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Por el fortalecimiento de Petroperú

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Construcción de refinería de petróleo y gas licuado

El autor reflexiona sobre la necesidad nacional de contar con una empresa estatal de hidrocarburos fortalecida con la integración vertical de sus operaciones y lotes propios de producción de crudo.

RECORDANDO SIEMPRE EL 9 DE OCTUBRE

Bajo los vientos del nacionalismo como doctrina que sacudía al tercer mundo, el 3 de octubre de 1968 se dio un golpe de estado en el Perú, y se estableció la Junta Militar de Gobierno de las Fuerzas Armadas bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado.

Un líder militar que transcurridos 50 años sigue suscitando odio, encono, resentimientos y críticas. Es más, hay quienes sostienen que el atraso del país se debe a dicho experimento social que levantó el principio: “Ni capitalismo ni comunismo”.

Una de sus primeras acciones fue tomar por sorpresa las instalaciones de la IPC en Talara seis días después, el llamado símbolo de la presencia imperialista en nuestro país, dando lugar al nacimiento de la empresa Petróleos del Perú (Petroperú), cuya partida de nacimiento fue la fusión de los activos de la IPC con la Empresa Petrolera Fiscal (EPF).

Edificio de PetroPerú

SÍMBOLO DE PERUANIDAD

Este fue el punto de partida de la petrolera estatal que desde 1969 hasta hoy constituye un símbolo de la peruanidad a pesar de la irracional descapitalización a la que fue sometida en el primer gobierno aprista, para ser rematadas a precio vil las principales unidades, lotes, refinerías, y filiales en el proceso privatizador puesto en práctica por el fujimorismo en la década de los noventa del siglo pasado.

Por ello, en el pasado el 9 de octubre se celebraba como el día de la “Dignidad Nacional”, siendo un feriado a nivel nacional, para luego ser limitado al ámbito regional de Piura. Así, de la dignidad nacional se pasó “sin pena ni gloria” al día feriado regional, reconociendo el aporte del trabajador petrolero. Por ello, Talara sigue siendo un símbolo a pesar del discurso liberal.

Del “golpe de estado” de 1968 a la fecha han pasado cincuenta años, y todavía el régimen militar de la primera fase suscita los más encendidos odios de parte de la extrema derecha.

Los epítetos hacia el personaje central como el general Juan Velasco Alvarado son variados y van desde resentido social, hasta ser considerado un extremista que pretendía establecer un régimen comunista; haciendo posible una reforma agraria, que fomentaba el odio social, con las célebres frases de “campesino, el patrón ya no comerá más de tu pan” y “la tierra es para quien la trabaja”.

NECESIDAD HISTÓRICA

En verdad, un análisis más objetivo aceptaría como punto de partida la necesidad histórica del golpe militar por una serie de factores que paradójicamente en parte se repiten en el presente.

Por un lado, una crisis económica expresada en un déficit de la balanza de pagos, que dio lugar a una traumática devaluación del sol frente al dólar, que generó presiones inflacionarias, pues había que disponer de más soles para comprar el mismo dólar. Ello en especial afectó a las clases medias y populares.

Sin embargo, más grave que los problemas económicos era la crisis política que se experimentaba con un congreso dominado por la alianza Apra-UNO del general Odría, que desde el Congreso de la República petardeaba el gobierno del arquitecto Belaunde Terry que tenía como aliado al partido de la Democracia Cristiana.

La crisis política llegó a su máxima expresión con la pérdida de la Página Once, donde se exponían los arreglos bajo la mesa con la IPC.

 

CORRUPCIÓN Y PROTESTAS

Si a ello se agregan los altos niveles de corrupción, el masivo contrabando, las protestas sociales por mejores salarios y sobre todo los movimientos campesinos en el sur y centro, que aspiraban a una modernización de las relaciones agrícolas, superando las relaciones semiserviles que se arrastraban como herencia colonial.

Tal vez el factor detonante más que la Página Once en los acuerdos del Gobierno en el asunto de la Internacional Petroleum Company (IPC) era la certidumbre de los altos mandos del Ejército del peligro social de una reproducción de las guerrillas inspiradas en la Revolución Cubana. El peligro comunista era una obsesión en los altos cuadros castrenses y en la inteligencia militar norteamericana.

Es más, en el pasado cercano estaba abril de 1952, cuando el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de Bolivia había derrotado al ejército profesional en las calles de La Paz, en una alianza obrero/campesina, si bien hacia 1968 tales experiencias movimientistas habían demostrado las limitaciones de las revoluciones sociales dirigidas por la pequeña burguesía, y de las nacionalizaciones, expropiaciones, que estaban a la orden del día en América Latina.

Tal vez la afirmación que refleja con una mayor certidumbre el contenido de la revolución de los militares fue expresada por el general Ernesto Montagne, presidente del Consejo de Ministros, y hombre fuerte del régimen, cuando reconocía la necesidad de los cambios de “arriba hacia abajo”, de lo contrario había el peligro de una revolución social, por las múltiples contradicciones que sacudían a la sociedad peruana, que vivía la agonía, la “crisis del Estado oligárquico”.

REFORMA PROGRESISTA

En tal sentido, una reforma central desde el punto de vista económico y político fue la nacionalización de los hidrocarburos que en ese entonces estaba bajo el control de la IPC que en el norte del país imponía una “economía de enclave”, donde la producción de crudo era básicamente para satisfacer el mercado interno.

Es más, la IPC era una empresa que hacia finales de la década de los años sesenta del siglo pasado tenía problemas económicos, y si bien usufructuaba los campos petrolíferos de Talara, con rendimientos decrecientes, pues a nivel internacional para su matriz la Standard Oil resultaba de mayor interés la explotación de los campos de Venezuela y Arabia Saudita.

Siempre hemos sostenido que si existiera una clase dirigente en el Perú con una visión nacional de desarrollo, sería la principal interesada en el fortalecimiento de la petrolera estatal, tal como existe en Chile o en Colombia, por no señalar Corea del Sur, Noruega, Rusia, Arabia y tantos otros países que tienen poderosas empresas petroleras estatales.

Por ello, la evidencia histórica expresa que más del 75% de las reservas y producción de hidrocarburos sea petróleo, gas natural o líquidos de gas natural, en el mundo están bajo responsabilidad estatal, por estrictas razones de seguridad energética, y rentabilidad como fuente de acumulación interna.

A LA BOLIVIANA

Un caso emblemático de la soberanía del estado sobre los recursos hidrocarburíferos lo constituye Bolivia con su dirigente histórico Evo Morales. Donde desde el 2006 a la fecha se han invertido los términos de participación del estado en la riqueza generada.

Así, en Bolivia antes de las reformas el estado participaba con el 22% de la riqueza y las empresas privadas (Repsol, Pluspetrol, British Petroleum, Shell etc.) captaban el 78% de la misma. Esta realidad cambió con la nacionalización de los hidrocarburos a la boliviana.

Ahora el estado participa a través de su petrolera estatal Yacimientos Fiscales Bolivianos (YFB) con el 78% de la riqueza producida y las empresas petroleras acceden al 22%, y no se han retirado del negocio. Ello significa que a pesar de dicha participación siguen obteniendo importantes utilidades.

Con esta nacionalización a la boliviana el estado no solamente ha recuperado la soberanía sobre dicha riqueza, sino que ha incrementado los precios del gas de exportación hacia Brasil y Argentina, aumentando los ingresos fiscales, lo que ha permitido financiar los programas sociales.

Al mismo tiempo en el país altiplánico se verifica una masificación de la cultura del gas satisfaciendo la demanda interna, con más de 2 millones de usuarios, apostando también por una petroquímica básica que le permite la producción de úrea para satisfacer el mercado interno y las necesidades de los países vecinos entre ellos el Perú, que tienen que importar este fertilizante de la república ucraniana.

NEGOCIOS PRIVADOS

En cambio, en el Perú se transfirieron lotes petroleros a precios de remate, lo que ha permitido la valorización y capitalización de las empresas privadas que se han internacionalizado y fortalecido con los recursos energéticos de nuestro país.

Así, por ejemplo la empresa Pluspetrol con la privatización del lote 8/8X a mediados del 1996, y posteriormente con el lote 1-AB (2001) generó los excedentes para financiar su participación del 27.2 por ciento en el Consorcio de Camisea en el lote 88 (2004) y lote 56 (2008), sin mayor riesgo, pues las reservas de gas natural y condensados habían sido descubiertas en 1984 por la angloholandesa Shell.

En el mismo sentido, los hidrocarburos que alguna vez fueron de Petroperú han permitido la valorización y crecimiento económico y empresarial a Graña y Montero Petrolera que hoy detenta los lotes I, III, IV, V sin mayor riesgo exploratorio.

Ello explica la necesidad de hacer un balance nacional sobre la presencia del Estado en el sector de hidrocarburos, en especial a partir de las consecuencias económicas de tener una refinería modernizada y rentable como la Refinería de Talara que a partir del 2021 procesará combustibles limpios para el país.

De allí la necesidad de apostar por el fortalecimiento de Petroperú por medio de la integración vertical de sus operaciones, con lotes propios de producción de crudo ante el evidente fracaso de la privatización en el sector de hidrocarburos.

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Política

Becerril era el nexo entre Keiko e Hinostroza

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Daniel Salaverry y Keiko Fujimori

El excongresista Daniel Salaverry declaró el jueves 5 de diciembre ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, y se reafirmó en su versión de que Keiko Fujimori le solicitó que tome contacto con el exjuez supremo César Hinostroza y el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ambos acusados de pertenecer a la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según reveló IDL-Reporteros, Salaverry indicó que el pedido realizado por la lideresa de Fuerza Popular ocurrió en mayo de 2018, y tenía como objetivo pactar una reunión con César Hinostroza. Días más tarde, el entonces presidente del Congreso de la República se reunió con Keiko Fujimori en el local del partido fujimorista ubicado en el distrito de Surco.

“Keiko Fujimori me dijo que había conversado con César Hinostroza, y él le dijo que no me conocía y, por el contrario que se sentía cómodo con que la reunión la generara otra persona”, declaró Salaverry ante los fiscales José Domingo Pérez y Carmen Caro.

En esa reunión, Fujimori Higuchi habría comentado al excongresista que Hinostroza prefería que las coordinaciones se realicen a través de los entonces parlamentarios Héctor Becerril, Miguel Torres o Úrsula Letona. Finalmente, la lideresa del fujimorismo le confirmó que sería Becerril el elegido, por haber facilitado anteriormente una conversación con Hinostroza a través de su teléfono.

La periodista de IDL-Reporteros, Romina Mella, advirtió que el testimonio de Salaverry coincide con el de un colaborador eficaz en el caso Cuellos Blancos y con una conversación telefónica entre Héctor Becerril y César Hinostroza, que fue revelada por el referido medio en agosto de 2018.

En el diálogo, que se habría producido en marzo del año pasado, Hinostroza señala: “Yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos”. Esta conversación tendría relación con el recurso de casación presentado por la defensa de Keiko Fujimori y que la Sala Suprema presidida por César Hinostroza decidió admitir.

Respecto al interés de Keiko Fujimori en reunirse con César Hinostroza, hay que recordar que el también imputado Jorge Yoshiyama afirmó ante la Fiscalía que la propia lideresa de Fuerza Popular le confirmó que ya había establecido ese contacto. “Ella me indica en el mes de mayo de 2018 que ya había entablado contacto con César Hinostroza por intermedio del empresario Antonio Camayo. Keiko Fujimori me informó que ya estaban aceptando su casación y que todo iba a salir favorable para ella y que no me preocupara más por el tema ya que con esta casación harían que se archive el caso utilizando como justificación el excesivo plazo de investigación preliminar”, señaló YoshiyamaSasaki.

TAMBIÉN CONTACTÓ A CHÁVARRY

Salaverry también consignó en sus declaraciones el pedido que Keiko Fujimori le habría hecho para que le entregue un sobre al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Según el ex parlamentario, esto sucedió tras una visita protocolar de Chávarry al Congreso de la República.

“No puedo precisar la fecha, pero fue a los días de la visita protocolar, en agosto de 2018; terminada la reunión de la Comisión Política de Fuerza Popular de Morochucos, se acerca Keiko Fujimori y me pregunta cómo me había ido con la visita protocolar que me hizo Chávarry; le indico que bien, que me dio sus saludos protocolares, y ella me pide que ahora que se conocen le haga un favor de hacerle llegar un sobre de manila cerrado con cinta scotch”, relató el exparlamentario.

Tras recibir el sobre, Salaverry lo llevó a su despacho en el Congreso, aunque por sus ocupaciones en la Mesa Directiva no lo llegó a enviar. Poco después, Chávarry habría llamado a Salaverry vía Whatsapp para coordinar una reunión, la cual se llevó a cabo ese mismo día. Fue por la noche, en las inmediaciones de la Av. La Fontana, en La Molina. Según Salaverry, la breve reunión se dio en su auto. “El doctor Chávarry me dijo: “rapidito nomás. Dígale a la doctora que lo que me han comentado lo veo complicado”, a lo que yo me quedé mirándolo, y luego me dijo que no quería quitarme más tiempo que como yo estaba ocupado y de pasada, se despidió de mí y se bajó del carro”, señaló ante los fiscales.

Finalmente, Salaverry indicó que no le dio el mensaje a Keiko Fujimori y que el sobre manila destinado a Chávarry fue entregado a otro despacho fiscal. “Cuando toman contacto conmigo los señores fiscales, yo hago memoria del sobre, y abro el sobre y encuentro unas fotocopias, que en su mayoría tenían manuscritos que no puedo determinar a quién corresponde; los meto en el sobre nuevamente y se losentrego a los fiscales; y ellos elaboran un acta describiendo los documentos”, refirió.

Acerca de estos encuentros entre Daniel Salaverry y Pedro Chávarry, en su declaración ante la Fiscalía, Jorge Yoshiyama indicó que el presunto asesor en las sombras de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, le comentó que ambos, Chávarry y Salaverry, “se juntaban de forma sigilosa en sitios diferentes y acordado por terceros”, llegando incluso a cambiar de auto para sostener las reuniones y coordinar el apoyo mutuo entre la Fiscalía y Fuerza Popular.

Ante esas afirmaciones, el exparlamentario explicó en Twitter que dicho encargo por parte de Keiko Fujimori fue el motivo de su distanciamiento de Fuerza Popular, y adelantó que no realizó esas gestiones por considerarlas algo “incorrecto e ilegal”, como ha confirmado esta semana en su testimonio ante la Fiscalía.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Declaración jurada de intereses obligatoria contribuye a transparencia

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Declaración jurada de intereses obligatoria contribuye a transparencia

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, destacó el fortalecimiento de la transparencia, promovido por el Ejecutivo con la publicación del decreto de urgencia 020-2019, que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público.

Estas declaraciones las efectuó el jefe del Gabinete Ministerial durante una reunión de autoridades para abordar la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos humanos.

“Con la publicación del Decreto de Urgencia N°020-2019, los servidores públicos de todas las entidades del Estado estarán obligados a presentar la declaración jurada de intereses. De esta forma, con la transparencia en la función pública, brindamos a la ciudadanía las herramientas para fiscalizarnos, contribuyendo en la tarea de adecentar la política”, señaló.

En el encuentro que se realiza en el marco de la quinta edición de La Caravana de la Justicia, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó que, según datos de la Contraloría General de la República, anualmente se pierden entre diez mil y doce mil millones de soles por actos de corrupción.

“Debido a este mal uso de los recursos, nos estamos privando de implementar obras de impacto que atiendan las demandas de la ciudadanía. Por eso decimos que la lucha contra la corrupción es un derecho humano, dado que es un principio elemental para el buen vivir”, enfatizó Zeballos.

DECLARACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

Como parte de las actividades, la ministra de Justicia, Ana Revilla, la secretaria de Integridad Pública, Susana Silva, el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, y alcaldes distritales suscribieron la “Declaración de integridad y lucha contra la corrupción, con enfoque en derechos humanos”.

El documento compromete al Gobierno Regional de Ayacucho a fortalecer y empoderar la Comisión Regional Anticorrupción de Ayacucho, a fin de impulsar su debido funcionamiento. El GORE también deberá elaborar, con la participación de los integrantes de la comisión, un plan regional de integridad y lucha contra la corrupción

El plan tendrá que establecer acciones concretas para mitigar los riesgos y fortalecer las capacidades de las instituciones. Se deberá poner énfasis en las áreas de mayor riesgo como son las contrataciones y adquisiciones, las obras de infraestructura, los recursos humanos, los servicios públicos a la ciudadanía. También se establecerá un mecanismo eficiente para promover la denuncia ciudadana contra la corrupción.

Por otra parte, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros se compromete a prever de asistencia técnica al Gobierno Regional de Ayacucho para la creación de las oficinas de integridad institucional, la elaboración de los planes de integridad y la declaración jurada de intereses, para lo cual pondrá a disposición la herramienta informática en funcionamiento.

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Política

Abre investigación preliminar contra fiscal José Pérez

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal supremo Tomás Gálvez abrió una investigación preliminar contra el integrante del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, por el presunto delito de abuso de autoridad y prevaricato durante su labor en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto en Moquegua en el año 2010.

Según la resolución, en esta investigación también está incluida Katia Guillén Mendoza quien se desempeñaba como fiscal superior de Moquegua.

En tal sentido, solicita a ambos magistrados a remitir sus informes de descargo correspondiente, debidamente “fundamentado y documentado”, en el plazo de cinco días hábiles.

“Más el término de la distancia, en torno a las imputaciones formuladas en su contra, para tal efecto se le deberá notificar con copia de la presente disposición, así como del escrito de denuncia y sus anexos pertinentes”, refiere el documento.

Asimismo, Gálvez solicita que ambos investigados deberán precisar su domicilio procesal “a efectos de ser notificado con los pronunciamientos que se emitan posteriormente”.

La investigación preliminar se centra en la imputación a Pérez Gómez y Guillén Mendoza por haber ordenado a la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público edite un video y difunda información del caso denominando “Colesi”.

Agrega que en dicho video se presenta ante la opinión pública a los investigados como culpables de delitos contra la administración pública.

Como se recuerda, el pasado 18 de noviembre el Poder Judicial dictó ocho meses de impedimento de salida del país contra Tomás Gálvez, quien está dentro de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal.

Al referido fiscal se investiga por los supuestos nexos con el exjuez supremo César Hinostroza y el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez.

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