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Proteger, Respetar y Remediar

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Impactos de las empresas en los derechos humanos

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en junio del 2011; además decidió establecer un Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, compuesto por cinco expertos independientes elegidos por un periodo de tres años con el mandato de promover la implementación de dichos principios; se estableció también un Foro donde anualmente se discutirían tendencias y desafíos en la implementación de los mismos. Dos de los expertos del Grupo: Michael K. Addoy Dante Pesce están de visita oficial por primera vez en Perú, tras una invitación del gobierno peruano.

Sin duda, cada vez es más visible el impacto negativo de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos en el mundo entero. El 2005, el Secretario General de las Naciones Unidas encargó al profesor John Ruggie profundizar al respecto, lo que trajo como resultado en el 2008 el marco de “Proteger, Respetar y Remediar”; sobre estos tres pilares se desarrollan los treinta y un (31) Principios Rectores que rigen este instrumento.

El primero está relacionado a la obligación del Estado de proteger los derechos humanos mediante el desarrollo de políticas públicas adecuadas y regulaciones que garanticen derechos fundamentales; el segundo es la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos lo que significa que las empresas deben actuar con debida diligencia para evitar infringir los derechos de terceros y enfrentar los impactos adversos en los que están involucrados y el tercero es la necesidad de buscar el mayor acceso posible por parte de las víctimas a una remediación efectiva que pueda ser judicial o extrajudicial.

En el Perú ponernos a pensar en base a estos tres pilares: Proteger, Respetar y Remediar, es simplemente chocarnos con una devastadora realidad. Podemos analizar una gama diversa de casos de cómo es la relación de las empresas con los derechos humanos y evidenciaremos que en su gran mayoría ni el Estado protege, ni las empresas respetan y peor aún, en caso de violaciones de derechos ninguno de los dos remedian a las víctimas.

Remitámonos a la situación actual, donde el Estado los últimos cinco años, tanto en el gobierno de Ollanta Humala como en el actual del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ambos, han tenido un política agresiva de promoción de la inversión a través de la creación, modificación y derogación de normas jurídicas que flexibilizan procedimientos para el acceso a tierras o debilitan requisitos ambientales; que finalmente colisionan con el marco de protección de derechos humanos, ejemplo de ello es la Ley 30230 o el Decreto Legislativo 1333 recientemente derogado. Esto evidencia que el Estado está lejos de proteger los derechos humanos, sino al contrario realiza acciones concretas que terminan debilitando estándares mínimos de protección de derechos.

Vayamos al ámbito de las empresas que reunidas en gremios empresariales como es el caso de la CONFIEP han ido generando una opinión pública y presión gubernamental que muchas veces es contraria a los derechos humanos. Un caso concreto fue la resistencia a respetar el derecho humano a la consulta previa en actividades mineras, incidiendo en el Estado para que las poblaciones de comunidades campesinas no sean consultadas bajo la excusa de no ser pueblos indígenas. Esta oposición e incidencia directa y pública también han estado detrás de los cambios normativos denominados “paquetazos”, donde la CONFIEP ha cumplido un rol predominante en generar una corriente de opinión que no toma en cuenta la debida diligencia en los cambios normativos que promueve.

Por otro lado, hay muchos casos en los cuales habiendo habido violación de derechos por parte de empresas o Estado, estas la mayoría de veces no han reparado a las víctimas; un caso con más de 40 años de contaminación petrolera y sin remediación hasta el día de hoy es el de las comunidades de las cuatro cuencas en Loreto; así como este caso se pueden encontrar diversas violaciones contra el derecho a la tierra y territorio; al derecho a la consulta y el consentimiento previo; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud de los pueblos indígenas. Esto nos lleva a concluir que los Principios Rectores no consideran de manera explícita los derechos diferenciados de los pueblos indígenas.

Más allá de eso los Principios Rectores son actualmente insuficientes para controlar los impactos que las empresas transnacionales están teniendo sobre los derechos humanos y específicamente sobre los pueblos indígenas. Debemos saber que estos principios no son un instrumento jurídico y por tanto no crean obligaciones legales internacionales para las empresas, de la misma manera los principios son débiles con respecto a las obligaciones del Estado, ya que no están ancladas en tratados internacionales. La aplicación de los principios apela a la voluntariedad de las empresas y estas a su vez prefieren autorregularse a través de sus códigos de ética. Sin embargo el 2014 el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica que busca iniciar negociaciones a nivel mundial para el establecimiento de un instrumento de cumplimiento obligatorio para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos a escala global, aunque hasta ahora no haya muchas noticias al respecto.

Lo cierto es que para vigilar el cumplimiento de estos principios, dos de sus miembros del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, están de visita oficial al Perú, visita que concluyo el 19 de julio, tras 9 días de reunirse con empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil; en este último caso hubo un espacio donde se pudo presentar diversos casos vinculados a vulneraciones de derechos en actividades mineras, de hidrocarburos, agroindustriales, infraestructura, consulta previa, vulneraciones por parte de la empresa a defensores de derechos y violaciones de los derechos laborales. Para junio del 2018 se espera el informe oficial y final con sus conclusiones y recomendaciones presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos.

Mientras tanto, esperemos que el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos recomiende a las empresas nacionales y transnacionales que sus acciones relacionadas a la incidencia y la gestión de sus intereses (lobbies) no vulneren ni debiliten el marco de protección de derechos humanos. De la misma manera se recomiende al Estado, sea al Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, que sus acciones legislativas en la promoción de las inversiones privadas y públicas no vulnere, ni debilite el marco de protección del derecho internacional de los derechos humanos. 

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Política

Fiscal Pérez está bajo amenaza de Chávarry y de Fuerza Popular

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José Domingo Pérez Gómez

Según fuentes del equipo especial Lava Jato, lo sustancial de la demanda del IDL ante la CIDH, de protección al fiscal José Pérez, es la injerencia interna, desde el propio Ministerio Público con grado de obstaculización del trabajo jurisdiccional, mediante “investigaciones disciplinarias, penales, sin fundamentación real”, así como contra de su libertad de expresión.

Como consecuencia de sus investigaciones, en particular por el “Caso Keiko Fujimori”, Pérez está siendo sometido a los siguientes procesos disciplinarios y administrativos dentro de su institución:

Por opinar que Pedro Chávarry Vallejos no es la persona más idónea para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación, a los pocos días de que Chávarry fue elegido con su propio voto, tras un empate de dos contra dos en la Junta de Fiscales Supremos.

Por criterios académicos que expresó en un seminario sobre corrupción, realizado en Chihuaha, México, acerca de que los militantes de Sendero Luminoso hicieron “guerrilla” en el país durante el conflicto armado internos 1980- 2000.

Por la supuesta filtración a la prensa de preguntas y respuestas del interrogatorio al que sometió al mismísimo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre su relación con las bancada congresales de Fuerza Popular, del Apra, con Keiko Fujimori Higushi y con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, cuyo cabecilla era nada menos que su amigo el exvocal supremo César Hinostroza, hoy preso en una cárcel de Madrid, mientras se tramita su extradición.

INJERENCIA EXTERNA

La injerencia procede del Congreso. La Comisión de Defensa lo citó a interrogatorio sobre su criterio de los senderistas guerrilleros y no terroristas, pero no asistió debido a que se hallaba inmerso en la maratónica sustentación ante un juez de garantía, de su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices.

Asimismo, las presiones provienen también de integrantes del partido Fuerza Popular, quienes junto a asesores de su lideresa planearon obstaculizar su labor.

RELACIÓN CHÁVARRY-FUJIMORISMO

El fiscal Pérez halló en la investigación del caso indicios de que la “persecución interna” estaría vinculada a la relación entre Fuerza Popular y el fiscal Chávarry, sobre la base de la protección que este grupo político y su aliado el Apra brindan a Chávarry ante cuatro graves denuncias constitucionales en su contra.

Esa relación, que en gran parte es pública, llevó al fiscal Pérez a interrogar judicialmente al propio Chávarry, sacando en claro que el vínculo entre él y Fuerza Popular es el funcionario coordinador entre la Fiscalía de la Nación y el Congreso.

Sobre la situación de Pérez, su jefe Vela Barba dijo antenoche: “No es el mejor clima para enfrentar una investigación de esta envergadura. El fiscal Domingo Pérez tiene que eventualmente responder a la amenaza de cualquier sanción por inconducta funcional que no está justificada”,

FISCAL VELA

Las presiones internas contra el fiscal supervisor del megacaso Lava Jato, Rafael Vela Barba, son de reciente data, desde la audiencia de prisión preventiva del “Caso Keiko Fujimori” y coincidentemente con el enfoque del equipo Lava Jato en el “Caso Alan García”.

Fue entonces que el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y Extradición, inició una reyerta epistolar interna contra Vela Barba, acusándolo de filtrar a la prensa información reservada de los casos en investigación.

La réplica de Vela Barba responsabilizó a Peña Cabrera de difundir información llegada de Brasil y de entorpecer los pedidos de interrogatorios de testigos y colaboradores brasileros, para favorecer a determinados políticos investigados.

De eso, y considerando que Peña Cabrera es brazo derecho de Chávarry, varios medios de investigación periodística, entre ellos Diario UNO, dedujeron que la estabilidad del equipo Lava Jato peligraba y que el Fiscal de la Nación podría reemplazarlo en cualquier momento.

LAS FISCALES CHALACAS

Sandra Castro Castillo, fiscal provincial contra el crimen organizado del Callao, y Rocío Sánchez Saavedra, fiscal contra delitos de corrupción de funcionarios, tienen a su cargo la investigación de los casos acumulados “CNM audios – Cuellos blancos del puerto”.

En ese camino, participaron en el procesamiento de cientos de grabaciones que revelaron el segundo caso de gran corrupción de lo que va del siglo en el sistema judicial (CNM, Poder Judicial y Ministerio Público con vinculaciones con la ONPE y la Federación Peruana de Fútbol).

Ellas dirigieron la razia que llevó a la cárcel al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y a otros 21 involucrados y presentaron ante el entonces fiscal Supremo, Pablo Sánchez, la lista de 13 magistrados de alto rango y con derecho a antejuicio, a fin de que sean investigados y denunciados constitucionalmente como miembros de la banda “Los cuellos blancos del puerto”.

Y no vacilaron en incluir en esa lista al mismo Fiscal de la Nación, y a los dos fiscales supremos que lo sostienen en el cargo.

Desde entonces, la administración del Ministerio Público no las apoya, el propio Chávarry les da encargos adicionales que les impiden dedicarse a su caso principal y, como ocurre con Pérez Gómez, pende sobre sus cabezas la posibilidad de que, con motivo de un nuevo ejercicio judicial, sean cambiadas, lo que obstruiría el proceso.

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Política

Sala resolverá en dos días la apelación de Keiko y keikistas

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Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

Mañana viernes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por el vocal superior César Sahuanay, escuchará a las partes en la audiencia de apelación contra la orden de prisión preventiva durante 36 meses impuesta a los keikistas Vicente Silva Checa, Alberto Mejía Leca y Giancarlo Bertini de Vivanco.

El primero, Vicente Silva, es imputado como presunto miembro del núcleo duro de la presunta organización criminal que habría realizado lavado de activos con fondos ilícitos en la campaña presidencial del año 2011.

El segundo, Alberto Mejía, expersonero legal de Fuerza Popular, ayudó a evitar que los falsos aportantes de dinero a Fuerza Popular dijeran la verdad a la justicia.

Giancarlo Bertini, ayudo a Jorge Yoshiyama a “pitufear” medio millón de dólares, dinero proveniente de Jaime Yoshiyama. Nunca dio la cara a la Fiscalía y poco antes de que ordenaran su carcelería, fugó a Bolivia.

Al día siguiente, el sábado 15, la Sala Sahuanay verá los casos de prisión preventiva de Keiko Fujimori y el también prófugo JaimeYoshiyama

El mismo día a las 2 p.m. verá los casos de los asesores de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

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Política

Piden a CIDH que impida cambio de fiscales Lava Jato y “cuellos blancos”

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Rocío Sánchez Saavedra - José Domingo Pérez Gómez - Rafael Vela Barba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está procesando una solicitud de medida cautelar protectora presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) a favor del equipo especial Lava Jato y de las fiscales del caso “Los cuellos blancos del puerto”, contra interferencias externas e internas que afectan sus investigaciones.

Según el IDL, la demanda fue presentada el 16 de octubre por iniciativa propia y sin previo aviso, inicialmente a favor del fiscal José Domingo Pérez, a raíz del acoso al que lo han sometido el fiscal de la Nación Pedro Chávarry y sus subalternos.

El 10 de diciembre, el IDL envió a la CIDH información adicional y solicitó la ampliación de la medida cautelar a favor del fiscal superior, supervisor del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, estas dos últimas encargadas del caso “CNM audios – Los cuellos blancos del puerto”.

La medida cautelar tiene las siguientes finalidades:

Que cese la interferencia, sea interna o externa, en el desempeño de la labor de los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo,

Evitar la remoción de los fiscales mencionados respecto a las investigaciones que tienen a su cargo.

Resguardar la integridad de los fiscales y de sus familias.

El IDL precisó en un comunicado que la medida cautelar de protección de los magistrados se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 25 del reglamento de la Comisión IDH, dado que los fiscales estaban siendo violentados en el ejercicio libre e independiente de su labor fiscal.

Así mismo, señala: “La urgencia de proteger a los fiscales que investigan los casos Lava Jato y CNM Audios ya había sido expuesta a los miembros de la Comisión Interamericana el 1 de octubre, en el 169 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, llevado a cabo en Boulder, Colorado, Estados Unidos”.

CONTRA CHÁVARRY Y CONGRESO

Aunque los blancos del pedido son el fiscal Chávarry y el Congreso, la demanda fue interpuesta contra el Estado Peruano, el que, a través del Ministerio de Justicia, ya ha recibido el expediente, para que lo conteste ante la Comisión IDH.

Luego de eso, el organismo interamericano podría emitir su decisión en cortísimo tiempo en condición de recomendación al Estado Peruano.

En caso de no atención, la Comisión llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podría dictar las mismas medidas con carácter de obligatorio cumplimiento.

EL ESTADO PREPARA RESPUESTA

Por eso, el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichich Loli, ha solicitado urgentemente la información pertinente al Ministerio Público respecto a las medidas de protección que se le han otorgado a José Domingo Pérez, ante las presiones que dice estar soportando, aún si estas provienen del propio Fiscal de la Nación y de órganos subalternos de esa institución.

A pedido de la Comisión IDH, Mijichich también ha pedido que se le informe sobre la investigación que el Fiscal de la Nación abrió contra los congresistas de Fuerza Popular que obstruyeron el allanamiento de dos los locales de ese partido político con la debida autorización de juez, en el caso de lavado de activos con fondo ilícitos de la campaña presidencial del 2011.

El carácter urgente del pedido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ver, aparentemente, con los trascendidos sobre la eventual intención del fiscal Chávarry de separar de los importantes casos que manejan a Pérez, Barba y las fiscales chalacas.

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