Presunción de culpabilidad senil

Los legos en jurisprudencia, reales o bambas, nos hemos preguntado repetidas veces: ¿por qué razón, los procesados deben demostrar ante los tribunales su inocencia, cuando las normas internacionales (romanas o de Azángaro) señalan que son los justicieros, quienes deben probar la culpabilidad?

El raro fenómeno es común en nuestro país y, cosa curiosa, no sólo juega en los recintos judiciales, sino que se manifiesta como cosa normal y común en todas las entidades públicas, llegándose al extremo de presumir la culpabilidad.

El ejemplo más contundente tiene como víctimas a los cesantes y jubilados de las entidades estatales y para estatales. En efecto, los viejos ex trabajadores públicos, enfermos y dolientes lógicos por el paso del tiempo, para cobrar sus pensiones están sometidos a una serie de requisitos que rayan con la máxima indolencia y falta de respeto del Estado. Ellos, deben acreditar repetidas veces, con certificados policiales, que siguen en este mundo, ir a retirar las boletas de pago mensualmente, bajo riesgo por incumplimiento de ser borrados de la lista de cancelación o extender cartas notariales para que terceros hagan dicha tarea; amén, de reinscribirse anualmente.

A diferencia de todos los países del mundo civilizado que cuidan a sus mayores y entregan las pensiones a domicilio, la burocracia nacional, goza en hacer la vida más dura a la tercera edad, como si en el futuro, no les ocurrirá lo mismo.

Toda esta mixtura de aberraciones, nace en la presunción de culpabilidad que tiene el Estado sobre sus ex servidores. Increíblemente, se presume –no hay otra explicación– todos los pensionistas y sus familiares son delincuentes potenciales, que cobrarán pensiones de fallecidos; y por tanto, como ya han ocurrido casos singulares, es más sencillo y práctico, adelantar un mal juicio sobre miles de viejitos y joderles la vida pese a ser gente decente y respetuosa de las leyes. Claro, es difícil hacer funcionar la Asistencia Social y meter a la cárcel a quien delinque, como sería lo justo y razonable.

Nuestra triste realidad, justifica el adagio de “pensar mal para acertar”. ¡Y vaya que la vox pópuli nos conduce a vivir en todo momento con el condimento de la sospecha! Si las leyes son interpretativas o convalidan las normas correctas de la vida comunitaria, bien podemos explicarnos lo que ocurre en manos de la mal socorrida Justicia Peruana y la administración pública. Terminaremos dudando por malhadada previsión, hasta de nuestras creencias ancestrales. ¿Inocentes en el Perú?. Solo en el medio día del 28 de Diciembre. ¡Que viva Herodes el Grande!