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PPK me recuerda a Bustamante y Rivero

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Ni Kuczynski, ni Bustamante, tenían bases populares organizadas, pero ambos llegaron a ser presidentes con el voto del campo popular.

Luego de haber escuchado el contenido del discurso de PPK y las bravatas de la bancada fujimorista tanto en la juramentación de congresistas, como en el cambio de mando de 28 de julio tengo la sensación –salvando las grandes distancias históricas- de un parangón con las condiciones políticas del Perú en 1945, cuando el abogado arequipeño Bustamante y Rivero ganó la presidencia de la república.

Ambos, PPK y Bustamante, eran buenos en los suyo antes de asumir la presidencia. Bustamante del lado de las letras, la diplomacia y el derecho. PPK del lado de la gestión de intereses privados y gestión pública. Claro que Bustamante era mucho más joven (51 años al ser presidente), aunque en esos años la esperanza de vida era mucho menor. PPK tiene 77. En realidad esa es una ventaja, pues PPK ha sido ministro en tres gobiernos a lo largo de cuatro décadas.

Ni PPK, ni Bustamante, tenían bases populares, pero ambos llegaron a ser presidentes con el voto del campo popular.

Bustamante con los votos de un APRA y un Partido Comunista, proscritos desde los treinta, pero ambos muy organizados, y el APRA con una presencia multitudinaria en el país. Ambos partidos se unieron a una especie de frente antifascista con sectores liberales e independientes liderados por Bustamante, para enfrentar al hoy extinto Partido Unión Revolucionaria (PUR), que representaba en 1945 el remanente del fascismo sanchecerrista de los treinta, bastante desprestigiado tras la segunda guerra mundial (con todo y que su candidato haya sido el Mariscal Eloy G. Ureta, héroe de la Guerra del 41). En fin, esos votos clandestinos, especialmente los del APRA, llevaron a Bustamante al poder.

PPK por su parte, se hizo del gobierno en 2016 con los votos de una izquierda social ubicada principalmente en el sur del país, que no necesariamente vota por la izquierda política (como vimos en 2006 y 2011), que también es antifujimorista y antialanista, que en primera vuelta votó mayoritariamente por Verónika Mendoza, y que se sumó a la derecha democrática (o por lo menos con reparos a Fujimori) de PPK en segunda vuelta en un frente “Keiko No va” con rechazo al Narcoestado incluido. De ahí la mitad más uno que opone PPK a la mayoría absoluta del fujimorismo en el Congreso.

Bustamante, llegó en 1945 con banderas de democracia y justicia social tras años de dictadura militar y su transición autoritaria. PPK hizo un remix lobista 71 años después, denunciando al Fujimorismo en segunda vuelta por corruptos e infiltrados por el narcotráfico; y planteando en su discurso de inaugural, seis promesas al 2021: agua potable y desagüe para toda la población, educación pública gratuita hasta posgrado, salud pública sensible al enfermo/a, reducción del IGV, shock de Infraestructura y lucha contra la corrupción. Si bien pidió unión en el Congreso y respaldo a sus propuestas, las consignas de revancha del fujimorismo anuncian un corto plazo obstruccionista al Ejecutivo.

De hecho Bustamante también empezó su gobierno en 1945 con una fuerte oposición en el Congreso. Es que el APRA, que se negó a integrar su primer gabinete no obstante haber sido parte del frente electoral que lo llevó al gobierno, le hizo oposición y entrismo desde el primer minuto de asumido el cargo.

En su Mensaje a la Nación de febrero de 1948 Bustamante acusó al APRA de haber hecho una oposición sectaria saboteando permanentemente al gobierno desde el Congreso y buscando en todo momento el beneficio partidiario por encima del interés nacional.

Con su gran aparato nacional, construido en la clandestinidad, ganó en casi todas las Juntas Transitorias Municipales que supuestamente servirían de base a una elección universal municipal que nunca vio luz con Bustamante, pero que sin embargo le permitió al APRA crecer más orgánicamente.

El APRA, según el mismo Mensaje a la Nación de Bustamante, infiltró -con la enorme acumulación que le significó la legalidad y la primera minoría congresal en 1945- a diversas instituciones del Estado, incluyendo las fuerzas armadas.

En octubre de ese mismo año se produjo una insurgencia aprista en El Callao, luego de una lucha política abierta entre el gobierno y el APRA, devenida en crisis política general. Bustamante, que se había negado desde 1947 a proscribir al APRA (cuando le renunció un gabinete entero por no hacerlo), terminó haciéndolo un día después de los hechos de la rebelión, el 4 de octubre de 1948.

Pero ya se le había agotado el tiempo. Ese mismo mes, su exministro, el General Manuel A. Odría se levanta en armas con éxito desde Arequipa y lo depone enviándolo al exilio.

El APRA quedó nuevamente al margen de la ley hasta que en 1956, el presidente Manuel Prado, en su segundo gobierno, derogara la Ley de Seguridad Interior de Odría, a cambio de los votos apristas clandestinos necesarios para ganar.

Creo que de esta historia – con más detalles de los que caben en esta columna – PPK puede sacar varias lecciones. De hecho la izquierda del Frente Amplio también. El APRA de ese entonces, simplemente ya no existe. Ni tiene una organización de masas, ni tampoco un proyecto político para el país. Es casi un cogollo alanista en crisis.

A diferencia de Bustamante, PPK tiene mucha más maña política. Veremos cómo la usa.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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