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Pruebas del fraude electoral

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El Perú viene sufriendo elecciones fraudulentas desde el inicio de la República, la cultura social ha permitido que los votos se compren con aguardiente o un kilo de arroz, a veces con unas cuantas monedas, lo que ha hecho que los candidatos ganadores de la presidencia no siempre hayan sido el reflejo de la voluntad popular sino el resultado de la pobreza material y educacional de gran parte de la población.

Ha habido lapsos de la historia peruana en que ha habido una reacción colectiva que ha ocasionado la elección legítima de un gobernante que no recurrió a corromper la voluntad de los electores, fueron como chispazos de iluminación divina en la mente de los peruanos, que luego los dejaron para dar lugar otra vez a elecciones viscerales.

Desde las elecciones internas en los partidos, la mayoría simuladas y otras plagadas de corruptelas dirigidas a elegir al candidato de la cúpula, el Perú asistió a elecciones generales el 10 de abril del 2016, cargando como candidatos, el fruto del fraude preliminar de la voluntad popular: “Hecha la ley hecha la trampa”.

Nadie atendió las denuncias de fraude en los partidos, las amenazas de expulsión siempre las silencian, el abuso del poder se impuso proclamando a los candidatos presidenciales fraudulentos.

IRREGULARIDADES
La entrega de dinero a los dirigentes para que “traigan a los militantes a votar”, los chifas y almuerzos rociados de abundante cerveza y chicharronadas después de votar por el generoso pre-candidato, el ocultamiento de los lugares de votación a los militantes, concentrar la votación de tres distritos populosos en un solo lugar de votación inaccesible, padrones incompletos en los lugares donde no cuentan con apoyo popular, recortar el horario de votación sin avisar a nadie, para que solo lleguen a votar los militantes traídos por los dirigentes sobornados, dueños de las casas convertidas en centros de votación, hostiles a todo candidato que no sea el apoyado por la cúpula, cuya propaganda era la única colgada en las paredes. Otros repartiendo el voto pre-marcado en la fila de votantes, golpes a los personeros de otros pre-candidatos que protestaron, son solo algunos de los ejemplos de elecciones internas fraudulentas habidas en la campaña reciente, en que para colmo se exhibe como garantía democrática la supervisión de ONPE y los candidatos “elegidos” se rasgan las vestiduras hablando de honestidad.

Hemos permitido que el JNE mantenga en el proceso electoral a Keiko Fujimori, cuando somos testigos que transgredió el art. 42 de la Ley 30414 entregando dinero en todo el país en concursos de hip hop, existiendo prueba fílmica del 14 de febrero del 2016, donde no solo se aprecia a la candidata entregando los sobres con el dinero, sino que habla diciendo que han organizado esos concursos en todo el país, relievando que son ellos (Fuerza Popular) quien los ha organizado, apareciendo un representante de Factor K, como un asistente de apoyo organizativo de tales concursos, una cámara capta al joven ganador que abre el sobre y revisa los billetes que contiene.

FUJIMONTE-CINISMO
¿Necesita más pruebas la Dirección de Fiscalización del JNE? O es que hemos vuelto ya a la época del fuji-montesinismo, donde la característica era precisamente el cinismo para actuar en los medios judiciales y electorales, emitiéndose resoluciones como la que permite a Keiko Fujimori seguir amenazando al Perú con volver a traer la tragedia nacional que nos ocasionó ese gobierno nefasto.

Mucho se han preocupado de no permitir intervenir en el proceso electoral al MOVADEF, ¿Por qué no lo han hecho con organizaciones políticas que cambiando de nombre como de disfraz pretenden volver al poder para hacer daño a la nación con el comportamiento delictivo que los caracteriza? ¿Cómo se inscribió como partido Fuerza Popular en el plazo materialmente imposible de dos meses?

Las deficiencias del sistema judicial de nuestro país, el desenfoque fiscal y judicial de quienes debieron ser procesados penalmente e inhabilitados para la función pública por complicidad con la dictadura de la corrupción fujimorista, hasta en el Congreso, ha permitido que esa organización promovida por un clan familiar de conducta gravemente delictiva, se reconstituya y amenace a la nación con volver.

A igual razón igual derecho, dice el refrán jurídico que sintetiza el principio de igualdad ante la ley, derecho constitucional que una vergonzosa mayoría del JNE decidió vulnerar para mantener en la contienda a Keiko Fujimori, cuando por lo mismo sacó a César Acuña, esto, es FRAUDE ELECTORAL, pues evidencia parcialidad manifiesta con una de las candidatas, que puede transgredir la misma ley y gozar de impunidad y protección de los órganos electorales.

PREVARICATO Y SILENCIO
Las cédulas de votación pre-marcadas con el voto por Fuerza Popular y las pruebas fílmicas de personas haciendo marcar a la población las cédulas dos días antes de la elección a cambio de un envase de plástico y un calendario de Keiko, se han silenciado, pese a ser causa suficiente para invalidar las elecciones.

Al prevaricato de los miembros del JNE que firmaron la aberrante resolución que dijo que Keiko Fujimori no hizo lo que hizo, se suma el lastimoso silencio de la Fiscalía, que frente al probado delito de corrupción de la voluntad electoral de esta candidata, que data además de una acción delictiva continua desde hace 10 años, no ha formulado de inmediato denuncia penal ante el Poder Judicial. No ha habido ni un solo Fiscal que investigue de oficio la conducta prevaricadora de los tres miembros del JNE que firmaron la ilegal resolución.

Sugerimos a los organizadores de la Marcha Keiko No Va, se le complemente: EL FRAUDE NO VA, y no permitamos que los órganos electorales nos impongan elecciones fraudulentas con un ejercicio abusivo y pernicioso del poder.

Un señora fue condenada a 8 años de prisión por tirar una bofetada a un policía, a otra le pusieron 4 años por haber robado varias casas, a los miembros del JNE nadie los investiga por el delito flagrante de prevaricato que han cometido, a Keiko Fujimori le congelan la denuncia por corrupción de la voluntad electoral, la crisis del sistema judicial del país es evidente, lo que hace posible la gestación de fraudes electorales como el que vive hoy el Perú.

Hagamos todos los esfuerzos para no callar la corrupción, para no consentir el fraude electoral, no seamos cómplices del grave daño moral a nuestra nación. La mejor manera de combatir la corrupción es exhibirla ante los ojos de todos, porque es en la cobardía del silencio, en la oscura ambigüedad del alma de los hombres, en que se cobija y crece como monstruo capaz de destruir una nación.

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Política

Lo dejaron solo

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Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

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Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

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Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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