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Precisiones sobre lesa humanidad

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“Ninguna persona es una isla; /la muerte de cualquiera me afecta, /porque me encuentro unido a toda la humanidad; /por eso, /nunca/preguntes por quién doblan las campanas; /doblan por ti”.

Estos versos del poeta inglés John Doone, que inspiraron el título de la novela “Por quién doblan las campanas” de Ernest Hemingway, grafican de manera elocuente el sentido ecuménico de la vida, por lo que no existe civilización ni cultura que deje de protegerla.

Desde los tiempos bíblicos se estableció como uno de los principales mandamientos de la Ley de Moisés el “No matar”, porque la muerte de una persona hiere profundamente a toda la humanidad. Más aún si se trata de población indefensa que es aniquilada por la acción armada de miembros del aparato coercitivo del Estado, a quienes las víctimas confiaron el resguardo de su vida e integridad física.

Este tipo de muerte alevosa es considerado como delito de lesa humanidad, porque lesiona el más elevado bien jurídico protegido por la sociedad y el derecho. En virtud de ello –y luego de grandes conflictos- el mundo moderno ha ido creando instrumentos legales de nivel internacional para proteger la vida y sancionar a los criminales que atentan vilmente contra ella, desde los aparatos de poder del Estado.

Uno de los primeros instrumentos es el Estatuto del Tribunal de Nuremberg de1945, que en su artículo 6 inciso c), determina que el asesinato y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil constituyen delitos contra la humanidad, a fin de sancionarlos con las penas más severas. La validez general y universal de esta disposición fue consagrada al año siguiente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 95, determinándose la perseguibilidad internacional e imprescriptibilidad de esos delitos.

De acuerdo a la jurisprudencia internacional, recogida posteriormente por el Estatuto de Roma, la característica de estos crímenes es que se realizan teniendo el autor la condición de alto miembro del poder del Estado, se efectúa en forma de ataque generalizado y sistemático contra la población civil indefensa, y, se producen en un contexto de conflicto interno.

A luz de lo actuado, probado y discutido en el respectivo proceso penal, estas son las características que en nuestro país rodearon los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, por lo cual fue sentenciado el expresidente Alberto Fujimori. En igual calificación se había pronunciado antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 29 de noviembre del 2006, parágrafo 225.

No está de más indicar que, en nuestro país, ya el Tribunal Constitucional había calificado también esos hechos como delitos de lesa humanidad (sentencia del caso Vera Navarrete, parágrafo 25, del 09 de diciembre del 2004, y sentencia del caso Martin Rivas, del 29 de noviembre del 2005, parágrafo 81).

De modo que en el actual escenario en que el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski viene “estudiando” el indulto a Alberto Fujimori, y escuchándose voces áulicas afirmando que tal medida constituye una “decisión exclusiva” del mandatario, debemos puntualizar que al haber sido condenado Fujimori por delitos considerados de lesa humanidad, el indulto está prohibido, a la luz de la jurisprudencia e instrumentos del Derecho Internacional.

Así lo determinó la sentencia de la Corte Interamericana del 29 de noviembre del 2006, mencionada en anterior párrafo. En el mismo sentido lo hizo en el caso Huilca Tecse, del 03 de marzo del 2005, parágrafo 108. En el caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname, sentencia del 15 de junio del 2005, parágrafo 206, se incide en que las amnistías y los otros excluyentes de responsabilidad, son inadmisibles ya que contravienen derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De manera más específica, la sentencia del caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, del 12 de setiembre del 2005, en cuyo apartado 97 se explicita claramente que “el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria”.

El Perú es signatario de la Convención Americana de los Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, por lo que se encuentra obligado a respetar las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, evitando el indulto político al expresidente Fujimori, ya que ello significaría suprimir los efectos de la sentencia condenatoria que viene cumpliendo.

Al presidente de la República le corresponde cumplir los tratados internacionales, por mandato del artículo 118 inciso 1° de la Constitución Política, porque son parte integrante de nuestro sistema jurídico nacional, en atención a lo dispuesto por el artículo 55 de la misma Carta Magna.

El Perú no es una isla, ni el presidente Kuczynski un monarca que puede decidir el destino de la justicia a su libre albedrío, sus decisiones deben estar enmarcadas dentro de los parámetros constitucionales. No hacerlo es asumir el riesgo de incurrir en infracción Constitucional.

Javier Ríos Rojas de 08 años de edad, acribillado a balazos en Barrios Altos, también es parte dolorosa de nosotros, también es parte de la humanidad.

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Política

Acorralado, Congreso apura el paso para eludir cuestión de confianza

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Daniel Enrique Salaverry Villa y congresistas de fujimoristas de Fuerza Popular

En la confrontación por la demora intencional de las reformas judicial y política, agudizada anteayer por la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra, el Congreso reaccionó aprobando con inusitada velocidad dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y empezó a discutir la referida a la bicameralidad

Sin embargo, paralelamente a esta línea de aparente cumplimiento veloz, la presidencia del Congreso, a través de la Junta de Portavoces, empezó a desplegar otra línea de contención ante la cuestión de confianza y su consiguiente opción de la disolución en caso de que esta sea rehusada.

Una escopeta de dos cañones que trata de demostrar que no es necesaria ninguna cuestión de confianza para obligar al Congreso a que acelere su trabajo y que el camino escogido por el presidente Vizcarra es improcedente y supuestamente atropella la autonomía del Legislativo y la independencia de poderes.

La jornada congresal se inició poco después de las nueve de la mañana con la reunión urgente de la Junta de Portavoces la que, a eso de las once de la mañana, culminó acordando lo siguiente:

ACUERDO UNO

Discutir en el Pleno los dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con celeridad sorprendente por las comisiones de Constitución y de Justicia, las mismas que la semana pasada se habían entrampado, debido a desacuerdos aparentemente irresolubles.

ACUERDO DOS

Responder, ayer mismo, mediante un escrito, el Decreto Supremo Nº 097- 2018-PCM con el cual el presidente Vizcarra convocó a sesión extraordinaria del Congreso para mañana miércoles, para que reciba el pedido de cuestión de confianza del presidente del Consejo de ministros, respecto a:

“Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada medianteDecreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

ACUERDO TRES

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocará de oficio (o sea por su cuenta, sin tomar en cuenta la convocatoria constitucional del Jefe del Estado) al primer ministro César Villanueva para que mañana miércoles a las 9 a.m. explique al Pleno la cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra como forma de presión para acelerar las reformas y el referéndum.

ACUERDO CUATRO

El Congreso se compromete a aprobar hasta el 4 de octubre los cuatro proyectos de reforma constitucional: la reorganización del CNM, la bicameralidad, la no reelección inmediata de congresistas y el control al financiamiento privado a partidos políticos.

SEGUNDO PEDIDO DE CONFIANZA

En medio de duras críticas de las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo al DS 097, por supuestas fallas de “fondo y forma”, los observadores esperaban que la presidencia del Congreso rechazara la convocatoria del Jefe del Estado a la sesión extraordinaria de mañana y optara por convocar al Pleno al premier Villanueva solo a explicar, pero no a presentar la cuestión de confianza, en el contexto de que el reglamento del Congreso impide la presentación de este mecanismo de control político.

Sin embargo, al parecer el régimen de Vizcarra le ganó en velocidad al legislativo, puesto que mientras la Junta de Portavoces se reunía, el premier César Villanueva envió el oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, al presidente del Legislativo Salaverry, remarcándole que el pedido de confianza planteado por el presidente Vizcarra es el segundo, con todo lo que eso significa.

Villanueva no fue delicado en su oficio. Acusó al Congreso de haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos presentados y dejó en claro que este segundo pedido de confianza no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso. Así mismo, pidió que el Pleno reciba al Consejo de Ministros a las 8 de la mañana del miércoles 19.

Es posible que esta comunicación haya frustrado la aplicación del acuerdo dos de la Junta de Portavoces y que la presidencia del Congreso haya preferido contemporizar la confrontación decidiendo a nivel de su partido Fuerza Popular, principal opositora del régimen, que sus delegados asistan a la reunión convocada por el Jefe del Estado con los portavoces de las bancadas legislativas, a las 5 pm en Palacio.

VA LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Al mediodía, luego de la Junta de Portavoces, la congresista fujimorista Ursula Letona, declaró que el DS de convocatoria a sesión extraordinaria de Vizcarra, tiene errores e interpretaciones “inconstitucionales”. Su colega de bancada, Alejandra Aramayo, se atrevió a decir que el dispositivo contiene “infracciones constitucionales”.

Sin embargo, al término de la reunión palaciega, cerca de las siete de la noche, Mauricio Mulder informó que la reunión con el Presidente había sido positiva y que tal como se habían desarrollado los acontecimientos, no veía problema para que el Congreso concediera la confianza que mañana solicitaría Villanueva.

Letona, en la misma línea dijo que explicaron al Presidente el avance de las reformas, que de la confianza nadie habló en la reunión y que el premier Villanueva y el gabinete serían bien recibidos y escucharían sus razones respecto a su pedido de confianza.

REGRESO DEL SENADO

En tanto lo anterior ocurría en la Plaza de Armas, en el Congreso, presos de una energía nunca antes vista, los miembros de la Comisión de Constitución entraron al debate del segundo punto de la reforma política: la bicameralidad o la creación de la cámara de senadores.

Sobre el tema, si no lograban ponerse de acuerdo ayer, podrían hacerlo en las primeras horas de hoy, de tal modo que el Pleno podría debatir dos de las cuatro reformas propuestas por Vizcarra.

LAS MÁS DIFÍCILES

Si esto ocurre, quedarían pendientes las reformas más problemáticas en función de los intereses personales de los congresistas y los de sus agrupaciones: la no reelección de los legisladores, la que tiene más apoyo ciudadano, por el desprestigio del Legislativo, y el financiamiento de las organizaciones políticas, tema intocable para el fujiaprismo.

No obstante, el propio presidente del Congreso había establecido el 4 de octubre, como fecha máxima de aprobación de todas las reformas.

ALGO MÁS

Sin embargo, en el Congreso hubo absoluto silencio sobre el referéndum, sobre todo en la oposición parlamentaria, y sobre su fecha de realización, el sábado 8 de diciembre.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Cardenal, regiones y Poder Judicial apoyan a Vizcarra

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Pedro Barreto

Personalidades políticas, religiosas y representantes de otros poderes del Estado, se sumaron al sólido respaldo ciudadano que recibió la decisión del presidente Martín Vizcarra de plantear ante el Congreso la cuestión de confianza respecto a las reformas judicial y política, que tienen como objetivo frenar y reducir el alto nivel de corrupción que afecta al país.

De la curia católica expresaron su apoyo el cardenal Pedro Barreto y el presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga hizo lo mismo, así como también la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que emitió un pronunciamiento en ese mismo sentido.

EL CARDENAL

En una entrevista a la agencia de prensa alemana, Deutsche Welle, el cardenal Barreto dijo que la cuestión de confianza planteada por el mandatario Martín Vizcarra, es una expresión altamente democrática.

Añadió que la medida apunta a“conseguir lo más pronto posible plasmar medidas que tiendan a la reducción del alto nivel de cuestionamiento a los poderes Legislativoy Judicial, por el tema de la corrupción, añadiendo que el mandatario cuenta con el respaldo total de la Iglesia para realizar las reformas.

PRESIDENTE DE CEP

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, felicitó al mandatario Vizcarra, vía Twitter, por la iniciativa de la cuestión de confianza, por considerarla una acción necesaria y fundamental para luchar contra la corrupción destapada desde julio a través de los “CNM audios”.

El religioso escribió: “Haciendo eco del clamor de la población, saludo y felicito al presidente Martín Vizcarra por su mensaje en el que plantea la cuestión de confianza al Congreso para la reforma del sistema judicial y político en la lucha contra la corrupción.

PODER JUDICIAL

En la coyuntura también se manifestó el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, al lado del mandatario Martín Vizcarra, expresando su esperanza de que la cuestión de confianza acelere las reformas y contradijo a quienes califican al Jefe del Estado de golpista, y señaló que eso está fuera de lugar.

Ante los medios de prensa dijo: “El Poder Judicial sigue con la expectativa de que estas propuestas legislativas deben tener un resultado”.

“Confío en que lo que viene aconteciendo en estos dos últimos días debe llevarnos a todos los que tenemos responsabilidades en el Estado a entender que hay una perspectiva a nivel nacional para que se dé un plazo razonable a los cambios que la justicia espera”, añadió.

GOBIERNOS REGIONALES

En el marco de los lineamientos institucionales sobre la encrucijada nacional, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) dio en un comunicado su “total respaldo al señor presidente Martín Vizcarra por la decisión de plantear cuestión de confianza ante el Congreso de la República, a efectos de iniciar la ansiada reforma judicial y política, que toda nuestra nación peruana requiere y así lo exige”.

URRESTI

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, también felicitó al jefe del Estado Martín Vizcarra por la decisión tomada. “Felicitaciones, señor Presidente. Luchemos realmente contra la corrupción apañada y defendida por la ‘Sra. K’”, escribió el polémico general en Twitter.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Titular del TC pide serenidad ante situación

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Ernesto Blume

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, hizo un llamado a la serenidad y a continuar con la búsqueda de consensos, tras la presentación de la cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso para aprobar la reforma política y judicial.

“Quiero hacer un llamado a la serenidad, al diálogo y a la búsqueda de consensos para superar esta situación; el sistema constitucional es un sistema potente que permite solucionar todos los problemas que se puedan presentar”, afirmó.

“El Perú es capaz de solucionar cualquier problema”, dijo a la prensa tras exponer el presupuesto del tribunal para el próximo año.

Blume destacó que el Perú cuenta con 23 años de democracia continúa y la sucesión de siete presidentes, en el marco de la Constitución.

“Debemos seguir siempre pensando en la unidad, con serenidad, una apertura al diálogo y un espíritu real de búsqueda de consenso”, explicó.

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