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Precisiones sobre lesa humanidad

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“Ninguna persona es una isla; /la muerte de cualquiera me afecta, /porque me encuentro unido a toda la humanidad; /por eso, /nunca/preguntes por quién doblan las campanas; /doblan por ti”.

Estos versos del poeta inglés John Doone, que inspiraron el título de la novela “Por quién doblan las campanas” de Ernest Hemingway, grafican de manera elocuente el sentido ecuménico de la vida, por lo que no existe civilización ni cultura que deje de protegerla.

Desde los tiempos bíblicos se estableció como uno de los principales mandamientos de la Ley de Moisés el “No matar”, porque la muerte de una persona hiere profundamente a toda la humanidad. Más aún si se trata de población indefensa que es aniquilada por la acción armada de miembros del aparato coercitivo del Estado, a quienes las víctimas confiaron el resguardo de su vida e integridad física.

Este tipo de muerte alevosa es considerado como delito de lesa humanidad, porque lesiona el más elevado bien jurídico protegido por la sociedad y el derecho. En virtud de ello –y luego de grandes conflictos- el mundo moderno ha ido creando instrumentos legales de nivel internacional para proteger la vida y sancionar a los criminales que atentan vilmente contra ella, desde los aparatos de poder del Estado.

Uno de los primeros instrumentos es el Estatuto del Tribunal de Nuremberg de1945, que en su artículo 6 inciso c), determina que el asesinato y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil constituyen delitos contra la humanidad, a fin de sancionarlos con las penas más severas. La validez general y universal de esta disposición fue consagrada al año siguiente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 95, determinándose la perseguibilidad internacional e imprescriptibilidad de esos delitos.

De acuerdo a la jurisprudencia internacional, recogida posteriormente por el Estatuto de Roma, la característica de estos crímenes es que se realizan teniendo el autor la condición de alto miembro del poder del Estado, se efectúa en forma de ataque generalizado y sistemático contra la población civil indefensa, y, se producen en un contexto de conflicto interno.

A luz de lo actuado, probado y discutido en el respectivo proceso penal, estas son las características que en nuestro país rodearon los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, por lo cual fue sentenciado el expresidente Alberto Fujimori. En igual calificación se había pronunciado antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 29 de noviembre del 2006, parágrafo 225.

No está de más indicar que, en nuestro país, ya el Tribunal Constitucional había calificado también esos hechos como delitos de lesa humanidad (sentencia del caso Vera Navarrete, parágrafo 25, del 09 de diciembre del 2004, y sentencia del caso Martin Rivas, del 29 de noviembre del 2005, parágrafo 81).

De modo que en el actual escenario en que el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski viene “estudiando” el indulto a Alberto Fujimori, y escuchándose voces áulicas afirmando que tal medida constituye una “decisión exclusiva” del mandatario, debemos puntualizar que al haber sido condenado Fujimori por delitos considerados de lesa humanidad, el indulto está prohibido, a la luz de la jurisprudencia e instrumentos del Derecho Internacional.

Así lo determinó la sentencia de la Corte Interamericana del 29 de noviembre del 2006, mencionada en anterior párrafo. En el mismo sentido lo hizo en el caso Huilca Tecse, del 03 de marzo del 2005, parágrafo 108. En el caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname, sentencia del 15 de junio del 2005, parágrafo 206, se incide en que las amnistías y los otros excluyentes de responsabilidad, son inadmisibles ya que contravienen derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De manera más específica, la sentencia del caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, del 12 de setiembre del 2005, en cuyo apartado 97 se explicita claramente que “el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria”.

El Perú es signatario de la Convención Americana de los Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, por lo que se encuentra obligado a respetar las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, evitando el indulto político al expresidente Fujimori, ya que ello significaría suprimir los efectos de la sentencia condenatoria que viene cumpliendo.

Al presidente de la República le corresponde cumplir los tratados internacionales, por mandato del artículo 118 inciso 1° de la Constitución Política, porque son parte integrante de nuestro sistema jurídico nacional, en atención a lo dispuesto por el artículo 55 de la misma Carta Magna.

El Perú no es una isla, ni el presidente Kuczynski un monarca que puede decidir el destino de la justicia a su libre albedrío, sus decisiones deben estar enmarcadas dentro de los parámetros constitucionales. No hacerlo es asumir el riesgo de incurrir en infracción Constitucional.

Javier Ríos Rojas de 08 años de edad, acribillado a balazos en Barrios Altos, también es parte dolorosa de nosotros, también es parte de la humanidad.

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Política

Total respaldo al juez Concepción Carhuancho

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Marcha movilización protesta y respaldo a Richard Concepción Carhuancho

La población volvió a salir a la calle en Lima, Cusco y otras ciudades, para expresar su rechazo a la separación del juez Richard Concepción Carhuancho del caso de lavado de activos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Y para exigir su reposición.

En Lima, el objetivo de esta manifestación frente a la sede principal del Poder Judicial fue defender a Richard Concepción ante esta injusta disposición.

Una bandera peruana inmensa cubría gran parte de la avenida Paseo de los Héroes Navales y muchos levantaban pancartas con el rostro de Carhuancho, en una expresión espontánea de apoyo con un plantón que fue convocado por los colectivos No a Keiko y Keiko No Va, entre otros, mediante las redes sociales.

Los manifestantes reclamaron que haya justicia, porque no es posible que los supuestos y demostrados corruptos hagan lo que quieran en nuestro país, y lo saquen porque él está avanzando firme en las investigaciones, según dijo un estudiante.

Carhuancho estaba representando a los jueces probos que luchan contra las mafias enquistadas en el Estado y las que han protegido a César Hinostroza y a Pedro Chávarry. Por eso la protesta de la población.

Marcha movilización protesta y respaldo a Richard Concepción Carhuancho

EN CUSCO

Otra gran movilización recorrió las principales calles del Cusco, lideradas e integradas por organizaciones estudiantiles, políticas y sociales, que expresaron su respaldo al trabajo firme del juez Concepción.

Algunos funcionarios del Poder Judicial le siguen haciendo daño al país, y pretenden castigar a este magistrado solo por haber ejercido su derecho a la libre expresión y decir una verdad que los peruanos la conocen. Por eso el pueblo cusqueño se movilizó.

ALGO MÁS

Representantes de diversas organizaciones ciudadanas, asistentes a las protestas, señalaron a Diario UNOque los próximos días se realizarán más movilizaciones y protestas hasta que el juez sea repuesto en este caso.

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Política

Tiene el camino jurisdiccional para revertir esta decisión

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José Luis Lecaros

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, lamentó la decisión que aparta al juez Richard Concepción Carhuancho de las investigaciones a Fuerza Popular e indicó que las partes tienen abierto el camino jurisdiccional para revertir esa situación.

“La presidencia del Poder Judicial lamenta que el juez Richard Concepción Carhuancho haya sido apartado del proceso a su cargo por dar declaraciones que no abonan a su labor como juez, ya que la fundamentación y firmeza de sus resoluciones hablan por sí mismas”, escribió en sus redes sociales.

Indicó que la presidencia del Poder Judicial, como ente administrativo, no tiene influencia ni responsabilidad en las decisiones jurisdiccionales adoptadas por sus jueces.

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Política

No hay argumentos para apartar al juez

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Julio Arbizu

El exprocurador anticorrupción Julio Arbizu señaló que no hay argumentos suficientes para que la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones decidiera apartar al juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación que se le sigue a integrantes de Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos mediante el caso cocteles.

No obstante, Arbizu señaló que, por ser una resolución judicial, debe ser respetada, pues se ha seguido una línea de argumentos. Pese a ello, remarcó que hay una serie de cuestionamientos sobre al menos uno de los integrantes de dicha sala judicial y “no cualquier cuestionamiento”.

Sobre la afirmación de que el juez no era imparcial, Arbizu recordó que “es el mismo juez Carhuancho que impuso prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia, con lo cual se muestra que no hay ningún sesgo ideológico, no hay argumentos suficientes para tomar esta decisión”, enfatizó.

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