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PPK y las perversiones del mercado eléctrico

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El sufrido usuario regulado, es decir, los millones de clientes eléctricos de baja tensión (BT 6) no lo saben pero lo sienten en sus bolsillos cuando mensualmente tienen que pagar los recibos eléctricos, los mismos que expresan los costos de generación, es decir, la producción de electricidad, los costos del transporte que se denomina transmisión eléctrica y por último, los costos de distribución, más una serie de cargos con el IGV correspondiente.

Lo que ignora el usuario al pagar sus facturas es que está asumiendo una serie de sobrecostos, subsidios, cargos, ineficiencias, financiando ganancias indebidas que nada tienen que ver con la libre competencia, y asumiendo una serie perversiones eléctricas a vista y paciencia del organismo regulador Osinergmin, que supuestamente está encargado de salvaguardar los intereses de los consumidores.

En nuestro país en la década de los noventa del siglo pasado con la dictadura fujimorista se adoptó la política del cangrejo en materia de la privatización de los servicios públicos. Es decir, primero se privatizaron las empresas eléctricas, y luego se crearon los organismos reguladores.

En especial debiera interesar analizar la privatización y la fractura de la integración vertical de la empresa estatal Electrolima, ahora dividida en Edegel, Edelnor ambas con la denominación de Enel, y Luz del Sur responsables de la generación y distribución de la energía en la ciudad capital, donde se concentra casi el 50 % del PBI y con más de 10 millones de habitantes, por tanto se constituye en el mercado más importante.

En tal sentido, el Osinergmin formalmente debe regular las tarifas eléctricas, apostar por la eficiencia del mercado, defender el interés público en especial de los clientes regulados que no tienen la capacidad de negociar libremente la compra de energía y por tanto la tarifa.

MERCADO DEPRAVADO
A pesar de la regulación, tenemos un sistema eléctrico perverso para los consumidores en general y regulados en especial, es decir “sumamente malo “, y “depravado” para los intereses de los clientes regulados, con una serie de distorsiones en el mercado que le cuestan anualmente cientos de millones de soles a los clientes regulados, que al final de cuentas financian las ganancias abusivas que obtienen un cogollo de empresas eléctricas de generación.

Para conocimiento del amable lector existen tres mercados que operan simultáneamente. El más importante desde el punto de vista social, es el mercado de los clientes regulados con más de 7 millones de usuarios que dependemos del servicio público para el suministro eléctrico. Con la regulación de las tarifas los usuarios regulados tenemos que pagar un promedio de US $ 65 dólares por megavatio hora, precio que incluye los costos de generación (G), transmisión (T) y distribución (D), siendo la participación de la generación el más importante con un 50 %, la transmisión un 20% y finalmente la distribución un 30%

CAPTURAR MÁS CLIENTES LIBRES
Existe un segundo mercado denominado de los clientes libres, es decir, el llamado “mercado libre” es aquel mercado donde un grupo de empresas con la fuerza suficiente pueden comprar directamente su energía, en volumen y precio, negociando con las empresas de distribución eléctrica (D) o con las propias empresas de generación (G), el suministro de energía.

Antes este mercado libre estaba conformado por no más de 400 empresas, destacando las mineras, grandes industrias, cementeras, bebidas, etc. que negociaban directamente el suministro de energía con las distribuidoras y/o empresas de generación. Esta realidad ha cambiado dando lugar a una “competencia desleal” por captar el mayor número de clientes libres, donde evidentemente saca ventaja el que ofrece la tarifa más baja a los clientes libres.

En los últimos años se han relajado los límites para ser calificado como cliente libre, y existe un promedio de 2,000 empresas que son consideradas clientes libres, es decir empresas que pueden negociar directamente, mediante un contrato privado, el suministro eléctrico. Evidentemente contratarán con aquel generador o distribuidor que ofrezca la tarifa más baja. Por ahora el cogollo eléctrico está ganando esta guerra por capturar la mayor cantidad de clientes libres.

Si antes un cliente libre pagaba un promedio de US $ 30 por MW/h, ahora paga menos entre US $ 20 a US 25, favoreciéndose de la “guerra de precios” que existe entre las empresas de generación que usan el gas de Camisea tales como Kallpa, Enel y Engie que en una competencia desleal declaran costos irreales, manipulados por el gas natural, como costo variable, con lo cual ganan mercado, capturan más clientes libres, y despachan prioritariamente en el mercado eléctrico, desplazando a otras empresas sea de generación o de distribución por más eficientes que se sean estas últimas.

GUERRA DECLARADA
En verdad, la situación en el sector eléctrico está que arde pues estas empresas de generación están obteniendo ganancias indebidas a vista y paciencia del regulador, del propio ministerio de energía y minas que tiene como ministra a una ex funcionaria de Kallpa y a un presidente como PPK que a través de sus empresas de Miami ha realizado diversas consultorías a Kallpa, una empresa con un crecimiento exponencial en el mercado eléctrico peruano.

Por ello, las generadoras eléctricas Kallpa, Enel y Engie mantienen una controversia con todas las demás empresas de generación sobre todo hídricas como ElectroPerú, Egenor, y con las empresas de distribución especialmente Luz del Sur del grupo Sempra responsable de la distribución de electricidad en Lima sur.

Es tal el nivel de controversia, que el gerente general de Luz del Sur Mile Casic, que no puede ser sospechoso de ideas socialistas ni crítico del modelo liberal, en un artículo publicado en el diario de Negocios Gestión (18/1/18) escribe que el DS Nº 043 aprobado justamente cuando era Viceministra de Energía la Dra. Angela Grossheim, supuestamente con el objetivo de superar las distorsiones del mercado eléctrico, estableciendo un costo mínimo en el precio del gas natural.

Al respecto el gerente de Luz del Sur adopta una posición crítica pues la normativa aprobada por el gobierno de PPK, resulta peor que la enfermedad. ¿Qué dice Mile Casic? “El D.S. 043, lejos de corregir las evidentes distorsiones del sector eléctrico, resulta un escandaloso favorecimiento a un grupo de generadoras térmicas que han venido manipulando sus declaraciones de costos variables para su propio e ilegítimo beneficio y en perjuicio de las hidroeléctricas, las distribuidoras y sobre todo de los consumidores pequeños.”

EL MERCADO DE CORTO PLAZO
Por último, existe un tercer mercado eléctrico, el llamado mercado spot o de corto plazo, altamente especulativo, donde participan en especial las empresas de generación eléctrica que están representadas por un cartel, el famoso COES Comité de Operaciones Económicas del Sistema Interconectado, que supuestamente debiera velar por la eficiencia del sistema, por el suministro seguro y oportuno.

Ello es particularmente importante pues en los últimos años en la economía peruana se ha estimulado artificialmente la oferta de generación mediante una serie de subsidios, cargos, privilegios que los asume mensualmente el cliente regulado cuando paga sus recibos de electricidad.

Ante el menor crecimiento de la economía peruana, y la postergación indefinida de los mega proyectos en especial de las inversiones mineras, existe una evidente sobreoferta en la capacidad de generación de electricidad que se estima en un 50 % de la potencia instalada. Por las propias características y perversiones del mercado eléctrico, una sobreoferta en la capacidad de generación no se expresa en menores tarifas, todo lo contrario las tarifas eléctricas siguen subiendo.

Tan es así, que más del 50 % de la capacidad de potencia de generación está en condiciones de sobreoferta, como reserva, y por tanto no produce electricidad, y las tarifas se ajustan hacia arriba. En particular con el gobierno de cosito Humala se recreó el famoso nodo energético del sur tanto en Mollendo (Arequipa) como en Ilo (Moquegua), se expandió una reserva fría, se fomentó la generación en energías renovables, tanto solares como eólicas, como pequeñas hidroeléctricas de 20 MW, asegurándoles un ingreso y una rentabilidad, que en última instancia la financiaba el sufrido consumidor.

En particular, debiera interesar la curiosa Prima RER, que se debe entender como un subsidio para las energías renovables, que lo asume el usuario regulado, y que aumenta en la medida que el costo marginal de producir una unidad adicional de electricidad se derrumba. Es decir, si el costo marginal no cubre la tarifa de las energías renovables la diferencia se financia con una prima, que sale de los bolsillos de los clientes regulados.

En teoría en el corto plazo el precio de la electricidad en lo referente a la generación está determinado por el costo marginal, o costo del último productor supuestamente el menos eficiente. Mientras más bajo sea el costo marginal, supuestamente se debiera favorecer al consumidor, pero ello no sucede en el mercado peruano, por las benditas primas o subsidios que se transfieren a las empresas del cogollo eléctrico. ¡A esto se le llama libertad de mercado!

En el mercado de corto plazo o mercado spot, el paraíso para las empresas del “cogollo eléctrico” las empresas Kallpa, Enel y Engie pueden declarar costos variables subvaluados e irreales, sin mayor supervisión ni auditoría de parte de la autoridad, mejor con el beneplácito del ministerio de energía y minas.

Por ello el proyecto de ley Nº 2320/2017-CR, denominado “Proyecto de Ley que restablece la eficiencia en generación y precios de electricidad garantizando tarifa justa para el usuario”, en los considerandos reconoce parte de las perversiones y privilegios de parte del cogollo eléctrico.

En dicho proyecto, se exponen las consecuencias de esta perversa y anómala realidad del mercado eléctrico que cuenta con el beneplácito de la actual ministra de Energía y Minas (ex funcionaria de Kallpa), donde en última instancia los sobrecostos lo asumen como siempre los clientes regulados, es decir los de menos recursos. En los considerandos del referido proyecto se reconoce que:

a) “El empleo de precios de gas natural mucho menores que los reales, ha llevado a una reducción artificial de los costos marginales de corto plazo de la energía.

b) “Puesto que, de conformidad con la legislación vigente y los contratos suscritos con los generadores adjudicatarios de proyectos PER (energías renovables) si el costo marginal no

es suficiente para pagar la prima pactada, la diferencia será cubierta por las tarifas que paguen los Usuarios Regulados, el menor costo marginal supone un perjuicio para estos últimos, que deben cubrir las diferencias entre costos marginales subvaluados y el Cargo Prima RER”.

Ángela Grossheim Barrientos

EN EL CONGRESO
La ministra Grossheim debe explicar

Resulta evidente que PPK ha puesto una ficha de las empresas eléctricas que se benefician de las distorsiones en el mercado eléctrico como la Dra. Angela Grossheim, que desde septiembre del 2017 ocupaba el cargo de viceministra de energía, y desde agosto del 2016 con el inicio del gobierno de PPK era secretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas, con una trayectoria académica reconocida como abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Hasta antes de asumir un cargo público, las escuetas noticias periodísticas reconocen su experiencia sobre todo en el sector privado, como sub gerenta legal de IC Power principal accionista de de la empresa Kallpa entre el 2009 y 2014, y como directora de desarrollo de proyectos de la misma empresa entre noviembre del 2014 y 2016, pues gracias a los excedentes y sobreutilidades obtenidas ha financiado su expansión a otras unidades del grupo como Cerro del Aguila y Samay I

Por ello, haría bien la Comisión de Energía y Minas en demandar su presencia para explicar las evidentes anormalidades, perversiones y distorsiones de un mercado eléctrico donde el cliente regulado de menores ingresos paga US $ 65 dólares por megavatio hora, los clientes libres como las mineras abonan menos de US$ 25 dólares por megavatio hora, y las empresas de generación del cogollo eléctrico declaran costos de US $ 10 dólares o menos por megavatio hora en el mercado spot. Y sobre todo, para que explique ¿Todo estas perversiones y depravaciones eléctricas cuánto le han de costar al usuario regulado?

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Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

ALGO MÁS

“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

ALGO MÁS

Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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