote y que HinostrozaPariachi esté manejando sus cosas en el Poder Judicial y a Chávarry como Fiscal de la Nación. Este era el Plan A”, subrayó.

“Como Vizcarra no fue lo que pensaban, ellos empezaron en sus desesperación a dar manotazos de ahogados. Y ahora sienten que se están reconfigurando. Ya el Apra pidió la vacancia de Vizcarra, hoy día (ayer) Olaechea empezó contraatacando al presidente para que se rectifique por lo dicho en Tía María y los fiscales haciendo lo suyo”, comentó.

“Es un plan muy bien orquestado con un nivel de sintonía casi telepático. Debemos impedir que nos vuelvan a robar la justicia y es la oportunidad de elevar nuestra voz de protesta. Ojalá que el presidente se anime a usar su as y no se deje liquidar”, concluyó Tuesta.

OLAECHEA SABOTEA ADELANTO DE ELECCIONES

El jurista Guillermo Olivera Días opinó que efectivamente hay un juego en pared entre la mayoría fujiaprista-topos y los fiscales cuellos blancos, y que el presidente Vizcarra debe ya cerrar el Congreso e impedir más maltratos y juegos antidemocráticos.

“El mensaje de Pedro Olaechea es un sabotaje al proyecto de adelanto de elecciones del Poder Ejecutivo, al cual ni lo menciona siquiera. Al no mencionarlo inconstitucionalmente, no le está dando la preferencia que le brinda la Constitución en su artículo 105”, advirtió.

“El Poder Ejecutivo puede presentar un proyecto de reforma constitucional y el Congreso tiene la obligación constitucional de tratarlo con preferencia. En este caso ni siquiera ha movido un dedo respecto al referido proyecto”, alertó.

“Hace días se ha presentado el proyecto y Olaechea no ha convocado a la Junta de Portavoces para ver el trato que le deben dar, para agendarlo o para lo que fuere. Eso significa un sabotaje y gravemente dice que le está extendiendo una mano al presidente. No le está extendiendo la mano, se la está quitando, porque le está diciendo me zurro en su proyecto de adelanto de elecciones”, reafirmó.

“El presidente del Congreso se está zafando del cumplimiento de la Constitución. Esta haciendo una labor de zapa contra la norma constitucional. Eso no es para esconderlo y eso es lo que está haciendo Olaechea”, sentenció.

ALGO MÁS

“El presidente de responder mañana mismo (hoy) y debe enviar un escrito exigiendo que de inmediato se vea en el Pleno el proyecto de adelanto de elecciones, porque así lo pide absolutamente el pueblo”, concluyó Olivera.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Cuellos blancos quieren remover a Vela y Pérez

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

Los fiscales supremos Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez pidieron la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

La titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, y el fiscal Pablo Sánchez se opusieron al pedido. Vela Barba y Pérez Gómez no asistieron a la Junta de Fiscales Supremos porque tenían una reunión de trabajo, según argumentaron.

La solicitud fue presentada el pasado viernes durante la Junta de Fiscales Supremos. Gálvez señaló que Vela y Pérez habían defraudado al Ministerio Público y al Estado por “favorecer a Odebrecht”.

Esto debido a que ambos expresaron que se respete el acuerdo de colaboración con la constructora brasileña que solicitó la devolución de 524 millones de soles por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

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Política

¿Un gobierno de la CONFIEP?

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¿Un gobierno de la CONFIEP?

En medio de la confrontación Ejecutivo-Legislativo, y el posible adelanto de elecciones (o la renuncia de Vizcarra), se ha abierto la posibilidad de un gobierno de la CONFIEP, justo en el momento en que más lo necesitan las grandes corporaciones.

El distanciamiento de la segunda vicepresidente, Mercedes Aráoz, del presidente Vizcarra, y su insistencia de que no renunciara, abre en el actual escenario esta posibilidad, sobre todo si tiene el apoyo de grandes poderes económicos y mediáticos.

Esta fórmula podría resultar una “salida negociada” que provoque la renuncia de Vizcarra y que haga asumir “constitucionalmente” la presidencia a Aráoz. La jugada es posible aunque arriesgada.

Existe entonces la posibilidad de que se forme un nuevo triángulo de poder elitista con Aráoz a la cabeza en coordinación con el Congreso.

El plan exige que el Congreso siga presidido por el gran empresario vitivinícola Pedro Olaechea-Álvarez Calderón (grupo Tacama), con apoyo de la coalición fujimorista, que tiene detrás a Roque Benavides Ganoza (grupo Buenaventura, Yanacocha, Cerro Verde), el principal grupo minero nacional-extranjero del país; y que Mercedes Aráoz (segunda vicepresidenta, amiga de PPK y parte del grupo de consultoras corporativas que llegó al poder a las justas el 2016) no renuncie y asuma el poder.

La manera como Vizcarra le ha sacado el cuerpo a Tía María ha indignado a los inversionistas, que exigían a través de sus voceros (como en Las Bambas), una salida represiva presentada como “defensa del Estado de derecho”, lo que vuelca a la CONFIEP y las corporaciones que están detrás, banqueros y mineros, a buscar otra opción de gobierno que apoye su política de mano dura y no más investigaciones.

De ese modo se articularía el Ejecutivo con el Legislativo para demorar o descarrilar las investigaciones en curso del Poder Judicial, rechazando el acuerdo con Odebrecht para de esa manera impedir que fluyan las pruebas, que es parte del arreglo de esta gran coalición que afecta a importantes sectores de la gran empresa. En paralelo, se pondría énfasis en “la estabilidad” y “el retorno a la senda del crecimiento”, al mismo tiempo que se perfilarían medidas represivas.

Sería un gobierno provisional de la CONFIEP, que se forma justo en el momento que caen sus ganancias y se acrecientan sus temores, estando preocupados por el “ruido político” y las investigaciones judiciales que tocan a todo el Club de la Construcción, a varios de los principales estudios de abogados de asesoría corporativa, a numerosos tecnocracias que aprobaron los proyectos en la hasta ahora intocada Pro Inversión.

Ello sin dejar de mencionar al propio PPK, de quien hasta ahora se le tolera su detención domiciliaria como un preso más especial y cuyas investigaciones también pueden parar.

Es muy importante para las elites abogadiles y empresariales evitar por todos los medios que se juzgue un caso de conflicto de intereses en la medida que ocurre con notable frecuencia con la puerta giratoria. Hay que bloquear que se tenga un precedente.

El problema de esta opción es que desnuda el poder y podría generar una crisis de régimen si se genera una amplia oposición popular ante las influencias más abiertas de la CONFIEP, el freno a los esfuerzos anticorrupción y las medidas represivas.

 

FRANCISCO DURAND
 OTRAMIRADA.PE

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