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Por un Perú libre de corrupción

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He tenido una relación muy cercana con Susana Villarán desde el 2000 hasta el 2010. Me tocó ser jefe de la campaña presidencial de Susana Villarán el 2006 y de la campaña en donde Susana Villarán fue elegida alcaldesa el 2010. En estas campañas la conducción estuvo centrada en el partido y en las fuerzas aliadas y la tesorería fue administrada por militantes de la organización. A finales del 2010, la ex alcaldesa me envió una carta pública que propició que se desarme una alianza con la izquierda que costó mucho y fruto de esas discrepancias políticas no trabajé el primer año en la Municipalidad. Miguel Prialé, primer gerente de Susana Villarán, me convenció de colaborar con la MML poco antes de la crisis de la arena de la playa La Herradura para ayudar a acelerar la reforma del transporte urbano que según algunos era la única reforma que podría mejorar la imagen general de la gestión de Lima del período 2011-2014. Debo decir que la alcaldesa más allá de las discrepancias políticas apoyó plenamente la reforma del transporte urbano y asumió valientemente los costos políticos del proceso.

En el año 2012, la ex alcadesa de Lima decidió que la campaña del No sea jefaturada por AnnelTowsend y un comando de campaña ciudadano diferente al equipo político de FS. No obstante, todos convenimos que ella era una buena opción y yo creo que hizo un buen trabajo. A su vez, las finanzas de dicha campaña fueron manejadas, como lo ha explicado Annel, por una Asociación por el NO ajena a la Tesorería de FS.

RENDICIÓN DE CUENTAS
La rendición de cuentas estuvo a cargo del personero de la campaña, Marco Antonio Zevallos, quien no era ni es militante de FS y que firmó ante el pacto ético una rendición de gastos con ingresos y egresos por 1.6 millones de soles. Los militantes de Fuerza Social, partidos aliados y funcionarios siempre tuvimos la información de que las empresas brasileras no financiaron la campaña del No ni tampoco la campaña de la re-elección. Las declaraciones públicas y privadas de la alcaldesa siempre fueron claras en que no se permitió la infiltración de los recursos de dichas empresas en la campaña del No por las obvias implicancias negativas de recibir recursos de empresas que tenían contratos con la Municipalidad.

Hoy día la información de la apertura de una cuenta en Andorra en nombre del ex gerente de Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado, las poco convicentes declaraciones del ex gerente general José Miguel Castro y la información del Diario el Comercio con las declaraciones del publicista Garreta y las declaraciones de Barata, cuestionan todo lo dicho en público y en privado por la ex alcaldesa y un sector de su entorno más cercano. Por ello, el país requiere que se investigue todo lo actuado en donde no debe haber sesgo de ningún tipo. Todos los casos de presuntos financiamientos de campañas por parte de empresas brasileras deben ser tratados por igual.

INVESTIGAR AL SÍ
La lucha contra la revocatoria era una buena causa, pues el plan de Luis Castañeda Lossio de vacar a la alcaldesa era muy pejudicial para la ciudad y respondía a los intereses de la corrupción amarilla. Hoy todos los que colaboramos sacrificadamente en la gestión 2011-2014, sentimos que se han empañado todos los esfuerzos por realizar reformas como la del transporte urbano.Los últimos acontecimientos generan una sombra de duda sobre toda la relación de la MML con los concesionarios brasileros de las obras viales más importantes de la ciudad. Pero también debe decirse que es extraño que no se investigue con la misma intensidad la campaña del SI que solo declaró haber ejecutado 12,000 soles a pesar de que tenía a importantes publicistas como Hugo Otero y spots en Tv.

Creo que todos los que colaboramos con la inscripción de FS, la elección de Susana Villarán y la gestión 2011-2014, tenemos el derecho de saber la verdad. Y creo que hoy para poder alcanzar la justicia y la verdad necesitamos que la ex alcaldesa aclare la situación, colabore con la justicia –como lo ha venido haciendo- y que no se interrumpa el flujo de información que desde el Brasil está llegando al Perú. Todavía hay 77 testimonios de ejecutivos de Odebrecht que deben llegar a nuestro país y 14 ejecutivos de OAS están por firmar acuerdos que permitirían que se conozcan los detalles de su actuación en Perú.

FINANCIAMIENTO
En las próximas semanas será importante que defendamos al fiscal Pablo Sánchez de los intentos fujimoristas para cortar el flujo de la información desde el Brasil al Perú. Recordemos que ya murió un juez (Teori Zavaski) que tenía el papel más importante en relación a las delaciones del fin del mundo. Así que está claro que hay muchos intereses detrás de los diferentes intentos para cortar el flujo de información sobre los delitos de corrupción de autoridades y funcionarios públicos en el Perú. Tenemos que estar atentos y exigir además que el Congreso legisle de modo de que sea delito penal en el Perú, el financiamiento encubierto de las campañas. Además, se debería avanzar en el financiamiento público de los partidos y en regular topes de gasto en spots televisivos. De hecho, los medios deberían informar a la Comisión Lava Jato cuando se ha gastado en spots en todas las campañas importantes desde el 2005, cuando menos.

INTEROCEÁNICA
Cuando denuncié el caso de la Interoceánica del Sur en el 2005 sufrí de represalias (me declararon, por ejemplo, persona no grata todos los alcaldes en todo el sur). En ese entonces, nunca pensé que viviría para ver a los cinco presidentes de las multinacionales de las constructoras brasileras presos y con sentencias importantes. Definitivamente,estamos en un proceso de purga política en la que la impunidad ha sido parcialmente derrotada por la fiscalía y el poder judicial brasileros, que son la vanguardia de la lucha contra la corrupción a escala planetaria. Por todo ello, creo que estamos cerca de vivir una primavera anti corrupción pero para que eso se termine de producir, primero debemos detener al fujimorismo en su propósito de detener las investigaciones en curso. De paso valdría la pena regresar los controles de inversiones como se hacía con el SNIP, dejar de licitar obras o licitar proyectos de concesión sin estudios definitivos de ingeniería, cuidar que los plazos de las licitaciones de obras grandes no sean demasiado cortos e introducir los mecanismos de selección de gerentes de SERVIR en las principales unidades ejecutoras públicas. Estas medidas permitirían más competencia en las licitaciones de obras y que los funcionarios lleguen por su capacidad y no por tener un padrino político. Así, estaremos como Estado y Sociedad en una posición de menor indefensión. Mi mayor deseo es que se investigue todo desde Charcani V hasta la obra de Gambetta y que de todo este proceso nazca un nuevo Perú libre de corrupción. Si se puede.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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