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PPK me recuerda a Bustamante y Rivero

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Ni Kuczynski, ni Bustamante, tenían bases populares organizadas, pero ambos llegaron a ser presidentes con el voto del campo popular.

Luego de haber escuchado el contenido del discurso de PPK y las bravatas de la bancada fujimorista tanto en la juramentación de congresistas, como en el cambio de mando de 28 de julio tengo la sensación –salvando las grandes distancias históricas- de un parangón con las condiciones políticas del Perú en 1945, cuando el abogado arequipeño Bustamante y Rivero ganó la presidencia de la república.

Ambos, PPK y Bustamante, eran buenos en los suyo antes de asumir la presidencia. Bustamante del lado de las letras, la diplomacia y el derecho. PPK del lado de la gestión de intereses privados y gestión pública. Claro que Bustamante era mucho más joven (51 años al ser presidente), aunque en esos años la esperanza de vida era mucho menor. PPK tiene 77. En realidad esa es una ventaja, pues PPK ha sido ministro en tres gobiernos a lo largo de cuatro décadas.

Ni PPK, ni Bustamante, tenían bases populares, pero ambos llegaron a ser presidentes con el voto del campo popular.

Bustamante con los votos de un APRA y un Partido Comunista, proscritos desde los treinta, pero ambos muy organizados, y el APRA con una presencia multitudinaria en el país. Ambos partidos se unieron a una especie de frente antifascista con sectores liberales e independientes liderados por Bustamante, para enfrentar al hoy extinto Partido Unión Revolucionaria (PUR), que representaba en 1945 el remanente del fascismo sanchecerrista de los treinta, bastante desprestigiado tras la segunda guerra mundial (con todo y que su candidato haya sido el Mariscal Eloy G. Ureta, héroe de la Guerra del 41). En fin, esos votos clandestinos, especialmente los del APRA, llevaron a Bustamante al poder.

PPK por su parte, se hizo del gobierno en 2016 con los votos de una izquierda social ubicada principalmente en el sur del país, que no necesariamente vota por la izquierda política (como vimos en 2006 y 2011), que también es antifujimorista y antialanista, que en primera vuelta votó mayoritariamente por Verónika Mendoza, y que se sumó a la derecha democrática (o por lo menos con reparos a Fujimori) de PPK en segunda vuelta en un frente “Keiko No va” con rechazo al Narcoestado incluido. De ahí la mitad más uno que opone PPK a la mayoría absoluta del fujimorismo en el Congreso.

Bustamante, llegó en 1945 con banderas de democracia y justicia social tras años de dictadura militar y su transición autoritaria. PPK hizo un remix lobista 71 años después, denunciando al Fujimorismo en segunda vuelta por corruptos e infiltrados por el narcotráfico; y planteando en su discurso de inaugural, seis promesas al 2021: agua potable y desagüe para toda la población, educación pública gratuita hasta posgrado, salud pública sensible al enfermo/a, reducción del IGV, shock de Infraestructura y lucha contra la corrupción. Si bien pidió unión en el Congreso y respaldo a sus propuestas, las consignas de revancha del fujimorismo anuncian un corto plazo obstruccionista al Ejecutivo.

De hecho Bustamante también empezó su gobierno en 1945 con una fuerte oposición en el Congreso. Es que el APRA, que se negó a integrar su primer gabinete no obstante haber sido parte del frente electoral que lo llevó al gobierno, le hizo oposición y entrismo desde el primer minuto de asumido el cargo.

En su Mensaje a la Nación de febrero de 1948 Bustamante acusó al APRA de haber hecho una oposición sectaria saboteando permanentemente al gobierno desde el Congreso y buscando en todo momento el beneficio partidiario por encima del interés nacional.

Con su gran aparato nacional, construido en la clandestinidad, ganó en casi todas las Juntas Transitorias Municipales que supuestamente servirían de base a una elección universal municipal que nunca vio luz con Bustamante, pero que sin embargo le permitió al APRA crecer más orgánicamente.

El APRA, según el mismo Mensaje a la Nación de Bustamante, infiltró -con la enorme acumulación que le significó la legalidad y la primera minoría congresal en 1945- a diversas instituciones del Estado, incluyendo las fuerzas armadas.

En octubre de ese mismo año se produjo una insurgencia aprista en El Callao, luego de una lucha política abierta entre el gobierno y el APRA, devenida en crisis política general. Bustamante, que se había negado desde 1947 a proscribir al APRA (cuando le renunció un gabinete entero por no hacerlo), terminó haciéndolo un día después de los hechos de la rebelión, el 4 de octubre de 1948.

Pero ya se le había agotado el tiempo. Ese mismo mes, su exministro, el General Manuel A. Odría se levanta en armas con éxito desde Arequipa y lo depone enviándolo al exilio.

El APRA quedó nuevamente al margen de la ley hasta que en 1956, el presidente Manuel Prado, en su segundo gobierno, derogara la Ley de Seguridad Interior de Odría, a cambio de los votos apristas clandestinos necesarios para ganar.

Creo que de esta historia – con más detalles de los que caben en esta columna – PPK puede sacar varias lecciones. De hecho la izquierda del Frente Amplio también. El APRA de ese entonces, simplemente ya no existe. Ni tiene una organización de masas, ni tampoco un proyecto político para el país. Es casi un cogollo alanista en crisis.

A diferencia de Bustamante, PPK tiene mucha más maña política. Veremos cómo la usa.

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Política

Cargamontón contra el fiscal Pérez

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José Domingo Pérez Gómez

Erasmo Reyna, el exabogado de Alan García, señaló que el pedido del fiscal José Domingo Pérez para incautar el celular del fallecido expresidente busca convalidar el tiempo que ha tenido el dispositivo en su poder de manera ilegal.

“No solamente están buscando incautar el bien, el celular, que es propiedad de los herederos de García, sino que en verdad José Domingo Pérez lo tiene desde el 24 de abril”, señaló Reyna.

“Lo tiene de manera ilegal porque recién está solicitando que el juzgado, el Poder Judicial, le autorice para poder justamente tener este bien. Así que lo que está buscando es convalidar finalmente lo que ha hecho hasta el día de hoy sin tener un mandato judicial que lo autorice”, agregó.

Reyna calificó los hechos como “una actitud perversa” y señaló que el hijo mayor de Alan García pidió semanas atrás la entrega de los objetos personales de su padre y que aún no obtiene una respuesta.

Erasmo Reyna

INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR SU CURSO

“Me parece que la investigación debe seguir su curso porque no se trata solo de identificar el rol específico que Alan García puede haber jugado en el esquema de corrupción”, dijo el analista político Carlos Monge.

“Se trata también de identificar la red de relaciones de quienes de adentro del Poder Judicial protegían a Alan García, incluso él mismo decía que tenía informantes; entonces me parece que si bien Alan García se suicidó, eso no agota seguir adelante con las investigaciones”, afirmó.

“El levantamiento del secreto de sus comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, el allanamiento del domicilio o de los locales donde pudiese haber documentación, el requerir instrumentos de comunicación, como el celular o como podría haber sido una laptop, son parte de un proceso de investigación que no tiene porqué interrumpirse”, aseguró.

“No me llama la atención que el Apra reaccione, porque está tratando de construir la idea de un mito, de un mártir de la democracia o lo que sea, en ese sentido no tiene ningún interés en que sepa más acerca de las responsabilidades directas de Alan García, los contactos que han estado usando para protegerse”, sostuvo.

Mercedes Araoz

ARÁOZ Y SU CORAZONCITO APRISTA

“Recordemos que Mercedes Aráoz fue ministra de Economía y ha sido candidata del Apra, entonces sus vínculos políticos existen -¡ojalá no existan vínculos de corrupción!-, al menos es fuerte el vínculo político: no es poca cosa ser ministra de Economía, no es poca cosa ser candidata presidencial, es un vínculo muy fuerte que en este caso no está comportándose como miembro integrante del Ejecutivo, que está colocando la lucha contra la corrupción en el centro de su agenda, me parece que más bien sigue comportándose como parte del entorno personal y político de Alan García”, observó.

“No me sorprende que lo haga, que salga con posiciones tan discordantes del presidente Vizcarra y el Ejecutivo, pero sí me preocupa porque en el caso de que el presidente Vizcarra tenga un problema de salud o político, quien asumiría la presidencia de la República sería ella”, comentó.

“Eso significaría una orientación totalmente diferente en la lucha contra la corrupción y eso es preocupante. Ojalá que esta no sea una jugada en pared con el fujiaprismo. Es como si dijera: ‘ustedes traten de vacar a Vizcarra y yo me ofrezco como una presidenta amigable’, eso puede ser, ojalá que no”, concluyó Monge.

Javier Velásquez Quesquén

ME SORPRENDE QUE SE META EN ESO

“En primer lugar la incautación es absolutamente legal, sí es legal es legítima; en segundo lugar, la responsabilidad penal de Alan García ha caducado con su muerte, pero las investigaciones sobre los hechos, no”, afirmó Alberto Quintanilla legislador de Nuevo Perú.

“Hay que tener en cuenta que hay otros presuntos responsables y reparaciones civiles en favor del Estado que están pendientes de ser resueltas y que de ninguna manera se separarían de la investigación”, subrayó.

“Esa es una interpretación absolutamente equivocada de Velásquez Quesquén, Erasmo Reyna y de la señora Mercedes Aráoz. Lo que ellos quieren es que no se conozca la verdad y también que no se sepa quiénes fueron los cómplices de Alan García”, destacó.

ALGO MÁS

“Y lo que está haciendo (el fiscal Pérez) es regularizar el celular con su incautación, porque si no tendrían que devolverlo a sus herederos y allí queda. Me sorprende que Mercedes Aráoz se meta en eso, parece que está interesada en encubrir algo; no vaya a ser que en los presuntos congresistas que habrían recibido plata esté metida por ahí, ¿no?”, agregó el legislador de Nuevo Perú.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Congresistas favorecidos por Odebrecht se hacen los locos

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Alberto de Belaunde

Alberto de Belaunde, legislador de la Bancada Liberal, consideró fundamental saber a qué congresistas financió la constructora Odebrecht porque esa información ayudará a moralizar la clase política en nuestro país.

“El equipo de fiscales del caso Lava Jato ha demostrado que ni los expresidentes, ni los líderes de los partidos políticos son intocables. Es hora de demostrar que los congresistas tampoco son intocables”, dijo el legislador.

“Acá no puede haber intocables, no importa si son congresistas, funcionarios o personalidades. Todos los que han cometido alguna irregularidad o delito tienen que ser investigados y, si corresponde, ser procesados y sentenciados”, expresó.

Advirtió que quizá el país se llevaría muchas sorpresas de obtener esa información y también la explicación a muchos comportamientos y declaraciones de algunos legisladores.

NO ES UN HECHO NUEVO

“Bueno ese no es un hecho nuevo, desde hace muchísimo tiempo anuncié que había muchísimos congresistas o beneficiados con aportes económicos para su campaña electoral de parte de Odebrecht”, dijo la congresista Maritza García.

“Siempre anunciamos eso y es un secreto a voces, y esperamos que salgan a la luz para que se conozca quiénes son los que llegaron al congreso con una campaña transparente y quiénes con dinero sucio al poder, para realizar sus lobbies”, enfatizó.

“Debe saberse de manera inmediata los nombres, caiga quien caiga; tenemos derecho a saber y que las investigaciones sean claras y objetivas, y si están siendo investigados, no tiene por qué ocultarse”, sentenció.

Dijo que esos casos pertenecen a una carpeta judicial. Es importante que se sepa a los que están involucrados en delitos de corrupción, mafias y redes, para que no se vuelvan a repetir”, concluyó Maritza García.

ESTRATEGIA DE LA CORRUPCIÓN

“Bueno, ya hace mucho tiempo se habló de congresistas financiados por las empresas brasileñas, sea Odebrecht, OAS, incluso las que están vinculadas con el Club de la Construcción”, dijo el excongresista Juan Pari, quien fuera presidente de la Comisión Lava Jato.

“Yo creo que ese tema tiene que revelarse porque las empresas corruptas han capturado todo el sistema político y han neutralizado al Congreso como el ente político más importante de la función pública del país”, resaltó.

“Es sumamente importante de que esos congresistas que hayan caído en coimas y prebendas de esas empresas corruptas, sean revelados para que sepa la función que tuvieron en los periodos legislativos del país”, agregó.

HOMOLOGACIÓN PERMITIRÁ USAR LOS INTERROGATORIOS, ASEGURA CONGRESISTA DE BELAUNDE

De Belaunde destacó también la reciente homologación del acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y Odebrecht “porque permitirá utilizar los interrogatorios realizados a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros exdirectivos de la constructora brasileña en los procesos judiciales que se siguen en nuestro país”.

Resaltó que el Poder Judicial ha respaldado el trabajo del Ministerio Público y ha reconocido que existe proporcionalidad entre la información que ha entregado la empresa brasileña y los beneficios otorgados por la Fiscalía.

“Esto echa por tierra a todos los políticos y analistas que decían que era un mal acuerdo o entreguista. Demuestra que la Fiscalía ha venido actuando de manera adecuada”, señaló.

En marzo del 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al procurador brasileño Orlando Martello, que el dinero entregado a Jaime Yoshiyama también se utilizó en la campañas de congresistas.

ALGO MÁS

“Hay informes vergonzosos que se archivaron para que la corrupción avance. Por eso reitero, concluyó Juan Pari,que la estrategia de la corrupción era capturar todo el sistema político, no solamente el Ejecutivo sino controlar el Legislativo”.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

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Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

Ante la apelación interpuesta por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura y la defensa legal de los familiares de las dos víctimas asesinadas y de las cinco víctimas que quedaron heridas en un conflicto social del año 2009, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura en el expediente No. 0015-2018, resolvió declarar fundada dicha apelación y dispuso que se acumulen los dos expedientes.

Como se recordará el 2 de diciembre de 2009, aproximadamente 35 efectivos policiales fuertemente armados, utilizando vehículos de la policía y de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (titular del proyecto minero Río Blanco) ingresaron arbitrariamente a las tierras de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario.

Como consecuencia de esta actuación de la policía, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda, Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama; además, se salvaron de ser asesinados otros cinco campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Togas Togas y José María Ramírez, quienes quedaron gravemente heridos, incluso, a uno de ellos se le tuvo que amputar una de sus extremidades para salvarlo.

Ante la denuncia de estos graves hechos, efectuada por la defensa legal de las víctimas constituida por los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, la Fiscalía decidió formalizar investigación preparatoria y formuló acusación por asesinato y tentativa de asesinato contra los efectivos policiales autores de estos crímenes, solicitando condenas de hasta 25 años de pena privativa de libertad contra dichos efectivos policiales.

El caso es que al existir abiertas dos investigaciones y formularse dos acusaciones por los mismos hechos, con las mismas víctimas aunque con efectivos policiales distintos, pero que habían participado en los mismos hechos objeto de investigación; tanto la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabamba, como FEDEPAZ, solicitaron al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria la acumulación de ambos expedientes seguido ante el mismo, con el fundamento de que tenían conexión y por lo cual de acuerdo a la norma procesal, debía de acumularse necesariamente.

Sin embargo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, en contra del mandato de ley, resolvió declarar improcedente dicha solicitud de acumulación de los dos procesos penales, resolución que fue apelada por la Fiscalía y la defensa legal de las víctimas, siendo declarado fundado el recurso de apelación por la segunda y última instancia, por lo cual se dispuso la acumulación de los dos procesos antes citados.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros considera que la acumulación procesal constituye un paso firme para que se haga justicia a las víctimas y sus familiares y se las repare de forma integral. Además, exige al Estado Peruano que cese su política de criminalización de la protesta social y que, por el contrario, establezca una política pública y un sistema normativo que garantice el derecho y el respeto de los derechos humanos en nuestro país, especialmente de los pueblos indígenas.

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