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Proyectos de inversión en tierras y territorios de pueblos indígenas

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Se han cumplido 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el instrumento normativo internacional más avanzado respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que, sin embargo, aún no garantiza la obligatoriedad en su cumplimiento por parte de los Estados; siendo necesario para ello adoptar un Convenio internacional que pueda proteger de manera efectiva a las poblaciones indígenas.

Mientras eso suceda estos diez últimos años han sido también un espacio de vulneraciones sistemáticas a los derechos de las poblaciones indígenas en nuestro país, que van desde los constantes conflictos territoriales por imponer alguna actividad extractiva, productiva o de infraestructura en tierras de comunidade, pasando por reformas legales sin participación que nos han llevado a conflictos como el de Bagua y llegando a nuestros días con impactos considerables a la salud por exposición de metales en pobladores de comunidades indígenas, siendo el caso de Cuninico en la Amazonía o Espinar en los Andes.

Pero ¿quiénes son los pueblos indígenas en el Perú y qué representan? Una de las respuestas nos puede llevar al 22 de octubre, fecha en que se realizará el censo nacional donde por primera vez se incluirá la pregunta de autoidentificación étnica, una primera iniciativa del Estado en que debemos ser muy cautos con los resultados; más aún en medio del racismo con el que convivimos. Pero más allá del número que en octubre muestre el censo, podemos decir también que existen 55 pueblos organizados en más de diez mil comunidades campesinas y nativas, propietarios y poseedores de cerca de la mitad de los 128 millones de hectáreas que posee nuestro país o mencionar que el 47% de los más de 73 millones de hectáreas de bosques estarían en territorios de las comunidades nativas y ribereñas en nuestra Amazonía.

De esas más de diez mil comunidades aún falta por reconocer sus derechos de propiedad colectiva a cerca de tres mil comunidades; pero además de las comunidades con título, más de la mitad no cuenta con una demarcación y georreferenciación de su territorio. Contar con esta información no ha sido o es de muy poco interés del Estado, puesto que al día de hoy no se cuenta con información oficial actualizada; a pesar del esfuerzo del Ministerio de Cultura a través de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, que busca un reconocimiento más cultural que territorial de los pueblos indígenas; un ejemplo de ello es que aproximadamente 3,300 comunidades campesinas no figuran en la mencionada base. Eso significa en la práctica, que si hoy no estás dentro de esa base de datos, simplemente no se aplican derechos colectivos. Derechos como la consulta previa, libre e informada, donde ha habido una resistencia por parte del Estado, presionado por los gremios empresariales de no consultar proyectos mineros en territorios de comunidades campesinas.

Y es que cuando hablamos de tierra y territorio de comunidades campesinas o nativas, inevitablemente nos encontramos con intereses de proyectos de inversión sobre esas mismas tierras. Al carecer el Estado de información de comunidades y un catastro comunal, la superposición de derechos sobre territorios de comunidades se ha incrementado, esta situación se generaliza para el resto de las tierras rurales. Para “resolver” dicho desorden territorial los últimos gobiernos han emprendido cambios legislativos que darían cuenta de una “contrarreforma agraria” con la finalidad de acceder por vía rápida a las tierras que sean necesarias para proyectos de inversión, cambios en las reglas de juego que si bien empezaron en los noventa, estos últimos cuatro años se han agudizado, perfilando una política clara por continuar reformas inconclusas; que coincide con la desaceleración económica por la caída de los precios de las materias primas que exportamos.

Desde el 2013 se han promovido a través de decretos supremos, leyes o decretos legislativos modificaciones profundas en los procedimientos, plazos, procesos y toda interferencia que pueda obstaculizar el acceso a la tierra para proyectos de inversión; los que han sido identificados como “paquetazos antiindígenas y ambientales”, las modificaciones llegan al extremo de flexibilizar procesos o procedimientos reiteradas veces. El problema no solo estaría en la flexibilización del proceso, sino en que únicamente se haga para tierras que sean de necesidad de un proyecto de inversión u obra de infraestructura.

Varios de estos paquetes normativos se articulan a través de un reciente proyecto presentado por el actual gobierno que crea una nueva institución: Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados- APIP, a cargo de PROINVERSIÓN, que sin experiencia alguna en esta materia, ahora sería la encargada de delimitar un predio, sanearlo, dirigir un proceso de adquisición rápida y si es necesario expropiar el predio, pasando por encima de las competencias del Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales, SUNARP y toda institución estatal designada para la formalización de la propiedad. Un auténtico atropello a la seguridad jurídica, no solo de las comunidades indígenas sino de todas y todos los propietarios de este país.

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Política

AG debe rendir cuentas a la justicia y a los peruanos

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Alan García Pérez

Travesía sin retorno. Parece que los viajecitos se le acabaron a Alan García, y tendrá que cambiar los barrios residenciales de Madrid por las apretadas calles del Cercado de Lima y las oficinas del Ministerio Público.

La decisión de José Pérez, fiscal de lavado de activos, de solicitar el impedimento de salida del país, ha sido calificada por diversos sectores como una buena señal de un sistema judicial que solía ser siempre condescendiente con AG.

RENDIR CUENTAS

El historiador Nelson Manrique declaró a Diario UNO que la medida del fiscal acaba de evitar que Alan García pueda fugarse de nuevo e invocar la condición de perseguido político, como hizo ayer, al igual que sus defensores apristas.

“Su juicio debe llevarse en un nivel que supere cualquier estándar internacional en términos de entereza o limpieza”, añadió.

Señaló que “es tiempo de que Alan García rinda cuentas al pueblo peruano de mil y un latrocinios e irregularidades con el que ha vivido de la política”.

INSULTOS

Recordó los antecedentes de Alan García, de huir alegando razones políticas para luego esperar la prescripción de sus delitos, como lo hizo tras su primer gobierno.

“Es la primera vez que se encuentra con una acusación consistente y fundamentada en el caso de los sobornos de Odebrecht. Y creo que su estado de ánimo lo ha delatado, porque ha insultado a los periodistas, cuando le han preguntado por las pruebas que lo acusan”, añadió.

Asimismo, destacó que con este informe IDL-Reporteros ha demostrado cuánto hay por investigar sobre Alan García y ha desnudado la otra cara del informe Lava Jato del Congreso, el papel encubridor de Fuerza Popular y el Apra para cubrir a sus líderes.

DEVUELVA LO ROBADO

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que ha sido una muy buena decisión del fiscal Pérez de solicitar el impedimento de salida del país, y espero que el Ministerio del Interior tome todas las precauciones en el asunto para que no hayan sorpresas.

“Es lamentable que la Comisión Lava Jato del Parlamento, no quiso involucrarlo pero eso no implica que el Ministerio Público tenga el hecho bien claro sobre las coimas generadas en la concesión de la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Eso está más que evidente, por eso creo que la justicia una esfuerzos y podamos llegar a la verdad”, aseveró.

DETENCIÓN PREVENTIVA

Wilbert Rozas, parlamentario del Frente Amplio, destacó la decisión del fiscal, que contrasta con el blindaje que se ha hecho en la Comisión Lava Jato en el Legislativo, al no denunciar a Keiko Fujimori y García.

“Hay todavía gente digna en nuestro país como lo es el fiscal Pérez o el juez Carhuancho. Y no solo debe pedir el impedimento de salida del país de García, sino también solicitar prisión preventiva para este señor”, añadió.

Según el congresista estamos hablando de una persona que sacaba decretos de urgencia precisamente para favorecer a la empresa Odebrecht.

“Y ya conocemos que le daba dinero bajo el estilo de las famosas conferencias que hacía Alan García. Lo importante es que a este señor le pagaban de la Caja 2, que estaba dedicada en exclusiva para pagar la corrupción”, enfatizó.

FIN DE LAS VACAS SAGRADAS

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que es una buena decisión la del fiscal Pérez porque García está involucrado en una serie de casos de corrupción y debe someterse a las investigaciones y asumir las consecuencias de los delitos cometidos.

Comentó que con decisiones como las del fiscal José Pérez, el pueblo volverá a confiar en la justicia, en“algunos funcionarios de la justicia que tienen una actitud firme de investigar y sancionar a los que han cometido actos de corrupción”.

Resaltó que esto puede ser el inicio para ponerle fin a las vacas sagradas, que siempre han estado acostumbradas a hacer lo que quieran.

“Eso también va a depender del respaldo de la gente y la movilización social en las calles. Porque (los corruptos) están tratando de mover todos sus tentáculos para quedar impunes y así bloquear o entorpecer cualquier investigación”, añadió López.

ALGO MÁS

El Poder Judicial anunció que el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción programa la audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país contra Alan García, por los delitos de lavado de activos y colusión agravada, para el próximo sábado 17 de noviembre a las tres de la tarde.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

El cuento de la persecución política

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Alan García Pérez

Alan García dijo que sufre persecución política porque él ha estado 49 veces en las fiscalías, en los juzgados y en el Congreso. “Y lamento mucho que se use este tipo de instrumentos para difamar a personas políticas”, afirmó.

En su empeño por politizar su situación penal, reiteró que hace unos días ha denunciado que se está produciendo una acumulación de poder que no es positiva para el país.

Señaló que en el mes de abril del año 1992–antes del autogolpe fujimorista-, el 80% de los peruanos encuestados decían que no había golpe de Estado porque no había un militar en el poder.

“Pero cuando veo que al Parlamento se le amenaza, se le arrincona y se le sanciona con la no reelección, cuando veo que eso no garantiza que después haya un mejor Congreso. También se ha descabezado al Poder Judicial, y luego cuando veo que se intenta capturar la Fiscalía de la Nación, por eso tengo derecho a preguntarme si no estamos yendo a una autocracia”, alegó, en sintonía con su aliada Keiko Fujimori, ya encarcelada.

Indicó que a él le contrató la Federación Industrial de Sao Paulo, y que eso se vincule ahora con un soborno o con la Caja 2 de Odebrecht le llena de absoluta sorpresa. “Lo rechazo, porque a mí me ha contratado la FISP a través de la agencia de contratación Espínola y no tengo nada que ver en ningún tema de soborno”, aseveró.

El caso es que Espínola ha confesado que pagó a García los 100 mil dólares por una conferencia, suma que no cobra ni siquiera un premio Nobel, por encargo de Odebrecht y con fondos de la Caja 2, dedicada a pagar sobornos bajo modalidades como la contratación de conferencias.

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Política

Pier Figari y Ana Hertz van también 36 meses tras las rejas por lavado

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Pier Figari y Ana Hertz

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó anoche prisión preventiva por 36 meses contra Pier Figari Mendoza y Ana Hertz Garfias, asesores de la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por graves sospechas de haber cometido el delito de lavado de activos en modalidad de ocultamiento, transferencia y tenencia de dinero ilícito, como miembros de una organización criminal.

El juez empleó más de cinco horas en dar lectura a su fallo, siguiendo el mismo formato de fundamentar los cinco presupuestos que exige el nuevo código de procedimientos penales para el dictado de la media cautelar de privación de la libertad de personas en condición de investigadas por delitos graves en el marco de la ley de organizaciones criminales.

ALTO NIVEL

Concepción Carhuancho consideró válido el criterio de la Fiscalía de que Hertz y Figari, además de ser miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular en el año 2011, también integraron el comité cerrado y secreto, presidido por Keiko Fujimori e integrado también por su asesor en la sombra, Vicente Silva Checa y otros.

Ese grupo generaba, formulaba y tomaba las principales decisiones, que después imponían a rajatabla a los demás organismos partidarios, incluyendo la bancada parlamentaria.

En cuanto a la vinculación de ambos con la recepción–tenencia de activos ilícitos, este hecho se da por su participación, a través de la llamada cúpula de la presunta organización criminal keikista que se infiltró en fuerza Popular, en la obtención del millón de dólares de Odebrecht para la campaña política del 2011.

LAVADO

Respecto a actos de transferencia de activos a lavar, se dan, según los elementos de convicción del Ministerio Público, porque Figari y Herz habrían ordenado la entrega de aportes ilícitos al congresista Rolando Reátegui para su blanqueo con donadores falsos del departamento de San Martín.

El juez Concepción no otorgó mayor importancia a los argumentos de ambos investigados sobre su arraigo familiar, laboral y domiciliario y le dio mayor peso a la capacidad de ambos de obstruir a la justicia y obstaculizar la actividad probatoria de la Fiscalía, sobre la base de su influencia y preponderancia sobre los integrantes de la bancada congresal de Fuerza Popular.

En ese sentido les enrostró capacidad para “articular redes de impunidad” mediante la captura de instituciones del Estado como el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial y coordinar acciones a través de redes sociales que iban más allá del rol normal de conversaciones entre un asesor y congresistas.

LOS QUE FALTAN

No obstante, el juez no relacionó a Figari ni a Hertz con el trasiego de 800 mil dólares de dinero de origen dudoso que el martes 13 confesó ante el fiscal el investigado Jorge Yoshiyama Sasaki.

En el procedimiento de prisión preventiva del “Caso Keiko”, que ya lleva 26 días, desde el 21 de octubre último, Figari y Hertz son la tercera y cuarta personas investigadas que van a prisión preventiva por 3 años.

Falta aun que el juez decida la suerte de otras siete, lo cual ocurriría en los próximos días. Ellos son: Augusto Bedoya, Jaime y Jorge Yoshiyama, Adriana Tarazona Martínez, Carmela Paucará Paxi, Luis Mejía Lecca y Giancarlo Bertini Vivanco.

A PRISIÓN

Los enviados a prisión escucharon el veredicto del juez Concepción con el rostro desencajado, pese a lo previsible del fallo. De pie intercambiaron algunas palabras y se dieron un abrazo de despedida, antes de que la policía los condujera a otros ambientes para el inicio de los trámites de su internamiento.

Ambos llegaron a la audiencia de la tarde una hora después de iniciada la lectura del fallo. Pier Figari, antes de ingresar, declaró que estaba preparado para ir a la cárcel “por sus ideas políticas” porque es inocente y eso le dará fortaleza para resistir el encierro.

CONCEPCIÓN SIGUE FIRME

El juez Concepción sigue resolviendo el tema de la prisión preventiva de los integrantes de la supuesta organización criminal keikista y continuará supervisando el caso.

Ayer la Segunda Sala Nacional de Apelaciones, o Sala Sahuanay, rechazó los recursos de recusación en contra del magistrado presentados por Vicente Silva Checa y Augusto Bedoya Cámere, por haber ordenado su detención preliminar en octubre último.

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