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¡Por la depuración de las mafias!

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Con la dación del Decreto Supremo 007-2014-TR, el Ministerio de Trabajo tiene la herramienta legal para depurar de los registros sindicales a los seudosindicatos y mafias que fueron inscritos gracias al gobierno aprista, el cual brindó el marco de impunidad para albergar en sus estructuras a delincuentes, homicidas, extorsionadores, entre otros; responsables hoy de la violencia y la inseguridad ciudadana que afecta al país.

Cabe recordar que en setiembre del 2008 el expresidente Alan García se reunió en Palacio de Gobierno con conocidos delincuentes, quienes luego de dicho encuentro formaron diversos seudosindicatos que fueron cobijados en la CTP aprista, desde donde se han cometido diversos delitos, gracias a la protección que les dio dicho gobierno. Estos actos delincuenciales les ha costado la vida a varios trabajadores, entre ellos a diez dirigentes de la CGTP y la Federación de Construcción Civil (FTCCP).

Por esta razón, destacamos la relevancia del dispositivo legal promulgado, el cual ha ampliado el listado de delitos para proceder a la cancelación de la inscripción en el Registro de Trabajadores de Construcción Civil (RETCC). El decreto determina la eliminación de los sindicatos que estén comprendidos en homicidio calificado, secuestro, robo agravado, extorsión, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos; sustracción o arrebato de armas de fuego; ‘marcaje’ y falsificación de documentos.

Otra disposición que establece la norma es el requerimiento de la fotografía del trabajador, como requisito para su inscripción en el RETCC, además de incluir la nómina de trabajadores que laboran en cada obra. Con estas iniciativas las autoridades podrán acceder a la información completa que les permita establecer acciones de prevención y sanción en el sector.

Saludamos que el Ministro de Trabajo haya acogido nuestra demanda de dar el contexto legal a la lucha contra la delincuencia en construcción civil. Seguiremos respaldando las medidas destinadas no solo a depurar de los registros sindicales a estas bandas criminales, sino a eliminarlas para garantizar así la tranquilidad de las familias, como también lo ha anunciado el Ministro del Interior.

Por otro lado, CGTP expresa su solidaridad con el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú (SUTTP) por la lucha desigual que viene librando con la transnacional, la cual haciendo gala de su antisindicalismo ha remitido una carta de pre aviso de despido a un sindicalizado por el delito de “opinar” y decir a través de un medio de comunicación lo que toda la opinión pública conoce, la discriminación laboral que existe al interior de la empresa.

Finalmente, aprovechamos estas líneas para saludar el esfuerzo que vienen realizando las trabajadoras sindicalizadas que integran la CGTP, que el pasado 30 de agosto sostuvieron un encuentro convocado por el Departamento de la Mujer Trabajadora, donde determinaron diversas acciones para los próximos días y meses con la finalidad de defender sus derechos y exigir solución a sus justas demandas. ◘

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Política

Fiscal: Los US$ 100 mil que cobró García serían por favores en el Tren Eléctrico

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal Lava Jato, José Pérez Gómez está convencido que la constructora Odebrecht pagó los 100 mil dólares por la Caja 2 destinada a coimas al expresidente Alan García Pérez, por una conferencia ofrecida en Sao Paulo en 2012; en realidad fue una recompensa por favorecer a la empresa para la adjudicación y ejecución de obras de los tramos 1 y 2 del Tren Eléctrico.

Ese fue uno de los fundamentos del fiscal ante el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien, en atención a la consistencia de sus argumentos, dictó orden de no salida del país para el expresidente García, por 18 meses, para que responda por los delitos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencias.

“Ahora sí se le va a investigar al ciudadano Alan García como corresponde por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht”, dijo el fiscal en la culminación de su alegato.

COLABORADOR CUBA

Tras la audiencia, el exgobernante aprista y su abogado revelaron que el fiscal, además de la información nueva sobre el caso que le ha llegado de Brasil, tendría ya como colaborador eficaz al exviceministro Jorge Cuba Hidalgo, quien podría incriminarlo.

El abogado, Erasmo Reyna, declaró que se ha enterado de que Cuba Hidalgo, preso preventivamente por haber recibido parte de la coima de US$ 23.9 millones pagada por Odebrecht por el Tren, se habría acogido a la colaboración eficaz, sobre la base de imputar actos ilícitos al expresidente, a cambio de su libertad.

Según Reyna, Cuba se negó inicialmente a inculpar a García, por lo que su declaración fue rechazada por el fiscal, tras lo cual aceptó incriminarlo “Si esto es cierto lo vamos a denunciar”, dijo.

“CUALQUIER DELINCUENTE”

También García señaló que ofrecen beneficios a “cualquier delincuente”, en obvia alusión a Cuba, para que lo incrimine.

“Se está ofreciendo, de la manera más criminal, beneficios a cualquier delincuente para que pueda incriminar sin ninguna prueba al señor García. Yo responderé a eso y, aprovechando estos 18 meses, estaré a disposición para presentar contrapruebas. Todo el que dice algo, tiene que probarlo, no basta con su dicho”, expresó.

El expresidente García no asistió a la vista de la causa. Sin embargo, en la puerta de su casa dijo a la prensa:

“Acepto el destino, y estoy dispuesto a colaborar con la justicia. Yo soy el más dispuesto a que las investigaciones se hagan y déjenme decirles que para mí no es ningún castigo poder estar 18 meses en el Perú”.

HUBO PACTO COLUSORIO PREVIO

Pérez dijo al juez que Odebrecht entregó recientemente a su despacho la documentación sobre el pago a García por dar una conferencia en Sao Paulo, Brasil, en mayo del 2012, “indicando que toda esta operación ha sido estructurada, construida o confeccionada en forma retroactiva a través de contratos de prestación de servicios”.

Y, añadió que el Ministerio Público cuenta con indicios sobre presuntos actos ilícitos de concertación o colusión de García y otros investigados, pues en su condición de funcionario del más alto nivel habría favorecido a la empresa Odebrecht con el proyecto del Tren.

A juicio del fiscal, los US$ 100 mil pagados por Odebrecht a García Pérez con fondos de su “Departamento de Coimas”, sería “un activo ilícito que se habría generado cuando ocupaba el cargo de presidente de la República, como consecuencia del pacto colusorio al que arribó con funcionarios de Odebrecht en los procesos de licitación del proyecto Tren Eléctrico – línea 1 – tramos 1 y 2”.

LAVADO DE ACTIVOS

Sobre el presunto delito de lavado de activos, el fiscal, arguyó que hay grave sospecha de que AGP habría cometido ese delito en la modalidad de “actos de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento”, al haber recibido los US$100 mil corruptos de Odebrecht, a través del Estudio Espinola Consultoría Jurídica, por la conferencia que dictó, en Sao Paulo, Brasil, en 2012.

También remarcó su pedido de arraigo del expresidente, porque residiendo en Madrid, España, informó a la Fiscalía que su domicilio es en Lima, en Miraflores.

“No es el Ministerio Público quien viene formulando juicios sin evidencia. Por el contrario, hemos dado cuenta en la presentación de nuestro requerimiento de que ahora sí se le va a investigar como corresponde al ciudadano Alan García por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht”.

GARCÍA

En su diálogo con la prensa, más sereno que en días pasados, sobre el origen de los 100 mil dólares cobrados por su conferencia en Brasil, en la “Caja 2” de Odebrecht, García dijo: “Yo no lo sé… ¿Quién sabía que Odebrecht era un sindicato que estaba corrompiendo?”.

Luego se explayó tratando de darle un contexto político a su caso y presentándose como víctima. “Se busca crear hogueras para distraer al país. Es una escalada para distraer al Perú de otros problemas, como el desempleo, la anemia, los precios y la falta de crecimiento nacional”.

También acusó a la Fiscalía de estar urdiendo una supuesta colaboración eficaz para incriminarlo indebidamente.

El expresidente García no asistió a la vista de la causa. Sin embargo, la siguió por televisión y luego de la emisión de la decisión del juez, en la puerta de su casa dijo a la prensa:

“Acepto el destino, y estoy dispuesto a colaborar con la justicia. Yo soy el más dispuesto a que las investigaciones se hagan y déjenme decirles que para mí no es ningún castigo poder estar 18 meses en el Perú”.

Erasmo Reyna, defensor de García, expuso ante el juez que su defendido acepta permanecer en el país por 18 meses por orden judicial y rechazó todas las imputaciones esgrimidas por el fiscal arguyendo que nadie y menos su defendido pudo sospechar en 2012, que Odebrecht usaba estudios de abogados para realizar operaciones delictivas con dinero “negro”.

ALGO MÁS

El juez Sánchez desestimó el allanamiento de García ante el pedido de impedimento de salida del país, porque esa figura no está contemplada penalmente, y dijo que puede interpretarse como aceptación de los fundamentos del fiscal Pérez.

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Política

Quieren hacerme daño, denuncia Reátegui

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Rolando Reátegui

El congresista fujimorista Rolando Reátegui denunció amenazas a su vida por declarar ante el fiscal José Pérez sobre el lavado de dinero de oscuro origen con el uso de aportantes falsos y simuladas actividades de recaudación de fondos (cocteles y rifas) para la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011.

Según un adelanto de la entrevista que difundirá esta noche el programa “Cuarto Poder”, dijo también que “están tratando de encontrar mil detalles para hacerme daño”.

En el avance de la entrevista, Reátegui declara haberse enterado de que en reuniones de Fuerza Popular de Lima Este, dirigentes del partido de Keiko hablaron de hacerle daño “a como dé lugar”.

“SICARIOS”

“De cuándo acá nos hemos convertido en sicarios. Hay amenazas, por supuesto; veladas, por supuesto”, comentó con evidente preocupación.

El representante de la región San Martín y hasta su delación integrante del círculo de confianza de Keiko Fujimori, decidió ofrecerse como colaborador de la Fiscalía al ver su situación comprometida por las pesquisas que habían obligado a su esposa a vivir clandestinamente.

Dio así al fiscal minuciosa información sobre cómo ayudó a buscar aportantes falsos para la campaña de 2011 y contó detalladamente que la operación de enmascaramiento del dinero de la campaña la dio la propia jefa de su partido, sometida a prisión preventiva, decisión judicial basada en buena medida en la información facilitada por Reátegui.

CARTA A KEIKO

En una carta a Keiko Fujimori, que envió a modo de explicaciones, le dijo que se vio obligado a hablar ante la Fiscalía por lealtad a su familia, en vista de que la cúpula de su partido lo había dejado solo, al igual que a los aportantes falsos.

Remarcó que los implicados en San Martín en los aportes falsos no sabían la procedencia del dinero y callaron durante un año y “enfrentaron el proceso con lealtad y confiando en la defensa legal del partido”, pero fueron abandonados.

Reátegui, por su confesión, será beneficiado con una rebaja de su condena, pero igual será procesado por haber recibido de los dirigentes de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, 50 mil dólares para fraccionarlos en sumas más pequeñas y entregar estas para su depósito bancario a la cuenta de Fuerza Popular, como aportes de campaña.

Para la operación, el congresista convenció a falsos donantes que se prestaron para la simulación, entre ellos nada menos que la esposa deReátegui, otros familiares y dirigentes fujimoristas de su región.

El entrevistado reconoció por otra parte que Fuerza Popular subestimó al fiscal Pérez, cuya estrategia combinó presiones con la oportunidad de declarar a cambio de un trato judicial menos duro.

ALGO MÁS

Para Reátegui, el partido de Keiko se equivocó también al seguir la estrategia de fuerzas políticas más experimentadas –evidente alusión al aprismo- que lo llevaron a blindar al fiscal Pedro Gonzalo Chávarry.

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Política

Premier advierte que sería catastrófico que Congreso intente blindar a Mamani

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César Villanueva

La grave ofensa a todas las mujeres inferida por el congresista Moisés Mamani al manosear a una aeromoza brasileña en un avión en Juliaca, hace cada vez más fuerte la demanda de que el pleno del Congreso dominado por el fujimorismo deje de lado las contemplaciones y desafuere sumariamente al parlamentario.

Así lo demandaron personalidades como el presidente de Transparencia, Allan Wagner, y la parlamentaria Gloria Montenegro, en contraste con la posición de Fuerza Popular, que solo lo ha suspendido y donde hay elementos que oscilan entre minimizar el grave incidente y pretender, pese a las evidencias, respetarse la presunción de inocencia de Mamani.

“El congresista Mamani desprestigia al Congreso y al partido que pertenece. Además de su amplio prontuario, que debiera haberle impedido llegar al Congreso, su último desatino lo revela como un ser abusivo y despreciable. Las abrumadoras evidencias demandan su inmediato desafuero”, manifestó Wagner.

CATASTRÓFICO

En fuentes parlamentarias, se informó que Mamani podría chantajear a su partido amenazando con revelar los entretelones del papel que jugó engañando a congresistas y funcionarios para inducirlos a ofrecerle obras para Puno a cambio de que, en marzo pasado, no vote por vacar a Pedro Pablo Kuczynski, lo que después hizo público en videos y audios, obligando al expresidente a renunciar.

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, declaró que sería catastrófico que el Congreso no entienda lo grave de la situación por la que atraviesa el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, quien solo fue suspendido temporalmente por su bancada.

“No creo que el Congreso no entienda que esta es una situación crítica y trate de encubrir acciones como esta. Sería catastrófico”, declaró Villanueva a Perú21.

“Un congresista es una persona pública, se supone que tiene que respetar las normas, la educación y el tema ético. Si se comprueba que realmente fue así, debe afrontar”, agregó, al señalar que el Gobierno combate la violencia contra la mujer, por lo que pidió una investigación y una sanción para el legislador, de comprobarse lo ocurrido.

Villanueva puso además en duda la versión de Mamani, de que sufrió una descompensación. “No creo que una empresa como Latam tome una acción que no compruebe”, agregó.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Gloria Montenegro, dijo que su bancada analizará la presentación de una denuncia constitucional contra Mamani, medida que también consideran las bancadas de Nuevo Perú y el Frente Amplio.

“Tenemos que hablarlo como bancada, estamos regresando de las visitas de representación en nuestras regiones y he dejado un mensaje al vocero para ver el tema en una reunión que tendríamos a más tardar el lunes”, declaró.

“Este señor (Mamani) debe tener una denuncia constitucional” y debe ser desaforado, aseveró la parlamentaria, al plantear que “personas como Mamani nunca debieron pisar el Congreso”, pues su comportamiento hace quedar muy mal al país, pues su conducta ha sido noticia internacional.

COMISIÓN DE ÉTICA

Montenegro dijo esperar que la Comisión de Ética Parlamentaria, que fue convocada para mañana para tratar el caso, contemple la máxima sanción posible contra Mamani, que es de 120 días de suspensión, además de la denuncia constitucional.

“Mamani dice que están afectando su imagen, ¿cuál imagen? Espero que no lo vayan a blindar o proteger, sería como dispararse a los pies”, añadió.

ALGO MÁS

La aeromoza brasileña víctima de la agresión sexual de Mamani lo denunció en cuanto llegó a Lima ante la fiscal del Callao, Rocío Sánchez, una de las que descubrió la red corrupta de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

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